Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C307-11

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Reclamante:	JUANA BERNAL VEGA
Reclamado:	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Resumen del caso: Se dedujo amparo contra la Dirección del Trabajo, ante la falta de respuesta a solicitud de acceso a información relativa a la desvinculación del requirente al órgano reclamado (razones de la destitución; identificación funcionarios que determinaron el despido; actos administrativos relacionados con el despido y la relación laboral; registro de asistencia, solicitudes de: feriado legal y días administrativos; y calificaciones). El Consejo acogió parcialmente el recurso por estimar la respuesta de la autoridad extemporánea y por no haber acreditado la entrega efectiva de lo requerido, ordenando la entrega pertinente. Respecto de las razones de la destitución, estimó que tales solicitudes no constituyen de aquellas que tengan por objeto el acceso a información pública amparada por la Ley de Transparencia, circunscribiéndose más bien, al ámbito del derecho constitucional de petición. Respecto de los actos o documentos que sustentaron el despido, consideró que atendida la naturaleza de la relación laboral, "a contrata", la información mencionada resulta inexistente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/12/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Decreto Supremo 13 2009 Reglamento Constitución Política de la República DFL 29 2005 Estatuto Administrativo Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C506-10 C507-10 C508-10 C52-11 C53-11 C89-11
Jurisprudencia a:	C99-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C307-11 Entidad pública: Dirección del Trabajo Requirente: Juana Bernal Vega Ingreso Consejo: 21.01.2011 En sesión ordinaria N° 244 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de mayo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C307-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de enero de 2011 doña Juana Bernal Vega solicitó a la Dirección Nacional del Trabajo la siguiente información: a) Informar con precisión cuál o cuáles son las necesidades del servicio, o razones de buen servicio, o necesidades presupuestarias y/o administrativas, por la que fue decidida la no prórroga de su contrato para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2011. b) Informar con precisión las medidas administrativas y técnicas, con los respectivos documentos de respaldo a través de los cuales se determinó y/o identificó que sus servicios en la institución no son necesarios. c) Identificar a cada uno de los funcionarios que adoptaron la decisión de no prorrogar su contrato para el próximo periodo anual y/o quienes recomendaron o asesoraron en la adopción de dicha decisión, con señalamiento de nombres completos y cargo que ocupan. d) Todos y cada uno de los actos administrativos de gobierno y documentos que sirvan de fundamento a la decisión de no prorrogar su contrato para el próximo periodo, con prescindencia de la autoridad, jefatura o funcionario de quien emanaron directamente. e) Todos los actos administrativos que la han vinculado con el servicio en calidad de contrata, desde el 14 de noviembre de 2005 al 31 de diciembre de 2010. f) Respaldo de su registro de asistencia a trabajar, desde que comenzó a prestar servicios en la Dirección del Trabajo, hasta la fecha del término de la relación contractual respectiva, con indicación precisa de los días, y horas de ingreso y de salida. g) Todas las solicitudes de feriado legal y de días administrativos, durante la vigencia de la relación contractual con el servicio. h) Todas las calificaciones anuales emitidas durante los años en que prestó servicios en la Dirección del Trabajo, así como de las anotaciones de mérito y demérito respectivas. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 7 de marzo de 2011 la solicitante formuló, ante la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, amparo a su derecho de acceso a la información solicitada, fundada en la falta de respuesta del organismo. 3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 639, de 16 de marzo de 2011, el Director General del Consejo para la Transparencia dio traslado del presente amparo a la Directora del Trabajo, quien mediante Oficio Ord. N° 1371, de 29 de marzo de 2011, formuló, en resumen, los siguientes descargos y observaciones: a) Hizo presente que la solicitud de la reclamante ingresó al servicio la segunda quincena del mes de enero, época en que las unidades encargadas de su tramitación eran reestructuradas y, a su vez, ingresaron al Servicio un número importante de solicitudes del mismo tenor, lo que motivo que su solicitud se archivara, en el entendido de que ya había sido respondida. b) A fin de subsanar lo anterior, mediante Ord. N° 1335, de 25 de marzo de 2011, se dio respuesta a la