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DECISIÓN AMPARO ROL C1859-17</p>
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Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)</p>
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Requirente: Juan Patricio Poblete Poulsen</p>
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Ingreso Consejo: 31.05.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 826 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1859-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de mayo de 2017, don Juan Patricio Poblete Poulsen solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII), por medio de los requerimientos folios N° AE006W50012465, AE006W50012466, AE006W50012467 y AE006W50012468 "enviar la Foja, Número y Año de la última inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de las siguientes propiedades correspondientes a la comuna de Puerto Octay (...): 153-2 153-4 153-8 153-9 153-10 153-12 153-14 153-15 153-16 153-17 153-18 153-19 153-20 153-21 153-22 153-23 153-24 153-26 153-27 153-28 153-29 153-32 153-35 153-37 153-38 153-39 153-42 153-43 153-44 153-46 153-47 153-48 153-49 153-51 153-52 153-54 153-55 153-57 153-58 153-59 153-60 153-61 153-62 153-63 153-64 153-65 153-74 154-1 154-2 154-3 154-5 154-6 154-8 154-9 154-10 154-14 154-15 154-17 154-18 154-19 154-22 154-23 154-24 154-25 154-26 154-27 154-28 154-29 154-30 154-33 154-35 154-36 154-37 154-39 154-40 154-41 154-42 154-43 154-44 154-45 154-46 154-47 154-48 154-62 154-63 154-64 154-65 154-69 154-70 154-71 154-73 154-75 154-78 155-1 155-2 155-3 155-4 155-6 155-7 155-9 155-10 155-11 156-1 156-2 156-3 156-4 156-6 156-7 156-8 156-9 156-11 156-12 156-13 156-14 156-15 156-16 156-17 156-18 156-19 160-8 160-12 160-14 160-16 160-18 160-19 160-21 160-22 160-23 160-25 160-26 160-28 160-29 160-30 160-31 160-32 160-34 160-36 160-38 160-42 160-45 160-48 160-49 160-70 160-71 160-72 160-74 160-75 160-76 160-77 160-78 160-79 160-80 160-82 160-83 160-88 160-91 160-94 161-24 161-38 161-40 161-57 161-60 161-122 161-194 161-195 161-213 162-13 16 162-16 162-17 162-18 162-21 162-23 162-24 162-27 162-40 162-42 162-65 162-66 162-67 162-68 162-86."</p>
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2) RESPUESTA: El 25 de mayo de 2017, mediante Res. Ex. Nro.: ÑTNot 0012468, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, que dentro de sus labores fiscalizadoras no recopila información sobre inscripción de bienes, por tratarse de una materia propia del Conservador de Bienes Raíces respectivo a la ubicación de los inmuebles señalados; por lo tanto, se declaró incompetente para otorgar acceso a la información solicitada, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 20.285.</p>
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3) AMPARO: El 31 de mayo de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Agrega, que fue el Conservador de Bienes Raíces de Osorno quien lo remitió al Servicio de Impuestos Internos para que le informasen sobre los datos requeridos y, que de ser necesario, puede aportar los nombres de las propietarios de los roles.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, y mediante Oficio N° E1344, de 12 de junio de 2017, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.</p>
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Mediante escrito ingresado ante este Consejo con fecha 28 de junio de 2017, el órgano remitió sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta y agregando, en síntesis, que el reclamo adolece de un vicio de admisibilidad, en los términos dispuestos en el artículos 24 de la Ley de Transparencia, por cuanto dicha disposición establece dos presupuestos que han procedente el ejercicio de esta acción cautelar. En tal contexto, sostiene que la respuesta a la petición se evacuó dentro del plazo legal, y tampoco se denegó la información atendido la incompetencia declarada.</p>
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Ahora bien, en cuanto al contenido de la información solicitada, agrega, en resumen, que respecto a los bienes inmuebles el Servicio solo cuenta con la información proporcionada por los propios contribuyentes y no con un registro o estadística completa de todos los inmuebles del país o de una comuna en particular -como en el caso de Puerto Octay-, menos aún con la precisión y desglose por conceptos en la forma solicitada por fojas, número y año de la última inscripción, ello precisamente por no ser el organismo competente de llevar dicho registro, no encontrándose legalmente obligado a ello. Luego, la realización de un estudio con información que no le les propia, implicaría la distracción indebida de funciones de un número importante de funcionarios especializados, de acuerdo a lo establecido en la letra c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, más le resulta imposible considerando que no cuenta con la información en la forma solicitada, puesto que por ejemplo, según lo establecido en la Circular N° 10 del 19 de febrero de 2004 , la transferencias de bienes raíces que correspondan a expropiaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, Municipalidades u otros organismos fiscales, cuyo destino sea constituirse en un bien nacional de uso público, no deberán ser informadas al SII.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, lo solicitado corresponde a la foja, número y año de la última inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de las propiedades cuyos roles se detallan, de la comuna de Puerto Octay. Al respecto, el órgano negó la información pedida atendida su incompetencia para pronunciarse sobre la misma. Luego, el amparo se funda en la respuesta negativa al requerimiento.</p>
