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DECISIÓN AMPARO ROL C1805-17</p>
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Entidad pública: Ministerio de Educación (MINEDUC).</p>
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Requirente: Carlos García Ainol.</p>
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Ingreso Consejo: 26.05.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 828 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de septiembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1805-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de abril de 2017, don Carlos García Ainol solicitó al Ministerio de Educación, en adelante e indistintamente, el Ministerio o el MINEDUC, la siguiente información:</p>
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a) "Solicito copia digital íntegra de todos los Portafolios que se encuentren en su poder u otros documentos de evaluación que se han construido de la docente de Enseñanza Media del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro - Chiloé: Ivonne Irene Gómez Paredes, Rut (...), docente de lenguaje desde el año 2008 al 2017.</p>
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b) Se solicita copia de todas las evaluaciones de desempeño como docente, se ha sometido la individualizada por parte de su jefatura directa, Jefes de UTP, Directores y Jefes en la Corporación Municipal de Educación, entre el 2008 al 2017.</p>
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c) Se solicita todas las autoevaluaciones en su desempeño docente que ha realizado la docente en referencia desde el 2008 - 2017.</p>
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d) Se solicita copia íntegra de todas las evaluaciones de desempeño docente que le han hecho sus pares docentes desde el 2008 al 2017".</p>
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2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 9 de mayo de 2017, por medio de correo electrónico, el órgano notificó la prórroga del plazo de respuesta, en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
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Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 2604, de fecha 25 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación otorgó respuesta a la solicitud de información, denegando la entrega fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, y señalando en síntesis, que "el objeto de la solicitud de acceso versa sobre antecedentes enmarcados en el sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñan en funciones de docencia de aula de carácter formativo, regulado en el artículo 70 (...) de la ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto Docente de los Profesionales de la Educación (...) el referido sistema de evaluación pretende fortalecer la profesión docente, favoreciendo el reconocimiento de sus fortalezas y el avance de sus debilidades, con el fin de lograr mejores aprendizajes de alumnos y alumnas, para lo cual se establece la creación de planes de superación profesional que beneficiarán a los docentes que resulten evaluados con desempeño básico e insatisfactorio", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 3 y 45 del Reglamento sobre Evaluación Docente, en relación con la reserva de dicha información.</p>
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Acto seguido, informó que "dicha reserva consagra un principio que es concordante con el propósito formativo y no fiscalizador o sancionador de la Evaluación Docente. Asimismo, evita que su utilización por terceros tergiverse dicha finalidad, por ejemplo, generando ranking de profesionales o estigmatizando a los docentes, a los establecimientos educacionales y a los alumnos que con ellos se educan, máxime si los resultados son susceptibles de ser impugnados y considerando que el desempeño insatisfactorio no sólo se obtiene tras malas evaluaciones, sino también por el sólo hecho de negarse injustificadamente a ser evaluado".</p>
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Asimismo, indicó que "este tratamiento especial de la información de la referida medición, tiene por objeto resguardar derechos de los profesionales del sector de educación municipal, en particular frente a discriminaciones arbitrarias a que puedan ser objeto por sus calificaciones (...) reconocer una relevancia pública que prime por sobre la privacidad a que tiene derecho cada docente examinado, no solo afectaría este derecho fundamental reconocido por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, sino también estaría cambiando el sentido del sistema de evaluación, transformando una herramienta para robustecer la docencia a través del reconocimiento de fortalezas y superación de debilidades, en un instrumento de clasificación y sanción de profesionales", agregando que la entrega de la información solicitada implicaría una afectación a los derechos de igualdad y vida privada de la profesional, consagrados en los numerales 3 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental.</p>
