Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2264-17

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Reclamante:	VICTORIA FORNES SIERRA
Reclamado:	SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Cooperación Técnica, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al "listado completo a nivel nacional de almacenes con - nombre de propietario - rut del propietario - nombre de fantasía si lo tuviera - dirección - ventas anuales - proyectos que han postulado - proyectos adjudicados - tipo de comercio al que se dedica". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo en lo que se refiere a la entrega de los siguientes datos de los beneficiarios del programa Almacenes de Chile: domicilio o dirección, de las personas naturales, por ser dato personal de acuerdo a la ley N° 19.628, y ventas anuales, de las personas jurídicas y naturales, por configurarse respecto de esta información la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 35 del Código Tributario.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/23/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C117-09 C399-11 C204-11 C214-11
Jurisprudencia a:	C11449-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial; Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C2264-17 Entidad pública: Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) Requirente: Victoria Fornes Sierra Ingreso Consejo: 03.07.2017 En sesión ordinaria N° 838 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2264-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de junio de 2017, doña Victoria Fornes Sierra solicitó al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) "listado completo a nivel nacional de almacenes con - nombre de propietario - rut del propietario - nombre de fantasía si lo tuviera - dirección - ventas anuales - proyectos que han postulado - proyectos adjudicados - tipo de comercio al que se dedica". 2) RESPUESTA: El 29 de junio de 2017, por medio de G.G. N° 181, el Servicio de Cooperación Técnica respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que entendiendo que la solicitud se encuentra circunscrita a las personas que participaron en el programa "Almacenes de Chile", solo pueden otorgar información de los participantes seleccionados y que hayan suscrito el respectivo contrato, a quienes se refieren como "beneficiarios", no siendo posible entregar informacion de los "proyectos que han postulado" en atención a que la postulación a un beneficio público no debe ser conocida en la medida que ésta no sea exitosa, toda vez que su conocimiento podría desincentivar futuras convocatorias de SERCOTEC, lo que configuraría en la especie la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la ley N° 20.285. En razón de lo anterior, adjuntan Excel con los nombres o razón social de los beneficiarios, junto con informar que respecto al tipo de comercio consultado, según el reglamento del programa, tienen un giro o actividad asociado al rubro del Almacén. Con todo, deniega el RUT y dirección de los propietarios, por ser dato personal, de conformidad a la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. De igual forma indica que no es posible entregar información sobre las ventas anuales, pues su conocimiento afectaría los derechos de carácter comercial o económico de los beneficiarios del programa, por ser información sensible sobre su negocio, verificándose de esta manera la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por tanto, en vista de la afectación de derechos que envuelve el requerimiento, correspondería dar traslado a todos los beneficiarios, de acuerdo al artículo 20 del mismo cuerpo normativo, sin embargo, dicho procedimiento no se aplicó en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la señalada ley, toda vez que para su cumplimiento debería realizar las siguientes gestiones respecto de los 877 beneficiarios del programa: a) Buscar los nombres y domicilios de los 877 beneficiarios del programa Almacenes de Chile. b) Redactar un formato de carta con la información establecida en el citado artículo 20. c) Incorporación de los datos de cada beneficiario del programa Almacenes de Chile en la respectiva carta. d) Imprimir las 877 cartas y la respectiva copia del requerimiento para cada una. e) Revisar cada carta y, en cumplimiento del mandato legal del artículo 20 de la ley N° 20.285, el suscrito debía firmar cada una de las 877 misivas. f) Escribir el nombre y domicilio de cada persona en los respectivos sobres. g) Introducir las cartas en los sobres. h) Llevar las misivas a la oficina de Correos de Chile. Las gestiones antes descritas tendrían un tiempo estimado respecto de cada tercero de 15 minutos, es decir, 219. 25 horas laborales, por tanto, tomando en consideración que la jornada laboral tiene aproximadamente 8 horas laborales diarias, se tendría que destinar 27.4 días hábiles laborales para satisfacer un requerimiento de información, lo anterior, sin considerar la eventualidad de que se otorgue una respuesta negativa por parte de los terceros requeridos. 