Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C359-11

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Reclamante:	SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESA DE TRABAJADORES METALÚRGICOS, COMUNICACIONES ENERGÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS
Reclamado:	DIRECCIÓN DEL TRABAJO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO PONIENTE
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra de la Inspección del Trabajo Metropolitana Norte, ante la denegación de acceso a contenido de carpeta relativa a negociación colectiva llevada por el requirente y empresa relacionada. El Consejo acoge parcialmente el recurso, ordenando la entrega parcial, estimando la aplicación de causal de reserva del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia respecto de todo lo que contiene la carpeta, por la afectación de los derechos económicos de los involucrados, con excepción de las resoluciones individualizadas. (Con voto concurrente)
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/20/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C306-10 C722-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO C359-11 Entidad Pública: Inspección del Trabajo Metropolitana Norte Requirente: José Ortiz Arcos, don Patricio Muñoz Hoffman, doña Nora Aguirre Castro y don Claudio Griffin Troncoso, en representación del Sindicato Interempresa de Trabajadores Metalúrgicos, Comunicaciones, Energía y Actividades Conexas Ingreso Consejo: 18.03.2011 En sesión ordinaria N° 264 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de julio de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C359-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de febrero de 2011, don José Ortiz Arcos solicitó a la Inspección del Trabajo de la comuna de Quilicura copia de la carpeta N° 44, del año 2007, sobre negociación colectiva de la empresa Iron Mountain S.A., que fue iniciada como sindicato SME y culminó como negociación de grupo de trabajadores al rechazar la empresa negociar con el sindicato interempresa, por cuanto dicha documentación se encuentra bajo la custodia de tal Inspección Comunal del Trabajo. Mediante carta de 22 de febrero de 2011, la Inspección aludida solicitó la subsanación de la solicitud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 inciso 2° de la Ley de Transparencia, la que fue realizada mediante presentación de 25 de febrero de 2011, a través de la cual el Sr. Ortiz consignó el domicilio y correo electrónico en su calidad de solicitante. 2) RESPUESTA DE LA INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO: El 10 de marzo de 2011, la Inspectora Comunal del Trabajo Norte Chacabuco dio respuesta al requerimiento del Sr. Ortiz, denegando al información, indicando lo siguiente: a) Una vez recibida la solicitud de acceso se dio traslado a las partes involucradas, esto es, la empresa Iron Mountain S.A. y el grupo de trabajadores unidos para el sólo efecto de negociar, quienes en sus respuestas expresaron su negativa a la entrega de la documentación solicitada, por considerar que su publicidad contraviene lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. b) La empresa Iron Mountain S.A. fundamenta su oposición señalando en lo medular que “cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derecho de carácter comercial o económico, se debe mantener la reserva de la información que se trate. No se señala la causa o el motivo por el cual el sindicato interempresa está solicitando dicha información, la que pertenece privativamente a un proceso interno de negociación colectiva realizado el año 2007, entre la empresa y el sindicato, la que dio origen a un contrato colectivo. El sindicato interempresa no tiene derecho a conocer los antecedentes, pormenores ni menos el contrato colectivo final, por cuanto este es un instrumento que nace de la autonomía privada de las personas, el que por mandato legal debe ser remitido a la Dirección del Trabajo para su registro y no para comunicárselo a terceros”. c) Por su parte el grupo de trabajadores de la empresa aludida, se opone a la entrega de la carpeta de negociación colectiva, por cuanto existen en ella antecedentes de índole personal de los trabajadores. d) De acuerdo a lo anterior y por aplicación del artículo 20 inciso 3° de la Ley de Transparencia, no accede a la entrega de la información solicitada, sin perjuicio de lo cual indica que el solicitante podrá ejercer los derechos establecidos en los artículos 24 y siguientes de la ley aludida. 3) AMPARO: El 18 de marzo de 2011, don José Ortiz Arcos, don Patricio Muñoz Hoffman, doña Nora Aguirre Castro y don Claudio Griffin Troncoso, en representación del Sindicato Interempresa de Trabajadores Metalúrgicos, Comunicaciones, Energía y Actividades Conexas, SME, dedujeron amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Región Metropolitana Poniente, fundado en su negativa a entregar la información requerida y en los siguientes argumentos: a) La carpeta requerida no contiene ningún documento que no se pueda ser conocido por cualquiera. En ella constan la nómina de participantes de la negociación, cartas de la empresa, resoluciones de la inspección sobre el proceso de negociación, solicitudes realizadas por el sindicato que representan y otra serie de presentaciones y resoluciones. b) Tras la presentación de su solicitud se les convocó para hacerles entrega del Ordinario N° 241, de 22 de febrero de 2011, mediante el cual se les requirió la subsanación de su solicitud de acceso, gestión que fue realizada el 25 de febrero de 2011. El 15 de marzo de 2011, mediante Ordinario N° 303, de 10 de marzo del mismo año, se respondió derechamente a la solicitud de acceso denegándola señalando que “…tal como se comunicara en el Ord. N° 263 de fecha 01.03.2011, se dio traslado las partes involucradas….”, en circunstancias que nunca han tenido conocimiento del Ordinario mencionado en la respuesta. c) Ante su persistente reclamación por la forma de actuar de la inspección, particularmente por no haberles informado del traslado a terceros de su solicitud de acceso, se les ha señalado que dicha actuación se realiza de ese modo por instrucciones de la Dirección Regional Poniente del Trabajo. 