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Luego, el órgano expone que la entrega de las evaluaciones repercutiría en los efectos que se busca obtener por medio del sistema de medición, y con ellos, las labores y fines del Ministerio, y que no existe una contraprestación en dinero para quienes participan de la evaluación docente, por lo que no involucra fondos públicos. Finalmente, indica que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 del DFL N° 5.200, de 1929, de ese órgano, no tendrían la obligación de mantener en sus registros información superior a 5 años.</p>
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3) AMPARO: El 26 de mayo de 2017, don Carlos García Ainol dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E1254, de 6 de junio de 2017, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante Ord. N° 1699, de 20 de junio de 2017, el órgano presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta al solicitante, agregó que la solicitud de información habría sido atendida oportunamente, por cuanto con fecha 9 de mayo notificó la prórroga del plazo de respuesta y el 25 de mayo remitió la respuesta al requirente, adjuntando las respectivas notificaciones.</p>
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Acto seguido, informa que "según lo señalado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), al que le corresponde la coordinación técnica para la adecuada aplicación de los procesos de evaluación docente, para la consecución de los fines que se persiguen a través de dicha herramienta, es indispensable evitar que los resultados e instrumentos de este proceso sean utilizados para marginalizar a los profesores, por cuanto el acento está puesto en detectar las falencias que existen en el conjunto de los examinados, con miras a centralizar de manera idónea las herramientas que permitan superar esos déficit. El mal uso que podría darse a esta información generaría desconfianzas y desinterés por parte de los involucrados en participar en el proceso, y afectaría directamente el prestigio e imagen del conjunto del sistema de educación pública y de sus agentes, situación que este órgano, en su carácter de garante respecto de los particulares que podrían verse afectados, no puede permitir".</p>
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Asimismo, indica que "respecto al Portafolio se hace presente que éste consta de antecedentes documentales y audiovisuales, que dan cuenta de la práctica docente de los profesionales evaluados, tales como pruebas diseñadas y clases dictadas por los mismos en una unidad, entregados a este Servicio el objeto de realizar estudios e iniciativas de investigación educacional y apoyo pedagógico, para los cuales tales profesionales autorizan su uso, mediante formularios suscritos por los mismos, cuya copia se acompaña (...) sin que exista una aquiescencia en orden a comunicar dichos materiales a terceros, ni a ceder la propiedad intelectual de éstos. Asimismo, en relación a las mentadas grabaciones, cabe señalar que en ellas aparecen otros actores o intervinientes, generalmente alumnos de los docentes, entre los cuales mayoritariamente hay menores de edad".</p>
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Luego, señala que el 11 de enero de 2017, se destruyó evidencia audiovisual del proceso de Evaluación Docente anterior al año 2012, según consta del certificado del notario que adjunta.</p>
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También, respecto a las evaluaciones de los pares y superiores jerárquicos del profesional evaluado, agrega que "la divulgación de tales instrumentos podría significar inhibir a tales actores de participar en el futuro en la herramienta consultada, así como desincentivar que emitan ciertas opiniones o juicios personales que sólo se expresan bajo una razonable expectativa de reserva", denegando la entrega de la información solicitada fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en relación con los derechos de igualdad, vida privada y propiedad intelectual de los profesionales examinados, consagrados en la Constitución, y entregando los datos de contacto de la profesional requerida en la solicitud de información.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° E1688, de fecha 29 de junio de 2017, confirió traslado y notificó al tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, doña Ivonne Gómez Paredes, a fin de que presente sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.</p>
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Hasta esta fecha, no existe constancia de que el tercero se hubiera pronunciado en los términos requeridos.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte del Ministerio de Educación, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de los portafolios y otros documentos de evaluación elaborados respecto de la docente que indica, las evaluaciones de desempeño realizados por sus jefaturas, sus pares docentes, y sus autoevaluaciones. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información requerida fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en tal sentido, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, sobre el fondo de lo reclamado, a juicio de este Consejo resulta plenamente aplicable el criterio sostenido sobre la misma materia en los amparos rol C1040-14 y C3754-16, entre otros, donde, en primer lugar, se explica que la Evaluación Docente consiste en una evaluación obligatoria para los docentes que se desempeñan en establecimientos municipales, tendiente a fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación, contemplada en el artículo 70 del decreto con fuerza de ley N° 1, de Educación, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que aprobó el estatuto docente de los profesionales de la educación, además de las leyes que la contemplan y modifican. Así, la evaluación fue producto de las modificaciones introducidas por la ley N° 19.961, publicada con fecha 18 de agosto de 2004, y a partir de la ley N° 20.501 sobre calidad y equidad de la educación, publicada con fecha 26 de febrero de 2011, se establecieron consecuencias a raíz de los resultados obtenidos por cada docente evaluado.</p>