solicitante, informándole lo siguiente: i. Los funcionarios a contrata expiran en sus funciones el 31 de diciembre de cada año, por el sólo ministerio de la ley y el solo vencimiento del plazo produce el término de los servicios del referido servidor, sin que para ello sea necesario, por una parte, una manifestación expresa de voluntad de la autoridad y, por otra, expresar las razones tenidas en consideración para ello. Así, el cese de su contrata se produjo por el vencimiento del plazo legal por el cual fue contratada. ii. La medida no obedece a la recomendación o decisión de un servidor determinado, sino que a una decisión consensuada por todos los integrantes del Comité Directivo del Servicio, integrado por los/as Directores/as Regionales del Trabajo, Jefes/as de los Departamentos de Recursos Humanos, Estudios, Tecnologías de la Información, Gestión y Desarrollo, Administración y Finanzas, Relaciones Laborales, Inspección y Jurídico, jefes/as de las Oficinas de Auditoría y Contraloría, Subdirector del Trabajo y Sra. Directora del Trabajo. La identidad de cada uno de ellos se encuentra publicada en la página web del Servicio. iii. Acompaña copia de los siguientes documentos: (i) resoluciones que la contratan o prorrogan su contratación; (ii) hoja de anotaciones; (iii) hoja de calificaciones (iv) hoja de permisos y feriados; (v) copia del registro de asistencia 2009-2010. Señala que no cuenta con registros de asistencia anteriores, pues no existe la obligación de conservarlos, dada su utilidad limitada en el tiempo. Al efecto cita el Dictamen N° 5.376 de la Contraloría General de la República. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que atendido lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia y lo indicado por el organismo en sus descargos y observaciones ante este Consejo, es menester representar a éste la extemporaneidad de su respuesta al reclamante. 2) Que, conforme se desprende de los antecedentes analizados, la reclamante se desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2010 en la Dirección del Trabajo, como funcionaria público bajo el régimen “a contrata” a que se refiere el artículo 3°, literal c), del D.F.L N° 29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, «aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución». Agrega el artículo 10 del mismo cuerpo legal dispone que «los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la Ley, salvo que hubiere sido propuesta la prorroga con treinta días de anticipación». 3) Que, la reclamante, habiendo sido contratada para distintos periodos anuales, ha visto prorrogados sucesivamente sus contratos por la Dirección del Trabajo, en virtud de la norma citada en el considerando que antecede. Sin embargo, dicha renovación no tuvo lugar para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011, operando entonces la extinción del vínculo contractual por el sólo ministerio de la ley, en virtud del artículo 10 del Estatuto Administrativo ya citado, en relación con lo dispuesto en su artículo 153, según el cual «[e]l término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones». 4) Que la reclamante ha solicitado se le informe «cuál o cuáles son las necesidades del servicio, o razones de buen servicio, o necesidades presupuestarias y/o administrativas por la que fue decidida la no prórroga de su contrato» –letra a) de su solicitud–, lo que supone que el Servicio se pronuncie sobre los fundamentos y/o motivaciones de hecho en virtud de los cuales se le habría puesto término a su empleo a contrata. 5) Que, sobre el particular, según se resolvió en la decisión recaída en los amparos Roles C506-10, C507-10 y C508-10, de 14 de septiembre de 2010, tales solicitudes no se refieren específicamente a un determinado acto, documento o antecedente en poder de la Administración del Estado, en los términos de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia y artículo 3°, letra e), de su Reglamento, sino por el contrario, éstas constituyen una consulta destinada a provocar un pronunciamiento de la autoridad en determinadas materias –tales como absolver una consulta o, en el caso sub lite, elaborar una explicación sobre eventuales circunstancias de hecho como las requeridas–, razón por la cual, la presente solicitud no constituye una de aquellas que tenga por objeto el acceso a información pública amparada por la Ley de Transparencia, circunscribiéndose más bien, al ámbito del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de nuestra Constitución Política, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la Ley Nº 19.880, de 2003, atendido su valor supletorio. 