Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C409-11

Reclamante:	ALBERTO URZÚA TOLEDO
Reclamado:	COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Resumen del caso: Se interpone amparo contra la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), ante la falta de respuesta a solicitud de acceso a varios antecedentes sobre gestión, ejecución y seguimiento del Programa Becas Presidente de la República entre los años 2005 y 2010 (nóminas de becarios y datos funcionamiento Unidad de Seguimiento). El Consejo acoge, ordenando la entrega de lo que obre en poder del CONICYT, determinando vulneración legal con la prórroga irrespetada, desestimando la aplicación de causal de reserva del art. 21 N°1 letra c) y cualquier afectación de los derechos de los becarios o de los funcionarios, en estos últimos en cuanto a la divulgación de sus curriculum, siempre y cuando se tarjen los datos no necesarios para evaluar sus capacidades para el desempeño de las labores encomendadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/28/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Decreto Supremo 13 2009 Reglamento Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C279-10 C333-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO C409-11 Entidad Pública: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Requirente: Alberto Urzúa Toledo Ingreso Consejo: 30.03.2011 En sesión ordinaria N° 266 de su Consejo Directivo, celebrada el 22 de julio de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C409-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de enero de 2011, don Alberto Urzúa Toledo solicitó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante e indistintamente, CONICYT, la siguiente información: a) En relación con alumnos adjudicatarios de Becas Presidente de la República para estudios de posgrado en el extranjero durante el periodo 2005-2010: i. Nómina y lugar de retribución (reparticiones públicas) de aquellos becarios que tuvieron levantamiento de caución con especificación de la fecha de ingreso y egreso, el cargo que desempeñan y el título obtenido en el extranjero gracias a la beca. ii. Nómina de becarios con levantamiento de caución y derivados al Consejo de Defensa del Estado, especificando las razones del incumplimiento por las cuales fueron derivados y los estudios realizados gracias a la beca (especialización, universidad y país) iii. Nómina de los becarios que retribuyeron o están retribuyendo económicamente por acuerdo suscrito o sentencia dictada por autoridad competente. iv. Nómina de becarios que por no regresar al país o por no haber obtenido el grado académico respectivo, cayeron en causal de incumplimiento, sea que sus casos fueron o no derivados al Consejo de Defensa del Estado, con especificación de la beca obtenida (especialización, universidad y país). Señalar razón o motivo esgrimido por el becario y las acciones adoptadas por CONICYT. b) En relación con la Unidad de Seguimiento de Becarios del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT: 1) Nómina de personal asociada al cargo que desempeña y las funciones que cumple. 2) Copia digitalizada del currículum del personal. 3) Especificación de las bases de datos que manejan (título, finalidad, número de personas ingresadas). 4) Indicación del software de Postulación, Evaluación y Seguimiento, si lo hubiere. 5) Indicación de la documentación de respaldo que se genera, lugar en que se almacena y si se hace bajo algún método de archivo. 6) Especificación de la infraestructura disponible. 7) Forma en que la Unidad gestiona, específicamente, las becas Presidente de la República para estudios de posgrado en el extranjero durante el periodo 2005-2010. c) Indicar de qué manera CONICYT asegura el cumplimiento de las obligaciones vigentes por aplicación de las normas legales relacionadas a las becas otorgadas, y vela por el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor del Fisco de Chile. 2) FALTA DE RESPUESTA DE CONICYT Y AMPARO: No obstante haber efectuado la prórroga de del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, inciso 2° de la Ley de Transparencia, transcurrido dicho plazo CONICYT no dio respuesta a la solicitud de acceso, de modo que el 30 de marzo de 2011, don Alberto Urzúa Toledo, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de dicho organismo fundado en el hecho de no haberse dado respuesta a la solicitud de acceso, en base a las siguientes alegaciones: a) En 1981, mediante el D.F.L. N° 22, del Ministerio de Educación Pública, se creó el programa especial de becas, cuyos fundamentos, según lo expresado en los considerandos del D.F.L. aludido, se orienta a ayudar el perfeccionamiento de las universidades mediante la incorporación de profesionales de alto nivel y en las necesidades del país que exigen la formación de profesionales en áreas prioritarias de desarrollo. Por estos motivos, su artículo 1° ordena la creación de un programa especial de becas que permita el perfeccionamiento en el extranjero de los egresados de las Universidades e Institutos Profesiones del país durante los dos años siguientes a la fecha de