Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1957-17

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Reclamante:	ALEJANDRO ARANCIBIA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Quilpué, fundado en que la información entregada se encuentra incompleta referente a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias con personalidad jurídica acreditadas ante el municipio, la siguiente información: Listado con los nombres del presidente, secretario y tesorero, más sus fonos de contacto (tanto fijos como móviles) y sus correos electrónicos. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/3/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2847-15
Jurisprudencia a:	C6811-21 C7771-20 C2690-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Elaboración de información >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros; Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C1957-17 Entidad pública: Municipalidad de Quilpué Requirente: Alejandro Arancibia Ingreso Consejo: 07.06.2017 En sesión ordinaria N° 819 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1957-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de abril de 2017, don Alejandro Arancibia solicitó a la Municipalidad de Quilpué respecto de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias con personalidad jurídica acreditadas ante el municipio, la siguiente información: Listado con los nombres del presidente, secretario y tesorero, más sus fonos de contacto (tanto fijos como móviles) y sus correos electrónicos. 2) RESPUESTA: El 31 de mayo de 2017 la Municipalidad de Quilpué respondió a dicho requerimiento de información mediante ordinario 475/2017, de esa fecha, accediendo a la entrega de la información pedida. 3) AMPARO: El 07 de junio de 2017, don Alejandro Arancibia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada se encuentra incompleta. Además, el reclamante hizo presente que no se entregó información respecto de los teléfonos de contacto y correos electrónicos pedidos. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E1471, de 20 de junio de 2017, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué. Mediante ordinario N° 574/2017, de 30 de junio de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que: En cuanto a la materia reclamada señala que en atención a lo dispuesto en el artículo N° 7 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada la información fue proporcionada por cada uno de los dirigentes al municipio para su tratamiento al interior del servicio y no para difusión pública, por tanto, se deniega esta información por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por su parte, resulta imposible aplicar el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido que la municipalidad cuenta con total de 841 organizaciones funcionales y 116 organizaciones territoriales y la suma de sus presidentes, tesoreros y secretarios totaliza aproximadamente 2.871 personas, por lo que su notificación distraería el quehacer habitual de la unidad municipal de oficina de partes que cuenta con sólo 2 funcionarios y generaría un costo imprevisto para el servicio de aproximadamente $ 2.497.770, lo cual contraviene el artículo 17 de la ley N° 20.285, dado que produciría un gasto desproporcionado en relación al presupuesto destinado para esos fines. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se circunscribe al listado de los teléfonos de contactos (tanto fijos como móviles) y correos electrónicos de los presidentes, secretarios y tesoreros, de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias con personalidad jurídica acreditadas ante el municipio. Al efecto el órgano reclamado en los descargos evacuados en esta sede, señaló que en atención a lo dispuesto en el artículo N° 7 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada esta información fue proporcionada por cada uno de los dirigentes al municipio para su tratamiento al interior del servicio y no para difusión pública, resultando imposible proceder a la notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido que la municipalidad cuenta con un total de 841 organizaciones funcionales y 116 organizaciones territoriales y la suma de sus presidentes, tesoreros y secretarios totaliza aproximadamente 2.871 personas, sin que cuente con recursos humanos ni materiales para proceder a darles traslado. En consecuencia se deniega la información reclamada por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, sobre el particular se debe tener presente que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 6° del decreto supremo N° 58, de 1997, de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, "Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas.". Agrega el inciso 2° que "De igual modo, las municipalidades llevarán un registro público de las directivas de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, como, asimismo, de la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento.". Adicionalmente, cabe señalar que los estatutos de las organizaciones comunitarias deberán contener, a lo menos, el nombre y domicilio de la organización, en virtud del artículo 10 letra a) del citado cuerpo legal. 3) Que, según se desprende de la normativa precedentemente señalada, si bien las municipalidades están obligadas a mantener un registro público de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, donde deberá constar la constitución, modificaciones estatutarias y disolución de las mismas, como asimismo, el nombre de la organización, de sus directivas, y la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento, sin embargo, los teléfonos y correos electrónicos, sea de las entidades o de sus representantes legales, no constituye un requisito legal que deban mantener a disposición del público. 4) Que, a mayor abundamiento, respecto a los datos de contacto privados, como son los teléfonos y correos electrónicos particulares de los miembros de las organizaciones sociales, se debe hacer presente que este Consejo, ha sostenido en las decisiones de amparo A252-09 y C2847-15, entre otras, que dichos datos, por una parte, constituyen un dato personal de su titular, para cuya comunicación conforme al artículo 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, el órgano requeriría de la autorización de su titular, y por otra parte, no corresponden a un dato que por imperativo legal deben poseer las municipalidades en esta materia. En razón de lo señalado, este Consejo, procederá a rechazar el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Alejandro Arancibia, en contra de la Municipalidad de Quilpué, por concurrir la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Arancibia y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.