6) Que las argumentaciones vertidas por la Dirección del Trabajo en orden a que el término de la contrata se produjo por el sólo ministerio de la ley al vencimiento del plazo legal respectivo, permiten concluir que la información requerida en la letra b) y d) de la solicitud de la reclamante, relativa a los actos que sirvieron de fundamento para no prorrogar sus contratos y las medidas administrativas o documentos que determinaron que sus servicios no son necesarios, resulta inexistente, conforme a la naturaleza jurídica de la relación de empleo que ligaba a la reclamante con el órgano, no existiendo en concreto fundamentos a título de información tangible que expresen las motivaciones de hecho que pudo fundar la decisión de la autoridad al momento de poner término a dicha relación contractual, razón por la cual la información relativa al término del ejercicio de funciones del reclamante tendría por único fundamento su citada desvinculación. En este mismo sentido se ha pronunciado anteriormente este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C52-11, C53-11 y C89-11, como asimismo ha sido el criterio adoptado por la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 10.953/2007. 7) Que, en cuanto la identificación de los funcionarios que adoptaron o asesoraron en la decisión de no prorrogar el contrato que las vinculaba con el servicio –letra c) de la solicitud-, ésta deberá estimarse contestada mediante notificación de la respuesta extemporánea del organismo –la que será remitida al solicitante junto a la presente decisión–, toda vez que en ella se informa a la reclamante los cargos de los funcionarios que intervinieron en el Comité Ejecutivo que adoptó la determinación de no prorrogar su contrato, cuyos nombres pueden ser conocidos por la reclamante en el sitio electrónico del Servicio. 8) Que, por último, en relación con la entrega de los actos administrativos que han vinculado a la reclamante con el servicio –letra e) de su solicitud–, su registro de asistencia –letra f)–, registro de feriados legales y días administrativos –letra g)–, sus calificaciones anuales y anotaciones de mérito y demérito –letra h)–; tratándose de documentos que la Dirección del Trabajo asegura haber remitido al reclamante en su respuesta, pero que no han sido presentados ante este Consejo ni se ha certificado su entrega al reclamante en los términos dispuestos por el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, dichas solicitudes no podrán tenerse por contestadas. Por lo tanto, en definitiva, se ordenará al órgano remitir al solicitante dicha información o, en su defecto, certificar el hecho de su entrega ante este Consejo, en los términos del citado artículo 17. 9) Que, con todo, atendido que el organismo ha justificado no contar con el registro de asistencias de la solicitante anterior al año 2009, por no existir obligación de conservarlos, en conformidad con lo establecido por la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, sobre disposiciones y recomendaciones referentes a eliminación de documentos, se requerirá a la Dirección del Trabajo certificar la eliminación de dichos documentos acompañando copia del respectivo decreto o resolución exenta que la autoriza y el acta que da cuenta de la misma. En efecto, el párrafo I, punto 1, de la citada Circular dispone que «[l]a autorización para eliminar documentos de los Servicios de la Administración Pública propiamente tal compete otorgarla, por regla general, al Presidente de la República, en uso de las atribuciones que como Jefe del Estado le confiere la Constitución Política»; y agrega su párrafo IV que «[l]a destrucción de todo documento, además debe disponerse por Decreto o resolución exenta de toma de razón, dejándose constancia en acta levantada al efecto de la forma en que se le ha dado cumplimiento». En dictámenes recientes la Contraloría General de la República ha establecido la vigencia de dicha Circular (entre otros los dictámenes N° 3.191/2001; N° 1.333/2009, N° 41.098/2009 y N° 49.118/2009). <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Juana Bernal Vega en contra de la Dirección del Trabajo, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente acuerdo. II. Requerir a la Directora del Trabajo: a) Hacer entrega a la reclamante de los documentos descritos en el considerando 8° de la presente decisión o, en su defecto, certificar el hecho de su entrega ante este Consejo, en los términos del citado artículo 17 de la Ley de Transparencia. b) Remitir a este Consejo copia del decreto o resolución exenta que autorizó la eliminación de los registro de asistencia cuya entrega omitió y del acta que da cuenta de la misma, de conformidad con lo indicado por la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República. c) Cumplir el presente requerimiento dentro del plazo de 3 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que este Consejo pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Juana Bernal Vega, acompañando copia de los descargos y observaciones formulados por el organismo, y a la Directora del Trabajo. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.