Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C416-11

Reclamante:	LUIS NARVAEZ ALMENDRAS
Reclamado:	GENDARMERÍA DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que el órgano requerido dio respuesta negativa a su solicitud de información, indicando que ella no existiría, lo solicitado fue a) Fechas, periodos y centros de reclusión pertenecientes a la institución en los que estuvo recluido la persona individualizada en la solicitud. El Consejo acogió parcialmente y señaló que atendido la relevancia e impacto público de los hechos señalados , se verifica un interés público preponderante en la divulgación de la información relativa a las personas que lo visitaron en los recintos penitenciarios dependientes de Gendarmería de Chile. No obstante ello, se estima que, en la especie, no concurre ningún antecedente que permita acreditar la concurrencia de algún interés público en la divulgación de la información referida a las personas que visitaron a otros internos distintos al individualizado, en los recintos penitenciarios en los que éste estuvo recluido, debiendo prevalecer, en este caso, la protección de los datos personales de titularidad de quienes figuran en los registros de visitas solicitados y de los propios internos a quienes éstas se hallan vinculadas. (Con voto disidente)
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/19/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C193-10 C315-11 C416-10 C664-10
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Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO C416-11 Entidad Publica: Gendarmería de Chile Requirente: Luis Narváez Almendras Ingreso Consejo: 31.03.2011 En sesión ordinaria N° 263 de su Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C416-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.L. N° 2.859, del Ministerio de Justicia, que aprueba la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; en el Decreto Supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que establece el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Luis Narváez Almendras, el 2 de marzo de 2010, requirió a Gendarmería de Chile que le entregara la siguiente información: a) Fechas, periodos y centros de reclusión pertenecientes a la institución en los que estuvo recluido el ciudadano chileno Mauricio Hernández Norambuena; y, b) Copia o acceso para lectura de los registros de visita de los centros de reclusión en los que estuvo el Sr. Hernández Norambuena, en los periodos que sean indicados. 2) RESPUESTA: Gendarmería de Chile dio respuesta a la solicitud de información del requirente a través del Ordinario N° 14.00.00.745/11, de 23 de marzo de 2011, mediante el cual se le informa que «[r]evisado el Sistema Computacional de Gendarmería de Chile, se pudo establecer que no se registran antecedentes de ingreso de don Mauricio Hernández Norambuena». 3) AMPARO: Don Luis Narváez Almendras, el 31 de marzo de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que el órgano requerido dio respuesta negativa a su solicitud de información, indicando que ella no existiría. Agrega el requirente que la respuesta del órgano «[n]o resiste mayor análisis pues es público y notorio que el señor Mauricio Hernández Norambuena estuvo privado de libertad y condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán. Asimismo, se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad, dependiente de Gendarmería en diciembre de 1996». 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante el Oficio N° 828, de 6 de abril de 2011, quien evacuó sus descargos a través del Ordinario N° 14.00.00.1038/2011, de 21 de abril de 2011, señalando, en lo que interesa al presente amparo, lo siguiente: a) Existen 3 Unidades Penales que dependen del Departamento de Seguridad de Gendarmería de Chile –el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CPP) Punta Peuco, la Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS) y el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Cordillera–, que guardan estricta relación con las características de los internos que albergan y que en su gran mayoría presentan un alto compromiso delictual, razón por la cual un reducido número de funcionarios de la institución tienen acceso a sus registros, los que, además, están previamente determinados por el citado Departamento de Seguridad, agregando que «[e]n este mismo sentido y por las mismas razones, existen registros de internos que sólo manejan dichos funcionarios». b) En la respuesta dada al requirente se indica que Mauricio Hernández Norambuena no registra antecedentes de ingreso en el sistema computacional de Gendarmería de Chile, sin embargo, ello se debió a que no se consultaron los registros del Departamento de Seguridad. c) En este contexto, se puede informar que «[e]l señor Hernández Norambuena ingresó al C.D.P de San Miguel el 13 de agosto de 1993, siendo trasladado el 20 de de febrero a la Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS), recinto desde el cual protagonizó una fuga el día 28 de diciembre de 1996». d) Por último, en relación a la copia o acceso a registros de visita de los centros de reclusión donde estuvo el Sr. Hernández Norambuena, «[e]xiste un listado de personas, principalmente familiares directos, que estaban autorizadas para visitar al ex-interno, pero hasta el momento no se han encontrado fechas ni horarios de ingreso de éstos, por cuanto no se podría señalar con exactitud si efectivamente ingresaron en alguna oportunidad a la unidad». 