Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2495-17

Reclamante:	HARRI KALEVI LINDGREN (NO TIENE)
Reclamado:	MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, fundado en que no se entregó la información solicitada y el otro en que se entregó parte de la información solicitada. Información referente a la "copias de todos los antecedentes para cada proceso de saneamientos de títulos, que hayan resultado en pérdidas de terrenos pertenecientes a la Comunidad Agrícola Los Choros, situada en la Comuna de la Higuera, Cuarta Región. La extensión de la Comunidad se define por los planos IV-1-52-SR y 152240-No- 04104-3772-CR, los cuales se incluyen. Favor incluir todos los antecedentes como solicitudes originales, planos individuales, documentos con firmas de los vecinos etc. (...) Sin embargo, mientras tanto y como casos de prueba, podemos especificar los siguientes expedientes que nos han llamado la atención. Ellos son: - ST-1076 del 28-8-2000, Pedro Antonio Lopéz Campusano, Plano IV-1-3440-SR12.17 has. - El expediente 801816-10 que finalizó con una Resolución Administrativa N° 227-6 de 29 Septiembre 1980, Pedro Antonio Lopéz Campusano, Plano IV-1-379-SR, 3.604 has. - Expediente N° 041SAC334399, Eliana Angélica Lopéz Campusano, Plano IV-1-5919-SR, 4332.01 m2, RES-OOl de 3-1-2008." El Consejo acoge parcialmente el amparo, sólo respecto de los expedientes de regularización de don Pedro Antonio López Campusano, a que se refiere el requerimiento; rechazándolo respecto de las copias de todos los antecedentes para cada proceso de saneamiento de títulos, que hayan resultado en pérdidas de terrenos pertenecientes a la Comunidad Agrícola Los Choros, de la comuna de La Higuera, distintos de los expedientes específicos señalados en la solicitud, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/10/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2654-17 C396-12 C1196-12 C377-13 C438-13 C1045-15 C1867-17 C2397-16
Jurisprudencia a:	C2654-17
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPAROS ROLES C2495-17 y C2654-17 Entidad pública: Ministerio de Bienes Nacionales Requirente: Harri Kalevi Lindgren Ingreso Consejo: 14.07.2017 En sesión ordinaria N° 844 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de los amparos al derecho de acceso a la información Roles C2495-17 y C2654-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 02 de junio de 2017, don Harri Kalevi Lindgren formuló solicitud de información ante este Consejo, dirigida al Ministerio de Bienes Nacionales, requiriendo en particular, "copias de todos los antecedentes para cada proceso de saneamientos de títulos, que hayan resultado en pérdidas de terrenos pertenecientes a la Comunidad Agrícola Los Choros, situada en la Comuna de la Higuera, Cuarta Región. La extensión de la Comunidad se define por los planos IV-1-52-SR y 152240-No- 04104-3772-CR, los cuales se incluyen. Favor incluir todos los antecedentes como solicitudes originales, planos individuales, documentos con firmas de los vecinos etc. (...) Sin embargo, mientras tanto y como casos de prueba, podemos especificar los siguientes expedientes que nos han llamado la atención. Ellos son: - ST-1076 del 28-8-2000, Pedro Antonio Lopéz Campusano, Plano IV-1-3440-SR12.17 has. - El expediente 801816-10 que finalizó con una Resolución Administrativa N° 227-6 de 29 Septiembre 1980, Pedro Antonio Lopéz Campusano, Plano IV-1-379-SR, 3.604 has. - Expediente N° 041SAC334399, Eliana Angélica Lopéz Campusano, Plano IV-1-5919-SR, 4332.01 m2, RES-OOl de 3-1-2008." Este Consejo conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia, procedió a derivar el requerimiento de información al Ministerio de Bienes Nacionales, mediante oficio N° 5007, de fecha 08 de junio de 2017. 2) RESPUESTAS: El Ministerio de Bienes Nacionales respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico de fecha 03 de julio de 2017, señalando que se envía respuesta, pero sin adjuntar documento alguno. Sin embargo, adicionalmente, mediante correo electrónico de fecha 20 de julio de 2017, el Ministerio reclamado informó al solicitante que, de acuerdo a sus registros no cuenta con el expediente de don Pedro Antonio López Campusano; y en cuanto al de doña Eliana Angélica López Campusano es posible hacer entrega del mismo sólo mediante un CD, dado que por su tamaño no puede ser proporcionado vía correo electrónico. 3) AMPAROS: a) Amparo Rol C2495-17: El 14 de julio de 2017, don Harri Kalevi Lindgren dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, fundado en que no se entregó la información pedida en el correo de respuesta recibido con fecha 03 de julio de 2017. b) Amparo Rol C2654-17: EL 27 de julio de 2017, don Harri Kalevi Lindgren dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, fundado en que no con fecha 20 de julio sólo se le proporcionó parte de la información pedida, con fecha 20 de julio de 2017. 