3) AMPARO: El 3 de julio de 2017, doña Victoria Fornes Sierra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto expone que la información no se entregó por motivos de tiempo, por cuanto para el órgano requerido no era viable contactar a cada uno de los beneficiarios a fin de obtener su autorización en la entrega de la información que necesita. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante oficio N° E1987, de fecha 18 de julio de 2017, confirió traslado al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, quien por medio de presentación escrita ingresada a este Consejo con fecha 02 de agosto de 2017, presentó sus descargos u observaciones, reiterando, en síntesis, lo señalado con ocasión de la respuesta a la solicitud. Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado corresponde a información parametrizada o sistematizada sobre los almacenes en existentes en el país, y que obra en poder de SERCOTEC con ocasión de la ejecución del Programa Almacenes de Chile (en adelante, el programa). Luego, de los dichos del reclamante se desprende que el objeto del amparo interpuesto se encuentra circunscrito a la denegación de los datos relativos al rut del propietario, dirección y ventas anuales de los almacenes beneficiarios del antedicho programa, consignados en la base de datos entregada por el órgano en su respuesta al requerimiento. 2) Que, de acuerdo al Reglamento del Programa Almacenes de Chile, dicho instrumento tiene por objeto potenciar el crecimiento y acceso a las nuevas oportunidades de negocios de los almacenes de Chile, a través del cofinanciamiento de un plan de trabajo, el cual incluye financiamiento de inversiones y acciones de gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica u otros), por un máximo total de $2.000.000 (dos millones de pesos) netos. Para acceder a dicho instrumento, los interesados deben ser personas naturales o jurídicas, con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que tengan ventas netas demostrables anuales inferiores a 5.000 UF y una antigüedad superior a 12 meses, con giro o actividad asociada al rubro almacén. Luego, para resultar beneficiados los postulantes deben cumplir con los requisitos de admisibilidad, de evaluación técnica en terreno y de formalización de los postulantes notificados como seleccionados, según las respectivas bases de convocatorias del programa. 3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 4) Que, la reclamada sostuvo que dado el elevado número de terceros involucrados en la información requerida (877), no procedió a dar los traslados conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, pues era materialmente imposible lograr su notificación sin distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de dicha ley, dando cuenta pormenorizadamente de las gestiones necesarias para poder llevar a cabo dicho procedimiento, así como el tiempo que se requeriría destinar al mismo. Por su parte, atendido el número de terceros potencialmente afectados con la información requerida, tampoco fue posible practicar, en esta sede, el procedimiento de traslado que contempla el artículo 25 de la Ley de Transparencia, razón por la cual en virtud de la función que le confiere el artículo 33, letra m) y j), de la ley, este Consejo procederá a analizar si la entrega de la información denegada afecta o puede afectar los derechos de las personas naturales y jurídicas incluidas en la base de datos requerida por la reclamante. 5) Que, en cuanto a los datos relativos al número de cédula de identidad o RUT y dirección de los beneficiados, el órgano denegó su acceso, por tratarse de datos personales de conformidad a la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Sin embargo, de los antecedentes del caso, consta que entre los beneficiarios informados, existen aquellos que son personas jurídicas, las que por su naturaleza no son titulares de datos personales, correspondiendo por tanto, respecto de aquellas la entrega de dicha información. Por otra parte, respecto de las personas naturales beneficiadas, efectivamente, el número de cédula de identidad y dirección o domicilio, corresponden a datos personales de contexto, de carácter reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), 4°, 9° y 20 de la ley N° 19.628. 6) Que, sin embargo el número de cédula de identidad o RUT, es un dato permite identificar con certeza a la persona del beneficiario. Por lo tanto, aplicando los criterios expuestos por este Consejo a partir de las decisiones de los amparos Roles C204-11, C214-11 y C399-11, en este caso particular, la reserva del RUT de las personas naturales consignadas en el base requerida, debe ceder en beneficio de su publicidad, pues constituye un antecedente esencial para permitir un adecuado control social de los beneficiarios de los subsidios otorgados por los órganos de la Administración del Estado. No obstante, este último razonamiento no permite la divulgación de otros datos personales de contexto, como es el caso del domicilio o dirección del beneficiado, respecto del cuales no se verifica un verdadero interés social que justifique su publicidad. 