Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1782-17

Reclamante:	GLADYS ILLESCA GATICA
Reclamado:	AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Agencia de Calidad de la Educación, fundado en la denegación de la información solicitada referente a la "copia de la entrevista que se le realizó, junto a la profesional Fonoaudióloga que indica, el 7 de junio de 2016, por estar la Escuela "En Recuperación" (Escuela Pedro Aguirre Cerda, Comuna de Cerrillos, Rbd: 8519, Buseta 4479)". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se configuro la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/2/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C134-10 C178-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C1782-17 Entidad pública: Agencia de Calidad de la Educación Requirente: Gladys Illesca Gatica Ingreso Consejo: 24.05.2017 En sesión ordinaria N° 819 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1782-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de abril de 2017, doña Gladys Illesca Gatica solicitó a la Agencia de Calidad de la Educación "copia de la entrevista que se le realizó, junto a la profesional Fonoaudióloga que indica, el 7 de junio de 2016, por estar la Escuela "En Recuperación" (Escuela Pedro Aguirre Cerda, Comuna de Cerrillos, Rbd: 8519, Buseta 4479)". 2) RESPUESTA: Mediante Carta N° 392, de 19 de mayo de 2017, el órgano denegó acceso a lo requerido, señalando que al momento de grabar la entrevista, la solicitante firmó un "Consentimiento para registro de audio en entrevistas", el cual indicaba que dicha grabación sería confidencial y se utilizaría exclusivamente para efectos de las visitas evaluativas, en orden a facilitar el trabajo del evaluador. Finalmente indica que se deniega la entrega en razón del consentimiento suscrito y al artículo 21 N° 1 de la Ley de Trasparencia. 3) AMPARO: El 24 de mayo de 2017, doña Gladys Illesca Gatica dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, mediante Oficio N° E1251, de 6 de junio de 2017. Mediante Ord. N° 145, de 16 de junio de 2017, la Agencia presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) Para el cumplimiento de su objeto institucional, la Agencia realiza las evaluaciones de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores en base a los estándares indicativos de desempeño. Por lo anterior, corresponde al Servicio el diseño, implementación y aplicación de dicha evaluación de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado y sus sostenedores. b) Según el artículo 14 de la ley N° 20.529, el resultado de la evaluación será un informe que señale las debilidades y fortalezas del establecimiento educacional en relación con el cumplimiento de estándares, así como las recomendaciones para mejorar su desempeño. Este informe es público. c) La Agencia ha diseñado distintos tipos de visitas evaluativas, en las que se utilizan diversos instrumentos, siendo uno de ellos las entrevistas con el equipo del establecimiento, las que son grabadas para facilitar la labor de los evaluadores en terreno, quienes pueden volver a reproducir la entrevista al volver a la Agencia. d) Previo a la grabación, las personas que participan firman un consentimiento en el cual manifiestan que aceptan que su entrevista sea grabada y que dicho material sólo se utilizará para los fines de la visita evaluativa y no será entregada a terceros. e) Sostiene que lo requerido no constituye información pública al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia, y no es posible clasificar a las grabaciones de las entrevistas dentro de dichos conceptos, ya que ellas sólo tienen por finalidad ayudar en su función al evaluador, sin embargo, en ningún caso constituyen el fundamento de la evaluación. f) La reclamante otorgó su autorización para que su entrevista fuera grabada y renunció a que dicha información fuere utilizada con fines diversos a los estipulados en el consentimiento suscrito. g) El artículo 12 del Código Civil dispone que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia. Además, de acuerdo a las normas generales la renuncia de derechos es irrenunciable. En la especie se dan todos los supuestos de la renuncia de derechos, por lo que, las grabaciones que obran en poder del Servicio no pueden ser objeto de requerimiento vía Ley de Transparencia. h) En cuanto al tratamiento de datos personales (artículo 4° de la Ley N° 19.628), si bien se establece la posibilidad de revocar la autorización dada para el tratamiento de datos personales, en este caso la solicitante no estaría ejerciendo su derecho de retracto, sino que desea utilizar las grabaciones con un propósito distinto al que fueron realizadas, lo cual no está garantizado por la Ley en comento. i) En síntesis, corresponde la denegación de lo solicitado, por cuanto se requiere un antecedente que no puede ser clasificado como "información pública", y además renunció a su derecho de utilizar las grabaciones solicitadas. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la reclamada, a la solicitud de información de la reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a copia del registro de audio de la entrevista realizada a la propia reclamante, por evaluadores de la Agencia, dentro del contexto de una visita integral evaluativa realizada a un establecimiento educacional determinado. Al respecto, el órgano en su respuesta denegó la entrega de la información, fundado en la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por lo que se procederá a su análisis. 2) Que según lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. Al efecto, con ocasión de sus descargos, el órgano expuso que uno de los instrumentos dispuestos para las visitas evaluativas corresponden a las entrevistas a los funcionarios del establecimiento educacional, las que son grabadas en orden a facilitar la labor de los evaluadores en terreno. Asimismo indica que dicho material será utilizado exclusivamente para los fines evaluativos y que no se entregarán a terceros. Indica que dichas grabaciones no constituyen el fundamento de la evaluación. Al efecto, sin perjuicio de lo indicado por la reclamada, el órgano no acredita ni se expone de qué forma cierta la entrega de la información requerida, referida a datos personales contenidos en una entrevista otorgada por la propia reclamante, afectará el cumplimiento de las funciones del Servicio relativas a la evaluación y orientación del sistema educativo, y dentro de éstas, la realización de las evaluaciones de desempeño de los establecimientos educacionales. A su turno, la entrega del registro de su propia entrevista a la solicitante, tampoco afectará al órgano respecto de la confección del informe de evaluación final, que dé cuenta de las debilidades y fortalezas del establecimiento educacional y las recomendaciones que se entreguen a dicha entidad. Por lo anteriormente expuesto, se desestimará la alegación de la reclamada, al no haberse acreditado -ni configurarse en la especie- la hipótesis de reserva invocada. 3) Que respecto a la alegación sobre el consentimiento prestado por la solicitante para el registro en audio de la entrevista y una eventual "renuncia" de derechos, en términos de la utilización de la información para fines diversos a la evaluación, cabe hacer presente al Servicio que la reclamante está haciendo uso del derecho de acceso, rectificación o cancelación sobre los datos de carácter personal que obren en poder de un tercero. Así, el artículo 12 de la ley N° 19.628 establece que uno de los derechos del titular de los datos personales es exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente (énfasis agregado). Este derecho es también conocido como derecho de acceso e información del titular de datos personales y se comprende dentro del habeas data. Cabe agregar que la cláusula de confidencialidad contenida en el documento de consentimiento, se encuentra establecida en propio beneficio de la solicitante, en orden a garantizar la finalidad del tratamiento de sus datos personales respecto de terceros, lo que no obsta al acceso que ésta tiene respecto de su propia información. 4) Que siguiendo este raciocinio, este Consejo estima que conocer, por parte del funcionario evaluado, los antecedentes vinculados a la evaluación realizada al cuerpo docente de un establecimiento educacional, constituye una manifestación del derecho fundamental a tener acceso a su propia información. De este modo, a juicio de esta Corporación, resulta plenamente procedente que el ejercicio de tal derecho, pueda ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, según además se ha resuelto, por ejemplo, en las decisiones de amparos Roles C134-10 y C178-10. A su turno, respecto a la finalidad de uso de la propia información contenida en la entrevista requerida, se debe recordar a la reclamada que conforme el principio de no discriminación, establecido en el artículo 11 literal g) de la Ley de Transparencia "(...) los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud". 5) Que por lo anteriormente expuesto, no configurándose en la especie la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y tratándose la presente solicitud del uso del denominado "habeas data impropio", se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada entregar a la reclamante copia del registro de audio de la entrevista realizada a la propia solicitante el 7 de junio de 2016, en el contexto de la visita integral a la Escuela Pedro Aguirre Cerda RBD 8519. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Gladys Illesca Gatica, de 24 de mayo de 2017, en contra de la Agencia de Calidad de la Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación: a) Hacer entrega a la reclamante de copia del registro de audio de la entrevista realizada a la solicitante el 7 de junio de 2016, en el contexto de la visita integral a la Escuela Pedro Aguirre Cerda RBD 8519. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gladys Illesca Gatica y al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.