su egreso y para los académicos de las universidades e institutos profesionales y funcionarios de los servicios e instituciones públicas, dentro del plazo de 5 años desde su egreso. Dichos beneficios están establecidos en los artículos 4° y 4° bis de cuya lectura aparece que en éstos está comprometido el presupuesto de la Nación. b) Por su parte el artículo 7° del D.F.L. señala las obligaciones a las que estará sujeto el becario, entre las cuales se contempla la de “regresar al país al término de los estudios correspondientes, de acuerdo a lo previsto al efecto por la universidad u organismo respectivo, para integrarse preferentemente a las universidades y demás instituciones docentes o de investigación, o a la administración pública, por periodos de, a lo menos, el doble del tiempo de duración de la beca. Respecto de las becas de menos de 1 año de duración a que se refiere el inciso penúltimo del artículo 1°, el periodo íntegro a las instituciones de educación o a la administración pública deberá ser de dos años mínimo”, consignada en el literal c) del artículo mencionado. c) A efectos de resguardar los recursos públicos comprometidos en cada beca, a cada becario se le exige, de conformidad al artículo 8° del D.F.L., caucionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7°, mediante la constitución, por escritura pública, de prenda, hipoteca o fianza solidaria de un tercero, de modo que en caso de incumplimiento de las obligaciones se le exigirá el reembolso de las sumas que hubiere pagado a él o por él de acuerdo a los dispuesto en los artículos 4° y 4° bis, con los intereses y reajustes pactados. d) El artículo 9° dispone que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por los becarios o fiadores solidarios a que se refiere el D.F.L. en comento, el Consejo de Defensa del Estado, con el voto de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, previo informe favorable del Ministerio de Planificación y Cooperación, podrá acordar con el deudor, en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, la modificación de las obligaciones asumidas, celebrando las convenciones que estime convenientes en las cuales se resguarden los intereses fiscales, pudiendo para esos efectos transigir en los juicios que correspondan. Las nuevas obligaciones que se pacten en dinero, deberán estipularse en cláusulas que protejan al Fisco de la desvalorización monetaria y con los intereses en que cada caso correspondan. e) El artículo 11 del D.F.L. señala que la Oficina de Planificación Nacional deberá encargarse de todos los trámites relacionados con la postulación, concesión, prórroga, suspensión y término de las becas, particularmente respecto de los actos a que se refiere el artículo en comento. f) En otro orden de alegaciones, en el año 2007 las becas referidas, conocidas como “Becas Presidente de la República” fueron objeto de polémica pública a raíz de unas declaraciones del cientista político Patricio Navia en una columna del diario La Tercera., en la que relevaba la falta de igualdad de oportunidades en los gobiernos de la Concertación en los procesos de selección de personal y becas para realizar estudios en el extranjero, denunciando, además, la falta de transparencia en que fueron asignadas las ayudas, por cuanto beneficiaban a familiares de determinados políticos miembros de la coalición mencionada. Además, señala que las Becas Presidente de la República han tenido dos problemas: el incumplimiento de los compromisos adquiridos al momento de ganarse el beneficio –regreso al país a trabajar en el sector público o impartir clases en una universidad– o que no se terminaban los estudios previstos. g) Paralelamente Emol publicó una nota que daba cuenta de la entrega, por parte del Ministerio de Planificación, de un listado de beneficiarios de la beca, desde el año 1981, en que figuraba el hijo de la entonces Ministra del ministerio aludido, indicando que dicha autoridad había justificado la inclusión de su hijo en el hecho que tales becas se otorgan en función del mérito y no específicamente para la población de escasos recursos. Desde tal nota periodística es posible acceder a un enlace con el listado completo de los becarios de becas para estudios de post título en el extranjero desde el año 1981 hasta el año 2006. Sin embargo actualmente para acceder a tales enlaces es preciso tener la calidad de usuario y una clave, por cuanto se encuentra albergada en un servidor del Ministerio de Planificación. h) Se menciona lo anterior a efectos de probar al Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia la relevancia pública que alcanzaron estas becas a nivel nacional y el completo acceso a las nóminas de becarios desde la entrada en vigencia de los beneficios, aun en circunstancias en que en ese momento no existía la Ley de Transparencia. i) Destaca que en una columna del Sr. Navia, ya aludido, inserta en el diario La Tercera se resalta la voluntad del gobierno de turno para efectuar la publicación de de los becarios, no obstante lo cual, señala que falta transparencia en el desempeño de los becarios, por cuanto un número no trivial