7) Que, en lo que dice relación con información sobre las ventas anuales de los beneficiarios del programa, es menester tener presente que, como se señaló, uno de los requisitos que deben cumplir los interesados es tener ventas netas anuales demostrables inferiores a 5.000 UF. En tal contexto, dicho antecedente es, precisa e inequívocamente, fundamento del acto mediante el cual se concede el subsidio o beneficio económico a quienes resultaron ganadores del mismo. Con todo, de acuerdo a las bases de convocatorias del programa, dicho requisito es acreditado por parte de los postulantes por medio de la entrega de copia de su "Carpeta Tributaria Electrónica para Solicitar Créditos", antecedente que de acuerdo a la información publicada en el sitio web del Servicio de Impuesto Internos, contiene "información de identificación del contribuyente, información de su actividad económica, información de sus bienes raíces, resumen de Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas en el último año, y las últimas Declaraciones del Formulario 29 de IVA y del Formulario 22 de Renta. El contribuyente podrá generar una carpeta personalizada seleccionando la información que necesite, o escoger alguna de las carpetas predefinidas para solicitar créditos, acreditar renta o acreditar tamaño de la empresa" (http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2008/210408noti01jo.htm); siendo por tanto necesario remitirse a la regulación que sobre la materia establece el Código Tributario. 8) Que, el Código Tributario, en su artículo 8° bis, numeral 7°, consagra respecto de los contribuyentes, el: "Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código". Luego, el inciso segundo del artículo 35 del cuerpo legal referido contempla un deber de reserva para el Director del SII y para todos sus funcionarios, al señalar que: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". En seguida, el inciso 4° de la disposición señalada, indica que: "Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y para el debido resguardo del eficaz cumplimiento de los procedimientos y recursos que contempla este Código, sólo el Servicio podrá revisar o examinar las declaraciones que presenten los contribuyentes, sin perjuicio de las atribuciones de los Tribunales de Justicia y de los fiscales del Ministerio Público, en su caso". 9) Que, las citadas normas del Código Tributario, a juicio de este Consejo, y como ya lo ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia, descansan en la idea de proteger los derechos de los contribuyentes a fin de evitar el conocimiento público de los datos patrimoniales que figuran en las declaraciones obligatorias de impuestos que estos deben efectuar. En este sentido, a propósito del secreto tributario, este Consejo en la decisión que resolvió la reposición del amparo C117-09, estableció que el secreto tributario que establece el artículo 35 del Código Tributario "(...) debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio (...)". A mayor abundamiento, la Corte Suprema, en la sentencia Rol: 5002-2013, señaló que: "es necesario tener en consideración que una de las finalidades del principio de la reserva o secreto tributario es evitar que se pongan en evidencia tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica (...)". 10) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo, la información patrimonial correspondiente a las ventas anuales consultadas, al ser extraída desde las declaraciones de impuestos de los postulantes al programa, queda cubierta por lo establecido en el artículo 35 del Código Tributario, configurándose por ende a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia 11) Que, en conclusión, se acogerá parcialmente el amparo en análisis, ordenándose la entrega al solicitante, de informacion sobre el RUT y dirección de los beneficiarios personas jurídicas, y el número de cédula de identidad de los beneficiados personas naturales; y, rechazándose respecto del domicilio o dirección de las personas naturales, por ser dato personal de conformidad al artículo 2° letra f), de la ley N° 19.628, y de las ventas anuales de los beneficiarios, ya sean personas jurídicas y naturales, por configurarse respecto de esta información la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 35 del Código Tributario. 12) Que, este Consejo no se pronunciará sobre la concurrencia de las restantes causales de secreto invocadas por el órgano, por inoficioso. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Victoria Fornes Sierra, en contra del Servicio de Cooperación Técnica; rechazándolo en lo que se refiere a la entrega de los siguientes datos de los beneficiarios del programa Almacenes de Chile: domicilio o dirección, de las personas naturales, por ser dato personal de acuerdo a la ley N° 19.628, y ventas anuales, de las personas jurídicas y naturales, por configurarse respecto de esta información la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 35 del Código Tributario; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica: a) Hacer entrega a la reclamante de los siguientes datos: i. RUT y dirección de las personas jurídicas beneficiarias del programa consultado; y, ii. Número de cédula de identidad de las personas naturales beneficiarias del programa consultado. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Victoria Fornes Sierra y al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica. En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.