Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C793-17

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Reclamante:	ALFONSO CARVAJAL FREDES
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Maipú, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de sus contratos de trabajo desde el año 2004 hasta el año 2016, y de los informes de gestión acerca de sus labores para el mismo periodo de tiempo. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/1/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Elaboración de información >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C793-17 Entidad pública: Municipalidad de Maipú Requirente: Alfonso Carvajal Fredes Ingreso Consejo: 09.03.2017 En sesión ordinaria N° 803 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C793-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de febrero de 2017, don Alfonso Carvajal Fredes solicitó a la Municipalidad de Maipú copia de sus contratos de trabajo desde el año 2004 hasta el año 2016, y de los informes de gestión acerca de sus labores para el mismo periodo de tiempo. 2) RESPUESTA: El 7 de marzo de 2017, mediante Resolución N° 246/2017, la Municipalidad de Maipú respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que realizada la revisión de los registros del sistema de gestión documental y archivos municipales, constató que no poseía en sus registros contratos de trabajo o informes de gestión a nombre del peticionario. 3) AMPARO: El 9 de marzo de 2017, don Alfonso Carvajal Fredes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al efecto, agregó que tiene en su poder "la totalidad de liquidaciones de sueldo correspondientes al periodo 2004-2016, como así mismo la totalidad de las boletas de servicios que emití a través del SII a la Municipalidad de Maipú durante el mismo periodo de tiempo". 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante Oficio N° E388, de fecha 21 de marzo de 2017, notificó y confirió traslado a la Sra. Alcaldesa de Municipalidad de Maipú, a fin de que presentase sus descargos u observaciones. Posteriormente, por medio de Oficio N° 43, de fecha 18 de abril de 2017, el órgano reclamado evacuó descargos en esta sede, señalando en síntesis, que dicha entidad edilicia reitera lo consignado en la respuesta entregada, en la cual se informa la inexistencia de los documentos solicitados "toda vez que dicha persona cumplió funciones como prestador de servicios a honorarios". Por lo anterior, estima que la respuesta entregada se ajusta a lo preceptuado en el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Que virtud de lo señalado precedentemente, para la mejor resolución del caso, este Consejo efectuó las siguientes gestiones oficiosas: a) Mediante correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2017, solicitó al municipio reclamado aclarar: i) si la contratación de los aludidos servicios a honorarios constan en algún soporte documental, es decir, si obran o no en su poder contratos de prestación de servicios a honorarios entre el Municipio y el solicitante; y, ii) si en razón de dichos servicios, se generaron "informes de gestión" y si ellos obran en su poder. Al respecto, a través de Oficio N° 54, de fecha 12 de mayo de 2017, la reclamada sostuvo, en resumen, que lo consultado por este Consejo corresponde a una "consulta diferente a la del solicitante", por cuanto los contratos de honorarios corresponden a una forma de contratación distinta, de acuerdo al artículo 4° de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, sin embargo aclara que "efectivamente esta Municipalidad cuenta con dicha información". No obstante, alega que de haber sido aquello lo requerido, la solicitud habría sido denegada en virtud del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, toda vez que los aludidos contratos de honorarios se extenderían por un periodo de 12 años (desde el año 2004 al 2016), luego, satisfacer el requerimiento implicaría realizar una búsqueda exhaustiva de documentos compilados en diversos lugares y Direcciones de la Municipalidad, cuya cantidad ascendería "como mínimo a 156 documentos (calculando solamente los contratos con respectivos antecedentes)", requiriéndose para ello un mínimo de 10 personas con dedicación exclusiva, lo que entorpecería el debido funcionamiento de la entidad. b) Mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2017, solicitó al municipio reclamado, en relación a su alegación de que la búsqueda de los contratos de honorarios, implicaría recopilar "como mínimo a 156 documentos (calculando solamente los contratos con respectivos antecedentes)", aclare: i) cómo se desglosa ese número, y ii) cuales serían esos "antecedentes". Al efecto, a través de oficio N° 61, de fecha 19 de mayo de 2017, el municipio señaló en lo pertinente que: "respecto a cómo se desglosaría los antecedentes, los contratos a honorarios son para la realización de cometidos específicos, por lo que mientras se realice dicha función, debe entregar un informe donde detalle sus cometidos de manera precisa, por lo que al implicar un periodo de 12 años corresponde a un informe por cada mes, lo que es igual a 12, más su boleta de honorarios que corresponden a 12 más, sería un total de 24 documentos anuales que multiplicado por 12 años da un total de 288 documentos" (énfasis agregado). Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado corresponde a copia de los "contratos de trabajo" -suscritos entre el requirente y la Municipalidad de Maipú-, y de los respectivos "informes de gestión", para el periodo comprendido entre los años 2004 a 2016. Luego, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso otorgada por la Municipalidad de Maipú, quien a su vez justifica tal denegación, en razón de la inexistencia de la información requerida. 2) Que, con ocasión de sus descargos, la reclamada precisó que la inexistencia de la información solicitada se debe a que el requirente ejerció funciones en dicho municipio como prestador de servicios a honorarios, y por tanto, no obra en su poder información que corresponda a la nomenclatura utilizada por el requirente en su solicitud -esto es, "contratos de trabajo" e "informes de gestión"-. Sin embargo, en razón de las gestiones oficiosas a que se refiere el numeral 5° de lo expositivo, dicho municipio aclaró que si cuenta con los contratos de prestación de servicios del requirente y "sus respectivos antecedentes", no obstante no ser lo pedido, tampoco sería posible su entrega por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Esto último por cuanto dicha información correspondería, según se desprende de sus dichos, a 12 contratos de prestación de servicios a honorarios más un total de 288 antecedentes -que comprendería los informes mensuales entregados por el prestador de servicios en los cuales detallaba sus cometidos y las boletas de honorarios también mensualmente emitidas-, y su búsqueda le significaría destinar 10 funcionarios con dedicación exclusiva de dicha tarea, por encontrarse dichos antecedentes en distintas unidades o Direcciones del municipio, en atención a la antigüedad de los mismos 3) Que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. Por su parte, el artículo 11, letra d), de la Ley de Transparencia, reconoce respecto del derecho de acceso a la información, el principio de máxima divulgación, de acuerdo al cual, los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar la información "en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales". 4) Que, a juicio de este Consejo, la alegación de inexistencia aducida por la reclamada en su respuesta no se ajusta al citado principio de máxima divulgación, toda vez que no resulta razonable que aquella justifique una denegación de información -cuya naturaleza es evidentemente pública-, fundada únicamente en la interpretación literal y estricta de los términos utilizados por el solicitante, a quien no resulta exigible un lenguaje técnico distinto de aquel utilizado por el ciudadano promedio. De esta forma, una adecuada actuación del órgano, en orden a cumplir con los principios que rigen el derecho de acceso a información pública, habría sido interpretar la solicitud de forma amplia, entendiendo que lo solicitado correspondería a copia de los contratos, que con independencia de la naturaleza de los mismos o la nomenclatura utilizada por el requirente, vincularon al solicitante con el municipio entre los años 2004 y 2016, así como de los "informes de cometidos" -como los denomina la reclamada- asociados a los servicios prestados. 5) Que, por tanto, siendo la información requerida de carácter pública, y obrando en poder del órgano, cabe analizar si en la especie, concurre respecto de ella, la hipótesis de secreto o reserva alegada por el órgano, en la especie, la contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, la cual permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 8) Que, a juicio de este Consejo, los dichos de la reclamada carecen de la plausibilidad necesaria para configurar la hipótesis en comento, ello por cuanto resulta inverosímil que para lograr recabar 156 documentos, desglosado en 12 contratos y 144 informes de cometidos -toda vez que el requerimiento no incluye las boletas de honorarios al efecto emitidas por el prestador de servicios-, deba destinar 10 funcionarios exclusivamente a su búsqueda, máxime si se considera que la información requerida corresponde a documentos vinculados con el uso del presupuesto municipal y por ende, información contable que debería encontrarse suficientemente ordenada y clasificada. 9) Que, en consecuencia, no resultado suficientes las alegaciones efectuadas por el órgano para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo y se ordenará a la Municipalidad de Maipú hacer entrega al solicitante de copia de todos los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos entre este y el municipio, entre los años 2004 y 2016, y los informes de cometidos por él presentados, para el mismo periodo de tiempo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Alfonso Carvajal Fredes, en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú: a) Hacer entrega al reclamante de copia de sus contratos de prestación de servicios a honorarios y sus respectivos informes de cometidos, para el periodo 2004 a 2016. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alfonso Carvajal Fredes y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.