Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C614-17

Reclamante:	CARLOS BILBAO ANDRADE
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Queilén, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Todos los contratos celebrados entre su persona y el Municipio de Queilén, con sus modificaciones y anexos si hubieren, y, sus respectivos decretos aprobatorios; b) Los informes mensuales del año 2016 (con su respectiva boleta y certificado de la dirección que corresponda); y, c) Comprobante de registro de marcaje de huella digital correspondiente al año 2016. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó de manera suficiente la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/25/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Información sobre presupuesto asignado e informes sobre su ejecución >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C614-17 Entidad pública: Municipalidad de Queilén Requirente: Carlos Bilbao Andrade Ingreso Consejo: 22.02.2017 En sesión ordinaria N° 794 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C614-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 06 de enero de 2017, don Carlos Bilbao Andrade solicitó a la Ilustre Municipalidad de Queilén, la siguiente información: a) Todos los contratos celebrados entre su persona y el Municipio de Queilén, con sus modificaciones y anexos si hubieren, y, sus respectivos decretos aprobatorios; b) Los informes mensuales del año 2016 (con su respectiva boleta y certificado de la dirección que corresponda); y, c) Comprobante de registro de marcaje de huella digital correspondiente al año 2016. 2) RESPUESTA: La Ilustre Municipalidad de Queilén, previa prórroga del plazo para formular respuesta, respondió a dicho requerimiento de información mediante carta de fecha 17 de febrero de 2017, señalando, en síntesis, que se deniega la información pedida, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundado en que los antecedentes requeridos se refieren a un elevado número de actos administrativos, cuya entrega afecta el debido funcionamiento de la Municipalidad. Agrega, que respecto de los antecedentes pedidos no se conoce su ubicación física, debido a que al actual administración municipal sólo lleva 2 meses desde su instalación, unido a que durante dicho traspaso no se recibió memoria o informe que permita tener un conocimiento cabal de los mismo. Finalmente, sostiene que entregar la informar pedida requiere una dedicación de tal magnitud, que significa distraer indebidamente de sus funciones habituales al escaso personal municipal. 3) AMPARO: El 22 de febrero de 2017, don Carlos Bilbao Andrade dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Ilustre Municipalidad de Queilén, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Queilén, mediante oficio N° E237, de fecha 07 de marzo de 2017. A la fecha de la presente decisión, este Consejo no había recibido presentación alguna de la Municipalidad reclamada, destinada formular sus descargos u observaciones. Y CONSIDERANDO: 1) Que, don Carlos Bilbao Andrade solicitó a la Ilustre Municipalidad de Queilén, diversa información contractual de su persona con dicha Municipalidad, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta denegatoria fundada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en efecto, la Municipalidad de Queilén denegó la información pedida, por cuanto a su juicio concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, sosteniendo que los antecedentes requeridos se refieren a un elevado número de actos administrativos, cuya entrega afecta el debido funcionamiento de la Municipalidad, y respecto de los cuales no se conoce su ubicación física, debido a que al actual administración municipal sólo lleva 2 meses desde su instalación, unido a que durante dicho traspaso no se recibió memoria o informe que permita tener un conocimiento cabal de los mismo, por lo que entregar la informar pedida requiere una dedicación de tal magnitud, que significa distraer indebidamente de sus funciones habituales al escaso personal municipal. Se hace presente que a la fecha de esta decisión, este Consejo no había recibido presentación alguna de la Municipalidad reclamada, destinada formular sus descargos u observaciones. 3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 4) Que, en virtud de la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha no sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 7) Que, de los antecedentes examinados, ha sido posible establecer que el órgano requerido para justificar la causal de reserva alegada, se limitó a señalar que los antecedentes requeridos se refieren a un elevado número de actos administrativos, cuya entrega afecta el debido funcionamiento de la Municipalidad, y respecto de los cuales no se conoce su ubicación física, debido a que la actual administración municipal sólo lleva 2 meses desde su instalación, unido a que durante dicho traspaso no se recibió memoria o informe que permita tener un conocimiento cabal de los mismo, sin hacer referencia alguna al tiempo, recursos humanos y materiales que se requeriría destinar, en concreto, para proporcionar la información pedida, de modo tal de permitir apreciar el modo en que la entrega información contractual de un ex funcionario que debe obrar en su poder, efectivamente afecta el debido funcionamiento de sus funciones, razón por la cual a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 8) Que, por lo expuesto, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando a la Ilustre Municipalidad de Queilén entregar a don Carlos Bilbao Andrade, todos los contratos celebrados entre su persona y el Municipio de Queilén, con sus modificaciones y anexos si hubieren, y, sus respectivos decretos aprobatorios; los informes mensuales del año 2016 (con su respectiva boleta y certificado de la dirección que corresponda); y, comprobante de registro de marcaje de huella digital correspondiente al año 2016, tarjando previamente los datos personales de contexto de terceros incorporados en los documentos ordenados a entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Bilbao Andrade, en contra de la Ilustre Municipalidad de Queilén, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Queilén: a) Hacer entrega al reclamante la información que a continuación se señala, tarjando previamente los datos personales de contexto de terceros incorporados en los documentos ordenados a entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia: i. Todos los contratos celebrados entre su persona y el Municipio de Queilén, con sus modificaciones y anexos si hubieren, y, sus respectivos decretos aprobatorios; ii. Los informes mensuales del año 2016 (con su respectiva boleta y certificado de la dirección que corresponda); y, iii. Comprobante de registro de marcaje de huella digital correspondiente al año 2016. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Bilbao Andrade y al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Queilén. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.