4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, de acuerdo al procedimiento del "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC), en virtud del cual el Ministerio de Bienes Nacionales mediante correo electrónico de fecha 03 de agosto de 2017, señaló que por un error involuntario no se adjuntó la información pedida en el correo de respuesta al solicitante de fecha 03 de julio de 2017, adjuntando el oficio respectivo que informa que respecto de los terrenos de la comunidad agrícola sobre la cual versa la solicitud, sólo se encontró uno de los expedientes de saneamiento señalados en la solicitud, y que dado su tamaño sólo se puede entregar en un CD que se encuentra disponible para su retiro en sus oficinas. Por lo anterior, este Consejo mediante oficio N° 6455, de fecha 11 agosto de 2017, remitió la información remitida por el órgano reclamado, solicitándole manifestar si retiró el CD puesto a su disposición, y en tal caso manifestar su conformidad o disconformidad con la misma, y en este último caso, especificar la información que no le ha sido entregada. El solicitante, a través de presentación de fecha 21 de agosto de 2017, señaló que si bien ha pagado el costo del CD proporcionado, aún no ha tenido acceso a su contenido por cuanto ha debido enviársele por correo postal, sin perjuicio de lo cual de igual modo manifiesta su disconformidad con lo informado por el órgano reclamado, por cuanto señala que sólo se entregaría uno de los 3 expedientes específicos requeridos, y además no se pronuncia acerca del resto de las solicitudes de regularización a que hace referencia el requerimiento. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante oficio N° 6917, de fecha 31 de agosto de 2017. El órgano requerido, a través de oficio ORD. GABS. N° 558, de fecha 15 de septiembre de 2017, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que la solicitud, salvo en lo referido específicos pedidos, es "genérica" no solo por su eventual magnitud en cuanto a los casos posibles, sino que también con la incerteza y ambigüedad de la misma, pues el mismo ocurrente anticipa que -probablemente- el 99% de los casos posibles a considerar no tendrían relación alguna con la situación de fondo. Al respecto señala, que el cuerpo legal que regula los eventuales procesos de regularización es el decreto ley N° 2965/79, normativa que se aplica en estos procedimientos administrativos y que no contempla la comparación de los planos y antecedentes conservatorios con los que pudieren generarse en el proceso de regularización, razón por la cual la Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo no tiene la posibilidad de tener un registro, catastro o sistema que le permita cruzar de manera expedita esa información con las inscripciones y planos ya existentes, de modo de determinar "qué solicitudes pueden haber afectado a la comunidad agrícola en cuestión. Además, en el caso de las comunidades agrícolas sujetas a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1967, de agricultura, en que el DL N° 2695/79 no es aplicable, siempre se implementa un protocolo preventivo especial, por lo que en caso de detectarse la existencia de una solicitud de regularización que pudiere afectar a una de estas agrupaciones, como es el caso de la Comunidad Agrícola Los Choros, esta simplemente no se cursa; así es que por definición este servicio no puede contar a priori con un listado de procesos de regularización como el solicitado por el ocurrente, ya que esto implicaría un contrasentido legal y administrativo. Distinto es que, ante la existencia de antecedentes concretos que hagan presumir la existencia de procesos de regularización que excedan el marco legal que establece el D.L. 2695/79, se realice el análisis para determinar si es posible invalidar un acto administrativo ya dictado, o este ha quedado a firme(por haberse incorporado derechos a un patrimonio determinado, o por haber transcurrido el plazo para hacerlo) y solo resta el ejercicio de las acciones jurisdiccionales que el mismo decreto ley provee a los propietarios afectados. Por lo anterior, sostiene que salvo los expedientes específicos requeridos, su requerimiento no es una solicitud de información, sino más una petición dirigida al Servicio para que efectúe una labor determinada, reconociendo que la habría que elaborarla examinando gran cantidad de expedientes, tarea que implicaría revisar la totalidad de los expedientes de regularización efectuados en la comuna en que se ubica la Comunidad Agrícola los Choros, y efectuar un análisis pormenorizado de los deslindes de cada propiedad, efectuando o validando los levantamientos topográficos asociados a cada inscripción como poseedor regular, lo que implicaría destinar a la totalidad del personal asignado a la SEREMI por un largo período de tiempo, y sin que exista un interés legítimo por parte del