Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2454-17

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Reclamante:	DAVID ALEJANDRO HINOSTROZA AGUILA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Pesca, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente al "acceso al uso de antimicrobianos por empresa, utilizadas en la salmonicultura en el año 2016. Detalle, por cada empresa, cantidad antimicrobiano (ton), peso cosecha vivo (ton), biomasa mortalidad (ton), índice antimicrobiano/biomasa producida. Esta información solicitada es similar a la publicación en año 2015." El Consejo acoge el amparo. En efecto, no concurre la causal de reserva invocada toda vez que las empresas en cuestión, no revela de manera alguna una forma particular y única de proceder, por lo que no constituye una materia propia del secreto empresarial, ni tampoco se trata de información que pueda dar una ventaja competitiva a las demás empresas. A mayor abundamiento, se debe advertir el interés público que reviste la materia, toda vez que ciertos fármacos utilizados, puede dañar el Medio Ambiente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/7/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1346-14 C1536-15
Jurisprudencia a:	C1003-18 C1129-18 C6219-19 C8112-19 C2906-20 C3651-20 C8664-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Medio Ambiente; Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPARO ROL C2454-17 Entidad pública: Servicio Nacional de Pesca Requirente: David Hinostroza Águila Ingreso Consejo: 12.07.2017 En sesión ordinaria N° 841 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2454-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de junio de 2017, don David Hinostroza Águila solicitó al Servicio Nacional de Pesca -en adelante indistintamente SERNAPESCA- "acceso al uso de antimicrobianos por empresa, utilizadas en la salmonicultura en el año 2016. Detalle, por cada empresa, cantidad antimicrobiano (ton), peso cosecha vivo (ton), biomasa mortalidad (ton), índice antimicrobiano/biomasa producida. Esta información solicitada es similar a la publicación en año 2015." 2) RESPUESTA: El 30 de junio de 2017, el Servicio Nacional de Pesca respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 113.119 señalando que se encontrará próximamente disponible en la página web del servicio como anexo al Informe de Uso de Antimicrobianos 2016, por lo tanto, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Transparencia, deberá visitar el link que indica. 3) AMPARO: El 12 de julio de 2017, don David Hinostroza Águila dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Hace presente que el órgano reclamado alude a una futura publicación, sin indicar fecha específica. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca mediante Oficio N° E2107 de 25 de julio de 2017. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones a través de los siguientes documentos: a) Oficio N° 114.770 de 8 de agosto de 2017: i. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 90 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, publicó durante este año en su página web, información sobre la cantidad de uso de antimicrobianos, por tipo y agrupación de concesiones, a través de la publicación del Informe de Uso de Antimicrobianos, con los datos correspondientes al año 2016, cuyo link señala. ii. Sin perjuicio de lo anterior y con el objeto de transparentar la información relativa al uso de antimicrobianos en la salmonicultura chilena, ese Servicio desde el año 2016 a la fecha, publica de manera adicional a lo que la ley exige, información desagregada por empresas, en aquellos casos en que éstas consientan expresamente a su publicación en su sitio web, mediante un proceso de notificación que ha implementado con el objeto de resguardar los derechos de las empresas. Lo anterior, por considerar que su publicación en los términos solicitados (por empresa), podría significar una afectación a los derechos de los terceros involucrados, criterio que ha sido refrendado por la Corte Suprema, en la causa que indica. iii. Sin embargo, a la fecha de la solicitud de acceso, no disponía de la información "desagregada por empresa" en los términos que fue requerida, motivo por el cual informó al solicitante que estaría disponible próximamente en la página web del Servicio, como anexo al Informe de Uso de Antimicrobianos 2016, una vez que tuviera claridad respecto a qué empresas consentirían expresamente a su publicación. iv. En dicho contexto, notificará a las empresas a fin de que manifiesten su oposición o consentimiento a la publicación de la información. b) Oficio N° 113.229 de 17 de agosto de 2017: i. Remite lista de empresas a las que se refiere la información solicitada. ii. Acompaña copia del Oficio N° 115.030 de 16 de agosto de 2017 mediante el cual solicitó a las mencionadas empresas pronunciarse antes del día 21 de agosto del año en curso respecto de si acceden o no a la publicación de los datos requeridos. c) Mediante correos electrónicos de 23 y 25 de agosto de 2017 informa que 11 terceros se pronunciaron favorablemente, 4 accedieron, pero no formalmente y se encuentran revisando los datos para confirmar, 3 se opusieron y 4 no se han pronunciado. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del presente amparo a los terceros interesados, a través de los Oficios Nos E2743 a E2745 de 23 de agosto de 2017, E2764, E2768 a E2773, E2775 a E277, de 24 de agosto de 2017. A la fecha del presente acuerdo, Holding and Trading S.A., Salmones Magallanes, y Aqua Chile S.A., formularon sus observaciones y descargos oponiéndose a la entrega de la información manifestando, en síntesis, lo siguiente: a) Lo requerido es información sensible relativa a sus procesos productivos y económicos que le permite desarrollar su actividad en libre competencia y no puede estar en manos de los competidores, porque comprende procesos de producción, técnicas y estrategias, recetas médicas, muestreo, y condiciones económicas, todas las cuales son de su propiedad exclusiva y que fueron desarrollados exclusivamente para esos fines. Constituyen parte del know-how del cual la empresa es titular en el desarrollo de su negocio. Dicha información tiene el potencial claro de afectación de sus derechos comerciales y económicos, principalmente en: seguros, créditos y comercio exterior. b) Se configuran los criterios considerados por este Consejo para dar aplicación de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. c) Para obtener la información solicitada debió incurrir en altos costos, fundamentalmente en capital humano calificado, tecnología de punta y en un despliegue logístico relevante razón por la que no corresponde proporcionarla a un tercero, para que éste pueda utilizar dicha información en su propio beneficio. d) La información solicitada pueda ser utilizada para campañas que tengan por propósito dañar la imagen de la compañía, cuestión que lamentablemente ocurre con cierta frecuencia en la acuicultura, a nivel nacional y mundial, y en particular, en la salmonicultura. Y CONSIDERANDO: 1) Que a modo de contexto, resulta necesario hacer referencia al marco normativo en el cual se desarrolla la materia objeto del presente amparo, del cual, en lo pertinente, procede destacar lo siguiente: a) El decreto N° 430, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, (en adelante, ?Ley de Pesca y Acuicultura o ?Ley de Pesca) en su artículo 90 quáter prescribe: ?"Sin perjuicio de las normas sobre acceso a la información pública, el Servicio deberá mantener en su sitio de dominio electrónico la información actualizada sobre las siguientes materias: (...) b) Informes sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos por cantidad y tipo de las agrupaciones de concesiones e informes sobre el programa nacional de vigilancia de enfermedades de alto riesgo, de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86. La información será actualizada semestralmente c) Resultados de los informes ambientales de los centros de cultivo; d) Zonificación sanitaria que se realice de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86, indicando las zonas libres, infectadas y de vigilancia; e) Centros de cultivo con suspensión de operaciones por incumplimiento de las condiciones ambientales dispuestas en el reglamento (...)". b) Por su parte, el decreto N° 129, de 18 de diciembre de 2013, del Ministerio de Economía, que fijó el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen en su artículo 6°, señala que ?"los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura o quienes éstos designen, deberán entregar la información a que se refiere el presente reglameno". Agrega su artículo 7°, que ?"la información específica por cada centro de cultivo, que deben entregar las personas naturales o jurídicas a que se refiere el artículo anterior, será la siguiente: a) En el caso de centros de cultivo cuyo proyecto técnico comprenda especies de peces, deberá especificarse, según corresponda: 4. Situación sanitaria: i. Especie, peso, número de ejemplares, etapa de desarrollo y/o actividad productiva, unidad de cultivo, causa de mortalidades y todos los otros egresos de peces vivos o muertos que no correspondan a cosecha. ii. Información sobre las medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas a cada unidad de cultivo, y el profesional responsable de los mismos. iii. Enfermedades o infecciones presentadas, signología clínica asociada y diagnósticos de laboratorio. iv. Programas sanitarios específicos: en los casos que exista un programa sanitario específico de conformidad con el artículo 86 de la ley, se deberá dar cumplimiento a las exigencias de información contenidas en ellos referidos a la enfermedad específica de que se trate". En cuanto a la oportunidad, condiciones y periodicidad de las declaraciones deben regirse por lo que a continuación se señala (artículo 8°): ?e) Cualquier otra información, de las enumeradas en el artículo anterior, deberá ser entregada mensualmente (...). La información deberá ser entregada al Servicio mediante el "Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (...). Finalmente, este reglamento, en su Título VI, artículo 19° prescribe que ?"las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento serán sancionadas con las penas y conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones". c) A su turno, el decreto supremo N° 319/2001 del Ministerio de Economía, que establece el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para Especies Hidrobiológicas o también conocido como previene en su artículo 10 que el SERNAPESCA deberá "mediante resolución, previo informe del Comité Técnico, establecer programas sanitarios generales y específicos. Los programas generales determinarán las medidas sanitarias adecuadas de operación, según la especie hidrobiológica utilizada o cultivada, con el fin de promover un adecuado estado de salud de la misma, así como evitar la diseminación de las enfermedades. Los programas específicos estarán referidos a la vigilancia, control o erradicación de cada una de las enfermedades de alto riesgo de las especies hidrobiológicas en todos sus estados de desarrollo". El cumplimiento de las medidas previstas en los programas sanitarios serán de cargo de los titulares de los establecimientos sometidos a ellos (artículo 11). 