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DECISIÓN AMPARO ROL C733-17</p>
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Entidad pública: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)</p>
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Requirente: Juan Edén Ulloa</p>
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Ingreso Consejo: 06.03.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 809 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de junio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C733-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de febrero de 2017, don Juan Nelson Edén Ulloa solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en adelante e indistintamente CONADI, informar respecto de las personas que individualiza "(...) y respecto de la organización comunitaria Comunidad Kaweskar de Puerto Edén, los siguientes antecedentes desde la fundación de la CONADI el 28 de septiembre de 1993 a la fecha:</p>
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a) Beneficios en dinero y en especias recibidos por las personas y entidad señalada por parte de la CONADI a propósito de: Beneficios sociales propios del "Fondo de Acción Social", Subsidios otorgados producto de "Adjudicaciones por Proyectos Postulados" y cualquier otro monto en dinero percibido por los individualizados de parte de CONADI.</p>
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b) Indicar detalladamente identidad(es) del beneficiario(s), monto o especias y su equivalente aproximado en dinero, fecha de otorgamiento, y validación de su entrega y/o uso apropiado si existiese o no respecto de la utilización final o no de los recursos asignados (sic)".</p>
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2) RESPUESTA: El 27 de febrero de 2017, la CONADI respondió a dicho requerimiento de información mediante Carta N° 12, señalando en síntesis que:</p>
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a) En virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, se solicitó a los terceros individualizados en el requerimiento, la autorización para entregar lo solicitado, con excepción de dos personas que se encuentran fallecidas, la cual fue denegada. Se adjunta la carta de respuesta de la Comunidad Kaweskar, en adelante e indistintamente la comunidad, de 24 de febrero de 2017, la cual señala que los asistentes a la reunión ordinaria de 18 de febrero de 2017, expresaron su malestar y preocupación por el requerimiento de índole personal, y manifestaron que los beneficios se les otorgan según sus necesidades particulares. Entregar lo solicitado, señalan, afectaría sus derechos culturales y su privacidad, los cuales se encuentran resguardados por distintos tratados internacionales.</p>
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b) Los asistentes a la reunión referida de la comunidad, expresaron su malestar por la solicitud de información de 2 personas fallecidas, no respetando bajo ninguna circunstancia el duelo cultural arraigado en ésta, bajo el cual nombrar a una persona fallecida es siempre una transgresión a su cultura. Desde el punto de vista legal, entregar información de una persona fallecida sin tener autorización legal, transgrede toda norma de derecho civil.</p>
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3) AMPARO: El 6 de marzo de 2017, don Juan Edén Ulloa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información. Además hizo presente que:</p>
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a) Su solicitud se efectuó para transparentar recursos asignados a su persona, por lo que queda desacreditado el fundamento de denegación consistente en que el mismo fue notificado del requerimiento, y se denegó a si mismo éste.</p>
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b) Respecto de la solicitud sobre otras personas naturales, y de la comunidad, cabe señalar que en esta última, en la reunión de 18 de febrero de 2017, no se trató el requerimiento de acceso a la información.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de la CONADI mediante Oficio N° E296 de 14 de marzo de 2017.</p>
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Mediante Oficio N° 40 de 27 de marzo de 2017, el Sr. Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas presentó sus descargos u observaciones, señalando en síntesis que:</p>
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a) Las causales de secreto o reserva invocadas se encuentran amparadas en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, y en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto lo solicitado corresponde a materias sensibles de la vida privada, debido a que se solicita información sobre la obtención de beneficios sociales de 8 personas indígenas, dos de las cuales se encuentran fallecidas. Dichos beneficios son entregados a través de un fondo de gestión social y asistencial, son gestionados por un asistente social y/o trabajador social, y son destinados a personas indígenas en situaciones de vulnerabilidad social.</p>
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b) Estos beneficios se encuentran destinados a cubrir solicitudes en materia de salud (pago de consultas médicas, exámenes médicos, compra de medicamentos, lentes ópticos, etc.), canastas familiares, apoyo con consumos básicos, etc. Lo anterior es avalado mediante informe social del profesional respectivo.</p>
