Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C641-17

Reclamante:	JORGE FERNANDEZ MEJIAS
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, fundado en que no se entregó toda la información solicitada referente a las investigaciones que se señalan. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de lo requerido en los literales a) y b) por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia; asimismo, se rechaza respecto de los literales d) y f) de la solicitud, toda vez que informó al solicitante de manera precisa la fuente, el lugar y la forma en que el requirente podía acceder a la información que indica conforme lo establecido en el artículo 15 de la misma ley.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/23/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	DFL 1-19653 2001 - Ley de Bases Generales de la Administración del Estado Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1454-13 C2082-13 C910-14 C162-17 C3084-15 C3265-15
Jurisprudencia a:	C2819-17 C952-17 C2156-17 C2776-17 C3531-17 C163-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C641-17 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros Requirente: Jorge Fernández Mejías Ingreso Consejo: 24.02.2017 En sesión ordinaria N° 809 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de junio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C641-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 18 de enero de 2017, don Jorge Fernández Mejías solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros la siguiente información: a) "Cuántas investigaciones sobre uso de información privilegiada ha realizado la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) desde la entrada en vigencia de la Ley de Mercado de Valores en 1981 hasta el presente, 18 de enero de 2016?". b) Cuántas de esas investigaciones han concluido en sanciones por parte de la SVS y cuántas no? c) El número y año de todas las resoluciones sobre uso de información privilegiada: tanto de aquellas que terminaron con la aplicación de sanciones como de las que dictaminaron el cierre y, por tanto, donde se decidió no aplicar sanciones. d) El número y año de todas las Directivas u oficios en que la SVS se ha pronunciado sobre uso de información privilegiada. e) Copia de todas aquellas resoluciones emanadas por la SVS vinculadas a casos en que se analizó el uso de información privilegiada, lo que comprende tanto aquellas en las que se impuso una sanción como aquellas en que no hubo sanción alguna, y f) Copia de todas aquellas Directivas u oficios en que la SVS se ha pronunciado sobre uso de información privilegiada." 2) RESPUESTA: El 8 de febrero de 2017, la Superintendencia de Valores y Seguros respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 4120 señalando, en síntesis, que: a) Respecto de los literales a) y b) señala que, en consideración a que las investigaciones efectuadas por esa Superintendencia no se encuentran sistematizadas por materia, dar respuesta a lo solicitado afectaría el debido cumplimiento de las actividades de ese Servicio, toda vez que la solicitud de información se trata de un requerimiento genérico referido a un elevadísimo número de antecedentes que se deberían consultar, para determinar si ellos corresponden a investigaciones administrativas que tienen relación con el uso de información privilegiada. Dicha búsqueda implicaría una distracción indebida de las labores habituales de sus funcionarios, configurándose, por tanto, la causal de reserva legal establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. b) En cuanto a los literales c) y e) distingue entre: i. Resoluciones que hayan finalizado sin sanción: Señala que son reservadas en virtud de lo concluido en el fallo que cita así como en lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia toda vez que la entrega de dicha información pondría en entredicho la presunción de inocencia que ampara a los investigados. ii. Resoluciones sancionatorias públicas anteriores al año 2002: Consta que los ilícitos que tienen que ver con la posesión de información privilegiada se encuentran actualmente definidos en el artículo N° 165 de la ley N°18.045 de Mercado de Valores, disposición que forma parte del Título XXI de la referida Ley. Dicho Título fue incorporado por la ley N° 19.301 de 1994 que modificó diversos cuerpos legales relativos a mercado de valores, administración de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros y otras materias que señala. En atención a lo anterior, se ha tomado el año 1994 como el año de inicio para efectuar la búsqueda de la información requerida. De conformidad con la búsqueda efectuada y en atención a la información que ese Servicio se encuentra facultado a entregar, adjunta copia de resolución exenta N°337 de 1997 por medio de la cual se sancionó a la Sociedad Elesur S.A. Al respecto, hace presente que en virtud de divisibilidad ha procedido a eliminar aquella información que no se encuentra autorizada para divulgar. iii. Resoluciones sancionatorias cuya data es posterior al 1° de enero de 2002: Se encuentran disponibles