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El 23 de marzo de 2011, mediante Oficio N° 710, el Director General del Consejo para la Transparencia solicitó a don José Arcos acreditar su calidad de representante del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores Metalúrgicos, Comunicaciones, Energía y Actividades Conexas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 inciso 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos. Mediante correo electrónico de 23 de marzo de 2011, el Sr. Ortiz, a efectos de dar cumplimiento a lo señalado, remitió al Consejo para la Transparencia el certificado de vigencia de la organización y el Directorio de la misma, que acredita la representación invocada. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficios N°s 730 y 731, ambos de 28 de marzo de 2011 al representante legal de la empresa Iron Mountain S.A. y al representante del grupo de trabajadores unidos para el solo efecto de negociar, respectivamente. A la fecha, no consta que la empresa Iron Mountain S.A. haya evacuado sus descargos y observaciones ante este Consejo. Por su parte, mediante presentación del 13 de abril de 2011, representantes del grupo de trabajadores ya aludido, efectuaron sus descargos ante este Consejo, señalando lo siguiente: a) La entrega de la información los perjudicaría gravemente, por cuanto los trabajadores que negociaron como grupo de trabajadores decidieron independizarse del sindicato interempresa al que habían pertenecido, y afiliarse al sindicato de empresa de Iron Mountain S.A. por cuanto no tenía claridad a qué sindicato pertenecían, dado que el Sr. Ortiz les habría hecho firmar diferentes nóminas para elección de delegados o constituir nuevos sindicatos interempresa, bajo un actuar poco transparente dado que se negaba a proporcionarles algún tipo de información aduciendo que ésta debía mantenerse en secreto para que no se enterara la empresa. b) El cambio de sindicato provocó gran molestia en el Sr. Ortiz, quien empezó una campaña de hostilidad hacia la nueva dirigencia del sindicato de empresa y delegados sindicales que estaban en otros sindicatos Interempresa constituidos para su beneficio personal. c) Además, el Sr. Ortiz jamás les rindió cuenta por la cuota sindical que les era descontada desde el año 2007, y los más grave aún es que, según se han podido percatar, el reclamante los traspasaba de sindicato en sindicato, es decir, nunca habría enterado las cuotas sindicales a los sindicatos correspondientes e incluso cuando se constituyeron como sindicato de empresa bajo su asesoría, cobraba la cuota sindical para su sindicato, sin que sobre esto se hayan dado razones cuando le fueron requeridas, sino por el contrario hecho que generó el distanciamiento de los demás trabajadores. Por esta razón recurre de amparo, con el objeto de obtener información que concertadamente se han negado a entregarle, por cuanto se hace mal uso de la misma. De hecho, el Sr. Ortiz está llamando constantemente a trabajadores y dirigentes para que vuelvan a trabajar con él, lo que ha generado discusiones afuera de la empresa, incluso con agresiones físicas, en circunstancias que lo único que quieren es que los dejen tranquilos. d) Por lo anterior, se reservan el derecho de iniciar acciones legales, tanto administrativas como judiciales, por lo que solicita al Consejo para la Transparencia, en nombre de los trabajadores de Iron Mountain S.A., que se abstenga de entregarle su información al Sr. Ortiz, pues lo único que persigue es obstaculizar su proceso de negociación colectiva que se inicia el 19 de abril del 2011, que es el que más lo tiene molesto. Además, señala que están presente ante un abierto acto de injerencia sindical, por cuanto el reclamante quiere negociar como sindicato interempresa, lo que fue rechazado por la asamblea, razón por la cual han sido perseguidos. e) Por último, solicita al Consejo para la Transparencia, se les informe a que empresa pertenece el Sr. Ortiz y cuantos socios tiene su empresa; y el Sr. Patricio Muñoz y la Sra. Dora Aguirre, y quienes pertenecen al directorio del Sindicato que representan. 6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 720, de 25 de marzo de 2011, a la Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Norte Chacabuco, quien, el 20 de abril, mediante Ordinario N° 635, evacuó sus descargos y observaciones, alegando lo siguiente: a) Ante la solicitud de acceso, tras su subsanación, la empresa Iron Mountain S.A. y el grupo de trabajadores unidos para el solo efecto de negociar, el 4 y 7 de marzo de 2011, respectivamente, se opusieron a la entrega de la información requerida, luego de ser notificados de la solicitud de acceso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. b) No obstante haberse notificado erróneamente la interposición del presente amparo en la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, se recepcionó el oficio respectivo el 11 de abril de 2011, por cuanto, la Inspección aludida envió por oficio interno N° 464, tal comunicación. c) La no entrega de la información se