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DECISIÓN AMPARO ROL C788-17</p>
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Entidad pública: Dirección General de Crédito Prendario</p>
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Requirente: Paulo Díaz Garay</p>
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Ingreso Consejo: 09.03.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 807 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de junio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C788-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de febrero de 2017, don Paulo Díaz Garay solicitó a la Dirección General de Crédito Prendario "las calificaciones y fundamentos de las mismas de los integrantes del Departamento Jurídico comprendidas en el primer informe de desempeño cuatrimestral de este período (septiembre-diciembre 2016), efectuado por doña Lucía Monreal".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 75, de 01 de marzo de 2017, la Dirección General de Crédito Prendario respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que accede a la entrega del informe de calificación del propio solicitante, denegando el acceso al informe de los demás integrantes del Departamento Jurídico, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En relación a esto último, señala que "Siendo los informes de desempeño parte de la precalificación, y siendo esta la evaluación previa realizada por el jefe directo del funcionario; constituyen por lo tanto antecedentes o deliberaciones que son previas a una resolución final como lo es la calificación funcionaria. Si bien el resultado de un proceso calificatorio finalizado y los fundamentos de este son de acceso tanto al funcionario como de quien solicite esta in formación, no lo son de la misma manera los fundamentos de esta calificación, respecto de terceros, mientras el proceso calificatorio no haya finalizado.". Asimismo, agrega que "la comunicación de esta información a un tercero en el curso de un procedimiento administrativo, entorpece y afecta la labor del jefe directo en su función precalificadora. (...) al ser este un procedimiento administrativo de efectos individuales, se hace necesaria esta reserva para no entorpecer el vínculo entre Precalificador y calificado, donde la publicidad ex ante puede llevar afectar la decisión final y el desempeño del funcionario en el resto del periodo a calificar. El desempeño requerido para cada funcionario en su función particular obedece a lineamientos que no pueden afectarse en razón de comunicar el desempeño a un tercero cuando este proceso no se encuentra aun completamente desarrollado."</p>
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3) AMPARO: El 9 de marzo de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcialmente negativa otorgada a su solicitud; y que lo entregado no corresponde a lo solicitado.</p>
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Al respecto, señala en resumen, que de acuerdo a la segunda parte, del inciso segundo del artículo 19 del decreto 1825, de 1998, del Ministerio del Interior, atendido las características esenciales de los informes de desempeños, estos no serían un antecedente o una deliberación previa a la adopción de una resolución o medida, por cuanto, al incluirse en la hoja de vida del funcionario, se manifiesta su carácter de acto afinado y definitivo, emitido por el precalificador. Reforzando lo anterior, el hecho de que el funcionario calificado sólo puede hacer observaciones al informe, no considerándose la posibilidad de que dicho informe pueda ser modificado en razón de esas observaciones o alguna otra impugnación. Asimismo, agrega que la reclamada no señala, ni manifiesta de forma alguna de qué manera se entorpecería en concreto el vínculo entre precalificador y calificado y de qué forma la publicidad del informe de desempeño puede afectar la decisión final y el desempeño del funcionario en el resto del período de evaluación.</p>
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Finalmente, alega que la información entregada junto a la respuesta, no corresponde a lo que se solicitó, "pues es información con la que ya contaba el suscrito al estar disponible en el módulo de RRHH respecto a su persona, de tal manera que además de no haberla requerido, resulta superflua e inútil".</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Dirección General de Crédito Prendario, mediante oficio N° E357, de fecha 20 de marzo de 2017.</p>
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El órgano requerido, a través Ord. N° 121, de fecha 05 de abril de 2017, presentó sus descargos u observaciones, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta a la solicitud, agregó en síntesis, que el proceso calificatorio, con el fin de establecer y resguardar los principios mencionados en el artículo 4° del decreto 1825, de 1988, en cada etapa del proceso existe un sujeto o sujetos responsables, así en la etapa de precalificación, estará a cargo el jefe directo, que se hará en constar en evaluaciones cuatrimestrales. En la etapa de Calificación, un órgano colegiado será el encargado de calificar, llamada Junta Calificadora, cuyos acuerdos, de conformidad al artículo 30 del aludido decreto, son siempre fundados, acordados por mayoría simple, las deliberaciones y votaciones serán confidenciales, anotándose en las Actas de calificaciones los acuerdos. La tercera etapa corresponde a las impugnaciones, conocida como etapa Apelación y Reclamo, en el entendido que de la resolución de la Junta calificadora, y del Jefe directo, el funcionario cuenta con recursos para impugnar -apelación dentro de quinto día, tercero día o diez días- , que está a cargo de Jefe Superior del Servicio.</p>