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c) Se adjuntan cartas de notificación a las personas que individualiza y que fueron indicadas en la solicitud.</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS: Este Consejo, mediante los oficios N° E298, de 14 de marzo de 2017, 3413, 3414, 3415, 3416 y 3417, de 17 de abril de 2017, notificó a las personas que individualiza y que fueron indicadas en la solicitud, y a la Comunidad Indíhena Kaweskar de Puerto Edén, respectivamente, a fin de que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.</p>
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Por medio de correos electrónicos de 24 de abril de 2017, se adjuntan descargos de las personas que individualiza y que fueron indicadas en la solicitud, los cuales señalan en síntesis que:</p>
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a) Se deniega la entrega de lo requerido, por cuanto afecta su vida privada. Lo solicitado dice relación con eventuales apoyos otorgados por CONADI, los cuales les habría sido otorgados en su condición de miembros de la comunidad indígena que indica. Ellos son reconocidos como tesoros humanos vivos.</p>
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b) Las comunidades indígenas gozan de autodeterminación, conforme a las disposiciones del artículo 7 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual es parte el Estado.</p>
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c) Por otro lado, el destino de los recursos eventualmente asignados por la CONADI están sujetos a los procedimientos y normas propias de la Administración del Estado, conforme a las pautas de rendición de cuentas que se exigen en cada proyecto conforme a sus propias normas, no existiendo respecto de ello ningún reparo efectuado por los órganos competentes.</p>
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d) Es deber del Estado, como parte del derecho internacional que asiste a los pueblos originarios, proteger sus instituciones, lo que incluye evitar la intromisión de intereses ajenos a éstos en la definición autónoma de sus planes de vida.</p>
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Por medio de correo electrónico de 24 de abril de 2017, se adjunta descargos de la Comunidad Indígena Kaweskar de Puerto Edén, el cuales señala en síntesis que:</p>
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a) Lo requerido se relaciona con apoyos entregados por la reclamada a la comunidad, a propósito de la condición de indígenas de sus miembros.</p>
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b) La Comunidad Indígena Kaweskar de Puerto Edén goza de autodeterminación, conforme a las disposiciones del artículo 7 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Conforme a este instrumento internacional, los kaweskar en comunidad deciden conforme a sus mecanismos la forma en que definen sus prioridades de desarrollo, no pudiendo el Estado ni terceras personas inmiscuirse en la definición de tales prioridades, menos cuando con un mal entendido concepto de transparencia, se busca generar conflictos al interior de la comunidad.</p>
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6) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correos electrónicos de 12 y 17 de abril de 2017, este Consejo solicitó a CONADI lo siguiente: a) Aclarar si posee la información solicitada; b) Señalar a qué se refieren los beneficios sociales propios del fondo de acción social, y los subsidios otorgados producto de adjudicaciones por proyectos postulados, y señalar dónde se encuentran regulados.</p>
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Por medio de correos electrónicos de 12 y 20 de abril de 2017, CONADI respondió el requerimiento, señalando en síntesis lo siguiente:</p>
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a) La información solicitada se encuentra en las bodegas de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, no sistematizada por su antigüedad. Sin embargo parte de ésta se afectó con la inundación sufrida el año 2012 en dicha ciudad. Se informa que dos personas se encuentran fallecidos.</p>
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b) El Fondo de Gestión Social y Asistencia Complementaria para la Población Indígena de Magallanes y Antártica Chilena, corresponde a una iniciativa del Programa de Fomento Social, Productivo y Económico para la población indígena urbana y rural, dependiente del Departamento de Desarrollo Indígena de la Dirección Nacional. Su objetivo es la administración de un fondo creado para atender situaciones de emergencia o de naturaleza similar, que se observen en las personas indígenas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a objeto de mejorar las condiciones básicas de vida de la población indígena en riesgo de extinción y/o en situación de vulnerabilidad social.</p>
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c) Los beneficios sociales se encuentran enmarcados en las áreas de salud, vivienda, asistencia social y discapacidad, entre otros. Las solicitudes de ayuda deben estar respaldadas por la documentación que justifique la petición de ayuda. Este Fondo atiende más de 100 personas por período licitado.</p>