2) Que, la información solicitada fue entregada por las empresas salmoneras al SERNAPESCA, en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley de Pesca, en el decreto supremo N° 129, que fija el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen. De este modo, en conformidad a lo expresado por el SERNAPESCA, tanto en la respuesta a la solicitud, como en sus descargos, en el sentido de reconocer que la información requerida se encontrará próximamente disponible en su página web como anexo al Informe de Uso de Antimicrobianos 2016, acto que emerge como un importante insumo para el SERNAPESCA en cuanto al ejercicio de su rol fiscalizador, en materias propias de su competencia, relativa a la prevención de enfermedades y al uso de medicamentos, en la producción de salmones y en el cumplimiento de la regulación sanitaria y ambiental, resultando en principio pública, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política, y los artículos 5°, 10° de la Ley de Transparencia, salvo la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva. 3) Que, en el presente caso, algunas empresas a que se refiere la información se opusieron al acceso a la misma pues a su juicio concurriría la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme con la cual se podrá denegar total o parcialmente la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. 4) Que, en las decisiones Roles C1346-14 y C1536-15 este Consejo concluyó que revelar los datos del tipo y cantidad de antibióticos utilizado por las empresas, en el caso de aquellas agrupaciones de concesiones en donde los titulares de las concesiones que las componen son empresas diversas y que se opusieron a su entrega tenía el mérito de configurar la hipótesis de reserva señalada precedentemente. 5) Que, con ocasión de la tramitación del presente amparo, esta Corporación ha estimado pertinente analizar la controversia jurídica de que se trata considerando para ello la extensa normativa que rige la actividad involucrada, las alegaciones expuestas por aquellas empresas que se opusieron a la entrega de la información así como el interés vinculado al conocimiento de los datos requeridos. 6) Que, en dicho orden de ideas, resulta necesario tener presente las siguientes circunstancias, a efectos de determinar si el conocimiento de información solicitada tiene el mérito de develar un modo particular de hacer las cosas, que produzca una ventaja competitiva a la empresa y que justifique su reserva, a saber: a) El Programa Sanitario General de Manejo de Enfermedades (PSGE), prescribe que para efectos de evitar problemas de salud pública, resistencia precoz a las terapias antimicrobianas y otros inconvenientes asociados a la sobremedicación o submedicación, los productos farmacéuticos utilizados deberán, en lo posible, ajustarse a las dosis, periodos de tratamiento, preparación y condiciones recomendadas por el fabricante, consignadas en el registro sanitario respectivo. A su turno, destaca lo regulado por el D.S. N° 319/2001, que establece el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para Especies Hidrobiológicas, en cuanto a que los productos farmacéuticos utilizados deberán administrarse según las indicaciones de la prescripción médico veterinaria, la que deberá ajustarse a la ley N° 18.755 y sus normas complementarias o la normativa que la reemplace. b) A su turno, el "Manual de buenas prácticas en el uso de antibióticos y antiparasitarios en la salmonicultura chilena", conducen a concluir que el uso de antibióticos en la industria se encuentra regulado, cuidando que las dosis que se apliquen, dependiendo del tipo de antibiótico, se ajusten a las recomendaciones tanto del fabricante como de los especialistas en la materia, sean estos médicos veterinarios u otro personal relacionado con la salud animal. c) Asimismo, cabe recordar en este punto que los tratamientos terapéuticos que consistan en sustancias antimicrobianas, antifúngicos y antiparasitarios aplicados a poblaciones de especies hidrobiológicas, deberán estar avalados por la prescripción escrita de un médico veterinario (artículo 57°, del D.S. N° 319). De dicha disposición, entre otras que establecen cargas de registro según ya se ha detallado, deriva para las empresas la obligación de contar con veterinarios que cumplan con las labores que al efecto ha establecido la legislación, cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por la Ley de Pesca y otros instrumentos normativos. Por ello, no puede considerarse como un elemento innovador y de inversión adicional el contar con este tipo de profesionales por parte de las empresas. d) Ante dicha evidencia, es posible concluir que el proceso de aplicación de antibióticos a un grupo de especies afectados con una patología que haga necesario el tratamiento, constituye un proceso en el cual se combinan factores tales como la cantidad, el tipo, los períodos, como asimismo factores climáticos o geográficos. Dicho proceso por lo demás se encuentra regulado por la normativa actualmente vigente y las recomendaciones y directrices nacionales e internacionales. 7) Que, como es dable advertir, existe una regulación pormenorizada que rige el modo en que deben proceder las empresas salmoneras respecto de la utilización de los antimicrobianos en sus procesos productivos, tanto en lo que atañe al tipo como a la cantidad que debe ser aplicada según el caso, contexto en el cual este Consejo ha arribado a la convicción de que la revelación de la información solicitada, desagregado por empresa, no revela en modo alguno una manera particular y única de proceder, por lo que no constituye una materia propia de secreto empresarial y tampoco es de aquella información cuyo conocimiento pueda proporcionar una ventaja competitiva a las demás empresas. 