5) GESTIÓN UTIL: Este Consejo, a fin de recabar mayores antecedentes para resolver el presente amparo, se comunicó telefónicamente, el 13 de julio recién pasado, con la abogado Gabriela Abusabal, funcionaria de Gendarmería de Chile, encargada de la Ley de Transparencia, a quien se le consultó acerca de la forma en que dicha institución lleva los registros de visitas de los internos de los recintos penitenciarios que se encuentran a su cargo. En repuesta a tal consulta, la funcionaria indicada informó que cada recinto penitenciario lleva dichos registros en forma diaria e individual por cada uno de los internos, agregando que cualquier persona puede concurrir a visitar a un recluso, situación que le es informada por personal del recinto respectivo, siendo cada interno, en definitiva, quien decide si atiende o no a quienes lo visitan. Precisó, asimismo, que los internos no proporcionan a Gendarmería una nómina de personas a las que autorizan para que los visiten, sino que, en la práctica, son ellos los que, caso a caso, deciden si atienden o no a éstas. Por último, también señaló que dar respuesta a una solicitud de información como la realizada por el Sr. Narváez Almendras resulta imposible, ya que, atendido que el tiempo al cual se refiere su requerimiento implica que se deba conferir traslado a una gran cantidad de personas para que hagan valer su derecho de oposición a la entrega de la información requerida o autoricen a entregarla. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, a modo de contexto, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, «[s]e denominan genéricamente establecimientos penitenciarios, los recintos donde deban permanecer custodiadas las personas privadas de libertad en razón de detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad. / Corresponden también a esta denominación las dependencias destinadas al seguimiento, asistencia y control de los condenados que, por un beneficio legal o reglamentario, se encuentran en el medio libre. / Los establecimientos penitenciarios serán administrados por Gendarmería de Chile». 2) Que, por su parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, dicha institución es un servicio público «[q]ue tiene por finalidad atender, vigilar y rehabilitar a las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señala la ley», entre las cuales se encuentran las indicadas en el artículo 3° de dicho cuerpo legal. Asimismo, el artículo 1° del citado Reglamento de Establecimientos Penitenciarios dispone que «[l]a actividad penitenciaria se regirá por las normas establecidas en el presente Reglamento y tendrá como fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas». 3) Que, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 19, N° 7°; letra d), de la Constitución Política de la República, «[l]os encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público» (lo destacado es nuestro). 4) Que, de lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 518, de 1998, las visitas que pueden recibir los internos en dichos establecimientos pueden clasificarse en visitas ordinarias, extraordinarias y especiales –esto es, visitas familiares e íntimas–. El inciso primero del artículo 49 de dicho Reglamento dispone, respecto de las visitas ordinarias, que «[l]os condenados podrán ser visitados a lo menos una vez a la semana, por un lapso mínimo de dos horas cada vez, por sus familiares y personas que aquellos previamente hayan autorizado…», agregando su inciso segundo que «[s]e llevará un registro de visitas que incluirá al menos, el nombre y apellidos de las personas autorizadas por el interno y su cédula de identidad”; por su parte, el artículo 50 regula las visitas extraordinarias señalando que «[e]xcepcionalmente, en casos debidamente justificados, el Jefe del Establecimiento permitirá visitas extraordinarias por un lapso no superior a 30 minutos, previa autorización del interno visitado. De estas visitas se llevará un control estricto», por último, el inciso primero el artículo 51 del Reglamento establece que «[l]os Alcaides podrán autorizar visitas familiares e íntimas, si las condiciones del establecimiento lo permiten, a los internos que no gocen de permisos de salida y que lo hayan solicitado previamente» (lo destacado es nuestro). 