Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2458-17

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Reclamante:	HUGO VALDÉS ALZAMORA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundado en la respuesta negativa a un requerimiento de información referente a: a) "Copia de las resoluciones que ordenan cometidos funcionarios a las que se hace referencia en el ordinario reservado N° 6104 de fecha 31 de mayo del presente año, específicamente las resoluciones exentas N° 3369, 3370, 3375 y 3376 todas ellas del año 2017, como todas aquellas que se hayan dictado con motivo de la movilización ocurrida entre los días 24 de mayo y 2 de junio del presente año, que digan relación con cometidos funcionarios. b) Se informe el mayor gasto devengado por el Servicio Nacional de Aduanas con motivo de las comisiones de servicio ordenadas a las que se hace reseña precedentemente, indicando separadamente el gasto imputado al subtítulo 21 y 22 por cada uno de los funcionarios comisionados. c) Copia de las nóminas adjuntas ordinario reservado 6104/2017, referidas a nóminas de funcionarios del servicio que no han cumplido con sus funciones correspondientes durante los días de movilización, a la que se hace alusión en la parte final del mencionado oficio". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito de manera suficiente la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/31/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C3389-18
Recursos relacionados:	2808-2017
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C2458-17 Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas. Requirente: Hugo Valdés Alzamora en calidad de Vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH). Ingreso Consejo: 12.07.2017. En sesión ordinaria N° 838 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2458-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de junio de 2017, don Hugo Valdés Alzamora, en calidad de Vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH), solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, de conformidad al artículo 25 de la ley N° 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios, la siguiente información: a) "Copia de las resoluciones que ordenan cometidos funcionarios a las que se hace referencia en el ordinario reservado N° 6104 de fecha 31 de mayo del presente año, específicamente las resoluciones exentas N° 3369, 3370, 3375 y 3376 todas ellas del año 2017, como todas aquellas que se hayan dictado con motivo de la movilización ocurrida entre los días 24 de mayo y 2 de junio del presente año, que digan relación con cometidos funcionarios. b) Se informe el mayor gasto devengado por el Servicio Nacional de Aduanas con motivo de las comisiones de servicio ordenadas a las que se hace reseña precedentemente, indicando separadamente el gasto imputado al subtítulo 21 y 22 por cada uno de los funcionarios comisionados. c) Copia de las nóminas adjuntas ordinario reservado 6104/2017, referidas a nóminas de funcionarios del servicio que no han cumplido con sus funciones correspondientes durante los días de movilización, a la que se hace alusión en la parte final del mencionado oficio". 2) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 6.591, de fecha 15 de junio de 2017, el órgano señaló en síntesis, lo siguiente: a) La ley N° 20.285, referida a la "Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado" y su reglamento contenido en el decreto N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establecen como causal de secreto o reserva, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente, el acceso a la información, permitiendo por tanto la denegación de la información solicitada, cuando su publicidad; comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente "tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada" o derechos de carácter comercial. b) Que, es de conocimiento público la ocurrencia de ciertos actos de hostilidad hacia los funcionarios del Servicio que no adhirieron a la última movilización instruida por ANFACH. c) Que la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 1 señala: "La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona." Por su parte el artículo 5° de la Constitución Política de la República, en su inciso segundo, señala que es deber de los Órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados por esta Constitución. d) A su vez, el artículo 90 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece el principio de defensa de los funcionarios por parte de la institución a la cual pertenecen, cuando estos, con motivo del desempeño de sus funciones se vean agraviados. e) En consideración a la normativa señalada precedentemente, se deniega el acceso a lo solicitado. 3) AMPARO: El 12 de julio de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento. A su vez, solicitó en síntesis, lo siguiente: a) Se declare injustificada e infundada la denegación de acceso a la información realizada por el Director Nacional del Servicio de Aduana (S), en base a la causal de reserva alegada. b) Se declare lugar al acceso a la información solicitada, al tener éste el carácter de información pública de conformidad al artículo 5° de la ley N° 20.285, debiendo proceder en consecuencia a la entrega de la misma a la brevedad posible. c) Se condene a multa del 50% de sus remuneraciones al Director Nacional (S) don Claudio Sepúlveda Valenzuela, por denegación infundada del acceso a la información, de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la ley N° 20.285, previa instrucción de un sumario administrativo. d) Se solicite -de conformidad a lo anterior- a la Contraloría General de la República, instrucción de procedimiento disciplinario de rigor, de conformidad a lo establecido en el artículo 49 de la ley 20.285. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Aduanas, mediante oficio N° E2121, de fecha 25 de julio de 2017. Posteriormente, el órgano por medio de correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2017, acompañó escrito con sus descargos, señalando en síntesis, lo siguiente: a) Como petición principal, se solicita al Consejo que se declare la inadmisibilidad del amparo, por cuanto la solicitud de información se realizó en virtud del artículo 25 de la ley N° 19.296 sobre asociaciones de funcionarios y no en virtud de la ley N° 20.285. b) En subsidio, a la luz del artículo 25 de la Ley de Transparencia, sostuvo en primer lugar que existe una falta de legitimidad parcial del reclamante, por cuanto éste recurrió de amparo diciendo que lo hace "por sí" y en su calidad de vicepresidente de ANFACH, teniendo presente que la solicitud de información se dedujo en su calidad de dirigente gremial. Por lo tanto, el reclamante carece de legitimación para interponer amparo en forma personal, solicitándose rechazar el amparo formulado en esta forma. c) La alusión al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, constituye tan solo un argumento de carácter demostrativo de una misma línea argumental que sostiene la negativa, pero bajo ningún respecto se ha denegado la información en virtud de la mencionada causal. d) El fundamento de hecho de la negativa es la ocurrencia de ciertos actos de hostilidad hacia los funcionarios del Servicio que no adhirieron a la última movilización instruida por ANFACH, razón por la cual se acompaña algunos videos que muestran los ribetes agresivos de la movilización en contra de los funcionarios que no se sumaron. Además, por alguno de esos hechos, se ordenó instruir sumarios, hecho que consta en resoluciones que se adjuntan. e) Por otra parte, se reclama también por la información financiera solicitada, no obstante que el mismo reclamante reconoce que dicha información se encuentra disponible en el sistema de información financiera del Estado, dando cuenta que se trata de información accesible al público, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en un primer orden de ideas, el órgano reclamado alegó la inadmisibilidad del presente amparo, por cuanto la solicitud de información había sido interpuesta en virtud del artículo 25 de la ley N° 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios y no en base a la Ley de Transparencia. Al efecto, se debe precisar que el servicio denegó la entrega de lo solicitado, entre otras normas, invocando la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, sin ser relevante si constituyó o no, como el órgano sostiene: "un argumento de carácter demostrativo de una misma línea argumental que sostiene la negativa", cosa que por lo demás, no es efectivo, atendido que con la sola lectura de su respuesta, se advierte que se utilizó como uno de los principales fundamentos legales. Lo anterior se ve corroborado, en atención al tenor literal de la parte final de su respuesta, que terminó denegando lo requerido, "En consideración a la normativa señalada precedentemente". Desde esta perspectiva, el órgano llamado a velar por la debida aplicación de las causales de reserva es precisamente el Consejo para la Transparencia, quien por expreso mandado del legislador, debe, de acuerdo a lo dispuesto en la letra j), del artículo 33 de la referida ley: "Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado", debiendo para ello, aplicar el procedimiento que la misma ley ha fijado para la consecución de dicho fin. 2) Que, en este contexto, el amparo deducido por el reclamante, en virtud de la ley N° 20.285, es sólo una consecuencia directa del hecho del órgano de haber alegado la aplicación del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, resulta indubitado que la solicitud que dio origen al presente amparo se encuentra regulada por la señalada ley, no pudiendo, como lo pretende el servicio, excluirla de la órbita de reclamación consagrada en el artículo 24 de dicho cuerpo normativo, puesto que en virtud de sus propios actos -como haber invocado una causal de reserva-, el presente reclamo se encuentra en la órbita de competencia de este Consejo. En otras palabras, no se puede pretender por un lado aplicar la Ley de Transparencia para denegar la información en virtud de una causal en particular -artículo 21 N° 2-, para luego, rechazar su aplicación en orden a su reclamo -artículo 24 y siguientes-, debiendo tener presente en este caso, la aplicación de la llamada teoría de los actos propios, reconocida por la Excma. Corte Suprema, quien ha sostenido, entre otras sentencias, que: "Los actos propios encuadran el derecho de los litigantes, en forma que no pueden pretender que cuando han reclamado la aplicación de una determinada regla en beneficio propio, puedan negarse a que también se aplique a favor de su contraparte" -sentencia de 27 de julio de 1998, Microjuris RDJ813, MJJ813-. En el mismo sentido, la misma Corte ha sostenido que: "El efecto que produce la teoría del acto propio es fundamentalmente que una persona no pueda sostener posteriormente por motivos de propia conveniencia una posición distinta a la que tuvo durante el otorgamiento y ejecución del acto por haberle cambiado las circunstancias, y que si en definitiva así lo hace, primarán las consecuencias jurídicas de la primera conducta y se rechazará la pretensión que se invoca y que implica el cambio de conducta que no se acepta (...)"