de ellos faltó al doble compromiso de terminar sus estudios y volver a trabajar al país. El gobierno, teniendo la obligación de comunicar tales circunstancias al Consejo de Defensa del Estado, en múltiples ocasiones se abstuvieron de realizar dicha comunicación para el cobro de los dineros. Sólo al final del gobierno de don Ricardo Lagos se comenzó el envío de dicha información, conociéndose el caso del hijo del presidente del Partido Por la Democracia que devolvió el dinero por los estudios de un MBA, -no incluidos en la beca- y por no haber regresado al país. La situación descrita ocurriría con otros becarios parientes de personeros del gobierno de turno, sin embargo se omitió adoptar las medidas legales para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la beca. j) Con todo, en el año 2008, bajo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se creó el sistema Bicentenario Becas Chile, que, según palabras de la mandataria, supone la renovación de la gestión de becas, avanzando en la modernización del Estado, de modo de facilitar el servicio a los postulantes y simplificando las instituciones, en el sentido de establecer al Ministerio de Educación a cargo de las becas técnicas y de profesores, y a CONICYT como único responsable de las becas de post grado y de especialidades médicas. En el marco de dicha reorganización el Ministerio de Planificación realizó el traspaso oficial del programa de becas “Presidente de la República”, cuestión que apareció publicada en la página web de CONICYT. k) En definitiva, el interés público reside en el control ciudadano que pudiere efectuarse tanto de la administración de la cartera de becados históricos por parte de CONICYT provenientes de MIDEPLAN, como de aquellos becados que no han cumplido sus obligaciones, por cuanto el país ha comprometido ostensibles recursos en dichos beneficiarios y ha estipulado en cuerpos normativos la obligación de actuar en determinadas maneras ante el registro de un incumplimiento de las obligaciones de los becarios. 3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Presidente de la CONICYT mediante Oficio N° 826, de 6 de abril de 2011, en el que además, se le solicita que indique la manera en que su representada asegura el cumplimiento de las obligaciones vigentes por aplicación de las normas legales relacionadas a las becas otorgadas y vela por el cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor del Fisco. El 24 de mayo de 2011, el Presidente de la CONICYT evacuó sus descargos y observaciones, alegando lo siguiente: a) Se dirige al Consejo para la Transparencia para hacer entrega de la información solicitada por el Sr. Urzúa precisando que el traspaso de la administración de las becas MIDEPLAN desde ese ministerio a CONICYT, se verificó el 01 de enero de 2009. b) En cuanto a los requerimientos de información efectuados, procede a su entrega según se señala a continuación: i. Información relacionada con la Beca Presidente de la República para estudios de postgrado en el extranjero durante el periodo 2005-2010. 1) Nómina y lugar de retribución (reparticiones públicas) de aquellos becarios que tuvieron levantamiento de caución con especificación de la fecha de ingreso y egreso, el cargo que desempeñan y el título obtenido en el extranjero gracias a la beca: La institución no efectuará la entrega de dicha información, por considerar que a su respecto opera la causal de secreto o reserva dispuesta por el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, que dispone que es posible denegar el acceso a información, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 2) Nómina de becarios con levantamiento de caución y derivados al Consejo de Defensa del Estado, especificando las razones del incumplimiento por las cuales fueron derivados y los estudios realizados gracias a la beca (especialización, universidad y país): CONICYT sólo dispone de los antecedentes respecto a los casos enviados posteriormente al traspaso de MIDEPLAN, y que se encuentran en la planilla adjunta. 3) Nómina de los becarios que retribuyeron o están retribuyendo económicamente por acuerdo suscrito o sentencia dictada por autoridad competente: La institución no efectuará la entrega de dicha información, por considerar que a su respecto opera la causal de secreto o reserva dispuesta por el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, ya aludida. 4) Nómina de becarios que por no regresar al país o por no haber obtenido el grado académico respectivo, cayeron en causal de incumplimiento, sea que sus casos fueron o no derivados al Consejo de Defensa del Estado, con especificación de la beca obtenida (especialización, universidad y país). Señalar razón o motivo esgrimido por el becario y las acciones adoptadas por CONICYT: La institución no efectuará la entrega de dicha información, por considerar que a su respecto opera la causal de secreto o reserva dispuesta por el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. ii. En relación con la Unidad de Seguimiento de Becarios del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT: 1) Nómina de personal asociada al cargo que desempeña y las funciones que cumple: Dicha información se encuentra en el link http://www.conicyt.cl/573/article-8937.html. 2) Copia digitalizada del currículum del personal: Se entrega copia de los currículums de dos funcionarios. Respecto del resto de los funcionarios de la Unidad aludida, se omite la entrega de dicha información, dado que se recibieron cartas de oposición a dicha entrega. 