5) Que, de las normas citadas precedentemente, así como de la información obtenida con ocasión de la gestión útil realizada por este Consejo, puede concluirse que cada recinto penitenciario lleva un registro diario de visitas por cada uno de los internos recluidos en dicho lugar, en el cual se indica, a lo menos, el nombre, apellidos y RUT de las personas que realizan dichas visitas –antecedentes que constituyen datos personales, conforme a lo dispuesto por el artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628–, sin perjuicio de otros datos personales que también puedan registrarse. Asimismo, y en base a lo anterior, debe concluirse que la sola vinculación de una persona con la circunstancia de haber visitado a otra en un centro penitenciario, constituye un dato de carácter personal que concierne a ambos sujetos. 6) Que, por lo expuesto en los considerandos anteriores, se desprende que el requerimiento del Sr. Narváez Almendras, en lo que respecta a la información relativa a las fechas, periodos y centros de reclusión dependientes de dicha institución en los que estuvo recluido don Mauricio Hernández Norambuena, pese a que no ha solicitado algún documento en particular, se refiere a información contenida en antecedentes o registros que no pueden sino obrar en poder de Gendarmería de Chile, razón por la cual constituye una solicitud de aquellas a las que se refiere la Ley de Transparencia. 7) Que, de los antecedentes aportados por Gendarmería, consta que dicho órgano no ha proporcionado directamente al reclamante la información relativa a las fechas, periodos y centros penitenciarios en los que estuvo recluido don Mauricio Hernández Norambuena, debiendo ella constar en el registro al que se refiere el inciso 2° de la letra d) del artículo 19 N° 7° de la Constitución Política de la República, poseyendo el carácter de información pública conforme lo dispuesto en dicha norma, todo lo cual debe obrar en poder del órgano reclamado. En base a lo anterior, este Consejo dispondrá el acogimiento de este amparo en lo que respecta a este punto, requiriendo al órgano requerido que entregue al Sr. Narváez Almendras la información relativa a los centros penitenciarios en los que estuvo recluido la persona respecto de la cual se consulta, indicando con exactitud las fechas, periodos y centros de reclusión respectivos, toda vez que de los antecedentes que proporcionó Gendarmería a este Consejo no consta en qué fecha precisa el Sr. Hernández Norambuena fue trasladado a la Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS), según lo indica la reclamada. 8) Que, sin perjuicio de lo señalado previamente, debe representarse a Gendarmería de Chile que el haber informado en su respuesta al requirente que el Sr. Hernández Norambuena no registraba antecedentes de ingreso en su sistema computacional da cuenta manifiesta de que dicho órgano no fue suficientemente diligente en la tramitación de la solicitud de información que ha dado origen al presente amparo, transgrediendo, con ello, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, los artículos 5°, 10 y 16 de la Ley de Transparencia, y los principios de relevancia, facilitación y oportunidad, consagrados en las letras a), f), y h) del artículo 11 de dicho cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para que en lo sucesivo, frente a solicitudes similares, a fin de evitar se incurra en situaciones como las analizadas en la presente decisión. 9) Que, respecto de los registros de visitas de los establecimientos penitenciarios que se encuentran a su cargo, es necesario precisar que el requirente no ha solicitado copia de los registros de las personas que, durante el periodo que duró su reclusión, visitaron a don Mauricio Hernández Norambuena –como erróneamente lo entendió el órgano requerido–, sino que el registro de las personas que visitaron los centros en los que éste estuvo recluido, en el mismo periodo, por lo que los descargos formulados por Gendarmería a este respecto resultan improcedentes, sin perjuicio de lo que se indicará en los considerandos 18°) y 19°) siguientes. 10) Que, por otro lado, y a pesar que Gendarmería ha señalado que sólo dispondría de un listado de personas que se encontraban autorizadas para visitar al Sr. Hernández Norambuena y que no tiene otros antecedentes que permitan señalar con exactitud si dichas personas efectivamente ingresaron a visitarlo en alguna oportunidad a la unidad en que estaba recluido, este Consejo estima que, en virtud de las normas reglamentarias citadas en el considerando 4°), los registros de visitas solicitados deben existir en poder de Gendarmería de Chile en relación con los recintos penitenciarios a su cargo, especialmente respecto de aquellos dependientes de la Unidad Especial de Alta Seguridad, ya que, atendida la naturaleza de los delitos a que se vinculan los internos recluidos en ella y las especiales medidas de seguridad allí implementadas, resulta razonable que el órgano reclamado haya adoptado las providencias necesarias a fin de controlar adecuadamente personas que efectúan visitas en dicha Unidad, y mantener de manera conveniente sus respectivos registros. 