-Rol N° 2925-13; Rol 3997-03; Rol 5978-10; Rol 3046-10-. En suma, distinto sería el caso si el órgano no hubiese invocado la Ley de Transparencia como uno de sus fundamentos para denegar la información, situación en la cual, lógicamente, lo arriba señalado no tendría asidero. En consecuencia, la alegación de inadmisibilidad del órgano será desestimada, resultando aplicable la Ley de Transparencia, por cuanto como se advierte, el órgano invocó la mencionada ley para denegar la información solicitada. 3) Que, en otro orden de ideas, en cuanto a la alegación del servicio, consistente en que el reclamante además de comparecer en este amparo en representación de la ANFACH, actuó también "por sí", se debe señalar que debido a que el reclamante solicitó la información al órgano en calidad de vicepresidente de la asociación, el presente amparo se entenderá interpuesto en esta última condición. 4) Que, en lo que concierne al fondo del asunto, se debe señalar que de acuerdo a lo anotado en el numeral 1°, de lo expositivo, lo requerido dice relación con resoluciones que designan a funcionarios para determinadas comisiones de servicios, información sobre gastos devengados y nóminas de trabajadores adjuntas a un ordinario que se indica, todo lo cual, constituye información de naturaleza pública, a la luz de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, que al efecto dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". A su vez, el carácter público de lo solicitado, queda refrendado también, por lo expresado en el inciso 2°, del artículo 10 de la Ley de Transparencia, que señala que: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales". 5) Que, no obstante lo anterior, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 5° y 19 N° 1 de la Carta Fundamental y artículo 90 de la ley N° 18.834, en atención de que: "es de conocimiento público la ocurrencia de ciertos actos de hostilidad hacia los funcionarios del Servicio que no adhirieron a la última movilización instruida por ANFACH". Lo anterior, al parecer, se basaría en que lo requerido en la letra a), contiene los nombres de funcionarios que fueron destinados en comisión de servicio, lo que lleva a suponer que corresponden, a su vez, a personas que no se habrían adherido a las movilizaciones de la asociación señalada. En este caso, y antes de seguir con el análisis, se debe precisar que la causal alegada no se puede aplicar respecto a lo requerido en las letras b) y c), de la solicitud de información, anotadas en el numeral 1°, de lo expositivo, debido a que en el literal b) se requiere el mayor gasto devengado por el Servicio Nacional de Aduanas con motivo de las comisiones de servicio ordenadas, información que más bien se refiere al uso de fondos o recursos públicos en detalle, no implicando por lo tanto, la comunicación de los nombres de los funcionarios en comisión de servicios, sino los valores correspondiente a cada uno de ellos. Luego, en el siguiente literal -letra c)-, se requiere las nóminas de funcionarios que no cumplieron con sus funciones correspondientes durante los días de movilización por estar adheridos a ella, los que, como es de toda lógica, no se encontrarían afectados por los perjuicios que alega el órgano, al formar parte de las movilizaciones que hubo en su momento. 6) Que, del considerando anterior, se desprende necesariamente, que la causal de reserva alegada por el órgano, esto es, la consagrada en el numeral 2° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, sólo resultaría aplicable a la información requerida en la letra a), del numeral 1°, de lo expositivo, en la medida que sólo en ella se aprecian funcionarios a quienes se les designó para determinadas comisiones de servicios entre los meses de mayo y junio de 2017. En este contexto, el órgano para fundar la causal de reserva, hizo referencia a la existencia de ciertos actos de hostilidad hacia los funcionarios del Servicio que no habrían adherido a la última movilización, acompañando archivos de video y dos resoluciones que ordenan instruir sumarios. Con todo, los antecedentes anteriores, a juicio de este Consejo, no tienen el mérito suficiente para llegar a concluir en forma indubitada que haciendo entrega de lo requerido, se pondría en riesgo la seguridad o la integridad de los funcionarios designados en comisión de servicio. 