Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1415-17

Reclamante:	IRENE PADILLA ARRIAGADA
Reclamado:	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Gobierno Regional Región del Libertador Bernardo O'Higgins, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a los Concursos del Fondo de Innovación para la Competitividad que indica: a) Formulario de postulación completo de todos los proyectos FIC con fondos adjudicados durante los años indicados 2011-2016; b) Informes finales de todos los proyectos FIC terminados a marzo de este año (completos, incluidos los anexos); y, c) Bases de los concursos FIC de 2011 a 2016. Adjunta link con el listado de proyectos que requiere, y en caso de obrar en su poder la información pedida, solicita señalar el organismo que la tendría. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se logró acreditar de manera suficiente la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/22/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C1415-17 Entidad pública: Gobierno Regional Región del Libertador Bernardo O'Higgins Requirente: Irene Padilla Arriagada Ingreso Consejo: 25.04.2017 En sesión ordinaria N° 824 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1415-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 21 de marzo de 2017, doña Irene Padilla Arriagada solicitó al Gobierno Regional de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, en adelante e indistintamente GORE de la Región de O´Higgins, la siguiente información respecto de los Concursos del Fondo de Innovación para la Competitividad que indica: a) Formulario de postulación completo de todos los proyectos FIC con fondos adjudicados durante los años indicados 2011-2016; b) Informes finales de todos los proyectos FIC terminados a marzo de este año (completos, incluidos los anexos); y, c) Bases de los concursos FIC de 2011 a 2016. Adjunta link con el listado de proyectos que requiere, y en caso de obrar en su poder la información pedida, solicita señalar el organismo que la tendría. 2) RESPUESTA: El Gobierno Regional Región del Libertador Bernardo O'Higgins respondió a dicho requerimiento de información, mediante oficio Ord. N° 490, de fecha 11 de abril de 2017, señalando, en síntesis, lo siguiente: Respecto de lo pedido en la letra a), señaló que se accedía a la entrega de los proyectos FIC que se encuentran cerrados. Agregó, que se deniegan los proyectos que no han cerrado su proceso de finalización y rendición, así como los informes técnicos y sus avances, fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, toda vez que afectaría el privilegio deliberativo previo a la adopción de una resolución. En relación a lo solicitado en la letra b), se adjuntan los informes finales de las iniciativas que a la fecha están con los procesos cerrados. Hace presente que no posee las bases, formularios de postulación e informes finales de las iniciativas financiadas a través de Innova (CORFO), CONICYT y FIA (Ministerio de Agricultura); por lo tanto, las entidades mencionadas pueden proporcionar dicha información. En consecuencia, la consulta se deriva, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Transparencia a dichas instituciones. Agrega, que también existen informes que no han sido digitalizados, cuyo procesamiento distraería indebidamente a los funcionarios, por lo que se configuraría la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo anterior, señala que puede acceder a ellos en papel, en las dependencias del servicio, pagando previamente los costos de reproducción, que consisten en 8 documentos que suman 800 páginas, lo que implica el pago de $200.000 por dicho concepto, considerando el pago de $250 por hoja. Respecto de lo requerido en el literal c), informa que se adjuntan las bases solicitadas. Finalmente señala que adjunta un excel con todos los proyectos de los años solicitados, haciendo presente que la información la información no entregada por no estar digitalizada es menor en comparación con el universo de la información requerida, y dado que la que se proporciona supera los 9 gigas, se ha dispuesto un enlace especial de descarga, el que indica. 3) AMPARO: El 25 de abril de 2017, doña Irene Padilla Arriagada dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Gobierno Regional Región del Libertador Bernardo O'Higgins, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, y es incompleta. Agregó, que si bien acepta que sólo se le pueda entregar la información referida a los proyectos cuyo proceso se encuentre cerrado, de la revisión de la información entregada, sostiene que se le ha entregado una mínima parte, por cuanto sin contar con los antecedentes que estarían en instituciones como CORFO, FIA y CONICYT, existen una serie de proyectos que están en su poder, y que no está comprendida en la documentación en papel que pudo revisar, ni en digital, ni en la lista excel, a pesar que sus respectivos procesos se encuentran cerrados. Finalmente, indica que pidió las copias digitalizadas, no pudiendo pagar los costos de reproducción que se le cobran. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, mediante oficio N° E936, de fecha 09 de mayo de 2017. El órgano requerido, a través de oficio ordinario N° 730, de fecha 23 de mayo de 2017, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que, de acuerdo a lo entregado por la Unidad de Gestión, Políticas e Innovación, se adjuntó un Excel con los proyectos listados entre los años solicitados, con el detalle por cada año requerido y soporte en el cual se encontraba disponible el proyecto, papel o digital, de los cuales la mayoría de estos proyectos se encontraban digitalizados, alrededor de 16 gigas de información, versus otros proyectos en formato papel. Acerca si la información reclamada obra en su poder, el órgano requerido señaló que luego de un chequeo del listado por parte de la Unidad responsable de la información, se corrigió el listado entregado en la respuesta, de acuerdo a las observaciones entregadas por la solicitante en una visita a las instalaciones del servicio donde se le facilitó el acceso a la información que se encontraba en papel, y durante ese proceso de subsanación fue presentado el amparo en cuestión. Por otra parte, señala que no se ha denegado la información disponible, por el contrario se ha dado todas las facilidades para que la solicitante concurriera al Servicio a obtener una copia de los proyectos en digital requeridos, facilitándole las instalaciones y los proyectos no digitalizados para su revisión. En este sentido, explica que dada la cantidad de información requerida, y los responsables que han rotado en dicha Unidad, es que pudo ocurrir una diferencia entre los nombres de la lista Excel con los nombres de las carpetas digitalizadas. En relación a los costos de reproducción exigidos, el órgano señala que la información reclamada que se encuentra en papel son 8 proyectos que constan de varios documentos que abarcan entre 800-1000 páginas, y que el valor indicado se ajustan a lo establecido en la Instrucción General N° 6 sobre gratuidad y costos directos de reproducción de la información solicitada, por cuanto se fundamenta en una tabla de valores, aprobada mediante resolución exenta N° 882, del Intendente de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, de fecha 14 de septiembre de 2016. Finalmente, hace presente que espera seguir digitalizando los proyectos que se encuentran en formato físico, para que en un futuro poder disponer de la información sin costos para los solicitantes. Y CONSIDERANDO: 1) Que, doña Irene Padilla Arriagada solicitó al Gobierno Regional de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, diversa información respecto de los concursos del fondo de innovación para la competitividad, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta estimada como incompleta por la solicitante, por cuanto si bien aceptó que sólo se le entregue la información referida a los proyectos cuyo proceso se encuentre cerrado, sostuvo que pese a ello no se le entregó toda la información que se encuentra en dicho estado, y además se le cobran costos de reproducción por la información que está en papel, por una suma de $200.000, todo lo cual constituye el fundamento del presente amparo. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca. 3) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, ha sido posible determinar que el órgano requerido entregó una planilla con los proyectos de los años solicitados, con el detalle por cada año requerido y soporte en el cual se encontraba disponible el proyecto, papel o digital, señalando que respecto de los que se encuentran en papel, se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sin embargo, en sus descargos reconoció que dicho listado debía ser corregido de acuerdo a las observaciones entregadas por la solicitante. 4) Que, en este sentido, respecto de los proyectos con fondos adjudicados durante los años indicados 2011-2016, y sus informe finales, que están cerrados a marzo de 2017, y se encuentran en formato digital, no existiendo controversia acerca del carácter público de dicha información, y habiéndose reconocido expresamente que los antecedentes entregados al respecto no corresponden con exactitud a lo pedido, este Consejo acogerá el amparo en esta parte, ordenando entregar a doña Irene Padilla Arriagada la información reclamada en esta parte. 