Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C954-17

Reclamante:	IGNACIO ESCALONA
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a un requerimiento referente a: a) "Nómina de respaldo transferencia de instrumentos cambio de fondo de pensiones, de septiembre del 2013, diciembre del 2014, julio, agosto y diciembre del 2015, correspondientes a AFP Hábitat y AFP Capital. Número 59 final de, https://www.spensiones.cl/compendio/584/w3-propertyvalue-3623.html. b) Departamento administrativo que controla y supervisa esta información. c) Notas y oficios internos generados para cursar esta solicitud. Nomina electrónica original o en su defecto Excel". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en lo relativo a lo solicitado en la letra a) del numeral 1° de lo expositivo, y por verificarse un cumplimiento efectivo del servicio respecto a lo pedido en la letra c), del requerimiento de información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/19/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C412-14 C2544-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C954-17 Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP). Requirente: Ignacio Escalona. Ingreso Consejo: 20.03.2017. En sesión ordinaria N° 807 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de junio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C954-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de enero de 2017, don Ignacio Escalona, solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información: a) "Nómina de respaldo transferencia de instrumentos cambio de fondo de pensiones, de septiembre del 2013, diciembre del 2014, julio, agosto y diciembre del 2015, correspondientes a AFP Hábitat y AFP Capital. Número 59 final de, https://www.spensiones.cl/compendio/584/w3-propertyvalue-3623.html. b) Departamento administrativo que controla y supervisa esta información. c) Notas y oficios internos generados para cursar esta solicitud. Nomina electrónica original o en su defecto Excel". 2) OPOSICIÓN DE TERCEROS: Siendo debidamente emplazados por el órgano, los terceros indicaron en resumen, lo que sigue: a) AFP Hábitat S.A: Indicó que el artículo 147 del decreto ley N° 3.500 ordena a las administradores "efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los fondos que administran. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los fondos y asegurarán que todas las operaciones de adquisición y enajenación de títulos con recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo. Las Administradoras responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a los fondos por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. Las Administradoras serán responsables por los perjuicios causados a cualquiera de los fondos de pensiones con ocasión del encargo de administración de cartera". Agregó que las inversiones de los fondos de pensiones están ampliamente reguladas y existen prohibiciones de divulgar información de los activos de los mismos (Título XIV decreto ley N° 3.500), cuya infracción está seriamente sancionada. Asimismo, señala que conforme a su política de divulgación y transparencia, AFP Hábitat sostiene una postura clara en cuanto a su rol fiduciario, velando por la correcta administración y custodia de los fondos de pensiones que sus afiliados les han confiado y entiende que su primera responsabilidad es la de responder a esa confianza. Porque no basta con sólo establecer una declaración de principios, sino que también es necesario actuar en consecuencia, AFP Hábitat está comprometida con el cumplimiento de la legislación, sus normas y reglamentos, considerando que su respeto forma parte del valor de la compañía y de la imagen que se pretende proyectar a sus clientes, afiliados y a la sociedad en general. Conforme a lo anterior, indica que no es consecuente con los principios de transparencia, entregar la información estratégica, que tiene un valor económico y que sería además, entregada sólo a una persona. Su oposición se formula conforme a los artículos 20 y 21 N° 2 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, y 7° de su reglamento, por lo cual solicita denegar el acceso a la información requerida, por cuanto su publicidad, comunicación o conocimiento afectaría los derechos de AFP Hábitat y sus afiliados, particularmente en sus derechos de carácter comercial o económico. b) AFP Capital S.A: Señaló, por medio de presentación de 17 de febrero de 2017, que las operaciones requeridas se refieren a información que debe permanecer en reserva de los involucrados en vista de que se trata de una información sensible y cuya publicidad más allá de la esfera del regulador podría perjudicar el rendimiento de los multifondos y el buen funcionamiento del sistema de pensiones. Asimismo, se estima que la entrega de la referida información vulnera sus derechos de propiedad, ya que revela parte de su estrategia de negocios y el derecho a desarrollar libremente una actividad económica lícita, derechos que se encuentran garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 21. 3) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 4283, de fecha 28 de febrero de 2017, el órgano señaló en síntesis, lo siguiente: a) Se deniega la entrega de lo solicitado en la letra a), por oposición de los terceros interesados, esto es, de AFP Hábitat y AFP Capital, quienes alegaron la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, debido a que éstos contienen información comercial estratégica de propiedad de las Administradoras e información personal y confidencial, configurándose la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, toda vez que con su entrega se estarían afectando derechos de terceros, particularmente, aquellos relativos a su vida privada y a sus derechos de carácter comercial o económico. Cabe señalar que los antecedentes contenidos en la nómina de respaldo "transferencia de instrumentos cambio de fondos de pensiones" es información reservada, ya que incluye las transacciones de los fondos de pensiones, que es información estratégica para las administradoras. b) Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 50 de la ley N° 20.255, "El Superintendente y todo el personal de la Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efecto de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan". c) En este contexto, resulta pertinente informar que la entrega de la información en los términos requeridos y por ende su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del organismo y los derechos de carácter comercial o económico de las administradoras de fondos de pensiones, como derechos fundamentales protegidos en el número 26 del artículo 19 de la Constitución Política. d) Por último, se adjunta las notas internas FIN/ACF-043 y CON/DSO-010 de 23 y 19 de enero de 2077, de las Divisiones Financieras y Control de Instituciones respectivamente. 4) AMPARO: El 20 de marzo de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento contenido en la letra a), y a la respuesta incompleta respecto a lo pedido en la letra c), del numeral 1°, precedente, indicando que no se entregaron los siguientes documentos: N FIN/ACF363 de fecha 05 de septiembre de 2016; N FIN/ACF428 de fecha 25 de octubre de 2016 y CON/DSTS N 149 y N° 188, de fechas 25 de agosto y 20 de octubre de 2016. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° E453, de fecha 29 de marzo de 2017. Posteriormente, por medio de oficio N° 8246, de 12 de abril de 2017, el órgano en síntesis, señaló lo siguiente: a) Conforme a la oposición formulada por ambas Administradoras, se estima que se cumplen los supuestos establecidos por el Consejo para la Transparencia en amparo Rol C412-14 para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, los cuales son: "La información debe: a) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; b) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). b) Estos supuestos resultan plenamente aplicable en la especie, toda vez que la información requerida no constituye información pública en los términos señalados en el artículo 5° de la ley N° 20.285, por cuanto no ha sido elaborada con presupuesto público, no ha servido de fundamento a un acto administrativo ni es de acceso público y se ha entregado a este organismo fiscalizador con la finalidad exclusiva de ejercer las facultades de fiscalización que la ley le confiere. c) Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto, corresponde aplicar a este caso la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, por cuanto la información materia de requerimiento podría afectar los derechos comerciales o económicos de las administradoras de fondos de pensiones. d) En mérito de lo señalado, se denegó la información por encontrase bajo el régimen legal de reserva dada por los artículos 21 N° 2 y 5 de la ley N° 20.285, por lo que se solicita desestimar el recurso de amparo deducido por el ocurrente. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a AFP Capital S.A. y a AFP Hábitat S.A., mediante los oficios respectivos Nos E456 y E460, ambos de fecha 29 de marzo de 2017. Los precitados terceros, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente: a) AFP Capital S.A: Por medio de presentación de fecha 12 de abril de 2017, el tercero reiteró lo señalado en su oposición de fecha de 17 de febrero de 2017 -anotada en el numeral 2°, letra b), precedente-, agregando en resumen que su oposición cumple con las condiciones exigidas por el mismo Consejo para la Transparencia referida a la reserva de datos por parte de terceros involucrados al ser está información: a) secreta, esto es, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza este tipo de información: b) objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva. b) AFP Hábitat S.A: Mediante presentación de fecha 18 de abril de 2017, la empresa señaló en síntesis lo siguiente: a) Existen diversas disposiciones legales y reglamentarias que entregan amplias atribuciones a la Superintendencia para obtener la información con el objeto de ejercer sus facultades fiscalizadoras y de control, las que podrían verse obstaculizadas si se accede a peticiones como la formulada (Artículos 94 del decreto ley N° 3.500, Reglamento del decreto ley N° 3.500, decreto con fuerza de ley 101 Ministerio Trabajo y Previsión Social de 29.11.80; artículo 50 de la ley 