decidió en base a los siguientes argumentos: i. No es efectivo que el sindicato reclamante no haya tenido conocimiento del traslado conferido a los terceros involucrados en la entrega de la información, por cuanto se notificó a dicho sindicato mediante Oficio N° 261, de 1° de marzo de 2011, este hecho. Los traslados a terceros se materializaron mediante los Ordinarios N° 262 y 263, notificados personalmente a los terceros el día 2 de marzo de 2011, según consta en documentación que acompaña. ii. El sindicato representado por el Sr. Ortiz no era parte del proceso de negociación colectiva, cuya carpeta se ha solicitado, pues dicho proceso de negociación estuvo compuesto por dos partes a saber, la empresa Iron Mountain S.A. y un grupo de trabajadores que se unieron para el solo efecto de negociar. En efecto, existe en el set de documentos que componen la carpeta requerida, una presentación del 9 de julio de 2007, mediante la cual el reclamante reconoce que no ha presentado proyecto de contrato colectivo a la empresa aludida, señalando incluso que ello lo hace a petición del grupo de trabajadores, quienes no pretenden desligarse del sindicato, pero en esta oportunidad, han hecho uso del derecho que les otorga el Código del Trabajo de negociar como un grupo de trabajadores y no como sindicato interempresa. iii. Conforme a ello, a la luz del artículo 20, inciso 3°, de la Ley de Transparencia, son dichas partes, la empresa y grupo de trabajadores, quienes pueden resultar afectados en sus derechos, puesto que en la negociación se hace entrega de una serie de instrumentos de carácter sensible, ya sean datos personales de los trabajadores involucrados, como también datos e información financiera y contable de la empresa Iron Mountain S.A., pero que, atendido a que se trataba de un proceso reglado de negociación, debieron suministrarla, conforme a los establecido en el artículo 315 del Código del Trabajo. iv. Los terceros mencionados han manifestado claramente su oposición a la entrega de información, puesto que creen que sus derechos se verán vulnerados si la documentación contenida en la carpeta es entregada al sindicato requirente. v. Además, hace presente que la negociación colectiva tiene el carácter esencialmente bipartito y que su representada para todos los efectos es mero depositario de la información que en este proceso se entregue por las partes negociadoras, además, de velar por el cumplimiento estricto de la normativa laboral vigente. vi. A la luz de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el organismo recurrido debió inhibirse de oficio para entregar la documentación requerida, por afectarse el derecho a la vida privada y derechos de carácter comercial o económico de las partes del proceso negociador. vii. Por otra parte, la Corte de Apelaciones de Santiago se ha pronunciado sobre la materia en su fallo Rol 943-2010 señalando en su considerando 8° que “…a mayor abundamiento, debe examinarse si el acto respecto del cual se está pidiendo acceso es público de conformidad con los artículos 50 y 55 de frente al artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República. Si no lo es, porque no está entre las hipótesis del artículo 8°, por ejemplo, porque se trata de un acto privado y no estatal, ahí se acaba el derecho de acceso y se debe negar la solicitud respectiva; y en segundo, si aquella información que se pide por el interesado aparece como pública, se debe analizar si hay o no una ley de quórum calificado que contemple, excepcionalmente, el secreto. Si la hay, se tiene que negar lugar a la solicitud de acceso. Si no, debe ordenar que se revele la información.” viii. De este modo, la información entregada por particulares a la Administración debe ser resguardada por ésta, no califica como información pública por ese solo hecho y, excepcionalmente, si existe un interés público suficiente, puede divulgarla, debiendo abstenerse incluso en esos casos de entregar ciertos antecedentes. En ese sentido la Corte de Apelaciones de Santiago ha sostenido en su fallo Rol 950-2010, considerando 10) que “…por lo dicho, no es posible aceptar, de manera lisa y llana, que toda información preveniente de particulares, que está en poder del Estado, sea obligatoriamente pública, a menos que se configure alguna de las excepciones expresamente consignadas en la ley; pues, ateniéndose a un enfoque lógico del problema, es preciso condicionar el carácter público de tal información a la circunstancia de que ella esté en relación clara con el ejercicio de las facultades del órgano administrativo, sea porque así fluye de la naturaleza de éstas o porque se ha expresado en actos administrativos directos”. El interés público, por tanto, no está dado por el hecho de que la información se encuentre en poder de la Administración, sino que por la relevancia que pueda tener en alguna decisión del órgano correspondiente. (considerando 11°. Voto disidente de la decisión amparo C722-10, Consejo para la Transparencia). ix. Para el caso concreto, no es posible entregar la carpeta solicitada, por cuanto ésta contiene todos los antecedentes entregados por un grupo de trabajadores reunidos para el sólo efecto de negociar y la empresa Iron Mountain S.A.; el sindicato que requiere la información no ha sido parte en el proceso de negociación y los documentos ahí contenidos son esencialmente de carácter privado y que si bien obra en poder del Estado no ha sido fundamento de un acto ni de una resolución administrativa, por lo que no puede ser alcanzado por el principio de publicidad de la información. x. A mayor abundamiento, la decisión adoptada por su representada se debe a un estudio íntegro de los antecedentes solicitados a los fundamentos presentados para su requerimiento y a las oposiciones de los terceros involucrados y a quienes, a su juicio, la documentación requerida puede, conforme lo establece el artículo 21 de la Ley de Transparencia, afectar la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que la solicitud de información que dio lugar a la interposición del presente amparo está referida a los antecedentes obrantes en poder del órgano reclamado y que constan en la carpeta N° 44, sobre el procedimiento de negociación colectiva llevado a cabo durante el año 2007 entre la empresa Iron Mountain S.A. y un determinado grupo de trabajadores de dicha empresa unidos para el sólo efecto de negociar colectivamente con dicha empresa. 