en el sitio web cuyo link informa. Además, hace presente que cada una de esas resoluciones tiene individualizado su número y fecha en la que fue dictada. iv. Resoluciones sancionatorias que no tienen la calidad de públicas. Existen resoluciones sancionatorias en las materias consultadas que no tienen el carácter de públicas, y cuya reserva se origina en lo dispuesto en el inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.628 en relación con la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. c) Respecto de los literales d) y f), aduce que no dispone de un registro sistematizado por materias de los oficios dictados desde el año 1981 a la fecha, razón por la cual dar respuesta a la consulta, implicaría revisar uno a uno los actos administrativos emitidos a objeto de determinar si ellos se encuentran referidos a lo consultado. En virtud de lo anterior, se configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. d) No obstante lo señalado, informa que los dictámenes relevantes que ese Servicio ha dictado han sido incorporados en libros denominados "Dictámenes. Mercado de Valores", los que se encuentran editados respecto de diversos períodos de tiempo y, por lo demás, contienen un índice que los clasifica por materias, entre las que se encuentra "información privilegiada". Los referidos libros de dictámenes se encuentran permanentemente disponibles al público para su consulta en la Biblioteca de esta Superintendencia, cuya ubicación señala. e) Adicionalmente, podrá consultar los dictámenes relevantes emitidos por esta Superintendencia directamente en el sitio web www.svs.cl. Para ello deberá dirigirse a la opción "Legislación y Normativa" de la página de inicio, luego seleccionar la opción "Dictámenes" y a continuación el año a consultar, después de lo cual se desplegará el listado con los oficios emitidos por este Servicio para el período con indicación de su número, fecha y materia, entre otras menciones. 3) AMPARO: El 24 de febrero de 2017, don Jorge Fernández Mejías dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que: a) El organismo no señala de modo concreto las razones de cómo su solicitud afecta el debido cumplimiento de sus funciones. b) Aquella parte de la respuesta que se refiere a la existencia de información de oficios sobre información privilegiada al material disponible en los libros de dictámenes relevantes dispuestos en su biblioteca o en su página web parece más bien una negativa a definir su universo. c) En cuanto a la no sistematización de las resoluciones, la propia reclamada en una solicitud anterior proporcionó un documento con todas las resoluciones en las que se aplicaron sanciones tanto por el artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores como del derogado artículo 13, por lo que no resulta atendible el argumento de la falta de sistematización. d) No es razonable lo señalado por la reclamada respecto de la aplicación del derecho al olvido a determinadas resoluciones que ha solicitado. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, mediante Oficio N° E235 de 7 de marzo de 2017. El órgano reclamado mediante Oficio N° 7.661 de 21 de marzo de 2017, señaló, en síntesis, que: a) Las solicitudes de los literales a) y b) versan sobre investigaciones llevadas a cabo por esa Superintendencia en relación con una materia determinada y no se refieren específicamente a la apertura de un procedimiento administrativo sancionador al efecto. De tal modo, su consulta abarcaría no sólo aquellos procedimientos sancionadores iniciados por esta Superintendencia, sino también aquellos procesos de fiscalización por medio de los cuales determina si corresponde o no la formulación de cargos. b) Los mencionados requerimientos comprenden un período que abarca desde el año 1981 hasta el 18 de enero de 2016 y, tal como se indicara en la respuesta a la solicitud no cuenta con una sistematización de investigaciones, razón por la cual responder el requerimiento del solicitante implicaría revisar uno a uno, los expedientes tramitados por esa Superintendencia desde dicha fecha a objeto de determinar cuáles de ellos se refieren a la materia consultada. c) A modo de contexto, señala que desde el año 2002 a 2013, resolvió alrededor de 1.887 sanciones cifra que considera únicamente las sanciones aplicadas. Si se considera que para responder la solicitud del reclamante sólo habría que tener en cuenta ese universo de procedimientos, un funcionario debería revisar, a lo menos, 1.887 páginas. Luego, si una persona dedicada exclusivamente a la búsqueda de información, revisara en promedio 40 páginas por cada hora, en un día laboral de 9 horas podría revisar 360 páginas, y en 5 días laborales 1800 sanciones a las cifras anteriores todavía habría que agregar los períodos 1981 a 2001, 2013 a 2017, es decir, más de 14 años de investigaciones, además, los procesos terminados sin sanción y, además, aquellas investigaciones efectuadas en el contexto de procesos de fiscalización, lo que significaría casi 12 días laborales esto es, casi tres semanas solo para dar respuesta a esta parte de la solicitud