peticionario para así hacerlo. Agrega, que dado que el procedimiento de regularización implica posesión material de hecho del inmueble que se regulariza, los únicos que están en real situación de conocer cuáles serían dichos propietarios regularizados serían los miembros de la Comunidad Agrícola Los Choros, que conviven con ellos, pudiendo ser individualizados a través de los mecanismos legales que el ordenamiento jurídico vigente entrega a los propietarios que se sienten afectados en sus derechos. Finalmente, respecto a los expedientes en que aparece como beneficiario el señor Pedro Antonio López Campusano, estos no fueron ubicados en su oportunidad puesto que no aparecían en los registros que al efecto se mantienen en la Secretaría Regional Ministerial de la región de Coquimbo. Sin embargo, a los nuevos antecedentes entregados por el solicitante, sobre todo en lo que respecta al rango de fechas asociado al principio y fin de las tramitaciones, ha sido posible ubicar materialmente dichos expedientes el día de hoy. Agrega, que por su antigüedad, dichos materiales no se encuentran digitalizados, por lo que debe procederse a dicha operación, para lo cual se solicita un plazo contado desde los descargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo que la solicitud de acceso a la información que ha motivado los amparos Roles C2495-17 y C2654-17 han sido formuladas por un mismo solicitante, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, y se refieren a la misma información reclamada, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, don Harri Kalevi Lindgren formuló solicitud de información dirigida al Ministerio de Bienes Nacionales, requiriendo copias de todos los antecedentes para cada proceso de saneamientos de títulos, que hayan resultado en pérdidas de terrenos pertenecientes a la Comunidad Agrícola Los Choros, situada en la comuna de La Higuera, Cuarta Región, y que comprenda a lo menos los tres expedientes de saneamiento que indica, todo ello al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta estimada como insatisfactoria, por cuanto el correo de respuesta no adjuntaba información alguna, lo que importa una infracción al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), de la Ley Transparencia que exige a los órganos de la administración del Estado proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios, como asimismo una vulneración al artículo 14 de la referida ley que prescribe el plazo legal para entregar la información solicitada, circunstancia que será representada en lo resolutivo de la presente decisión. 3) Que, sólo con en virtud de la aplicación del procedimiento del "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias", el órgano reclamado informó que por un error involuntario no se adjuntó la información pedida en el correo de respuesta al solicitante, adjuntando el oficio respectivo que informa que respecto de los terrenos de la comunidad agrícola sobre la cual versa la solicitud, sólo se encontró uno de los expedientes de saneamiento señalados en la solicitud, y que dado su tamaño sólo se puede entregar en un CD que se encuentra disponible para su retiro en sus oficinas. Al respecto el solicitante manifestó su disconformidad, por cuanto sólo se proporciona uno de los 3 expedientes específicos requeridos, no entregándose los de don Pedro Antonio López Campusano, y además no se pronuncia acerca del resto de las solicitudes de regularización a que hace referencia el requerimiento, lo que constituye el fundamento del presente amparo. 4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 5) Que, cabe tener presente que sobre el fondo de lo reclamado, de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, y C1867-17 dicha información es de naturaleza pública. En efecto, trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el decreto ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. Por lo expuesto, la información referida a las solicitudes de saneamiento y resoluciones sobre las cuales versa la solicitud de información, tiene carácter público. 6) Que, en primer lugar, tratándose de los expedientes de regularización respecto de solicitudes presentadas por don Pedro Antonio López Campusano, a que se refiere el requerimiento, de acuerdo a lo informado por el órgano reclamado en sus descargos, dichos expedientes fueron encontrados, razón por la cual no existiendo controversia acerca del carácter público de dicha información, acreditado que obra en poder del órgano requerido, y no concurriendo causal de reserva alguna, este Consejo acogerá el presente amparo en esta parte, y ordenará al Ministerio de Bienes Nacionales entregar a don Harri Kalevi Lindgren copia de los expedientes administrativos de saneamiento respecto de solicitudes presentadas por don Pedro Antonio López Campusano singularizadas en el requerimiento, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. 