2) Que, previamente y a efectos de analizar dicho requerimiento, debe tenerse presente el marco normativo que regula el proceso de negociación colectiva, conformado por las siguientes disposiciones del Código del Trabajo, a saber: a) El artículo 303, inciso 1° del Código del Trabajo define negociación colectiva como “…el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos siguientes”. b) El artículo 314 bis del mismo cuerpo normativo establece normas mínimas de procedimiento para la negociación colectiva en el que una de las partes sea un grupo de trabajadores que se haya unido para negociar, las que son las siguientes: i) Deberá tratarse de grupos de ocho o más trabajadores. ii) Los trabajadores serán representados por una comisión negociadora, de no menos de tres integrantes ni más de cinco, elegida por los involucrados en votación secreta celebrada ante un Inspector del Trabajo. iii) El empleador estará obligado a dar respuesta a la presentación hecha por los trabajadores dentro del plazo de 15 días. Si así no lo hiciere, se aplicará la multa prevista en el artículo 506 del Código del Trabajo. iv) La aprobación de la propuesta final del empleador deberá ser prestada por los trabajadores involucrados en votación secreta celebrada ante un Inspector del Trabajo. c) De acuerdo al artículo 314 bis C del Código del Trabajo, este tipo de negociaciones no estarán sujetas a las normas procesales que rigen a las negociaciones colectivas regladas, ni darán derechos, prerrogativas ni las obligaciones que éstas generan. Asimismo, el instrumento que se suscriba recibirá el nombre de convenio colectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 351 del Código del Trabajo. d) Por su parte, el artículo 351, inciso primero, del mismo cuerpo legal, define convenio colectivo como convenio aquel “…suscrito entre uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para tal efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin sujeción a las normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni a los derechos, prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento”. e) El artículo 315 dispone que la negociación colectiva se iniciará con la presentación de un proyecto de contrato colectivo por parte del grupo de trabajadores, circunstancia que deberá ser comunicada a los trabajadores de la empresa de que se trate por parte del empleador, de acuerdo a la norma prevista en el artículo 320. Copia del proyecto aludido presentado por los trabajadores, firmada por el empleador, deberá ser entregada a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a su presentación. f) De acuerdo a lo previsto en el artículo 325 del Código del Trabajo, el proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones: i) Las partes a quienes haya de involucrar la negociación, acompañándose una nómina de los socios del sindicato o de los miembros del grupo comprendidos en la negociación. En el caso previsto en el artículo 323, deberá acompañarse además la nómina y rúbrica de los trabajadores adherentes a la presentación; ii) Las cláusulas que se proponen; iii) El plazo de vigencia del contrato, y iv) La individualización de los integrantes de la comisión negociadora. Además, deberá consignarse en él la firma o impresión digital de todos los trabajadores involucrados en la negociación cuando se trate de trabajadores que se unen para el solo efecto de negociar. En todo caso, deberá también ser firmado por los miembros de la comisión negociadora. El empleador debe dar respuesta al proyecto de la forma y dentro del plazo fijado en el artículo 329 del Código del Trabajo, el que podrá prorrogarse de común acuerdo por las partes. Copia de la misma, firmada por uno de los miembros de la comisión negociadora, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 330. En esta respuesta el empleador podrá formular las observaciones que le merezca el proyecto y deberá pronunciarse sobre todas las proposiciones de los trabajadores así como señalar el fundamento de su respuesta. Además, deberá acompañar los antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas y demás pertinentes que invoque, siendo obligatorio como mínimo adjuntar copia de los documentos señalados en el inciso quinto del artículo 315, esto es, los balances de los dos años inmediatamente anteriores, salvo que la empresa tuviere una existencia menor, en cuyo caso la obligación se reducirá al tiempo de existencia de ella; la información financiera necesaria para la confección del proyecto referida a los meses del año en ejercicio y los costos globales de mano de obra del mismo período. Asimismo, el empleador deberá entregar la información pertinente que incida en la política futura de inversiones de la empresa, siempre que no sea considerada por aquél como confidencial. Recibida la respuesta, la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por no ajustarse al Código del Trabajo. Dicha reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días contados desde la recepción de la respuesta, la que tendrá igual plazo para pronunciarse, todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 331 del Código del Trabajo. 