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En tal sentido, concluye que el grado de conocimiento de los informes cuatrimestrales, en este proceso, por tanto, es de competencia, y responsabilidad de diversos órganos del servicio, de manera que cada etapa es una antecedente relevante para el desarrollo del proceso calificatorio, de tal manera que "la divulgación de esta información restarían imparcialidad, pues se harían públicos criterios, que pueden influir en futuras decisiones de cada órgano que participa en el proceso restándole entonces imparcialidad, pudiendo generar entonces un prejuzgamiento de las personas involucradas, esto es, de los funcionarios de la División Jurídica, criterio que se entiende afinado con el acto administrativo final, esto es cuando transcurridos los plazos para impugnar, no se ejercieron los recursos o se ejercieron y los recursos fueron resueltos y notificados a los funcionarios respectivos".</p>
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Por otra parte, en relación a la entrega del informe de desempeño del reclamante, indica que ella obedeció a que éste solicitó las calificaciones y fundamentos de las mismas de los integrantes del Departamento Jurídico comprendidas en el primer informe de desempeño cuatrimestral, "y en sentido estricto a la fecha de la solicitud el reclamante era parte del Departamento y por lo tanto se hacía necesaria la entrega de la información a su respecto".</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Para una mejor resolución del caso, por medio de correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2017, este Consejo solicitó al reclamante aclarar los motivos por los cuales la información parcialmente entregada no correspondería a lo solicitado o no formaría parte del requerimiento. Al efecto, con esa misma fecha y por ese mismo medio, el requirente señaló: "El suscrito solicitó efectivamente las calificaciones y fundamentos de las mismas de los integrantes del Departamento Jurídico (...). Ahora bien, considerando que el suscrito era parte de dicho Departamento, cabría entender que la información entregada, sí era parte de lo solicitado. Sin embargo, la jefatura del Depto. sabía que yo ya contaba con esa información, (...). De esta forma, lo que le interesa a este solicitante es el informe del resto de los funcionarios del Departamento y no el suyo propio, pues la finalidad de la solicitud es verificar si se utilizó o no el mismo criterio con los demás que con el suscrito. Ahora bien, si se considera, por la literalidad de la redacción de la solicitud inicial, que sí se me entregó parte de la información solicitada, no hay problema por mi parte en que así se entienda, pero recalcando que de todas formas faltó lo esencial de la petición, que es lo que me interesa" (énfasis agregado).</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, la información solicitada corresponde a antecedentes que forman parte del procedimiento administrativo de calificación del personal de la Dirección General de Crédito Prendario, específicamente, el informe de desempeño cuatrimestral del periodo septiembre-diciembre de 2016, de los integrantes del Departamento Jurídico del antedicho órgano. Al respecto, el órgano requerido denegó parcialmente el acceso a la información requerida, accediendo a la entrega del informe de desempeño del propio solicitante, y denegó el acceso a los restantes informes, en virtud de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, fundado en que se trataría de antecedentes o deliberaciones que son previas a una resolución final como lo es la calificación funcionaria.</p>
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2) Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación del reclamante relativa a que la información entregada por el órgano requerido con ocasión de su respuesta no corresponde a lo solicitado, por no formar parte de lo requerido, esta debe ser desestimada, toda vez que del tenor de la solicitud de acceso no es posible concluir que en ella se excluyese la información referida al propio solicitante. Por tanto, siendo lo solicitado información sobre las "calificaciones y fundamentos de las mismas de los integrantes del Departamento Jurídico comprendidas en el primer informe de desempeño cuatrimestral (...)", y resultando acreditado que al momento de la solicitud aquel formaba parte de dicho Departamento, la entrega de la información puesta a su disposición por el órgano, resultaba pertinente. En razón de lo anterior, se rechazará el amparo en este punto, por por verificarse la conformidad objetiva entre lo pedido y lo entregado.</p>
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3) Que, ahora bien, en cuanto a la falta de entrega de la información referida a los restantes integrantes del Departamento Jurídico de la Dirección General de Crédito, respecto de la cual la reclamada denegó su acceso en virtud de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, cabe señalar que en relación a la hipótesis alegada, este Consejo ha sostenido en forma reiterada que dicha causal exige demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. En este sentido, de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.</p>