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d) Los Fondos de Tierras y Aguas, Desarrollo Indígena y el de Cultura y Educación para el cumplimiento de la misión institucional, y los diversos objetivos que de ella dependen, planifican y ejecutan cada año licitaciones y concursos públicos, a través de los cuales se incrementa la participación de las personas y organizaciones indígenas, se reduce el déficit de activos productivos y aumenta la oportunidad de desarrollo integral de familias y organizaciones indígenas.</p>
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e) Las personas y organizaciones indígenas que postulan a estos concursos pasan por un proceso de selección y adjudicación, mediante el cual si se cumplen los requerimientos técnicos y administrativos, se le asignan los respectivos subsidios para la ejecución de sus proyectos, y los resultados de las personas u organizaciones indígenas beneficiadas con los proyectos concursados en cada fondo, son publicados en el sitio web. Además, se realiza un seguimiento y supervisión de éstos por parte de los encargados de cada fondo.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, respecto de lo solicitado, la reclamada denegó su entrega fundada en la oposición presentada por la Comunidad Kaweskar. En sus descargos, CONADI señaló que lo solicitado corresponde a información sensible, referida a la obtención de beneficios sociales de personas indígenas, los que serían entregados por medio de un fondo de gestión social destinado a personas en situaciones de vulnerabilidad social. En el mismo sentido se manifestaron las personas naturales respecto de las cuales se requirió información, ante este Consejo, indicando que lo requerido dice relación con beneficios otorgados por la CONADI, en su condición de integrantes de la comunidad indígena que indica. En su respuesta a la gestión oficiosa de esta Corporación, la reclamada señaló que para acceder a los beneficios otorgados por ésta, se requiere efectuar una postulación por parte de las personas y organizaciones indígenas.</p>
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2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que la ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, publicada en el diario oficial el 5 de octubre de 1993, señala en su artículo 20 y siguientes, "Créase un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas administrado por la Corporación. A través de este Fondo la Corporación podrá cumplir con los siguientes objetivos: a) Otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, Comunidades Indígenas (...). Créase un Fondo de Desarrollo Indígena cuyo objeto será financiar programas especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades indígenas (...). A través de él se podrán desarrollar (...) otorgamiento de subsidios en beneficio de las Comunidades Indígenas e indígenas individuales".</p>
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3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la oposición presentada por la reclamada y por los terceros respecto de los cuales se requiere información.</p>
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4) Que, sobre lo requerido, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión C446-09, ratificada, entre otras, en la decisión C1008-14. En dicha decisión se resolvió que "el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios". Por otro lado, a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, el listado de las personas respecto de las cuales se requiere información, constituiría un dato sensible, toda vez que se refiere a su origen racial, considerando su pertenencia al pueblo indígena kaweskar.</p>
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5) Que, al respecto, a juicio de este Consejo, el control social justifica la divulgación de antecedentes que si bien forman parte de la vida privada de una persona, como la pertenencia al pueblo indígena, resultan relevantes para que la ciudadanía pueda acceder a información sobre el manejo y otorgamiento de recursos otorgados por parte de la CONADI.</p>
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6) Que, en este sentido, y aun cuando se refiere a un requerimiento de información de distinta naturaleza, cabe citar la decisión C2358-15 de este Consejo, en atención a lo relevante que resulta para acceder a un beneficio estatal el cumplimiento de un requisito indispensable para ello, la cual señaló que, "el domicilio de las personas naturales debe reservarse por cuanto constituye un dato de carácter personal (...) sin perjuicio de ello, esta misma Corporación determinó (...), que no obstante constituir lo requerido un dato personal, existe un interés público involucrado en conocer el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad para obtener los beneficios sociales que otorga la Municipalidad, en virtud de lo cual determinó que se informe la comuna (...), donde residen los beneficiarios por cuanto ello constituía un requisito de otorgamiento del beneficio del programa social".</p>