5) Que, por otra parte, respecto de los proyectos con fondos adjudicados durante los años indicados 2011-2016, y sus informes finales, que están cerrados a marzo de 2017, y se encuentran en formato papel, en atención a la causal de reserva alegada, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 8) Que, en el presente caso, el órgano requerido para justificar la causal de reserva alegada, se limitó a señalar que dicho informes que no han sido digitalizados, y su procesamiento distraería indebidamente a sus funcionarios, comprendiendo dicha información entre 800 y 1000 hojas, sin hacer referencia alguna al tiempo, número de funcionarios y recursos materiales que se requeriría destinar, en concreto, para proporcionar la información pedida, de modo tal de permitir apreciar la manera en que entregar lo requerido, efectivamente afecta el debido funcionamiento de sus funciones, razón por la cual a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, procediendo por consiguiente, desestimar dicha alegación. 9) Que, respecto de los costos de reproducción cobrados a la solicitante para acceder a la información que se encuentra en formato papel, cabe tener presente que de acuerdo con el inciso primero del artículo 17 de la Ley de Transparencia, la información solicitada a los órganos de la Administración del Estado se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles. A su turno, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 de la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre gratuidad y costos directos de reproducción, no se podrá efectuar cobro alguno si la remisión de la información se realiza telemáticamente, salvo que el documento no se encuentre digitalizado y sea necesario fotocopiarlo para su posterior escaneo. Del mismo modo, es dable considerar que en virtud del principio de gratuidad establecido en el artículo 11, letra k), de la Ley de Transparencia, el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, precisando el artículo 18 del mismo cuerpo legal que "sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada". En este sentido, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala, en lo que interesa, que "se entenderá por costos directos de reproducción todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción". 10) Que, el órgano reclamado no ha proporcionado antecedente alguno que justifique, en la especie, modificar el formato digital de entrega de la información requerido por el soporte papel, máxime si ello importa para la solicitante sufragar los costos de reproducción que la entrega en tal formato supone. En efecto, el órgano simplemente da cuenta de que los informes requeridos en esta parte se encuentran en formato papel, sin embargo, no indica de qué modo la digitalización y posterior envío de la información requerida irroga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional. Por consiguiente, no habiéndose acreditado por la reclamada la procedencia del cambio en el formato de entrega de la información solicitada, se acogerá el amparo en esta parte. 11) Que, por todo lo expuesto, se acogerá el presente amparo, y se requerirá al Gobierno Regional de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, entregar a doña Irene Padilla Arriagada en formato pdf, los formularios de postulación completo de todos los proyectos FIC con fondos adjudicados durante los años indicados 2011-2016, cuyos procesos se encuentren cerrados que se encuentren, como asimismo los informes finales de todos los proyectos FIC cuyos procesos se encuentren cerrados a marzo de 2017, incluidos sus anexos, tarjando previamente los datos personales de contexto incorporados en los documentos ordenados a entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, correos electrónicos, nacionalidad y estado civil, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. 12) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, este Consejo hace presente que los costos de reproducción fijados por el órgano requerido de $250 por hoja, aparecen como excesivos y carentes de justificación, como también superiores a los cobrados en general por otros órgano públicos en el mismo caso, todo lo cual vulnera los principios de facilitación y gratuidad contemplados en el artículo 11, letras f) y k), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Irene Padilla Arriagada, en contra del Gobierno Regional Región del Libertador Bernardo O'Higgins, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Intendente de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins: a) Hacer entrega al reclamante, en formato PDF, la siguiente información, tarjando previamente los datos personales de contexto, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, correos electrónicos, nacionalidad y estado civil, entre otros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628: i. Formulario de postulación completo de todos los proyectos FIC con fondos adjudicados durante los años indicados 2011-201, cuyos procesos se encuentren cerrados; ii. Informes finales de todos los proyectos FIC cuyos procesos se encuentren cerrados a marzo de 2017, incluidos los anexos. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Irene Padilla Arriagada y al Sr. Intendente de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera, doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.