3) Que, establecido el marco normativo aplicable al caso planteado, es preciso señalar que la carpeta N° 44, sobre el procedimiento de negociación colectiva aludido en la solicitud de acceso, obra en poder de la Inspección del Trabajo reclamada, en cumplimiento de su “…obligación de velar porque el proceso de negociación colectiva se lleve a efecto dentro del marco legal establecido removiendo todo obstáculo que pudiere afectar su normal desarrollo”1, de acuerdo a las normas indicadas en el considerando anterior. De lo anterior se sigue que tal información está cubierta por la presunción de publicidad planteada en el artículo 5° de la Ley de Transparencia en orden a estimar pública “…toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”. Así, se procederá analizar si a su respecto concurre una causal de reserva de aquellas previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, específicamente la de su numeral 2, esto es, si su divulgación afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. 4) Que, para realizar el análisis con miras a determinar la afectación de algún derecho de las partes involucradas en el proceso de negociación colectiva, este Consejo procedió a examinar los documentos que obran en la carpeta requerida, tras lo cual pudo establecer que está conformada, en términos generales, por la siguiente información: a) Presentaciones efectuadas por el grupo de trabajadores unidos para negociar ante la Inspección del Trabajo reclamada, referentes al proyecto de contrato colectivo, nómina de trabajadores adherentes (con nombre RUT y firma), designación de delegados, respuesta a objeciones de legalidad efectuadas al proyecto de convenio colectivo, entre otros antecedentes. b) Presentaciones realizadas por la empresa Iron Mountain S.A. referentes a objeciones previas de legalidad al proyecto de convenio colectivo; negativa a iniciar un proceso de negociación colectiva con un sindicato interempresa; sobre incidencia de cambios legislativos; comunicación en relación a la elección de delegadas sindicales; aviso a la Inspección del Trabajo acerca de la comunicación del proyecto de contrato colectivo a los trabajadores de la empresa; comunicación de la última oferta al proyecto de contrato colectivo; respuesta a la propuesta de contrato colectivo del grupo de trabajadores (que incluye balance general de la empresa de los años 2005 y 2006; estado de resultados y de flujo de efectivo, correspondientes a los mismos años; balance general y estado de resultados al 30 de abril de 2007). c) Presentaciones conjuntas de las partes de la negociación, como solicitud de prórroga del plazo para la negociación colectiva y depósito de instrumento colectivo afinado. d) Presentaciones de terceros distintos a las partes, como la solicitud de designación de ministro de fe para votación de última oferta del empleador efectuada por el Sindicato Interempresa de Trabajadores Metalúrgicos, de la Energía, Comunicación y Actividades Conexas; comunicación a la empresa involucrada sobre la designación de delegadas sindicales por parte del sindicato aludido; comunicación realizada por el sindicato a la Inspección del Trabajo reclamada en orden a aclarar que no había presentado proyecto de contrato colectivo a la empresa Iron Mountain S.A. e) Actuaciones y resoluciones de la Inspección del Trabajo, referentes a actas de notificaciones realizadas a las partes de la negociación colectiva; cumplimiento del artículo 381 del Código del Trabajo por parte del empleador en la realización de su última oferta; pronunciamiento sobre las objeciones de legalidad planteadas por la empresa y grupo de trabajadores involucrados en la negociación colectiva y constancias electrónicas de las actuaciones de las partes y terceros de respecto de la negociación colectiva. 5) Que, en primer término, cabe señalar que la información que obra en la carpeta requerida da cuenta del proceso de negociación colectiva desarrollado entre la empresa Iron Mountain S.A. y un grupo de trabajadores unidos para el sólo efecto de negociar, de modo que para determinar la existencia de una eventual afectación de alguno de los derechos de las personas jurídicas y naturales mencionadas, deben considerarse las especiales circunstancias que rodean la solicitud de información, determinadas, según los antecedentes que obran en la tramitación del amparo de la especie, por el inicio de un nuevo periodo de negociación colectiva entre dichos actores, como también por el hecho que en la negociación colectiva que consta en la carpeta requerida, el sindicato interempresa, cuyo representante es el reclamante, fue excluido de dicho proceso, y, por último, por la presión de que habrían sido objeto los trabajadores que intervinieron en la negociación en vista de la constitución de una nueva organización sindical al interior de la empresa, como consecuencia de desavenencias de diversa índole con el reclamante por parte de alguno de sus trabajadores que participaron en la negociación colectiva del año 2007. 6) Que, por otra parte, puede advertirse que de la documentación contenida en la carpeta solicitada queda de manifiesto la estrategia desplegada por las partes en el transcurso del proceso de negociación colectiva que desarrollaron en su oportunidad y de los márgenes de negociación que cada una estableció en dicho procedimiento, específicamente vinculados a derechos y obligaciones con contenido pecuniario y otros referidos, en general, a las condiciones laborales de ambas. 