7) Que, al respecto se debe tener presente que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21, de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En tal sentido, de los videos que acompañó el órgano, no es posible deducir de manera alguna que con la entrega de la información anotada en la letra a), de la solicitud, se puedan afectar a los funcionarios designados en determinadas comisiones de servicio. Así por ejemplo, en ellos no se distingue con claridad las fechas o las personas involucradas -pudiendo tratarse de particulares o de funcionarios-. A su vez, respecto a las dos resoluciones que ordenaron instruir sumarios administrativos, uno se basó en riñas entre particulares y funcionarios en paro y el otro por supuestos bloqueos a los trabajos realizados por algunos funcionarios. Al respecto, se debe señalar que el primero de ellos, no se relaciona con hostigamientos entre funcionarios, y en el segundo, no existe constancia en este procedimiento, que se hayan formulado cargos y sancionado a funcionarios por hostigamientos o agresiones en contra de sus pares. En todo caso, en esta última hipótesis, aun cuando existieran sanciones, no por ello se debería colegir necesariamente que con la entrega de las referidas resoluciones, se podría a llegar a poner en riesgo a determinados funcionarios. Todo lo anterior, sólo lleva a concluir que el servicio no ha acreditado con suficiente especificidad, la causal de reserva alegada. 8) Que, en línea con lo anterior, es de suma relevancia señalar que la información solicitada en las letras a) y c), del numeral 1°, de lo expositivo, se encuentran publicadas íntegramente en el sistema informático del Poder Judicial - http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/- en la causa de protección Rol N° 3441-2017, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, siendo públicos dichos antecedentes, de acuerdo al artículo 9°, del Código Orgánico de Tribunales, que establece el principio de publicidad de los actos procesales. 9) Que, a mayor abundamiento, se debe tener en cuenta que lo requerido en la letra a), dice relación con resoluciones que designan a determinados funcionarios en comisión de servicio, y la letra c), se relaciona con nóminas de funcionarios que no han cumplido con sus funciones, antecedentes respecto de los cuales, en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes, debiéndose tener presente que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. 10) Que, en otro orden de ideas, en lo que concierne a lo requerido en la letra b), del numeral 1°, de lo expositivo, el órgano indicó que el reclamante en su amparo habría reconocido que dicha información financiera, se encontraba publicada en el sistema de información financiera del Estado, dando cuenta que se trata de información accesible al público, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. En este caso, se debe hacer presente que de conformidad al referido artículo 15, es el órgano quien debe comunicar al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar. Por su parte, el numeral 3.1., de la instrucción general N° 10, de este Consejo, precisa el cumplimiento de dicha obligación en el siguiente sentido: "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva". De lo anterior se extrae entonces que, aun cuando el requirente reconozca que lo solicitado estuviese publicado, no obsta a que el órgano deba singularizar la forma específica de acceder a dicha información, de conformidad a lo detallado precedentemente. 11) Que, en cuanto a la alegación del reclamante referente a que la denegación fue infundada e injustificada, se debe señalar que a juicio de este Consejo el órgano invocó razones tanto de hecho como de derecho para reservar la información solicitada -anotados en los numerales 2° y 4°, de lo expositivo-, sin perjuicio que en definitiva dichas alegaciones resultaran desechadas por esta Corporación. En virtud de lo anterior, se desestimará la alegación del reclamante, no resultando aplicables en consecuencia, los artículos 45 y 49 de la Ley de Transparencia. 12) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, en lo que atañe a la información solicitada, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información detallada en el numeral 1°, de lo expositivo, debiendo tarjar, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Hugo Valdés Alzamora en su calidad de Vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Aduanas que: a) Entregue al solicitante, la siguiente información: i. Las resoluciones que ordenan cometidos funcionarios a las que se hace referencia en el ordinario reservado N° 6104 de fecha 31 de mayo del presente año, específicamente las resoluciones exentas N° 3369, 3370, 3375 y 3376 todas ellas del año 2017, como todas aquellas que se hayan dictado con motivo de la movilización ocurrida entre los días 24 de mayo y 2 de junio del presente año, que digan relación con cometidos funcionarios. ii. Se informe el mayor gasto devengado por el Servicio Nacional de Aduanas con motivo de las comisiones de servicio ordenadas a las que se hace reseña precedentemente, indicando separadamente el gasto imputado al subtítulo 21 y 22 por cada uno de los funcionarios comisionados. iii. Las nóminas adjuntas ordinario reservado 6104/2017, referidas a nóminas de funcionarios del servicio que no han cumplido con sus funciones correspondientes durante los días de movilización, a la que se hace alusión en la parte final del mencionado oficio. Lo anterior, se debe realizar tarjando los datos personales de contexto, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Hugo Valdés Alzamora en su calidad de Vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) y al Sr. Director Nacional de Aduanas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.