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4) Que, a modo de contexto, el referido artículo 70 del denominado "Estatuto Docente" expresa que: "Corresponderá al Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), la coordinación técnica para la adecuada aplicación de los procesos de evaluación. La evaluación del desempeño profesional se realizará tomando en consideración los dominios, criterios e instrumentos establecidos por el Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). (...).". Agrega la norma que "La evaluación estará a cargo de evaluadores pares, es decir, profesores de aula que se desempeñen en el mismo nivel escolar, sector del currículo y modalidad del docente evaluado, aunque en distintos establecimientos educacionales que los docentes evaluados. (...).". Continua la disposición estableciendo que "La evaluación de cada docente se realizará cada cuatro años y su resultado final corresponderá a uno de los siguientes niveles de desempeño: destacado, competente, básico o insatisfactorio.".</p>
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5) Que, en este sentido, el inciso 6° del artículo 70 del denominado "Estatuto Docente" en lo referido a los efectos de la evaluación docentes, expresa que "Los resultados finales de la evaluación de cada profesional de la educación se considerarán como antecedente para los concursos públicos estipulados en este Título. Además, tratándose de docentes cuyos niveles de desempeño sean destacado o competente, éstos se considerarán para rendir la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos habilitante para acceder a la asignación variable por desempeño individual. Del mismo modo, se considerarán para optar a cupos o becas en actividades de perfeccionamiento o estudios de post- grado, para financiar proyectos individuales de innovación y, en general, en todas las decisiones que se tomen para seleccionar profesionales.". Termina el artículo estableciendo que "Cada vez que un profesional de la educación resulte evaluado con desempeño insatisfactorio, deberá ser sometido al año siguiente a una nueva evaluación, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. Si el desempeño en el nivel insatisfactorio se mantuviera en la segunda evaluación consecutiva, el profesional de la educación dejará de pertenecer a la dotación docente. Los profesionales de la educación que resulten evaluados con desempeño básico deberán evaluarse al año subsiguiente, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. En caso de que resulten calificados con desempeño básico en tres evaluaciones consecutivas o en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante tres evaluaciones consecutivas, dejará de pertenecer a la dotación docente".</p>
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6) Que, de lo expuesto, se colige que los resultados obtenidos por un docente sometido a la evaluación en comento, dan lugar a calificar su nivel de desempeño como destacado, competente, básico o insatisfactorio. A partir de los resultados obtenidos, por una parte se determina la oportunidad en que deberá someterse nuevamente a la evaluación, como asimismo cumpliéndose ciertos requisitos se contempla la facultad del sostenedor de exigir dejar la responsabilidad de curso a los docentes de calificación insatisfactorio o básico, incluso dejar la dotación docente. Por otro lado, también los docentes de calificación destacada o competente pueden postular a una asignación variable por desempeño Individual (AVDI), y pueden ser considerados para optar a cupos o becas en actividades de perfeccionamiento o estudios de postgrado, para financiar proyectos individuales de innovación, y en general en todas las decisiones que se tomen para seleccionar profesionales.</p>
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7) Que, de acuerdo a lo señalado por el órgano reclamado, la denegación de la información solicitada estaría fundada en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que se trataría de información relativa a la esfera de la vida privada de los docentes, y cuya entrega afectaría el debido funcionamiento del Ministerio. Por su lado, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". En la especie, el órgano ha señalado que su entrega afectaría el propósito formativo y no fiscalizador o sancionador de la Evaluación Docente; que su utilización por terceros podría tergiversar dicha finalidad, por ejemplo, generando ranking de profesionales o estigmatizando a los docentes, a los establecimientos educacionales y a los alumnos que con ellos se educan; que se estaría cambiando el sentido del sistema de evaluación, transformando una herramienta para robustecer la docencia a través del reconocimiento de fortalezas y superación de debilidades, en un instrumento de clasificación y sanción de profesionales; y que la entrega de las evaluaciones repercutiría en los efectos que se busca obtener por medio del sistema de medición, y con ellos, las labores y fines del Ministerio, afectando el debido cumplimiento de sus funciones.</p>