3) Especificación de las bases de datos que manejan (título, finalidad, número de personas ingresadas): La base de datos aludida se titula “Base de seguimiento Beca Presidente de la República Internacional y bases de cumplimiento de obligaciones Beca Presidente de la República Internacional”. Su finalidad es gestionar la beca en comento en cada una de sus etapas, vale decir, vigente con beneficios, vigente sin beneficios y periodo de retribución. El número de personas ingresadas corresponde a las convocatorias de la Beca Presidente de la República Internacional entre los años 2005 y el 2010, lo que equivale a 854 becarios. 4) Indicación del software de Postulación, Evaluación y Seguimiento, si lo hubiere: Señala que considerando que el traspaso de las Becas a CONICYT fue sólo respecto a becas ya adjudicadas, esta Comisión no cuenta con información respecto a la existencia de un software de postulación y evaluación de MIDEPLAN. Asimismo, a la fecha se está desarrollando un sistema de seguimiento de becarios, el cual se encuentra en etapa de pruebas, por lo que actualmente el seguimiento no se realiza a través de un software. 5) Indicación de la documentación de respaldo que se genera, lugar en que se almacena y si se hace bajo algún método de archivo: La documentación mínima de respaldo es la siguiente: a. Acta de compromiso y sus modificaciones, si corresponde. b. Informes académicos. c. Actos administrativos relacionados con la beca. d. Obtención del grado. e. Certificados laborales. Tal Información se encuentra en el Edificio Institucional ubicado en Avenida Salvador N°378-379, comuna de Providencia, Santiago, organizada y clasificada de acuerdo a códigos internos de gestión documental. 6) Especificación de la infraestructura disponible: Indica que actualmente se cuenta con bodegas que contienen las carpetas clasificadas y ordenadas en cajas numeradas. 7) Forma en que la Unidad gestiona, específicamente, las becas Presidente de la República para estudios de posgrado en el extranjero durante el periodo 2005-2010: Indica que el trabajo ha sido organizado designando un ejecutivo de la Unidad de Seguimiento encargado específicamente de gestionar las acciones relacionadas a las Becas vigentes, y un ejecutivo de la Unidad de Titulación encargado de realizar el seguimiento de las obligaciones de la referida beca, una vez que finalizan los beneficios y comienza el período de retribución. iii. Indicar de qué manera CONICYT asegura el cumplimiento de las obligaciones vigentes por aplicación de las normas legales relaciones a las becas otorgadas, vela por el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor del Fisco de Chile: Al respecto indica que CONICYT, y en particular el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, con el objetivo de organizar las acciones destinadas a velar por el cumplimiento de las obligaciones de los becarios en general, y en particular, los referidos en los puntos anteriores, ha creado la Unidad de Titulación. Esta Unidad realiza el seguimiento de los becarios una vez finalizados los beneficios, teniendo como objetivo dar cumplimiento a la normativa relacionada, en este caso el D.F.L. N° 22 de 1982 (artículo 7°), por lo que se realiza la gestión con cada becario que permita controlar lo siguiente: 1) Cumplimiento de todas las exigencias académicas que los cursos demanden, conforme a la reglamentación aplicable a los mismos. 2) Regreso al país al término de los estudios correspondientes, de acuerdo a lo previsto al efecto por la universidad u organismo respectivo, para integrarse preferentemente a las universidades y demás instituciones docentes o de investigación, o a la administración pública, por períodos de a lo menos el doble de tiempo de permanencia en el exterior. Respecto de las becas de menos de un año de duración a que se refiere el inciso penúltimo del artículo 1°, el período de integro a las instituciones de educación o a la administración pública deberá ser de dos años mínimo. Se adjunta para el manejo de la información respectiva, un CD que contiene la planilla detallada de la información entregada. Asimismo, CONICYT informa a este Consejo que la información detallada en los numerales precedentes ya fue remitida al reclamante. Finaliza agregando que la demora producida en la entrega de la información fue motivada por la naturaleza de la solicitud del requirente, que hizo necesaria la elaboración de una planilla computacional con gran cantidad de información. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en términos generales, la información requerida en la especie está referida a la gestión, ejecución y seguimiento del Programa de Becas Presidente de la República durante el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010. Sobre el particular, cabe hacer presente que dicho Programa fue creado por el D.F.L N° 22, de 1981, del Ministerio de Educación, cuya administración se atribuyó primeramente al Ministerio de Planificación, MIDEPLAN, en virtud del artículo 11 del D.F.L. N° 22 aludido, y luego traspasada a CONICYT, con la dictación de la Ley N° 20.314, de Presupuestos del Sector Público para el año 2009, específicamente su Partida 09, Capítulo 08, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 221, Glosa 07. 2) Que, en virtud del otorgamiento de las becas antes aludidas, los adjudicatarios de las mismas en el periodo consultado recibieron los beneficios establecidos en los artículos 4° y 4° bis del D.F.L. N° 22, de 1981, consistentes en pagos y subvenciones para estudios en el extranjero, a cambio de los cuales debían dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 7° del D.F.L. ya referido, entre las que se establece, en su literal c) la obligación de “Regresar al país al término de los estudios correspondientes, de acuerdo a lo previsto al efecto por la universidad u organismo respectivo, para integrarse preferentemente a las universidades y demás instituciones docentes o de investigación, o a la administración pública, por períodos de a lo menos el doble de tiempo de permanencia en el exterior”, agregando que “Respecto de las becas de menos de un año de duración a que se refiere el inciso penúltimo del artículo 1º, el período de integro a las instituciones de educación o a la administración pública deberá ser de dos años mínimo”. Dicha disposición establece, además, que “Con todo, la exigibilidad de la obligación prevista en el párrafo anterior podrá ser diferida hasta por dieciocho meses, a solicitud del becario, cuando éste demuestre la necesidad de prolongar su permanencia en el exterior luego de concluida la beca, para obtener el grado académico a que postule. La autorización respectiva será otorgada por el Ministro de Planificación y Cooperación, no podrá solicitarse más de una vez y no dará lugar a la extensión de los beneficios de la beca después de la expiración de los plazos máximos previstos en el artículo 5º, con la sola excepción de los pasajes de regreso al país para el becario y, en su caso su cónyuge e hijos que sean carga de familia. La obligación consignada en el inciso primero de esta letra podrá cumplirse en el plazo mínimo en él establecido o dentro de un plazo máximo de doce años, tratándose de personas que ejerzan funciones docentes o de investigación en universidades o institutos profesionales en jornadas parciales, cuando así lo determine el rector respectivo”. Las obligaciones asumidas por el becario deberán ser caucionadas del modo dispuesto en el artículo 8° del cuerpo normativo en comento y en caso de ser incumplidas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° del citado D.F.L. N° 22, “el Consejo de Defensa del Estado, con el voto de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, previo informe favorable del Ministerio de Planificación y Cooperación, podrá acordar con el deudor, en caso fortuito o de fuerza mayor, la modificación de las obligaciones asumidas, celebrando las convenciones que estime convenientes en las cuales se resguarden los intereses fiscales, pudiendo para esos efectos transigir los juicios pertinentes. Las nuevas obligaciones que se pacten en dinero, deberán estipularse en cláusulas que protejan al Fisco de la desvalorización monetaria y con los intereses que en cada caso correspondan”. 3) Que, precisado lo anterior, debe consignarse que la información requerida obra en poder de CONICYT en el ejercicio de las facultades que le son atribuidas en la materia, considerando el traspaso que el 1° de enero de 2009 se efectuó desde el MIDEPLAN hacia la CONICYT en lo referente a la gestión, administración y seguimiento del mencionado Programa de Becas “Presidente de la República”1, según se señaló, lo que se refuerza con lo sostenido por la reclamada en sus descargos, limitándose, respecto de la mayoría de la información relacionada con el citado Programa de Becas, a invocar la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, sin que alegara a su respecto que no la posee o que ésta resulta inexistente. 4) Que, de este modo, obrando la información pedida en poder de CONICYT, debe concluirse que ésta es, en principio, información eminentemente pública, por disposición de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia y por aplicación del principio de apertura o transparencia, consagrado en el artículo 11, letra c) del mismo cuerpo legal, salvo que se verifique la concurrencia de alguna de las causales de reserva previstas en su artículo 21, en especial la contenida en el numeral 1°, literal c) de dicho precepto, en relación a todo o parte de la información que fue solicitada, cuestión que será analizada por este Consejo en los considerandos que siguen. 