Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1572-17

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Reclamante:	N. N.
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones fundado en la denegación de la información pedida referente a «toda la información recopilada por la Policía de Investigaciones de Chile las oficinas de Bicrim de Puente Alto y de la Bicrim de San Bernardo sobre mi denuncia por falso testimonio y por obstrucción a la investigación (...) diligencias fueron ordenadas por las Fiscalías de Puente Alto y de San Bernardo (...)». El Consejo rechaza el amparo, todfa vez que la derivación realizada se verificó de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/17/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C911-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C1572-17 Entidad pública: Policía de Investigaciones Requirente: N.N. Ingreso Consejo: 08.05.2017 En sesión ordinaria N° 822 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1572-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de abril de 2017, don N.N. solicitó a la Policía de Investigaciones -en adelante e indistintamente Policía o PDI, «toda la información recopilada por la Policía de Investigaciones de Chile las oficinas de Bicrim de Puente Alto y de la Bicrim de San Bernardo sobre mi denuncia por falso testimonio y por obstrucción a la investigación (...) diligencias fueron ordenadas por las Fiscalías de Puente Alto y de San Bernardo (...)». 2) RESPUESTA: El 3 de mayo de 2017, la Policía informó a la requirente que no le es posible acceder a la entrega de la información, por cuanto incide en investigaciones en curso desarrolladas por fiscales del Ministerio Público. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Agregó, que en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Transparencia en su artículo 13, derivó el requerimiento al Ministerio Público por ser dicho órgano el competente para conocer de esta. 3) AMPARO: El 8 de mayo de 2017, don N.N. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información pedida. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, mediante Oficio N° E 1104, de 23 de mayo de 2017, quien mediante presentación de 5 de junio de 2017, reiteró lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento. Agregó, que a fin de acreditar lo expuesto en el procedimiento, pide a este Consejo decretar audiencia para oír la defensa de ese servicio. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación, previene que «las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento./ El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial./ El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto». 2) Que, de acuerdo a lo razonado en la decisión Rol C911-10, la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. Agrega asimismo, dicha decisión que: «Sin embargo, el derecho del imputado y de los demás intervinientes se encuentra limitado por la facultad del fiscal de disponer la reserva temporal de ciertas actuaciones de la investigación, en tanto lo considere necesario para la eficacia de la misma sometido, en todo caso, al control del juez de garantía (art. 83 CPR, 9 y el inciso 1° del artículo 70 del CPP). En tal caso debe identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto. No obstante, este secreto puede ser cuestionado por el imputado o cualquier otro interviniente ante el juez de garantía, a quien podrán pedirle que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare (art. 182 inc. 4 CPP)». 3) Que la información objeto del presente amparo fue generada por el órgano reclamado a requerimiento del Ministerio Público en el contexto de una investigación penal llevada a cabo por dicho ente persecutor razón por la que, en la especie, resulta aplicable lo indicado precedentemente en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal, en cuanto a que el acceso información de una investigación penal que da cuenta de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y que forman parte de una investigación de dicho tipo, debe ser concedido por éste, durante el curso de la investigación. 4) Que, en consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo por cuanto el proceder de la PDI se aviene a lo dispuesto en la Ley de Transparencia en su artículo 13. 5) Que, por último, atendida la suficiencia de los antecedentes tenidos a la vista para la resolución del presente amparo se desestima la solicitud de audiencia formulada por la reclamada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por don N.N. en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, toda vez que la derivación realizada se verificó de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; en virtud de los razonamientos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don N.N. y al Sr. Director de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.