Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C771-17

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Reclamante:	RAÚL MORALES ROJAS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra de la Municipalidad de Sagrada Familia, fundado en que no dio respuesta a las solicitudes de información referentes a una serie de funcionarios a contrata. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se pudo acreditar la causal de reserva invocada por el órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/31/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C4296-16 C831-17
Jurisprudencia a:	C831-17
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Elevado número de actos
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C771-17 y C831-17 Entidad pública: Municipalidad de Sagrada Familia. Requirente: Raúl Morales Rojas. Ingreso Consejo: 08.03.2017 y 13.03.2017 En sesión ordinaria N° 801 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información, roles C771-17 y C831-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de febrero de 2017, don Raúl Morales Rojas solicitó a la Municipalidad de Sagrada Familia, en adelante e indistintamente, la Municipalidad o el municipio, la siguiente información: a) "Solicito decretos de nombramiento de los funcionarios a contrata (o el documento que corresponda) de esa municipalidad, del 2015 al 2017. No incluir Salud y Educación. b) Solicito copia de los contratos de las personas contratadas como honorarios en ese municipio, del año 2017. No incluir Salud y Educación. c) Solicito las calificaciones de los funcionarios municipales del 2016. d) Solicito informe de horas extras del 2016 del personal de Finanzas y Tránsito, detalle de los trabajos realizados y cantidad de horas de cada funcionario". 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPAROS: El 8 y el 13 de marzo de 2017, don Raúl Morales Rojas dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, roles C771-17 y C831-17, ambos fundados en que no recibió respuesta a su solicitud de información. 3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS: Esta Corporación determinó aplicar el procedimiento correspondiente al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) al presente amparo, y mediante correo electrónico de fecha 20 de marzo de 2017, notificó a la Municipalidad la posibilidad de aplicar dicha alternativa, lo cual fue aceptado vía correo electrónico de igual fecha, en el que informa que se encontraría vigente el plazo de respuesta a la solicitud de información, en virtud de la prórroga de dicho plazo notificada con anterioridad. Posteriormente, el órgano acompañó copia del Ord. N° 58, de fecha 20 de marzo de 2017, con la respuesta a la solicitud de información, en la cual denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que "según el requerimiento específico, se trataría de información genérica, perteneciente desde el 2015 al 2017, que corresponden a 26 meses (hasta la fecha de esta solicitud)". Asimismo, agregó el municipio que "con respecto al requerimiento N°1 de la solicitud de Transparencia, la totalidad de funcionarios contratados según el tipo de contratación denominada ‘Contrata’, de los años 2015 al 2017 (sin incluir Educación y Salud), son 72 carpetas de funcionarios (...) En el punto N°3, la cantidad de carpetas de funcionarios municipales pertenecientes y cuyo contrato está regido por el Estatuto Administrativo Municipal, es de 124. El proceso de calificaciones consta de una serie de documentos, como actas y documentos ordinarios como fundantes que dan origen a un acto administrativo con la calificación de cada funcionario. Esta carpeta puede contener entre 9 a 12 documentos como promedio. Por ende, como don Raúl Morales requiere las calificaciones en el punto N°3, sin detallar si es un resumen (compilado), se debe acceder a la información completa que sería de 1.364 hojas que conforman los actos administrativos". Acto seguido, indicó que "Para el punto N°4, la información sería para 34 carpetas que conforman los antecedentes personales de los funcionarios. A esto, debe corresponder a 12 meses de información por funcionario municipal. En estos antecedentes, se encuentra el proceso completo del detalle de los trabajos realizados y que es validado por el jefe de esa Unidad Administrativa (...) la información promedio que corresponde a los fundantes y los actos administrativos por cada funcionario, multiplicado por doce meses (2016), tenemos 3.672 documentos". Finaliza el órgano señalando que "la Unidad de Transparencia está integrada por un solo funcionario, contratado en la calidad de ‘Honorario’ y tiene la función de coordinar las diferentes actividades relacionadas y emanadas de la Ley de Transparencia (...) no existe otro tipo de funcionario o calidad administrativa asignado a esta unidad municipal". Dado el contenido de la respuesta por parte del órgano reclamado, se declaró fracasada la instancia de SARC. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los presentes amparos y, mediante Oficio N° 3.282, de 11 de abril de 2017, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 24 de abril de 2017, se concedió al municipio un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos. Hasta esta fecha no existe constancia de que el órgano hubiera remitido sus observaciones. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo al hecho que entre los amparos roles C771-17 y C831-17 existe identidad respecto del requirente de información, materia de la solicitud y del órgano de la Administración requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, por cuanto no se acreditó haber notificado, válida y oportunamente, la prórroga del plazo de respuesta, sino que una vez vencido dicho plazo. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado. 3) Que, los presentes amparos se fundan en la falta de respuesta por parte de la Municipalidad de Sagrada Familia, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a decretos de nombramiento, copia de contratos, calificaciones e información de horas extras del personal municipal que especifica. Al respecto, en su respuesta al procedimiento de SARC ante este Consejo, el órgano denegó la entrega de la totalidad de la información, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 4) Que, en tal sentido, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 5) Que, asimismo, respecto de las personas que detentan el carácter de funcionario público, cual es el caso de los funcionarios municipales, debe tenerse presente lo que ha venido planteando sostenidamente este Consejo a partir de la decisión del amparo Rol A47-09, en orden a que "la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen". En tal sentido, conocer el nombre de los mismos, el cargo que desempeñan, el lugar y horario en que desempeñan sus funciones, la remuneración que perciben, los niveles de desempeño, los gastos en que incurren, entre otros antecedentes, es información pública de conformidad a la Ley de Transparencia. 6) Que, respecto a la alegación del órgano, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al Principio general de Transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo 21 N° 1, letra c), dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera" y que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo rol C377-13 y C4296-16, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 9) Que, en efecto, tras el análisis y revisión de la solicitud de información y las atribuciones legales del órgano sobre la materia, a la luz de los criterios ya fijados, este Consejo estima que las alegaciones del municipio no son suficientes, ni revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada ni configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, en su respuesta, el órgano se pronunció sobre el volumen total de información o antecedentes relacionados a cada funcionario, sin señalar el tiempo estimado o costo de oportunidad referido a atender esta solicitud, sin precisar, por ejemplo, las horas hombre o días destinados a dichas funciones en razón de esta solicitud, sino que solamente se limita a señalar cifras generales y haciendo meras alegaciones generales sobre el particular, las que serán desestimadas, teniendo presente las obligaciones del órgano reclamado consagradas en la Ley de Transparencia, y que la cantidad de funcionarios disponibles o la forma en que la institución gestiona su documentación, en ningún caso, puede constituir una causal de reserva o el fundamento para la denegación de entrega de información. 10) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que en su propia página web de Transparencia Activa, de la Municipalidad de Sagrada Familia, en lo relativo a "Información del Personal y Remuneraciones", correspondiente al sector Municipal, excluyendo Salud y Educación según lo indicado por el solicitante, a febrero del año 2017, por ejemplo, la cantidad de funcionarios a contrata es de 29 funcionarios (en http://sagradafamiliatransparente.cl/transparencia/03_Personal/2017/FEBRERO/municipal/Transparencia%20Contrata%20FEBRERO%202017.htm), y contratadas a honorarios, en igual fecha, es de 14 funcionarios (en el enlace http://sagradafamiliatransparente.cl/transparencia/03_Personal/2017/FEBRERO/municipal/Transparencia%20Honorarios%20a%20suma%20Alzada%20y%20Asimilado%20a%20Grado%20FEBRERO%202017.htm). Asimismo, cabe tener presente que lo requerido en la letra a), son solamente los decretos de nombramiento de funcionarios que ingresaron al municipio en el período que indica, excluyendo los sectores de salud y educación; que lo pedido en la letra b) se refiere solo a las personas contratadas a honorarios en el sector municipal en el año 2017; que lo solicitado en el literal c) se refiere sólo a las evaluaciones o calificaciones de los funcionarios municipales, y no al conjunto de antecedentes que componen cada carpeta; y que las horas extras requeridas en la letra d), corresponden únicamente al personal de las Direcciones de Transito y Finanzas, por lo que, en ningún caso, la información solicitada constituye un requerimiento de carácter genérico. 11) Que, en consecuencia, en virtud de lo anteriormente señalado, este Consejo desestimará la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por el órgano para denegar la entrega de la información pedida, y en definitiva, acogerá el presente amparo, ordenando a la Municipalidad de Sagrada Familia entregar al reclamante la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio o correo electrónico particular, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley. 12) Que, sin perjuicio de lo resuelto, vale tener en consideración que el órgano reclamado no presentó sus descargos ante este Consejo, conforme se le solicitó en el oficio individualizado en el numeral 4 de la parte expositiva de esta decisión, situación que se le representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, en la parte resolutiva, como una falta a la debida colaboración que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger los amparos deducidos por don Raúl Morales Rojas, en contra de la Municipalidad de Sagrada Familia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de los decretos de nombramiento de los funcionarios a contrata de esa municipalidad, del 2015 al 2017, sin incluir Salud y Educación; copia de los contratos de las personas contratadas a honorarios en ese municipio, en el año 2017, sin incluir Salud y Educación; copia de las calificaciones de los funcionarios municipales del 2016; e información de las horas extras del personal de Finanzas y Tránsito, detalle de los trabajos realizados y cantidad de horas de cada funcionario, durante el año 2016. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido la solicitud de información dentro del plazo legal y no haber notificado, válida y oportunamente, la prórroga del plazo de respuesta, dentro de dicho plazo. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. IV. Representar severamente al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, especialmente respecto de la falta de respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de facilitación, oportunidad y responsabilidad, previstos en el artículo 11, literales f), h) y j), respectivamente, de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Raúl Morales Rojas y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.