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7) Que, resulta insoslayable considerar que la pertenencia al pueblo indígena constituye un requisito indispensable para acceder a los beneficios otorgados por la CONADI. En este sentido, del tenor del requerimiento, se deprende que el requirente se encuentra en conocimiento de que las personas naturales respecto de las cuales solicitó información, pertenecen a un pueblo indígena. Luego, la transparencia y publicidad del procedimiento de otorgamiento de los beneficios antedichos, en este caso referidos al nombre de sus beneficiarios y a los beneficios recibidos, resulta fundamental para efectuar el debido control social sobre dichos otorgamientos y particularmente, por una parte, para evidenciar que se cumplen con las condiciones o requisitos fijados por la ley, y por otra, para establecer la efectiva pertenencia a un pueblo indígena, sin la cual no tendría derecho ni posibilidad de postular al respectivo beneficio social sectorial. Al respecto, este Consejo revisó el sitio web de CONADI con fecha 16 de junio de 2017, y constató que en este se publica en el banner de Gobierno Transparente - Subsidios y Beneficios - Nómina de Beneficiarios de Programas en Ejecución - , la identidad de beneficiarios, tanto personas jurídicas como naturales de origen indígena, sin indicar montos de asignación, para programas o beneficios tales como: a) revitalización de lenguas indígenas; b) difusión y fomento de la cultura indígena; c) subsidio a la capacitación y especialización de indígenas; d) generación de microemprendimiento indígena urbano; e) concurso público equipamiento básico en predio adquiridos y f) subsidios para obras de riego y/o drenaje para indígenas, desde el año 2011 al 2016, entre otros.</p>
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8) Que, en definitiva, existe un interés público involucrado en el conocimiento de la información solicitada, toda vez que ésta da cuenta de los beneficios sociales recibidos por parte de personas naturales y de una comunidad indígena, y de su destinación. En efecto, su divulgación permitiría ejercer un control social sobre la entrega de dichos recursos, así como de su utilización, de forma tal que con ello se ampara la correcta asignación de recursos públicos, y se protege asimismo la legalidad en el acceso a los beneficios sociales, por parte de los miembros del pueblo indígena.</p>
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9) Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, se acogerá el presente amparo, y se ordenará a la reclamada entregar al reclamante los beneficios en dinero y en especias y su equivalente aproximado en dinero, y fecha de otorgamiento, recibidos por cada una de las personas y entidad individualizadas en el numeral 1°) de lo expositivo, por parte de la CONADI, desde el 28 de septiembre de 1993 al 14 de febrero de 2017, correspondiente a beneficios sociales del Fondo de Acción Social, subsidios otorgados producto de adjudicaciones por proyectos postulados, y cualquier otro monto en dinero percibido por éstos; y la validación de su entrega y/o uso apropiado si existiese o no respecto de la utilización final o no de los recursos asignados, solamente en el evento que dicha validación y/o uso apropiado se contengan en un soporte o formato de los establecidos en el artículo 10, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, previo tarjamiento de los datos personales de contexto que pudieran estar contenidos en dicha documentación, tales como número cédula de identidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fecha de nacimiento, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628; o en el evento que parte de esta información no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Juan Edén Ulloa en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena:</p>
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a) Entregar a don Juan Edén Ulloa los beneficios en dinero y en especias y su equivalente aproximado en dinero, y fecha de otorgamiento, recibidos por sí mismo y por las personas que individualiza y que fueron indicadas en la solicitud, y por la Comunidad Kaweskar de Puerto Edén, por parte de la CONADI, desde el 28 de septiembre de 1993 al 14 de febrero de 2017, correspondiente a beneficios sociales del Fondo de Acción Social, subsidios otorgados producto de adjudicaciones por proyectos postulados, y cualquier otro monto en dinero percibido por éstos; y la validación de su entrega y/o el uso apropiado si existiese o no respecto de la utilización final o no de los recursos asignados, solamente en el evento que dicha validación y/o uso apropiado se contengan en un soporte o formato de los establecidos en el artículo 10, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, previo tarjamiento de los datos personales de contexto que pudieran estar contenidos en dicha documentación, tales como número cédula de identidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fecha de nacimiento, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628; o en el evento que parte de esta información no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Nelson Edén Ulloa, al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a los terceros interesados en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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