5) Que, previo a analizar pormenorizadamente cada requerimiento de información planteado por el reclamante, resulta necesario relevar la preocupación por parte de esta Corporación respecto de la conducta desplegada por CONICYT en la tramitación de la solicitud de acceso que dio origen a este amparo, por cuanto habiendo resuelto la prórroga del plazo legal para dar respuesta a dicho requerimiento, de acuerdo a la norma prevista en el artículo 14, inciso 2° de la Ley de Transparencia, no evacuó en tiempo y forma su respuesta, actitud que no solo supone una trasgresión al genuino sentido y alcance de dicha disposición excepcional, sino una severa vulneración y obstrucción al derecho de acceso a la información pública, que evidencia el incumplimiento de los principios de facilitación y oportunidad, ambos consagrados en los literales f) y h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, cuestión que será representada al Presidente del organismo reclamado, a fin de que se adopten las medidas que resulten pertinentes a fin de evitar la ocurrencia de tales hechos en la tramitación de futuras solicitudes que se le presenten. 6) Que, en relación a la información referida a los adjudicatarios del Programa de Becas “Presidente de la República” para estudios de postgrado en el extranjero durante el periodo 2005 - 2010, cabe señalar lo siguiente, en relación a cada punto que conforma tal solicitud: a) Respecto a la nómina y lugar de retribución de los becarios que tuvieron levantamiento de caución con especificación de la fecha de ingreso y egreso, el cargo que desempeñan y el título obtenido en el extranjero gracias a la beca: El organismo reclamado, con ocasión de sus descargos, ha denegado la solicitud de acceso limitándose a invocar la causal prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en cuanto a que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de sus funciones dado que se trataría de un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de su labores habituales, sin acreditar los hechos que la configurarían ni las razones que motivan tal calificación, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 16 de la Ley de Transparencia, cuestión que será representada también al Presidente del CONICYT en la parte resolutiva del presente amparo. Sin perjuicio de lo anterior, y descartando que se trate de una requerimiento de carácter genérico en tanto cumple con la especificación de la materia y periodo de tiempo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7°, letra c) inciso 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia, la base de datos que acompaña la reclamada para conocimiento de este Consejo no contempla en detalle lo requerido en este punto, no obstante lo cual, al señalar dicho organismo que está desarrollando un sistema de seguimiento de becarios –lo que supone su poblamiento con la información que disponga sobre la materia– y que la documentación de respaldo con que cuenta consta de la obtención del grado y certificados laborales, resulta manifiesto que la información requerida en la especie obra en su poder, sin que se advierta con suficiente claridad que su recopilación implique la utilización de un tiempo excesivo de la jornada de sus funcionarios, máxime si, según lo señalado en sus descargos, CONICYT cuenta con una unidad encargada precisamente del seguimiento de las becas, de modo que se desestimará la causal invocada. Además, no obstante no fue alegado por el organismo reclamado, tampoco se advierte una afectación de algún derecho de los becarios a quienes se refiere la solicitud en este punto, por cuanto, si bien podría calificarse tal información como datos personales, a la luz de lo dispuesto en artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628 , sobre Protección Datos Personales, respecto de los cuales existe un deber de reserva previsto en el artículo 7° del cuerpo legal, ha de aplicarse a su respecto el criterio adoptado por este Consejo en decisiones similares, por ejemplo en la decisión del amparo Rol C333-10, en cuyo considerando 12) se señaló que “el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de quién se le están otorgando dichos beneficios”, de modo que para este Consejo el interés público subyacente a la información que se ha solicitado en este punto vence dicha reserva en pos del debido control social de la inversión y eventual detrimento de los fondos públicos involucrados en el otorgamiento de las becas en comento y del cabal cumplimiento de las obligaciones del becario que tal subvención supone conforme a la ley. b) Respecto a la nómina de los becarios con levantamiento de caución y derivados al Consejo de Defensa del Estado, especificando las razones del incumplimiento por las cuales fueron derivados y los estudios realizados gracias a la beca, con detalle de su especialización, universidad y país: En cuanto a este punto el organismo reclamado hizo entrega de una planilla en formato digital, señalando que sólo dispone de antecedentes de los casos enviados posteriormente al traspaso efectuado por MIDEPLAN, que son los que constan en ella, con especificación de año de convocatoria (2005-2006), apellidos, nombres, grado académico, país, si regresó a Chile, si acredita grado, y el Estado de cumplimiento, lo que, a juicio de este Consejo, no responde cabalmente