alejando completamente al funcionario de este Servicio de su labor habitual, con los evidentes perjuicios que dicha situación pudiera generar. d) Además, dicha cifra se cuadruplica considerando que una sanción en promedio puede superar las 4 páginas y, al menos, esta última se duplicaría si se agregan los procesos de fiscalización y los procedimientos administrativos sancionadores que finalizaron sin sanción. De tal modo, para un funcionario implicaría dedicarse exclusivamente durante 96 días laborales a la búsqueda de la información lo que implica que, para responder la solicitud dentro del plazo de 20 días hábiles establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, habría que asignar prácticamente 5 funcionarios con dedicación exclusiva durante para responder esta parte de la consulta. e) En dicho orden de ideas se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia respecto de los literales citados. f) En cuanto a los literales c) y e) desarrolla latamente las razones por las que estima que concurre la presunción de inocencia respecto de las resoluciones solicitadas que concluyeron sin sanción. g) En cuanto a las resoluciones sancionatorias que considera públicas -aquellas en que no concurre el artículo 21 de la ley N° 19.628- se pronuncia conforme a lo indicado en su respuesta señalando que hizo entrega de la información anterior al año 2002 y respecto de aquella posterior a dicha data señaló el link en que se encuentra. h) Respecto de la demás resoluciones sancionatorias se refiere a la aplicación del artículo 21 de la ley N° 19.628 detallando los fundamentos en virtud de los cuales estima que dicho precepto es aplicable al acto administrativo que impone la sanción, y concluye que el legislador ha utilizado un concepto amplio de tratamiento de datos por lo que no comparte lo razonado por este Consejo sobre dicha materia. i) En lo relativo a los literales d) y f) el solicitante se refiere a oficios o directivas emitidas en relación con el uso de información privilegiada. Sobre el particular, en atención a que este Servicio no dicta actos administrativos que tengan el carácter de directivas y al hecho que el ciudadano no se refiere tampoco específicamente a dicho concepto, se consideraron los términos oficios y directivas, como sinónimos. j) En la respuesta se informó al solicitante que en atención que ese Servicio carece de un registro sistematizado por materias de los oficios dictados, responder a su requerimiento implicaría revisar, uno a uno, los oficios emitidos por ese Servicio desde el año 1981 a la fecha. En virtud de ello, se informó al requirente que respecto de su solicitud se verificaba la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. k) No obstante ello, se hizo presente al reclamante los enlaces en que se encuentran publicados oficios referidos a la materia así como la disponibilidad de información en la biblioteca de esa Superintendencia para consulta del público. Luego, cabe considerar que las recopilaciones de dictámenes efectuadas por ese Servicio tienen por finalidad poner a disposición del publico oficios sobre materias que son consideradas relevantes y que tienen efecto sobre terceros en cumplimiento de lo establecido por la letra g) del artículo 7° de la Ley de Transparencia, pero dicha selección en ningún caso considera incluir en los listados absolutamente todas los oficios dictados por esa Superintendencia en relación con una materia específica. l) Determinar la existencia de oficios que digan relación con uso de información privilegiada implicaría efectivamente revisar uno a uno los oficios emitidos por este Servicio. A modo de ejemplo, sólo durante el año 2016 ese Servicio emitió alrededor de 33 mil oficios ordinarios. Lo anterior, considerando que una persona podría revisar unas 40 páginas por cada hora y, por tanto, en un día laboral de 9 horas, 360 paginas, implica asignar un funcionario con dedicación exclusiva para que en aproximadamente 91 días laborales pueda recabar la información de un año. De tal modo, para responder la solicitud del ciudadano dentro del plaza de 20 días hábiles establecido por la Ley de Transparencia, serían necesarios aproximadamente 5 funcionarios para cada año de información lo que, considerando que la solicitud abarcaría 26 años de oficios, requeriría, hipotéticamente, designar 130 funcionarios de este Servicio para que se dedicaran exclusivamente a responder la solicitud del ciudadano. m) De tal modo es clara la configuración de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de Transparencia. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: : En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó conferir traslado del amparo a los terceros involucrados mediante Oficios Nos 2.767 a 2.787, todos de 24 de marzo de 2017. Al efecto, este Consejo recibió presentaciones de tres de los terceros a quienes se confirió traslado. Uno de aquéllos informó que no había sido parte en procesos de investigación por uso de información privilegiada, en tanto los dos restantes se oponen a la entrega de la información requerida fundado en que afecta la esfera de su vida privada. Citan lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política y concluyen que la información referida a una investigación administrativa que no prosperó, de ser conocida y revelada a terceros dejaría de ser información privada y con ello se pondría en peligro o se afectaría gravemente su derecho a la protección a la vida privada y honra. Asimismo, se refieren al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y la ley N° 19.628. Y CONSIDERANDO: 1) Que, respecto de los literales a) y b) -número de investigaciones sobre uso de información privilegiada realizado por la Superintendencia de Valores y Seguros desde 1981 hasta la fecha de la solicitud y cuántas de esas investigaciones han concluido en sanciones por parte de la SVS y cuántas no- el órgano invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c). Conforme a dicho precepto se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 2) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 4) Que, con ocasión de sus descargos el órgano reclamado precisó que atendido el tenor de los literales en análisis, éstos comprenden "no sólo aquellos procedimientos sancionadores iniciados por esta Superintendencia, sino también aquellos procesos de fiscalización por medio de los cuales determina si corresponde o no la formulación de cargos". En este sentido indicó pormenorizadamente el conjunto de actividades que significaría la obtención de la información citada en tales literales, que consiste en revisar uno a uno los expedientes tramitados por esa Superintendencia en el período consultado estimando que ello implicaría dedicar a un funcionario de manera exclusiva durante 96 días laborales a la búsqueda de la información. 5) Que en dicho contexto, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, ella está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley. En virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará el presente amparo respecto de los literales a) y b) de la solicitud. 6) Que, respecto de los literales c) y e) el órgano reclamado denegó la entrega de las resoluciones que concluyeron las investigaciones sin aplicar sanciones -fundado en que se afectaría la presunción de inocencia de los investigados- y aquellas resoluciones sancionatorias en las materias consultadas que se encontraban en la hipótesis descrita en el artículo 21 de la ley N° 19.628. 7) Que, en lo que atañe a las resoluciones que concluyeron sin aplicar sanciones en los procedimientos investigativos a que se refiere la solicitud cabe tener presente lo resuelto por este Consejo en la decisión C3084-15 respecto a idéntica información. Al efecto, razonó que dicha información son "actos administrativos terminales dictados por la Superintendencia, en procedimientos administrativos sancionatorios instruidos por eventuales infracciones a los deberes y prohibiciones establecidos en el artículo 165 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, relativos al uso de información privilegiada, en los que la SVS determinó la exención de responsabilidad de las personas involucradas en las investigaciones efectuadas, cerrando éstas, por lo que su comunicación, en sí misma, no podría importar el desprestigio de dichas personas. El artículo 8 de la Constitución Política y los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia disponen que los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado son públicos, salvo las excepciones legales.". En la anotada decisión se precisó que la entrega de la información requerida no afecta la presunción de inocencia de aquellas personas respecto de las cuales no se impuso algún tipo de sanción, por el contrario, esos actos administrativos refuerzan el carácter y la calidad de inocentes de las personas que en esos documentos se consignan. Del mismo modo, concluyó que "el peligro de afectación a los derechos de los terceros, invocado por la SVS, no puede sino estimarse eventual, pues depende de contingencias ajenas a la sola divulgación de la información, e incierto, toda vez que se funda, exclusivamente, en su opinión sobre la percepción de los agentes de mercado, en base a un criterio meramente subjetivo.". La sentencia Rol N° 4.317-2016 de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por la SVS en contra de la decisión citada. En consecuencia, a la luz de los fundamentos anotados se acogerá el presente amparo en aquella parte referida a las resoluciones dictadas por el órgano reclamado que afinó los procedimientos consultados sin aplicar sanciones, y se requerirá a la reclamada que haga entrega de dicha información al solicitante, debiendo tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y de acuerdo al principio de divisibilidad establecido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. 