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4) Que, en cuanto a la concurrencia del primero de los presupuestos antes enunciados, atendido especialmente lo dispuesto en el artículo 18 del decreto N° 1825, de 1998, del Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de Calificación del personal afecto al Estatuto Administrativo, en el cual se establece en relación al proceso calificatorio, que aquel está compuesto por una primera etapa de Precalificación -realizada por el jefe directo del funcionario-, una según etapa de Calificación -realizada por la Junta Calificadora correspondiente, teniendo como base la precalificación realizada por el jefe directo del funcionario- y, una tercera etapa de Apelación y Reclamo; la información requerida corresponde a un antecedente previo de la decisión -calificación- que posteriormente adoptará la Junta Calificadora.</p>
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5) Que, no obstante, en cuanto a la concurrencia del segundo de los requisitos enunciados, esta Corporación no detenta antecedentes alguno justifique o haga presumible que la divulgación de las calificaciones comprendidas en los informe de desempeño requeridos, en el caso en concreto, afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que las alegaciones efectuadas por la reclamada relativas a que su divulgación podría entorpecer el vínculo entre precalificador y calificado, afectar el desempeño de cada funcionario, restarle imparcialidad al proceso o generar prejuzgamientos de las personas involucradas -en referencia a los funcionarios titulares de los informes de desempeño-, corresponden a apreciaciones generales sobre riegos inciertos o remotos que no permiten configurar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad del bien jurídico que la causal de reserva invocada cautela (debido funcionamiento del órgano), por lo que, no bastan para justificar la reserva de la información que se ha pedido. Lo anterior se ve refrendado por lo que ha resuelto este Consejo en reiteradas oportunidades sobre la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa la cual es más reducida que la del resto de las personas -las que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen.</p>
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6) Que, en efecto, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. Así las cosas, este Consejo ha razonado que los antecedentes referidos al vínculo contractual, desempeño, calificaciones y remuneraciones de los funcionarios de la Administración del Estado constituye información pública, atendida la naturaleza de la función que ejercen y en cuyo contexto se generan.</p>
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7) Que, del mismo modo, en cuanto a la publicidad de las calificaciones de los funcionarios públicos, a partir de la decisión de amparo Rol C277-11, este Consejo indicó que "no hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismos de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no a información referida a la esfera privada de los funcionarios de la Administración".</p>
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8) Que, en consecuencia, y atendido el criterio expuesto en torno a la publicidad de la información solicitada, cabe desestimar la alegación de la reclamada relativa a que la información requerida se encuentra cubierta por la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Por tanto, y de acuerdo con lo razonado en el presente acuerdo se acogerá el presente amparo en este punto, y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que haga entrega de copia de los informes de desempeño cuatrimestral correspondiente al período (septiembre-diciembre 2016), de todos los integrantes de su Departamento Jurídico. Sin perjuicio de lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, previo a hacer entrega de la documentación, la reclamada deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto que allí se contengan, tales como el RUT, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. Lo anterior en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Paulo Díaz Garay, en contra de la Dirección General de Crédito Prendario; rechazándolo respecto de la información entregada por el órgano en su respuesta a la solicitud, por verificarse en relación con aquella conformidad objetiva entre lo pedido y lo entregado; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Director General de Crédito Prendario:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia de los informes de desempeño cuatrimestral correspondiente al período septiembre-diciembre 2016, de los restantes integrantes de su Departamento Jurídico -excluido el solicitante-.</p>
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Sin perjuicio de lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, previo a hacer entrega de la documentación, la reclamada deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto que allí se contengan, tales como el RUT, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. Lo anterior en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Paulo Díaz Garay y al Sr. Director General de Crédito Prendario.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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