7) Que, en el caso de los trabajadores que integran el grupo de trabajadores unidos para el sólo efecto de negociar en el proceso de negociación colectiva realizado en el año 2007 en la empresa Iron Mountain S.A., este Consejo estima que la divulgación de la documentación mediante la cual se materializó tal negociación puede lesionar sus derechos de carácter económico en relación con el nuevo proceso negociador que recientemente se ha iniciado, por cuanto, otorga valiosos antecedentes que habilitarían al sindicato interempresa que representa el reclamante –excluido del proceso de negociación colectiva anterior– que pudieran ser empleados para interferir o entorpecer el proceso que debe llevarse a cabo nuevamente en la empresa aludida, cuestión que afectaría de un modo directo a la capacidad negociadora de dichos trabajadores, lo que, en definitiva, pondría seriamente en riesgo su posibilidad de mejorar sus condiciones laborales. 8) Que, por otra parte, en el caso de la empresa Iron Mountain S.A., este Consejo estima que tratándose de información íntimamente vinculada a la estrategia empleada en el proceso de negociación colectiva como también a su situación financiera y económica, máxime si tal información en su conjunto permite revelar los márgenes mínimos y máximos a que estuvo dispuesto a entregar en dicha oportunidad, ciertamente se configura una afectación de sus derechos comerciales con la divulgación de la misma, los que este Consejo está llamado a cautelar en esta sede, en ejercicio de sus atribuciones legales. 9) Que, de este modo, no advirtiéndose que este caso se encuentre comprometido un interés público en la revelación de la información requerida, este Consejo ha de rechazar el amparo de la especie, por afectar su publicidad derechos de las partes involucradas en la misma, según se señaló precedentemente, lo que, finalmente, impacta necesariamente en sus relaciones laborales y económicas futuras, las que se desarrollan, entre otros, a través de procedimientos e instrumentos propios del derecho colectivo del trabajo. Lo anterior, a excepción de lo que, a juicio de este Consejo, ocurre respecto a divulgación de la información que se señalará. 10) Que, resulta pertinente señalar que, a diferencia de lo razonado en las decisiones de los amparos C306-10 y C722-10, en que la información solicitada correspondía a información sobre cláusulas de un convenio colectivo y copia de los instrumentos colectivos depositados en una Inspección Comunal del Trabajo, respectivamente, y que este Consejo estableció la publicidad de tal información previo resguardo de la información sobre datos personales, tales como el nombre, domicilio y RUT de los trabajadores, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, en el caso de la especie, más allá de la debida reserva que debe efectuarse de los datos personales de las personas naturales a quienes se refiere la información, estima que la publicidad del conjunto de la información solicitada sí afecta directamente los derechos tanto de los trabajadores que participaron en el proceso de negociación colectiva, como de la empresa en calidad de empleador, de ahí que se resuelva su reserva absoluta, salvo en relación a los actos administrativos que se señalarán en el considerando que sigue. 11) Que, sin perjuicio de lo anterior, consta que las resoluciones N° 151 y 152, de 17 y 25 de julio de 2007, respectivamente, de la Inspección Comunal de Trabajo de Santiago Norte-Chacabuco forman parte de los antecedentes requeridos. Sin embargo, tales resoluciones constituyen pronunciamientos del organismo requerido en el marco del procedimiento administrativo especial2 que se inicia en por la Inspección del Trabajo, en ejercicio de atribución que le confiere el artículo 331 del Código del Trabajo. Mediante la primera resolución la Inspección del Trabajo se abstiene de pronunciarse, en tanto no se evacuara un informe de fiscalización sobre una cuestión de hecho manifestado por la comisión negociadora. Por su parte, mediante la resolución N° 152, la citada Inspección se pronuncia derechamente acerca de las objeciones de legalidad plateadas por los representantes del grupo de trabajadores a la respuesta de la empresa al proyecto de contrato colectivo de trabajo, rechazándolas. De esta forma, al tratarse de actos administrativos emitidos por un organismo público en ejercicio de sus funciones, tal información ha de estimarse pública, de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, sin que se advierta a su respecto la concurrencia de algunas de las causales de reserva prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, de modo que se acogerá el presente amparo a su respecto y se requerirá la entrega de copia de tales actos administrativos. 12) Que, por todo lo anterior, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo, y requerirá la entrega de las resoluciones aludidas en el considerando anterior, estableciéndose el carácter reservado de restante documentación que conforma la carpeta N° 44 requerida. 13) Que, por último, en relación a la solicitud de información que el grupo de trabajadores, en su presentación que en calidad de tercero efectuara ante este Consejo, cabe señalar que no corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre la misma, por cuanto dicho requerimiento no se encuentra comprendido en el presente amparo, presentado por don Juan Arcos Ortiz respecto de su previa solicitud de información. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el presente amparo, deducido por don José Ortiz Arcos, en representación del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores Metalúrgicos, Comunicaciones, Energía y Actividades Conexas, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte Chacabuco, por las consideraciones antes expuestas. II. Requerir a la Sra. Inspectora Comunal del Trabajo de Santiago Norte - Chacabuco que: a) Entregue al reclamante copia de las Resoluciones N° 151 y 152, de 17 y 25 de julio de 2007, respectivamente, de la Inspección Comunal de Trabajo de Santiago Norte-Chacabuco. b) Cumpla el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia c) Informe el cumplimiento de este requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión. III. Rechazar el presente amparo en relación a la restante documentación que se encuentra contenida en la carpeta N° 44, requerida en la especie. IV. Encomendar al Director General de este Consejo que notifique la presente decisión a don José Ortiz Arcos, don Patricio Muñoz Hoffman, doña Nora Aguirre Castro y don Claudio Griffin Troncoso, en representación del Sindicato Interempresa de Trabajadores Metalúrgicos, Comunicaciones, Energía y Actividades Conexas; al grupo de trabajadores reunidos para negociar colectivamente; al representante de la empresa Iron Mountain S.A. y la Sra. Inspectora Comunal del Trabajo de Santiago Norte-Chacabuco. La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, quien está por acoger parcialmente el presente amparo, y sólo disponer la entrega de las resoluciones emanadas de la Inspección del Trabajo respectiva, referidas en el literal a) del resuelvo II. de esta decisión, por las siguientes razones: 1) Que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover sus derechos fundamentales, como lo señalan expresamente los artículos 1 inciso 3° y 5 inciso 2° de la Constitución. En consecuencia, la interpretación del artículo 8 de la Constitución debe armonizarse con las demás normas y principios del Código Político, particularmente con el artículo 19, numerales 4, 5, 21 y 24. Con mayor razón, la interpretación del artículo 5 de la Ley de Transparencia, en lo que excede el texto expreso del artículo 8 de la Constitución, específicamente la referencia a que es pública toda información que obre en poder de los órganos de la Administración, no debe ser interpretada de forma aislada sino que ponderando el principio de publicidad con los derechos que la propia Constitución establece. El Tribunal Constitucional estableció este criterio de interpretación ya en su sentencia Rol N°33, considerando 19, y lo ha reafirmado constantemente en fallos posteriores. 2) Que de ello se sigue que el principio de publicidad no es un absoluto que pueda imponerse por sí solo por encima de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es necesario siempre efectuar una ponderación concreta de los derechos en actual o potencial colisión, y resolverla en términos racionales, justos y adecuados, conciliando los fines del Estado, el principio de servicialidad y la promoción y respeto de los derechos fundamentales. 3) Que la información pública, por regla general y conforme a dichos preceptos constitucionales y legales, es de acceso público, salvo que excepcionalmente y por disponerlo así una ley de quórum calificado quede amparada por alguna causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 8 de la Constitución. En cambio, la información de carácter privado está, en principio, excluida del conocimiento de terceros porque forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares que el Estado está llamado a respetar y proteger. 4) Que, por otra parte, los principios de supremacía constitucional y de deferencia hacia el legislador, imponen a quien aplica las normas optar por una alternativa de interpretación sistemática del ordenamiento jurídico que armonice y haga consistentes los preceptos legales con lo dispuesto en las normas constitucionales, en este caso en particular el artículo 5 de la Ley de Transparencia con el artículo 8 de la Carta Fundamental. 5) Que, por ende, la recolección de información de carácter privado que los órganos de la Administración del Estado realizan para poder ejercer sus potestades públicas no puede interpretarse de un modo que sea menos protector de los derechos de privacidad que la Constitución asegura a todas las personas en su artículo 19 N°4 y 5. En consecuencia, la información privada que los particulares están obligados a entregar a los órganos de la Administración no pierde esa naturaleza por el sólo hecho de que ésta obre en poder del Estado, pues ello equivaldría a asignarle a esa entrega la capacidad jurídica de alterar la real naturaleza de la información, deviniendo ésta de privada en pública por un mero cambio en su tenedor y, adicionalmente, haciendo perder a los titulares de esa información privada el núcleo esencial de su derecho a la privacidad y propiedad, contraviniendo de esta forma la garantía que afirma el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución. 6) Que el objetivo de las normas constitucionales y legales de transparencia no es permitir la divulgación a terceros de información de origen y naturaleza privada que obra en poder del Estado sólo porque los particulares deben suministrarla a diversos entes públicos con el fin de que lleven ciertos registros o ejerzan diversas potestades públicas. Por el contrario, el objetivo de las normas señaladas es promover la probidad y la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios del Estado, asegurar que los órganos de la Administración estén abiertos al escrutinio público y posibilitar la participación y el control social de los ciudadanos. A juicio de este disidente, esta es la interpretación adecuada desde una perspectiva finalista. 