8) Que, enseguida, en lo que atañe a las alegaciones de los terceros referidos a que el uso de la información podría generar efectos adversos en su prestigio cabe manifestar que ello constituye un riesgo remoto que no permite identificar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a los bienes jurídicos que la causal de reserva invocada cautela. Además, en el evento de que las empresas hayan ajustado su proceder a los estándares normativos a que se encuentran afectas, no se vislumbra de qué modo el conocimiento de la información requerida pueda producir los efectos alegados. 9) Que, adicionalmente, es menester tener presente que un número relevante de empresas autorizaron la entrega de la misma información, elemento de ponderación que refuerza lo concluido en orden a que los datos que se solicitan no constituyen información sensible de la actividad comercial en análisis, y, por tanto, su divulgación no tiene el mérito de afectar los derechos comerciales o económicos de las empresas que han denegado su entrega. 10) Que a mayor abundamiento, este Consejo advierte el interés público que reviste la materia, por cuanto el uso de determinados fármacos, particularmente los consultados, puede afectar el medioambiente. En efecto, como se ha señalado y pormenorizado en la normativa analizada en esta decisión, existe una detallada regulación que obliga tanto a los partícipes de la industria acuícola, como a la autoridad que ejerce un rol de control, en este caso el SERNAPESCA, cuyo principal objeto es resguardar al ambiente y a la salud humana, animal o vegetal, según ya se indicó, por lo que el acceso a los antecedentes requeridos supone un control social al ejercicio de la atribuciones del SERNAPESCA en la materia. A este respecto conviene recordar que la ley N° 20.417 (D.O. 26.01.2010), que reformó la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente, creando el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, agregó un nuevo párrafo denominado "Del Acceso a la Información Ambiental". Su artículo 31 bis dispone que "Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública", entendiendo por información ambiental "toda aquélla de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones": a) "El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número anterior. c) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras b) y c). d) Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2° de la ley". A su turno, el artículo 31 quáter dispone que cualquier persona "que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad con lo señalado en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública". 11) Que, en este mismo sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 en causa Rol N° 11.771-2015 referida a la materia en comento, razonó en su considerando trigésimo segundo que "(...) Desde luego, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, es necesaria la existencia de una fiscalización o control social, que debe ejercerse por los ciudadanos, sin perjuicio del control que le cabe al propio Sernapesca, respecto de las empresas del rubro del cultivo de la especie salmón, para así por un lado, poder fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones públicas por parte de los Órganos del Estado, que como precisa la Constitución Política, se deben al principio servicial sobre la persona humana y cuya finalidad esencial es promover el bien común. Asimismo, permite el escrutinio público sobre las propias empresas o entidades fiscalizadas por el respectivo órgano de la Administración, que permita entonces apreciar el modo como se respeta la legislación que enmarca su actuación económica, en el terreno del ejercicio de la libertad de ejercer una actividad económica lícita, pero por cierto apegada a la Constitución y a las leyes." En el considerando trigésimo séptimo del referido pronunciamiento, el mencionado tribunal manifestó que "la referida información debe ser conocida por la solicitante y, en definitiva, hacerse pública, pues se trata de una materia en extremo sensible a toda la opinión pública, por cuanto, como ha quedado expuesto, se encuentra en el tapete de la discusión incluso un problema de salud pública. Frente a la colisión de derechos que podría producirse y tal como lo ha hecho presente el recurrente, habría que aplicar el test de daño, herramienta que permitiría sin duda inclinar el asunto en el sentido de hacer lugar a la publicidad, por las mismas razones que se invocan.". 12) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se desestimará la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la publicidad de la información requerida no tiene el mérito de afectar el bien jurídico protegido por dicha causal, y se acogerá el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don David Hinostroza Águila, en contra del Servicio Nacional de Pesca en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca: a) Hacer entrega al reclamante del "Detalle, por cada empresa, cantidad antimicrobiano (ton), peso cosecha vivo (ton), biomasa mortalidad (ton), índice antimicrobiano/biomasa producida" utilizadas en la salmonicultura en el año 2016. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don David Hinostroza Águila, al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y a los terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.