11) Que, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando 5°), también debe tenerse presente que la información contenida en dichos registros –al ser los internos quienes, en definitiva, deciden, dentro de los márgenes que permite el régimen penitenciario, si reciben o no a las personas que los visitan o requieren alguna visita extraordinaria o especial, según sea el caso–, también constituye un dato personal concerniente a cada uno de los reclusos de los centros penitenciarios respectivos, quienes, pese a la situación en la que éstos se encuentran, poseen un ámbito de privacidad que, al igual que toda persona, debe ser protegido. 12) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, dichos registros constituyen un registro o banco de datos, según lo dispuesto en el artículo 2° letra m) de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos, esto es, «[e]l conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos». 13) Que, Gendarmería de Chile, a fin de entregar los registros de visitas requeridos, deberá efectuar, en definitiva, un tratamiento de datos personales –esto es, «[c]ualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma»–, situación que se encuentra expresamente regulada por la citada Ley N° 19.628. 14) Que, conforme a la funciones asignadas al órgano requerido, establecidas en las normas indicadas los considerandos 1°) y 2°), se desprende que Gendarmería de Chile debe llevar un catastro de las visitas que se realizan a los internos a fin de, especialmente, resguardar la seguridad de los recintos penitenciarios a su cargo, como también de las personas recluidas en ellos y de sus visitantes, a través del registro del ingreso y salida de estos últimos, razón por la cual dicha institución no se encuentra facultada para efectuar a terceros una cesión no autorizada de la información solicitada, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley N° 19.628, «[e]l tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes». 15) Que, en el mismo sentido, conforme a lo expresado en el considerando 4°) de la decisión del amparo Rol C315-11, de 10 de mayo de 2011, cabe agregar que «[a]l ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia. Ello, pues: a) Según establece el artículo 1° de la Ley N° 19.628 este texto constituye una norma especial en el tratamiento de datos personales en registro o banco de datos; y la propia Ley de Transparencia ha reconocido su carácter especial en la letra m) de su artículo 33, al ordenar a este Consejo “velar por su adecuado cumplimiento”. b) La historia de la Ley N° 19.628, de 1999, es clara en reconocer que el régimen de protección de datos personales tiene por objeto la protección del “derecho a la autodeterminación informativa”, aún cuando el legislador optó por obviar su reconocimiento expreso en su artículo 1°, en tanto se trataba de un “concepto doctrinario aún no suficientemente asentado”, lo que el proyecto de ley que modifica las leyes N° 19.628 y N° 20.285 busca enmendar (Boletín N° 6120-07)». 16) Que, por su parte, el considerando 5°) de la decisión citada precedentemente agrega que «[n]o toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando los denominados tests de daños y de interés público: “Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva” (Decisión C193-10). Así, por ejemplo, en la decisión Rol C664-10, relativa a las resoluciones recaídas en sumarios sanitarios donde aplicaba el derecho al olvido consagrado en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, este Consejo resolvió dar acceso a dichas sanciones atendido el interés público involucrado en su conocimiento». 17) Que, en relación con lo razonado en los considerandos precedentes, constituye un hecho público y notorio que, en su oportunidad, se incoaron en contra de don Mauricio Hernández Norambuena diversas causas penales a fin de determinar su participación y responsabilidad en el homicidio del Senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ambos ocurridos durante el año 1991. Asimismo, es de dominio público que el Sr. Hernández Norambuena estuvo recluido en Chile en la Unidad Especial de Alta Seguridad, fugándose de dicho centro penitenciario el 30 de diciembre de 1996. En la actualidad, el Sr. Hernández Norambuena se encuentra cumpliendo una condena de 30 años de presidio en la República Federativa de Brasil, por el secuestro del empresario Washington Olivetto1. 18) Que, atendido la relevancia e impacto público de los hechos en que se ha visto involucrado el Sr. Hernandez Norambuena, este Consejo estima que, en la especie, se verifica un interés público preponderante en la divulgación de la información relativa a las personas que lo visitaron en los recintos penitenciarios dependientes de Gendarmería de Chile en los cuales estuvo recluido entre agosto de 1993 y diciembre de 1996, lo que permite justificar que la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628 ceda en la especie ante la publicidad de la información pedida. No obstante ello, este Consejo estima que, en la especie, no concurre ningún antecedente que permita acreditar la concurrencia de algún interés público en la divulgación de la información referida a las personas que visitaron a otros internos distintos del Sr. Hernández Norambuena, en los recintos penitenciarios en los que éste estuvo recluido, debiendo prevalecer, en este caso, la protección de los datos personales de titularidad de quienes figuran en los registros de visitas solicitados y de los propios internos a quienes éstas se hallan vinculadas. 