7) Que, en tal sentido, la finalidad de brindar más transparencia y de velar por la probidad en el proceso administrativo, no implica que la información privada que es recolectada por la Administración pueda ser utilizada y divulgada de cualquier forma, ni tampoco íntegramente si se refiere o contempla datos personales, cuando su publicidad no tiene como efecto satisfacer la protección del mencionado principio de probidad administrativa. 8) Que la información entregada por particulares a la Administración debe ser resguardada por ésta, no calificada como información pública por ese solo hecho y, excepcionalmente, puede divulgarla si existe un interés público suficiente atendidas las circunstancias del caso concreto. Ese interés público no está dado por el hecho de que la información se encuentre en poder de la Administración, sino por la relevancia que pueda tener en alguna decisión del órgano correspondiente. La Corte de Apelaciones de Santiago se ha pronunciado en este sentido en sus fallos Rol 943-2010, considerando 8º, y Rol 950-2010, considerando 10. 9) Que, en consecuencia, no se aplica, sin más, el principio de publicidad contemplado en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución, cuando se trata de información privada que ha sido proporcionada al Estado por particulares y, por ende, respecto de ella no procede amparar el ejercicio del derecho de acceso a la información contemplado en la Ley de Transparencia, pues debe resguardarse su privacidad, salvo que su titular consienta en revelarla, que la ley disponga expresamente su divulgación o que esa información privada que obra en poder del Estado conste en un documento que sirva de sustento o complemento directo y esencial de un acto o resolución administrativa, es decir, cuando haya servido o constituya el fundamento mismo de ese acto o resolución estatal y, aún en este caso, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N°19.628, sobre protección de datos personales. 10) Que, en el caso sub lite, por una parte, los antecedentes que constan en la carpeta N° 44, en poder de la Inspección reclamada, referidos al procedimiento de negociación colectiva desarrollado entre la empresa Iron Mountain S.A. y un grupo de trabajadores de dicha empresa reunidos al efecto, con la salvedad de las resoluciones N° 151 y N° 152, ambas de 2007, constituyen antecedentes que quedan amparados por la autonomía que la Constitución reconoce a los cuerpos intermedios para cumplir sus propios fines específicos como entidad privada, conforme a lo establecido en su artículo 1, inciso 2°. En efecto, se trata de información de carácter privado por antonomasia que obra en poder del Estado, y sólo para los efectos de que el órgano de la Administración, en calidad de mero depositario de la información que en este proceso se entregue por las partes negociadoras, tome conocimiento de la celebración del contrato colectivo y vele por el cumplimiento de la normativa laboral vigente. 11) Que, en consecuencia, las cláusulas del proyecto del contrato colectivo, la respuesta dada por el grupo de trabajadores respecto de éste, la última oferta realizada por la empresa, las cláusulas del contrato colectivo afinado, como las diversas presentaciones efectuadas por la empresa, por los trabajadores y por terceros diversos a las partes involucradas en la negociación, no constituyen el fundamento de un acto ni de una resolución administrativa, por lo que no pueden ser alcanzadas por el principio de publicidad que la Constitución y la Ley de Transparencia imponen a la información pública. No existe ningún interés público en conocer el contenido de la información, sino que éste se circunscribe exclusivamente a conocer el hecho de que esta información se haya entregado oportunamente para asegurar el buen desenvolvimiento del proceso de negociación colectiva y posibilitar que el órgano de la Administración fiscalice su cumplimiento. 12) Que, por otra parte, la identidad de los trabajadores agrupados para el solo efecto de negociar colectivamente con la empresa Iron Mountain S.A. constituyen datos personales que obran en poder del Estado y que, por disposición de la Ley N°19.628, de Protección de la Vida Privada, sólo pueden ser divulgados por mandato de una ley o previa autorización expresa de sus titulares, debiendo utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que hayan provenido de fuentes accesibles al público. En el caso sub lite no se verifica ninguna de estas circunstancias que autorizarían su tratamiento. Por otra parte, a juicio de este disidente, no se observa en este caso concreto la concurrencia de un interés público preponderante que prevalezca sobre el interés individual de los titulares de los datos de mantenerlos en reserva y que permita levantar dicha protección para proceder a divulgarlos. 13) Que, en consecuencia, la información relativa a la identidad de estos trabajadores debe ser amparada por las disposiciones de la Ley N°19.628, aplicándose la reserva contenida en su artículo 7, por constituir datos personales y no provenir o haber sido recolectados de fuentes accesibles al público, ni tampoco concurrir consentimiento expreso de sus titulares para su revelación. Es decir, prima la protección de la privacidad, pues este Consejo está obligado a velar por el cumplimiento de la Ley N°19.628 en los organismos de la Administración del Estado en virtud del artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Alejandro Ferreiro Yazigi. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.