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DECISIÓN AMPARO ROL C2429-17</p>
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Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos</p>
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Requirente: Carmen Antiñanco</p>
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Ingreso Consejo: 11.07.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 841 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2429-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de junio de 2017, doña Carmen Antiñanco solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos informar sobre subsidios y beneficios otorgados a Doris Chiguay Chacón, Manuel Vásquez Romero, Oscar Vásquez Chiguay, y Víctor Vásquez Chiguay. Requiere además copia de antecedentes presentados para cada postulación.</p>
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2) RESPUESTA: El 11 de julio de 2017, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico señalando que, comunicó la solicitud a las personas a que se refiere la información conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, quienes se opusieron a entregar la información, razón por la que deniega el acceso a la misma.</p>
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3) AMPARO: El 11 de julio de 2017, doña Carmen Antiñanco dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado al Sr. Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos, mediante Oficio N° E2075 de 24 de julio de 2017. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 2.912 de 16 de agosto de 2017, señalando, en síntesis que denegó la entrega de la información fundado en la oposición de los terceros a que se refiere la misma. Acompaña copia de correo electrónico mediante el cual doña Doris Chiguay Chacón señala que no autoriza la entrega de la información de los cuatros miembros de su familia que se solicita.</p>
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5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: Este Consejo confirió traslado del presente amparo a doña Doris Chiguay Chacón, mediante Oficio N° E 2797 de 25 de agosto de 2017. No obstante lo anterior, a la fecha de la presente decisión, no ha evacuado sus descargos.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, la información solicitada corresponde a los subsidios o beneficios otorgados a determinadas personas, así como los antecedentes acompañados a la postulación respectiva.</p>
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2) Que, los antecedentes acompañados por los postulantes en los referidos procesos constituyen parte de los fundamentos de la decisión que contiene el acto administrativo del órgano reclamado en orden al otorgamiento y pago del subsidio respectivo, incluida la transferencia de fondos públicos asociados a estos. En efecto, tales antecedentes dan cuenta del cumplimiento de las exigencias legales o reglamentarias establecidas en las distintas etapas asociadas al otorgamiento de un subsidio o beneficio por parte del órgano. En dicho orden de ideas, siendo público el acto administrativo que concede tales beneficios, del mismo modo lo son los antecedentes que han servido de fundamento a dicha decisión. En efecto, la Constitución Política de la República, en su artículo 8°, inciso 2°, dispuso que no solo son públicos los actos y resoluciones, sino también, "sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".</p>
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3) Que, este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C446-09, ha resuelto que "el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios". Seguidamente, cabe consignar que para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los bienes jurídicos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie, no se ha verificado. Por lo tanto, se desestimará la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente consignar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° letra i) de la Ley de Transparencia la información relativa a "las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución" es de aquella que los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2° de dicho cuerpo legal deben mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos, circunstancia que refuerza la naturaleza pública de los antecedentes requeridos.</p>
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5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información solicitada. Con todo, de contenerse en los antecedentes requeridos, información de carácter sensible y/o algún integrante del grupo familiar de los terceros interesados, tal información deberá tarjarse de manera previa a su entrega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° letra g) y 10 de la ley N° 19.628. Del mismo modo, la reclamada deberá tarjar los datos personales de contexto que se contengan en la documentación solicitada, esto es, aquellos que no sirvan como fundamento o requisitos al otorgamiento del subsidio o beneficio respectivo, tales como teléfono, correo electrónico u otros similares, que aparezcan en ellas. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Carmen Antiñanco, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante sobre subsidios y beneficios otorgados a las personas señaladas en la solicitud así como la copia de los antecedentes presentados para cada postulación, debiendo tarjar previamente los datos personales de contexto que se contengan en la documentación solicitada, esto es, aquellos que no sirvan como fundamento o requisitos al otorgamiento del subsidio o beneficio respectivo, tales como teléfono, correo electrónico u otros similares, que aparezcan en ellas. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carmen Antiñanco, al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos y a los terceros interesados en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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