a lo requerido en esta parte, por cuanto la tabla acompañada no contiene los datos específicamente solicitados, de modo que se requerirá la entrega completa de la información pedida en relación con lo solicitado. Además, en caso de que, atendido el periodo consultado, parte de la información no obre en poder de CONICYT, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, debiendo requerirse la derivación de la solicitud de acceso en este punto a efectos que MIDEPLAN de respuesta al requerimiento planteado en relación a periodo en que tal materia era de su competencia. c) Respecto de la nómina de los becarios que retribuyeron o están retribuyendo económicamente por acuerdo suscrito o sentencia dictada por autoridad competente: Al respecto, CONICYT alega la reserva de la información requerida en este punto invocando la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, sin tampoco expresar las razones o hechos que la fundamentan, resultando plenamente aplicable en relación a este punto lo ya señalado en el literal a) precedente, debiendo acogerse igualmente el amparo en esta parte y requerir la entrega de la información solicitada en este apartado. d) Respecto de la nómina de becarios que, por no regresar al país o por no haber obtenido el grado académico respectivo, cayeron en causal de incumplimiento, sea que sus casos fueron o no derivados al Consejo de Defensa del Estado, con especificación de la beca obtenida (especialización, universidad y país), señalando la razón o motivo esgrimido por el becario y las acciones adoptadas por CONICYT: Al igual que el punto anterior, el organismo reclamado niega la entrega de dicha información invocando la casual de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) al efecto, sin indicar las circunstancias o argumentos que harían procedente su aplicación respecto de este requerimiento, de forma tal que no resulta posible a este Consejo darla por acreditada, así como tampoco es posible advertir su concurrencia, resultado aplicable lo ya señalado al respecto en el literal a), debiendo acogerse el amparo en esta parte y requerir a la entidad reclamada la entrega de la información. 7) Que, por su parte, en relación con la información pedida referida a la Unidad de Seguimiento de Becarios del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT, cabe precisar lo siguiente: a) Respecto a la nómina del personal, asociada al cargo que desempeña y las funciones que cumple: Señala CONICYT que dicha información se encuentra en el link http://www.conicyt.cl/573/article-8937.html, no obstante lo cual, tras acceder a la información alojada en el link indicado, no fue posible determinar con exactitud qué funcionarios pertenecen a la Unidad antes aludida en la solicitud de información, así como tampoco el cargo desempeñado ni sus funciones, de modo que, se acogerá el presente amparo en esta parte y se dispondrá que CONICYT proceda a la entrega de tal información, en los términos en que fue solicitada. b) En cuanto a copia digitalizada del currículum del personal: El organismo reclamado acompañó a sus descargos los currículums vitae de dos funcionarios, aclarando que respecto del resto de los funcionarios de la unidad aludida, se omite su entrega, dado que se recibieron cartas de oposición a dicha entrega. Sobre tal alegación cabe señalar lo siguiente: i) Para que estimar que ha habido oposición de los funcionarios respecto de los cuales no se acompañó el currículum vitae, precisamente en virtud de tal fundamento, el organismo reclamado debió emplear el mecanismo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, circunstancia que no está acreditada en esta sede, por cuanto no se acompañan los antecedentes referidos a las oposiciones aludidas. ii) No obstante ello, este Consejo ha sostenido en sus decisiones, a modo ejemplar las referidas a los amparos Roles A95-09 y C279-10, que “la esfera de privacidad de aquel personal que trabaja para la Administración del Estado, cuya nómina y remuneración debe publicarse en el sitio web de cada servicio conforme al artículo 7°, letra d), de la Ley de Transparencia, es más reducida que la del resto de las personas en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen”. iii) Asimismo, en el considerando 15) de la decisión del amparo Rol C279-10, en relación a la solicitud de un currículum vitae de un funcionario público este Consejo señaló que “…son datos necesarios para evaluar las capacidades para el desempeño de las labores encomendadas, las siguientes: trayectoria académica, profesional, laboral y aquellos que acrediten su capacidad, habilidades o pericia para ocupar el cargo público. Asimismo, exponiendo comúnmente los currículum vítae datos que no tienen por objeto evaluar las antedichas capacidades, sino que aparecen incorporados meramente como datos de contexto de los mismos, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular o profesional, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, dichos datos personales deberán ser tachados”. iv) En base a lo precedentemente señalado se acogerá el amparo en este punto y se requerirá la entrega de la