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DECISIÓN AMPARO ROL C1834-17</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Santa Bárbara</p>
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Requirente: Manuel García Andrade</p>
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Ingreso Consejo: 22.05.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 819 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1834-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 27 de abril de 2017, don Manuel García Andrade solicitó a la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara, copia del expediente del Decreto Exento N° 919, de fecha 28 de octubre de 2016, y la correspondiente resolución por la cual se le absuelve en dicha investigación.</p>
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2) RESPUESTA: La Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 144, de fecha 04 de mayo de 2017, señalando, en síntesis, que respecto de copia del expediente de la investigación sumaria pedida, no se puede hacer entrega de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 211-A, 211-B y 211-C, del Código del Trabajo, el cual se trataría de un expediente reservado, fundado en que por las materias ventiladas, su publicidad puede afectar la honra de aquellos involucrados en la investigación.</p>
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En cuanto a copia de la resolución que absuelve al solicitante de dicha investigación sumaria, se adjuntó decreto alcaldicio N° 4520, de fecha 18 de noviembre de 2016.</p>
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3) AMPARO: El 22 de mayo de 2017, don Manuel García Andrade dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara, mediante oficio N° E1257, de fecha 06 de junio de 2017.</p>
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El órgano requerido, a través de presentación de fecha 30 de junio de 2017, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que, la investigación sumarial pedida que se inició por denuncia, ingresada por una funcionaria en contra de otro funcionario, ambos contratados por el Departamento de Educación Municipal bajo la modalidad del Código del Trabajo. Agregó, que de conformidad a lo que se prescribe en los artículos 211-C del Código del Trabajo, las investigaciones internas (investigación sumaria) en esta materia deben llevarse en estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentas sus dichos; de modo que, así fue cumplida la obligación legal, todo tomando en considerando la materia que se ventila, ya que puede afectar la honra de aquellos involucrados en la investigación, cobrando plena aplicación el ORD N° 1133/36 de fecha 21 de Marzo de 2005 de la Inspección del Trabajo.</p>
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Terminada dicha investigación, el investigador propone el sobreseimiento de la misma desde que fue imposible acreditar fehacientemente la ocurrencia de los hechos denunciado, habiéndose tomado las acciones de resguardo de la integridad de ambos trabajadores y la denuncia ya había sido judicializada ante la entidad correspondiente. Luego, las conclusiones de la investigación fueron enviadas a la Dirección del Trabajo mediante oficio N° 38-16 vía Chilexpress conforme orden de transporte que se adjunta en otrosí de esta presentación.</p>
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Por lo anterior, sostiene que lo dispuesto por el artículo 211-C del código del Trabajo, constituye una causal de reserva o secreto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 de las disposiciones transitorias de la ley 20.285, norma de no obstante tener un quorum distinto, su vigencia data de anterioridad a la dictación de la Ley de Transparencia. Por consiguiente, se denegó copia de la totalidad del expediente establecido en esta investigación y siguiendo el artículo 211-D, sólo se le entregó copia de las conclusiones de la investigación, las que se plasman en la resolución final de la proposición que el fiscal hace en cuanto al sobreseimiento de dicha investigación.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, don Manuel García Andrade solicitó a la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara, copia del expediente de investigación sumaria instruida ordena a instruir mediante decreto exento (DAEM) N° 919, de fecha 28 de octubre de 2016, y la correspondiente resolución por la cual se le absuelve en dicha investigación, obteniendo respuesta denegatoria, salvo respecto a la resolución pedida, lo que constituye el fundamento del presente amparo.</p>
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2) Que, atendida la especial naturaleza de la materia sobre la cual versa la solicitud en análisis, esto es, un proceso disciplinario que tuvo por objeto investigar una denuncia por eventual acoso, resulta del todo pertinente tener presente lo razonado por este Consejo, en la decisión Rol C1857-14 respecto de una solicitud referida a antecedentes sobre una denuncia de acoso efectuada al interior de un servicio público. Al efecto, esta Corporación razonó que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio de Impuestos Internos en estas materias". Igual razonamiento siguió este Consejo en las decisiones Rol C429-14 y C2049-15.</p>
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3) Que, del mismo modo, cabe consignar que en la decisión Rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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4) Que, en dicho contexto, divulgar la información requerida supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato, etc., sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la requerida, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones.</p>
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5) Que, por consiguiente, en atención a los antecedentes examinados en el presente caso, este Consejo en aplicación de la facultad que le concede el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, que establece el deber de "velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado", rechazará el presente amparo, en aplicación de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por cuanto la publicidad, comunicación o conocimiento de lo solicitado, afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.</p>
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6) Que, finalmente, se hace presente que en el amparo se fundó en la denegación de toda la información solicitada, sin embargo, de acuerdo a los antecedentes examinados en el presente caso, se acreditó que la Municipalidad reclamada entregó en su respuesta al requirente la resolución por la cual se le absuelve en dicha investigación, esto es, el decreto alcaldicio N° 4520, de fecha 18 de noviembre de 2016, que resuelve el sobreseimiento en cuestión por no haberse establecido la existencia de responsabilidad administrativa, resolución que incluso el solicitante acompañó en su amparo, razón por la cual se rechazará igualmente el amparo en este punto.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Manuel García Andrade en contra de la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara, respecto de la resolución que sobresee al solicitante de la investigación sumaria en cuestión, por haberse acreditado su entrega oportuna al solicitante, y respecto del resto del expediente requerido, por por concurrir la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Manuel García Andrade y al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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