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8) Que, en el presente caso, el órgano se ha limitado a señalar situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas, respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar el debido funcionamiento del órgano, pero sin manifestar fundamento o justificación alguna, de manera concreta, suficiente e indubitada, que permita tener por configurada, efectivamente, la concurrencia de la causal de reserva alegada, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En consecuencia, se rechazará dicha alegación.</p>
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9) Que, asimismo, el órgano denegó la entrega en base a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el cual señala que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Al respecto, el órgano señaló que la reserva de la información solicitada, busca resguardar los derechos de los profesionales del sector de la educación municipal, en particular, frente a discriminaciones arbitrarias de las cuales podrían ser objeto, debido a sus calificaciones. En tal sentido, cabe tener presente el contenido de la información solicitada, esto es, el Portafolio, la evaluación de los pares, informes de referencia de terceros, y la pauta de autoevaluación. Al respecto, el Portafolio tiene por objeto presentar evidencia que dé cuenta de la práctica pedagógica del docente evaluado, lo que incluye la grabación de una clase. La entrevista de evaluador par, está destinada a conocer aspectos de la práctica pedagógica y aspectos del contexto de trabajo del docente evaluado, que pueden influir positiva o negativamente en su desempeño. El informe de referencia de terceros, es de responsabilidad del Director y Jefe de UTP del establecimiento educacional del docente evaluado. Por último, la pauta de autoevaluación, tiene por objeto conocer la forma en que el docente valora y evalúa su propio desempeño profesional y reflexionar sobre su práctica docente.</p>
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10) Que, los señalados instrumentos que utiliza la Evaluación Docente, contienen una serie de criterios objetivos y subjetivos, respecto de los cuales el órgano no ha acreditado la forma o la manera en que la entrega de dicha información podría afectar a la esfera de la vida privada de los docentes, toda vez que se trata de información de funcionarios municipales, el lugar y labores que desempeñan funcionarios públicos, y el resultado final de su evaluación, lo que evidentemente tiene un carácter público, más aún en un área de especial interés como la educación municipal, atendiendo entre otras razones, al interés público que tienen dichas evaluaciones como mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas directas de cada establecimiento educacional, sino también ante la sociedad. De aceptarse la reserva invocada por el órgano reclamado, se limita fuertemente el control social sobre la aplicación real de las consecuencias positivas y negativas que dichos resultados traen consigo, esto es, si se sigue retribuyendo con fondos públicos a funcionarios municipales que de acuerdo a sus evaluaciones debieron dejar la dotación docente, o por el contrario, si se compensa en sus ingresos a aquellos docentes que fueron calificados con desempeño destacado o competente, por lo que corresponde proceder a su entrega por parte del órgano reclamado.</p>
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11) Que, respecto a los videos de clases grabadas, comprendidas en la evaluación de los docentes, este Consejo en la citada decisión del amparo C1040-14, se establece que "entre las cuestiones de orden subjetivo, encontramos las diversas descripciones de desempeño comprendidas en el portafolio, así como la clase grabada, elementos que manifiestan el modo en que el docente evaluado desarrolla su profesión, a cuyo respecto no se logra visualizar su entrega sin afectar la esfera de la vida privada de los docentes evaluados, cómo se arguyó por el MINEDUC, bastando mencionar por ejemplo la magnitud que podría tener divulgar la grabación de clases del docente, no siendo por tanto, proporcional dicha medida para justificar el control social sobre los efectos de la evaluación docente, por lo que este Consejo estima que procede se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia" (Considerando 15°), por lo que, a juicio de este Consejo, no resulta posible proporcionar los videos de las clases grabadas sin afectar, además de los derechos de los docentes que realizaron las clases contenidas en los videos requeridos, también de los menores de edad que aparecen en dichas grabaciones, quienes no han consentido para la publicidad de los mismos, razón por la cual, a su respecto, se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y por consiguiente, se rechazará el amparo respecto de este punto.</p>