20.255, de Reforma Previsional entre otras). b) El estatuto orgánico de la Superintendencia de Pensiones, señala que está facultada para disponer el examen de los libros, cuentas, archivos, documentos, contabilidad y demás bienes físicos, pertenecientes a los entes fiscalizados. A su vez, con el objeto de evaluar los riesgos a la situación financiera de las entidades sujetas a su fiscalización, la Superintendencia podrá requerirles a éstas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, se define grupo empresarial de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 96 y siguientes de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores. La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad con este inciso quedarán sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en la ley N° 20.255. c) El artículo 50 de la ley N° 20.255, señala que la Superintendencia de Pensiones podrá requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones a instituciones públicas y a organismos privados del ámbito previsional o que paguen pensiones de cualquier tipo. Con todo, en el caso de los organismos privados la información que se requerirá deberá estar asociada al ámbito previsional. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos personales con el fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia. d) La carta fundamental si bien consagra dentro de la más alta jerarquía la publicidad de los actos de administración pública en su mismo texto constitucional garantiza en el artículo 19 el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, asimismo, protege en el N° 21 del artículo 19, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. e) Atendido lo anteriormente señalado, se oponen a la entrega de la información solicitada porque afecta sus derechos de carácter económico, estimando que su accesibilidad debe ser sólo para aquellas personas y/u organismos exclusivamente autorizados, dentro de los cuales no se encuentra el requirente. Por cierto, la información solicitada no corresponde a actos de administración pública, sino privada de propiedad de la representada. f) Los derechos comerciales o económicos de la administradora están amparados como garantías fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República en sus N° 26 y 21 del artículo 19, y no pueden verse vulnerados con la entrega de su información estratégica. La gestión financiera y de inversiones de Hábitat, obviamente contenida en la múltiple información requerida por el se realiza con el esfuerzo y recursos de la administradora y de ningún modo involucran o requieren un gasto, gestión o utilización de recursos fiscales para su elaboración, por lo cual, son documentos entera y completamente privados y reservados, directamente relacionados con la estrategia que sigue AFP Habitat en cumplimiento a su mandato legal. g) En este caso se cumplen los supuestos que el Consejo para la Transparencia ha señalado para determinar si la información que se solicita contiene elementos que puedan afectar los derechos comerciales y económicos de terceros, que son: "La información debe: a) ser objeto de razonables esfuerzos para mantenerse en secreto; b) ser secreta, es decir, no generalmente conocida no fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; y, c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo)". h) Por lo tanto, AFP Hábitat ejerce su facultad de oponerse a entregar la información solicitada por la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°2 de la ley N° 20.285, toda vez que la publicidad, conocimiento o comunicación de la información solicitada podría afectar sus derechos comerciales o económicos, derechos y garantías fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República en sus N° 26 y 21 del artículo 19. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la negativa en cuanto a lo pedido en la letra a) del numeral 1°, de lo expositivo, relativo a la nómina de respaldo transferencia de instrumentos cambio de fondo de pensiones, como asimismo, la respuesta incompleta de lo requerido en la letra c), de la solicitud de información, por cuanto según el requirente no le fueron entregados los siguientes documentos: N FIN/ACF363 de fecha 05 de septiembre de 2016; N FIN/ACF428 de fecha 25 de octubre de 2016 y CON/DSTS N 149 y N° 188, de fechas 25 de agosto y 20 de octubre de 2016. 2) Que, en lo que atañe a la primera alegación, a modo de contexto cabe señalar que el número 59 de la actual norma del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro I, Título III, Letra A, Administración de Cuentas Personales, capítulo XI Cambio y asignación de fondos, dispone que la administradora podrá efectuar transferencias de instrumentos entre los distintos tipos de fondos de pensiones que administra, sólo por los traspasos de las cuotas de los afiliados que deba realizar por concepto de cambios de fondos de pensiones, distribución de saldos de cuentas personales y asignación de tipo de fondo de pensiones, sin recurrir a los mercados formales. Las transferencias tendrán lugar a los precios que se determinen, según lo señalado en el artículo 35 del decreto ley N° 3.500, de 1980. La Administradora que efectúe transferencia de instrumentos, dentro del mismo día en que realice dicha operación, deberá emitir por cada tipo de fondo de origen una nómina de respaldo denominada "Transferencia de instrumentos cambio de Fondo de Pensiones", en la que deberá detallarse por tipo de instrumento al menos lo siguiente: Rut emisor, serie o nemotécnico, fecha de emisión (sí corresponde), número de unidades nominales, valorización del instrumento, el tipo de fondo de pensiones de destino y la valorización total por tipo de instrumento. 