19) Que, por lo expuesto precedentemente, se acogerá parcialmente el presente amparo, requiriendo a Gendarmería la entrega de la información indicada en el considerando 7°) precedente y, además, la entrega de los registros de visitas correspondientes únicamente a aquellas personas que visitaron al Sr. Hernández Norambuena en los centros penitenciarios en los que éste estuvo recluido, respecto de los periodos consultados. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo presentado por don Luis Narváez Almendras, en contra de Gendarmería de Chile, por las consideraciones precedentes. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile que: a) Informe a don Luis Narváez Almendras respecto de las fechas, periodos y centros de reclusión pertenecientes a dicha institución en los que estuvo recluido el Sr. Hernández Norambuena; b) Entregue al reclamante los registros de visitas correspondientes únicamente a aquellas personas que visitaron al Sr. Hernández Norambuena en los centros penitenciarios en los que éste estuvo recluido, respecto de los periodos consultados, indicando, en cada caso, la fecha de la respectiva visita. c) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra anterior en un plazo de 15 días hábiles contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile que adopte todas las medidas administrativas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, frente solicitudes de información similares a las que han dado origen al presente amparo, se revisen todos los antecedentes que obren en poder de dicho órgano a fin de dar una tramitación diligente a las solicitudes de información que reciba y otorgar una respuesta satisfactoria a los requirentes, a fin de evitar, con ello, que se repita una situación similar a la que se analiza en la presente decisión. IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Luis Narváez Almendras y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile. <h3> VOTO DISIDENTE:</h3> La presente decisión se acuerda con el voto disidente del Consejero Raúl Urrutia Ávila, quien es partidario de acoger totalmente el presente amparo, disponiendo también la entrega de los registros de visitas que incluya a todas las personas que, en tal calidad, concurrieron a los centros de reclusión en los que estuvo recluido el Sr. Hernández Norambuena, y no sólo de aquellas personas que visitaron a este último, en virtud de las siguientes razones: 1) Que, conforme a los antecedentes aportados por el órgano requerido, la información solicitada por el Sr. Narváez Almendras consiste en los registros de visitas del C.D.P de San Miguel, entre el 13 de agosto de 1993 y la fecha en que el Sr. Hernández Norambuena fue trasladado a la Unidad Especial de Alta Seguridad, y el recinto de visitas de este recinto, desde dicha fecha hasta 28 de diciembre de 1996. 2) Que, Gendarmería de Chile, en virtud de lo dispuesto en los artículos 49, 50 y 51 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 518, de 1998, no puede sino poseer dichos registros, los que dan cuenta del ingreso a un establecimiento público –como es un recinto penal– de personas distintas a aquellas que se encuentran privadas de libertad en él, lo que, en sí mismo, constituye un hecho público. 3) Que, asimismo, dichos registros de visitas deben ser elaborados por el órgano requerido –empleando, por tanto, recursos público en ello–, en ejercicio de sus funciones de «[d]irigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos» y de «[c]ustodiar y atender a las personas privadas de libertad en las siguientes circunstancias: 1.- Mientras permanezcan en los establecimientos penales» –artículo 3°, letras a) y d) N° 1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile–. 4) Que, de esta forma, en la especie resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, según el cual «[e]s publica la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas», criterio que es reiterado en el inciso segundo del artículo 10 del mismo cuerpo legal. 5) Que, por otro lado, este disidente estima que concurre en este caso, además, un interés público preponderante en la divulgación de la información pedida, atendido los hechos que han servido de contexto a la solicitud, lo cual hace procedente la entrega de tales antecedentes, venciendo con ello la protección de los datos personales de titularidad de los terceros. A mayor abundamiento, Gendarmería de Chile no invocó en la especie ninguna causal de secreto o reserva legal que permita negar el acceso a los registros de vistas requeridos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre a la presente decisión por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.