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12) Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se ha alegado su inexistencia, habiéndose rechazado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, invocada por el órgano para denegar la entrega de la información pedida, y teniéndose por configurada sólo parcialmente, la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la citada ley, respecto de las grabaciones de clases, este Consejo, en definitiva, procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando al Ministerio de Educación entregar las evaluaciones docentes de la funcionaria mencionada, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio o correo electrónico particular, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley, o en su defecto, respecto de dichas evaluaciones, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, y debiendo reservar las aludidas grabaciones.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Carlos García Ainol en contra del Ministerio de Educación, rechazándolo respecto de los videos de clases grabadas de la docente requerida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Educación lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante</p>
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i. copia digital íntegra de todos los Portafolios u otros documentos de evaluación respecto de la docente que indica, desde el año 2008 al 2017;</p>
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ii. copia de todas las evaluaciones de desempeño por parte de su jefatura directa, Jefes de UTP, Directores y Jefes en la Corporación Municipal de Educación, entre el 2008 y el 2017;</p>
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iii. copia de las autoevaluaciones de su desempeño docente en igual periodo; y</p>
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iv. copia de todas las evaluaciones de desempeño docente que le han hecho sus pares docentes desde el 2008 al 2017.</p>
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En su defecto, respecto de dichas evaluaciones, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.</p>
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El órgano, respecto de la información anteriormente señalada, deberá tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio o correo electrónico particular, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros,</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos García Ainol, a la Sra. Subsecretaria de Educación y a doña Ivonne Gómez Paredes, en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.</p>
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VOTO DISIDENTE</p>
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La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien fue partidario de rechazar el amparo de acceso a la información interpuesto, por las siguientes razones:</p>
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1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que en el presente caso se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que entregar la información solicitada afecta el debido funcionamiento del propio Ministerio de Educación, quien a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), se encarga de la coordinación técnica de la evaluación docente.</p>
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2) Que, en este sentido, sostiene que entregar la información pedida, que se refiere a la evaluación docente de la funcionaria que indica, desvirtuaría un instrumento de evaluación que, de acuerdo a la legislación que le dio origen, tiene un carácter formativo, y donde la participación de los docentes estaría resguardada por la respectiva confidencialidad que establece el reglamento de la evaluación docente, todo lo cual impediría cumplir el objetivo de la función de medición que lleva adelante el MINEDUC para el mejoramiento de la calidad de la educación.</p>
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3) Que, adicionalmente, en el presente caso concurriría la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto este Consejero no vislumbra el modo en que se podría entregar cualquier parte del contenido de la evaluación docente o sus resultados, sin afectar la esfera de la vida privada de los profesionales de la educación evaluados, por cuanto ello refleja el modo concreto en que desarrollan su profesión, lo que en ningún caso tiene el carácter de público, a menos que concurra el consentimiento de su titular, lo que no se ha acreditado en estos autos.</p>
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4) Qué, por último, acoge el argumento formulado por el MINEDUC, en orden a que la publicidad de los informes de la Evaluación Docente que se encuentran en poder del Ministerio, además de afectar su privacidad, lesiona su derecho a la igualdad, frente a eventuales discriminaciones arbitrarias que puedan sufrir a partir de la utilización descontextualizada de los mismos, por lo que este disidente sostiene que debe rechazarse el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera, doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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