3) Que, expuesto lo anterior, una de las causales invocadas, como se dijo, es la contemplada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. Al respecto, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 4) Que, en lo tocante al requisito que se lee en la letra a) precedente, cabe señalar que este Consejo advierte que lo solicitado efectivamente es de carácter secreto, en la medida que contiene entre otras cosas, información detallada relativa al tipo de instrumento financiero, su valor, sus emisores, número de unidades nominales y demás información anotada en el considerando 2° precedente, que constituye información que responde a la aplicación de estrategias de inversión de cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, por lo que teniendo en cuenta dicha relevancia y que sólo es conocida únicamente por cada una de las administradoras y la Superintendencia, en virtud de su función fiscalizadora, es que resulta de toda lógica que la información objeto de este amparo, no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. En efecto, dicha información, no ha sido divulgada oficialmente al mercado, ni por las administradoras ni por la Superintendencia, y además no ha sido financiada con fondos públicos, no ha servido de base a la declaración de actos administrativos ni es de acceso público. 5) Que respecto del requisito expuesto en la letra b), se debe precisar que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que los terceros interesados, por una parte, ha colocado la información requerida en la esfera de conocimiento de la Superintendencia de Pensiones como consecuencia del ejercicio de las facultades fiscalizadoras y de control; por otra, ha actuado en términos de proteger la información relacionada con especial énfasis la sensibilidad de los datos requeridos y que están vinculados con las cuentas de capitalización individual de los afiliados, lo que refuerza la necesidad de resguardo; y, finalmente, se han opuesto a la entrega de los antecedentes requeridos en todas las etapas de estos antecedentes, tanto en la etapa administrativa, como ante este Consejo, oposiciones que se aprecian expuestas en los numerales 2° y 6° de lo expositivo. 6) Que, finalmente, sobre el tercer requisito, es relevante señalar que el mantenimiento en reserva de la información en virtud de lo expuesto en la letra a) anterior, es necesaria para efectos de proteger los derechos económicos y comerciales de las empresas, al detallarse las formas de actuar y estrategias de inversión de las compañías, sobre las cuales tienen un derecho de propiedad, protegido por la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, proporcionándole, indudablemente una mejora o ventaja competitiva, en tanto contiene información clave, respecto de sus transacciones diarias relativas a las transferencias de instrumentos. 7) Que, en mérito de lo expuesto, y siguiendo lo resuelto por este Consejo en el amparo C2544-16, se rechazará el amparo en esta parte, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. 8) Que, en lo concerniente a la falta de entrega de los documentos requeridos en la letra c), del numeral 1°, de lo expositivo, relativo a determinadas notas y oficios internos generados para cursar la presente solicitud de información al interior de la Superintendencia, específicamente los documentos que se detallan en el considerando 1°, cabe desestimar el amparo en esta parte por cuanto los antecedentes por los cuales se reclama son de fecha anterior a la presente solicitud de información. En tal sentido, se debe tener en cuenta que el requerimiento es de fecha 15 de enero de 2017 y los documentos reclamados son todos del año 2016. Por lo tanto, si lo solicitado dice relación con "Notas y oficios internos generados para cursar esta solicitud" mal puede obligarse al órgano a entregar documentos cuyas fechas son anteriores, ya que lo requerido dice relación con antecedentes generados a partir de ella. 9) Que, por las consideraciones antes expuestas, este Consejo rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por don Ignacio Escalona en contra de la Superintendencia de Pensiones, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en lo relativo a lo solicitado en la letra a) del numeral 1° de lo expositivo, y por verificarse un cumplimiento efectivo del servicio respecto a lo pedido en la letra c), del requerimiento de información, todo de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Ignacio Escalona, al Sr. Superintendente de Pensiones, a AFP Capital S.A. y AFP Hábitat S.A., estas últimas en su calidad de terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.