8) Que, enseguida, en lo que incumbe a las resoluciones sancionatorias que la reclamada ha reservado al estimar aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628 resulta pertinente tener el presente el sentido y alcance que éste Consejo ha conferido al mencionado precepto el cual dispone en su inciso primero que "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". Conforme a lo razonado previamente por este Consejo, la voz "tratamiento" contenida en la señalada disposición de la ley N° 19.628, no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado. En efecto, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles C1454-13, C2082-13, C910-14, C3265-15 y C162-17, entre otras, ha concluido que "debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo.". 9) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso". 10) Que, cabe además señalar, que respecto a la eventual afectación a los derechos de los terceros involucrados, se debe seguir lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 10 de enero de 2017, en causa Rol N° 4935-2016, quien razonó en su considerando undécimo, que: "(...) frente al principio general de publicidad de los actos administrativos que estatuye el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, la interpretación que ha de efectuarse a las causales legales de secreto o reserva debe ser restrictiva y, en este entendido, no resulta ajustado a dicha exégesis concluir al amparo de la causal 2° del artículo 21 de la Ley 20.285 la reserva de los testimonios que debieron ser y fueron considerados para la adopción de la decisión que sancionó a los señores (...), como infractores a la Ley de Mercado de Valores, por uso de información privilegiada, puesto que no se aprecia razonablemente como su publicidad, comunicación o conocimiento pudiere ilegítimamente afectar sus derechos de seguridad, salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, resultando paradójico que quien incurre en una actuación que el ordenamiento jurídico reprueba pueda, después de ser sancionado por ello, exigir al Estado que mantenga reserva respecto de los antecedentes que le permitieron tener por configurada la contravención, pues todos ellos resultan ser justificativos de la decisión administrativa, la cual evidentemente es y debe ser pública". 11) Que, en atención a que las mencionadas resoluciones corresponden al soporte documental en que se encuentra el resultado del procedimiento sancionatorio, esto es, el acto decisorio que originalmente puso término a dichas investigaciones disponiendo la aplicación de una sanción y no al tratamiento posterior de dicha información, a la luz del criterio citado en el considerando precedente, no resulta aplicable a dicho acto administrativo la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la ley N° 19.628, por lo que cabe desestimar dicha alegación efectuada por la reclamada. En consecuencia, se acogerá igualmente el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega de dicha información al solicitante, debiendo tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y de acuerdo al principio de divisibilidad establecido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. 12) Que, a su turno, respecto de los literales d) y f) de la solicitud, del tenor del amparo se advierte que el reclamante controvierte la respuesta de la reclamada en aquella parte que le informa acerca de modo de acceder a determinada información conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia. Sobre el particular, y en lo que atañe a dicho aspecto de la respuesta se advierte que el órgano reclamado ha ajustado su respuesta a lo dispuesto en el mencionado precepto, toda vez que informó al solicitante de manera precisa la fuente, el lugar y la forma en que el requirente podía acceder a la información que indica, razón por la cual se rechazará respecto de los mencionados literales el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Jorge Fernández Mejías, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros; rechazándolo respecto de lo requerido en los literales a) y b) por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia; asimismo, se rechaza respecto de los literales d) y f) de la solicitud, toda vez que informó al solicitante de manera precisa la fuente, el lugar y la forma en que el requirente podía acceder a la información que indica conforme lo establecido en el artículo 15 de la misma ley, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Valores y Seguros: a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información: i. El número y año de todas las resoluciones sobre uso de información privilegiada: tanto de aquellas que terminaron con la aplicación de sanciones como de las que concluyeron sin la aplicación de sanciones, ii. Copia de todas aquellas resoluciones vinculadas a casos en que se analizó el uso de información privilegiada, lo que comprende tanto aquellas en las que se impuso una sanción como aquellas en que no hubo sanción alguna. Se requerirá a la reclamada que haga entrega de dicha información al solicitante, debiendo tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y de acuerdo al principio de divisibilidad establecido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Fernández Mejías, al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, y a los terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.