Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1313-17

Reclamante:	JUAN SEBASTIÁN RIESCO EYZAGUIRRE
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE COQUIMBO
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra de la SEREMI de Salud Región de Coquimbo, fundado en que dio respuesta negativa a un requerimiento de información referente a las "Copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del SEREMI de Salud de Coquimbo durante los años 2003, 2004 y 2005 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis)." El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no dio respuesta a la solicitud de información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/31/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1326-14 C1968-14 C1312-17 C946-16 C463-09 C393-10
Jurisprudencia a:	C1312-17
Recursos relacionados:	8994-2017
Descriptores jurídicos:	- Municipalidades >> Permisos y derechos municipales >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1312-17 y C1313-17 Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Coquimbo Requirente: Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre Ingreso Consejo: 18.04.2017 En sesión ordinaria N° 818 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Roles C1312-17 y C1313-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 21 de marzo de 2017, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, en adelante e indistintamente SEREMI, la siguiente información: "Copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del SEREMI de Salud de Coquimbo durante los años 2003, 2004 y 2005 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis). (...) la documentación solicitada es fácilmente obtenible por vuestro organismo, no siendo necesario distraer indebidamente a un funcionario del cumplimiento regular de sus labores habituales. Considerando que la documentación solicitada contiene información que puede afectar el derecho de terceros (...), solicito (...) que con anterioridad a la entrega de la documentación se comunique a los trabajadores involucrados la presente solicitud para que ellos puedan ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la ley N° 20.285 (...) se funda en la autodeterminación informativa, esto es, que sean los titulares quienes decidan sobre el uso de la información que los involucra, y que en su artículo 10° señala: "No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares" (...). Así, por lo demás, lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en las causas 1008-2013 y 9255-2011, así como por la Excelentísima Corte Suprema en las causas 8353-2015 y 17518-2016. (...) En definitiva, se solicita que el Seremi de Salud de Coquimbo se ajuste a las normas legales respecto de la presente solicitud de documentación, procediendo de la siguiente manera: - Identificar la documentación solicitada. - Notificar el derecho de oposición a los trabajadores correspondientes a la documentación solicitada. - Verificar la cantidad de trabajadores que ejercen su derecho de oposición dentro del plazo legal de 3 días. - Entregar a esta parte copia de todas las resoluciones en que los trabajadores no hayan hecho ejercicio del derecho de oposición dentro del plazo legal, sin que en la misma se tarje ni borre ninguno de los datos de identificación de los trabajadores". 2) RESPUESTA: El 17 de abril de 2017, el SEREMI respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta N° 2081 de la misma fecha, señalando en síntesis que: a) La información solicitada corresponde a un período previo a la reforma legal contemplada en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, mediante el cual, a contar del 24 de abril de 2006, se modificó la estructura orgánica del Ministerio de Salud, y se crea y dota de las atribuciones actuales a distintas instituciones del ámbito de la salud, y se separan las funciones entre las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y los Servicios de Salud. b) Antes de la fecha indicada, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante e indistintamente COMPIN Regional, dependía directamente del Servicio de Salud Coquimbo, y luego de esa fecha, su función y estructura fue traspasada a la actual SEREMI de Salud de Coquimbo. c) De acuerdo a la información proporcionada por el Presidente de la COMPIN de Coquimbo, dicha Comisión no cuenta con la información solicitada, debido a que en dichos años, por la información con la que se cuenta, la COMPIN no permanecía con los expedientes de cada trabajador, donde se encontraba entre otras, la información solicitada. Dichos expedientes fueron devueltos al respectivo organismo administrador del seguro establecido en la ley N° 16.744. 3) AMPAROS: El 18 de abril de 2017, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre dedujo amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su requerimiento de información. Además hizo presente que lo expuesto en la respuesta es falso, ya que dicho organismo no aporta ningún antecedente que permita comprobar que remitió los antecedentes requeridos, a los administradores del seguro de la ley N° 16.744. Aún más, en caso que efectivamente el organismo haya realizado esto, constituiría una irresponsabilidad gravísima no conservar copia de la documentación solicitada. La reclamada cuenta con una plataforma computacional denominada Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante e indistintamente SISESAT, que le permite obtener fácilmente lo requerido. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Coquimbo mediante Oficio N° 3932 de 2 de mayo de 2017. Mediante Ord. N° 610 de 25 de mayo de 2017, el SEREMI presentó sus descargos u observaciones, en los cuales reiteró lo señalado en la respuesta. Agregó en síntesis que: a) El SISESAT corresponde a una plataforma computacional creada por la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante e indistintamente SUSESO. La información solicitada se encuentra almacenada en SISESAT, no encontrándose a disposición de la SEREMI. b) La SUSESO, mediante Circular N° 3146 de 1 de septiembre de 2015, cuya copia se acompaña, impartió instrucciones para la remisión de información asociada a la resolución de incapacidad permanente de la ley N° 16.744. c) Esta Circular impone obligaciones a las COMPIN y a los organismos administradores del seguro de la ley N° 16.744. En cuanto a la COMPIN, señala que deberá remitir las resoluciones de incapacidad permanente de la ley N° 16.744. d) Dentro de las obligaciones del organismo administrador, la Circular señala que deberá remitir al SISESAT la información asociada a cada resolución de incapacidad permanente de los trabajadores que han sido evaluados, por las secuelas o daños asociados a un accidente y/o una enfermedad. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos deducidos existe identidad respecto de la solicitud, del requirente y órgano requerido consultado, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que, a modo de contexto, según ha razonado este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C463-09, C393-10, entre otros, de conformidad con el artículo 14 B del decreto ley N° 2.763, de 1979, y los artículos 34, 45 y 46 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, aprobado por el decreto supremo N° 136, de 2004, las COMPIN forman parte integrante de la estructura orgánica de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, siendo el Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo el jefe superior de cada COMPIN, desde el punto de vista administrativo. Lo anterior es sin perjuicio de que dichas comisiones cuenten con un presidente y gocen de autonomía para emitir sus pronunciamientos en las materias de su competencia, esto es, evaluar y certificar el estado de salud de los trabajadores y demás beneficiarios. 3) Que, en conformidad a lo resuelto en la decisión C946-16, los documentos cuya entrega se requiere son en principio públicos, por cuanto se trata de actos administrativos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida, salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador. Asimismo, de acuerdo con el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, resulta plausible para este Consejo que la entrega de la información solicitada, previo tarjado de los datos personales y sensibles contenidos en los antecedentes requeridos, no generaría afectación alguna a los derechos de los terceros. 4) Que, la reclamada señaló en su respuesta y en sus descargos, que lo requerido no obra en su poder, lo cual se fundamenta en que dicha documentación corresponde a un período previo a la reforma legal contemplada en el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, mediante el cual, a contar del año 2006, la COMPIN Regional de Coquimbo habría pasado de depender del Servicio de Salud Coquimbo, a la SEREMI de Salud de Coquimbo. 5) Que, en dicho contexto cabe tener presente que el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración", agregando el artículo 10°, inciso 2°, de la citada ley que "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga". De dichas normas se concluye que sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. 6) Que, resulta pertinente consignar que conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. En este caso, dicha circunstancia no ha sido acreditada por parte de la reclamada, la cual se ha limitado a señalar que no posee lo requerido por cuanto dicha documentación corresponde a un período previo a la reforma legal contemplada en el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, mediante el cual, a contar del año 2006, la COMPIN Regional de Coquimbo habría pasado de depender del Servicio de Salud Coquimbo, a la SEREMI de Salud de Coquimbo. 7) Que, en el mismo sentido, respecto de la alegación del reclamante referida a que el Servicio no dio aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicando la solicitud a los trabajadores afectados por la enfermedad consultada, para que éstos hicieran valer su derecho de oposición, este Consejo estima que en la especie ello hubiere resultado inoficioso atendido el criterio establecido de forma sostenida y reiterada por éste en las decisiones de amparo C1968-14 y C1326-14, entre otras, en cuanto a que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida. 8) Que, en dichas circunstancias, no habiéndose acreditado por parte de la reclamada la inexistencia de la información solicitada, se acogerán los presentes amparos, y se ordenará a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo entregar a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre una copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del SEREMI de Salud de Coquimbo durante los años 2003, 2004 y 2005, por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis), debiendo tarjar de manera previa, la identidad o el nombre de todos los involucrados como todos aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se contengan, tales como el nombre, RUN, domicilio, teléfono, correos electrónicos particulares, entre otros, ello de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia o, en el evento que esta información no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger los amparos deducidos por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Coquimbo: a) Entregar a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre una copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del SEREMI de Salud de Coquimbo durante los años 2003, 2004 y 2005, por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis), debiendo tarjar de manera previa, la identidad o el nombre de todos los involucrados como todos aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se contengan, tales como el nombre, RUN, domicilio, teléfono, correos electrónicos particulares, entre otros, ello de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia o, en el evento que esta información no obre en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.