7) Que, por otra parte, respecto de las copias de todos los antecedentes para cada proceso de saneamiento de títulos, que hayan resultado en pérdidas de terrenos pertenecientes a la Comunidad Agrícola Los Choros, situada en la Comuna de La Higuera, distintos de los expedientes específicos señalados en la solicitud, el órgano requerido señaló latamente en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, que lo pedido es un requerimiento genérico, no solo por su eventual magnitud en cuanto a los casos posibles, sino que también con la incerteza y ambigüedad de la misma, explicando que el decreto ley N° 2965, de 1979, no contempla la comparación de los planos y antecedentes conservatorios con los que pudieren generarse en el proceso de regularización, razón por la no tiene la posibilidad de tener un registro, catastro o sistema que le permita cruzar de manera expedita esa información con las inscripciones y planos ya existentes, de modo de determinar qué solicitudes pueden haber afectado a la comunidad agrícola en cuestión, por lo que lo pedido más bien sería una petición a la autoridad, a fin que elabore la información requerida, a partir de la revisión de la totalidad de los expedientes de regularización efectuados en la comuna en que se ubica la Comunidad Agrícola Los Choros, y del análisis pormenorizado de los deslindes de cada propiedad, efectuando o validando los levantamientos topográficos asociados a cada inscripción como poseedor regular, lo que implicaría destinar a la totalidad del personal asignado a la SEREMI por un largo período de tiempo. 8) Que, al efecto cabe tener presente que la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, prescribe que puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Además según lo prescrito en el artículo 7 N° 1, literal c), del Reglamento de la ley N° 20.285 "Se entiende por requerimientos genéricos, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera". 9) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 10) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 11) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, particularmente del tenor literal de la solicitud en orden a que pide copias de todos los antecedentes para cada proceso de saneamientos de títulos, que hayan resultado en pérdidas de terrenos pertenecientes a la Comunidad Agrícola Los Choros, de la comuna de La Higuera, se desprende que se trataría de un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, respecto de los cuales, la solicitante no precisó elementos esenciales para su búsqueda y posterior entrega, tales como el período respecto del cual se requiere la información, razón por la cual sólo se podría satisfacer el requerimiento a través un acabado estudio de título de dominio que comprenda una revisión de todas la solicitudes de saneamiento presentadas, y su contraste con los respectivos registros públicos de propiedad que lleva a su cargo conservador de bienes raíces respectivo. Por lo anteriormente expuesto, a juicio de este Consejo se configura la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el presente amparo en esta parte. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Harri Kalevi Lindgren en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, sólo respecto de los expedientes de regularización de don Pedro Antonio López Campusano, a que se refiere el requerimiento; rechazándolo respecto de las copias de todos los antecedentes para cada proceso de saneamiento de títulos, que hayan resultado en pérdidas de terrenos pertenecientes a la Comunidad Agrícola Los Choros, de la comuna de La Higuera, distintos de los expedientes específicos señalados en la solicitud, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, todo lo anterior conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales: a) Hacer entrega al reclamante copia de los siguientes expedientes administrativos de saneamiento señalados en la solicitud de información, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628: i. ST-1076 del 28-08-2000, Pedro Antonio Lopéz Campusano, Plano IV-1-3440 SR12.17 has. ii. El expediente 801816-10 que finalizó con una Resolución Administrativa N° 227-6 de 29 Septiembre 1980, Pedro Antonio Lopéz Campusano, Plano IV-1-379-SR, 3.604 has. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 c) días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales la infracción a los artículos 11, letra h), y 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que sólo durante la tramitación del presente amparo adjuntó la respuesta a la solicitud de información formulada. Lo anterior, a fin que adopte las medidas que sean necesarias para adecuar todas y cada una de sus actividades institucionales a la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Harri Kalevi Lindgren y al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.