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2) Que, previo a resolver el fondo, respecto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por la reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación.</p>
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3) Que, ahora bien, en cuanto al fondo de la controversia, es menester señalar que respecto de una solicitud de acceso referida a la misma materia este Consejo adoptó la decisión rol C1361-15 cuyo razonamiento se seguirá en la presente decisión.</p>
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4) Que, tal como se señala en la citada decisión, cabe tener presente que la información contenida en las escrituras de enajenación de bienes raíces y su respectiva inscripción relativa a los antecedentes anotados en el Registro de Propiedad, es vertida en el formulario N° 2.890 por el Notario y el Conservador respectivos, remitiéndola al SII mediante el formulario N° 2.895, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y en la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004 del SII, sin perjuicio de las exclusiones que la misma contempla. De ello se desprende que en principio la información pedida obra en poder del SII, con la finalidad de que dicho organismo pueda ejercer las potestades que le encomienda la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, que establece un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos. Lo anterior no obsta a que sea el Conservador de Bienes Raíces quien tenga la potestad de otorgar certificados de inscripción de dominio vigente conforme con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.</p>
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5) Que la ley N° 19.628 define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar.</p>
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6) Que, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación. En este sentido, conviene tener presente a título ejemplar, que en el caso español, la Ley Orgánica de Protección de Datos enumera taxativamente qué fuentes tienen la característica de ser accesibles al público, para luego señalar en su reglamento que para que puedan considerarse como tales "será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación". Es decir, en el derecho español las fuentes accesibles al público están sujetas a un doble requisito, primero, son única y exclusivamente las que constan en la lista tasada que señala la norma respectiva y, segundo, son consideradas tales en cuanto su consulta pueda ser realizada por cualquier persona sin que se lo impida una norma limitativa. En el caso de obtener datos personales de cualquier otra fuente de información, el responsable del fichero siempre debe obtener el consentimiento previo de su titular.</p>
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7) Que, en el caso en análisis, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público como son los registros llevados por el Conservador de Bienes Raíces cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N°19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628.</p>
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8) Que, no obstante ser instrumentos públicos, los certificados de avalúo, de dominio, de hipotecas y gravámenes se entregan en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el RUT, rol de avalúo o domicilio, las fojas, número y año de inscripción en determinado registro y Conservador, para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan.</p>
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9) Que, en consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos administrados por diversos servicios, y a ese régimen debe estarse. De tal forma que el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en ellos y obviar, de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra.</p>
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10) Que, por ende, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, en consecuencia, a ellos debe aplicárseles el principio de finalidad consagrado en el artículo 9° de la citada ley N° 19.628, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo en los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, el único propósito que tienen los datos privados de los contribuyentes que el SII posee o que se le proporcionan, es determinar, liquidar y girar, cuando procediere, los impuestos que establece la ley y la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, tal como lo señalan los artículos 60 y siguientes del Código Tributario y la ley N° 17.235 sobre impuesto territorial, sin que existan otras normas que lo autoricen para aplicar esta información a otros propósitos, razón por la cual debe darse aplicación al principio de finalidad ya señalado.</p>
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11) Que, conforme con lo razonado precedentemente, la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en estos registros públicos y, en consecuencia, corresponde el rechazo del amparo en análisis.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Patricio Poblete Poulsen, en contra del Servicio de Impuestos Internos, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, todo en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Patricio Poblete Poulsen y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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