Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1925-17

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Reclamante:	RODRIGO PENROZ VERGARA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Maipú, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia de los contratos suscritos entre esta entidad y mi persona Rodrigo Javier Penroz Vergara. C.N.I. (...), desde el año 2012 a la fecha de esta solicitud, junto con los respectivos decretos alcaldicios aprobatorios de estos contratos". El Consejo acoge el amparo toda vez que se trata de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se alego su inexistencia y se rechazo las causales de reserva invocadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/3/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1566-17 C1864-17 C1865-17
Jurisprudencia a:	C6177-19 C213-20 C268-20 C4312-18 C161-20 C269-20 C307-20 C345-20 C5387-20 C5382-20
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Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C1925-17 Entidad pública: Municipalidad de Maipú. Requirente: Rodrigo Penroz Vergara. Ingreso Consejo: 06.06.2017 En sesión ordinaria N° 819 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1925-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de abril de 2017, don Rodrigo Penroz Vergara solicitó a la Municipalidad de Maipú, en adelante e indistintamente, la Municipalidad o el municipio, la siguiente información: "copia de los contratos suscritos entre esta entidad y mi persona Rodrigo Javier Penroz Vergara. C.N.I. (...), desde el año 2012 a la fecha de esta solicitud, junto con los respectivos decretos alcaldicios aprobatorios de estos contratos". 2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 12 de mayo de 2017, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, mediante Resolución N° 584/2017, de fecha 26 de mayo de 2017, el municipio otorgó respuesta a la solicitud de información, denegando la entrega de los antecedentes requeridos, fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°1, letras a) y c), de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, que "actualmente existe una causa pendiente ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, seguida bajo la causa ROL N° O-2763-2017, en la cual se encuentra fijada una audiencia preparatoria para el día 21 de junio de 2017" y que "al existir una relación directa entre la gestión pendiente seguida ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y los documentos solicitados, se debe denegar la entrega de información en razón de que los documentos solicitados contienen los argumentos y parte de la estrategia judicial que va a ser utilizada durante el juicio por parte de nuestro equipo jurídico, por lo que entregar la información deja en un estado de absoluta indefensión a esta Municipalidad en razón de que se estaría entregando la estrategia a utilizar antes de que termine la etapa probatoria del juicio". Acto seguido, informó que "de la información solicitada, la correspondiente al año 2013, 2014 y 2015 no se encuentra digitalizada por parte de esta Municipalidad, por lo que entregarla implica realizar una búsqueda de los documentos en distintas bodegas donde se contiene la información, la cual se encuentra guardada en diferentes cajas entre papeles de más de 2.000 personas por cada año, por lo que buscar dicha información implica necesariamente que los funcionarios se distraigan indebidamente de sus funciones habituales y propias de esta Municipalidad". 3) AMPARO: El 6 de junio de 2017, don Rodrigo Penroz Vergara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "la información solicitada, dice relación con los contratos de trabajo que nos vinculó por más de 5 años y sus correspondientes decretos aprobatorios, copias que obraron en mi poder, pero por distintas razones, sumado al paso del tiempo, ya no poseo y que, en el contexto (judicial) que hoy nos vincula con el municipio, en contra del cual se recurre, es que solicito la información. Que mal podría considerarse documentos que son parte de la estrategia o defensa del municipio por cuanto son documentos cuya información yo ya conozco, no obstante requerir en su oportunidad la materialidad de ellos". 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E1409, de fecha 13 de junio de 2017, confirió traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Mediante Of. N° 75, de fecha 7 de julio de 2017, el municipio evacuó sus observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta al solicitante, y denegando la entrega de la información solicitada, fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°1, letras a) y c), de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Municipalidad de Maipú, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a los contratos suscritos entre el propio solicitante y el municipio reclamado, junto con los respectivos decretos aprobatorios de dichos contratos. Al respecto, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letras a) y c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, en segundo lugar, respecto a la alegación del órgano, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo 21 N° 1, letra a), dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 7, letra a), entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico". 