información solicitada en los términos indicados en el literal precedente, siguiendo el criterio desarrollado por este Consejo, antes expuesto. c) Respecto de la especificación de las bases de datos que manejan (título, finalidad y número de personas ingresadas): Al respecto, y tras analizar las especificaciones entregadas por CONICYT en sus descargos, referidas al título, finalidad y número de personas ingresadas, este Consejo concluye que éstas corresponden a la información requerida por el reclamante, de modo que se acogerá el presente amparo en este punto y se requerirá la entrega de la misma al reclamante. d) En cuanto a la indicación del software de Postulación, Evaluación y Seguimiento, si lo hubiere: Si bien la respuesta dada por el organismo reclamado se funda en la inexistencia de la información requerida, por cuanto el software estaría en pleno proceso de desarrollo y etapas de pruebas –el que, en todo caso, no comprendería la etapa de postulación y evaluación de dichas becas–, no efectuándose en la actualidad el seguimiento a través de un programa computacional, ha de acogerse el presente amparo en este punto y requerir al presidente de CONICYT que dicha respuesta sea entregada al reclamante en los términos expuestos en sus descargos. e) Respecto de la indicación de la documentación de respaldo que se genera, lugar en que se almacena y si se hace bajo algún método de archivo: Al respecto, este Consejo debe estimar suficiente lo señalado por CONICYT en sus descargos a efectos de satisfacer la solicitud en este punto, por cuanto la respuesta precisa a cada ítem consultado por el reclamante en este apartado, de modo que se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al presidente de CONICYT que dicha respuesta sea entregada al reclamante en los términos expuestos en sus descargos. f) En cuanto a la especificación de la infraestructura disponible: Al igual que el punto anterior, se estima suficiente lo expuesto por CONICYT en sus descargos de modo que se acogerá el presente amparo en este punto y se requerirá al presidente de CONICYT que dicha respuesta sea entregada al reclamante en los términos expuestos en sus descargos. g) Respecto a la forma en que la Unidad gestiona, específicamente, las becas Presidente de la República para estudios de posgrado en el extranjero durante el periodo 2005-2010: Lo expuesto por CONICYT en sus descargos en relación a este punto da cuenta de un esquema básico de cómo se gestiona el seguimiento de las becas consultadas, lo que debe entenderse que responde a lo solicitado en la especie, acogiéndose el presente amparo en este punto y requiriéndose al Presidente de la CONICYT que dicha respuesta sea entregada al reclamante en los términos expuestos en sus descargos. 8) En lo relativo a la indicación de la manera en que CONICYT asegura el cumplimiento de las obligaciones vigentes por aplicación de las normas legales relacionadas a las becas otorgadas, y vela por el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor del Fisco de Chile: Lo expuesto por CONICYT en sus descargos en relación a este punto, a juico de este Consejo, responde también a cabalidad lo consultado, de modo que se acogerá el presente amparo en este punto y se requerirá al presidente de CONICYT que dicha respuesta sea entregada al reclamante en los términos expuestos en sus descargos. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger presente amparo interpuesto por don Alberto Urzúa Toledo en contra de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente acuerdo. II. Requerir al Sr. Presidente de la CONICYT lo siguiente: a) Entregue a la reclamante la información requerida en los términos señalados específicamente en los considerandos 6°), 7°) y 8°) de esta decisión. b) Derive la solicitud de información consignada en el literal a), punto ii de la solicitud de acceso, referida a la “nómina de becarios con levantamiento de caución y derivados al Consejo de Defensa del Estado, especificando las razones del incumplimiento por las cuales fueron derivados y los estudios realizados gracias a la beca (especialización, universidad y país)”, al Ministerio de Planificación, por aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia, en los términos indicados en el literal b) del considerando 6°) precedente. c) Cumplir dicho requerimiento dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. d) Informe el cumplimiento de este requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión. III. Representar el incumplimiento de los principios de facilitación y oportunidad consagrados en los literales f) y h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y la falta de fundamentación de la causal de reserva invocada, según lo dispuesto en el artículo 16, inciso 2° de la Ley de Transparencia, a efectos de que, en lo sucesivo, tales incumplimientos sean subsanados en el marco del procedimiento de acceso a la información pública. IV. Encomendar al Director General de este Consejo que notifique la presente decisión a don Alberto Urzúa Toledo y al Sr. Presidente de CONICYT. En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.