4) Que, según la jurisprudencia de este Consejo, el hecho de existir un juicio pendiente no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de dicho procedimiento judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado. En ese contexto, el municipio de Maipú no señaló detallada y fundadamente, ni ha demostrado en grado alguno, la forma en que la entrega de los documentos o antecedentes requeridos, pudieran afectar la estrategia jurídica o la defensa judicial del órgano, frente a la tramitación de la demanda laboral interpuesta por el reclamante, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Respecto de la causal invocada por el órgano para no entregar la información, este Consejo ha estimado que debe distinguirse entre aquellos documentos relativos a la estrategia jurídica del órgano reclamado (tales como minutas internas, informes técnicos, el expediente interno relativo al litigio, entre otros) y aquéllos que sólo constituyen medios de prueba anexos. La letra a) del numeral 1° del artículo 7° del Reglamento de la Ley se refiere precisamente al primer caso, esto es, a documentos que son parte de la estrategia de defensa, mas no a aquellos que se utilizarán meramente como medios de prueba accesorios por cualquiera de las partes en un litigio pendiente, menos aún si se trata de instrumentos de carácter público que ya obraron en poder del solicitante, como son, los respectivos contratos y sus decretos aprobatorios. 5) Que, asimismo, cabe tener presente que lo requerido se refiere a información respecto del propio solicitante, en su calidad de funcionario contratado a Honorarios, como aparece publicado en la página web de Transparencia Activa del municipio, y que el motivo del libelo es, principalmente, la naturaleza jurídica de la vinculación laboral y, en base a ello, la cantidad de montos adeudados, y no la efectividad o existencia de una relación laboral con el solicitante. A mayor abundamiento, resulta pertinente señalar que, a esta fecha, ya se efectuó la Audiencia Preparatoria en la causa laboral indicada por el municipio, por lo que no resulta plausible sostener que, efectivamente, exista una estrategia judicial que pudiera verse afectada por la entrega de los antecedentes requeridos. En consecuencia, este rechazará dicha alegación. 6) Que, en tercer lugar, según lo razonado en la decisión del amparo rol C1566-17, C1864-17 y C1865-17, respecto de la alegación del órgano, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que dicha norma, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera" y que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 7) Que, en la especie, si bien el municipio ha señalado de manera aproximada, la cantidad de información a revisar y la forma en que se encuentra almacenada, para este Consejo, dicha denegación no reúne la suficiente especificidad que permita justificar la reserva de la información. Al respecto, cabe tener presente que lo requerido se encuentra suficientemente detallado, y no constituye un requerimiento de carácter genérico, por cuanto se refiere específicamente, a los contratos y los respectivos decretos aprobatorios, respecto de un solo funcionario -el reclamante-, motivo por el cual no resulta plausible la justificación del órgano, que se sustenta en cifras generales. En efecto, resulta plausible sostener que bastaría con revisar la carpeta de personal del solicitante para encontrar en ella las copias de sus contratos, decretos, entre otros antecedentes. Asimismo, resulta pertinente señalar que, en ningún caso, la deficiente o indebida gestión documental por parte de un órgano, respecto de los documentos de sus propios funcionarios, puede justificar la denegación al derecho de acceso a la información pública. En consecuencia, este Consejo, igualmente, rechazará dicha alegación. 8) Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se ha alegado su inexistencia, habiéndose rechazado la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letras a) y c), de la Ley de Transparencia, invocadas por el órgano para denegar la entrega de la información pedida, y no habiéndose alegado otras causales de secreto que ponderar, este Consejo, en definitiva, procederá a acoger el presente amparo, ordenando a la Municipalidad de Maipú entregar la información solicitada. 9) Que, no obstante lo resuelto en los considerandos anteriores, y en base a la respuesta evacuada por el órgano, en orden a señalar que la información requerida se encuentra en diversos lugares, cabe hacer presente que una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, debiera tener, entre otras finalidades, la de garantizar y materializar el derecho de acceso de los ciudadanos a dicha información. Por ello, resulta relevante, tanto para este Consejo, como para el solicitante, que la Municipalidad logre adecuar, mejorar y optimizar los sistemas de gestión documental y de gestión informática, que implemente o que haya implementado el órgano, respecto de la documentación que contiene la información solicitada, especialmente la que se refiere a sus propios funcionarios, en virtud del cual se permita un control ciudadano más eficiente, facilitando el acceso a dicha información, por cuanto la falta de una política integral de automatización de los documentos internos, no debiese justificar la imposibilidad de entrega de la información requerida, lo que será recomendado en lo resolutivo de esta decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Rodrigo Penroz Vergara en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de los contratos suscritos entre la Ilustre Municipalidad de Maipú y don Rodrigo Penroz Vergara, entre el 2012 y el 2017, y los respectivos decretos alcaldicios aprobatorios de dichos contratos. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Recomendar a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, que adecúe y optimice sus sistemas tanto de gestión documental, como de gestión informática, en virtud del cual se permita un control ciudadano más eficiente, facilitando el acceso a dicha información y al ejercicio de los derechos y principios consagrados en la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Penroz Vergara y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.