Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2519-17

Reclamante:	PATRICIO SEGURA ORTIZ
Reclamado:	SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio Agrícola Ganadero, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) "Información sobre las autorizaciones que han dado para el uso de glifosato (en sus diversos nombres comerciales) en la comuna de Chile Chico en actividades agrícolas, identificando cantidades, nombre y Rut del titular autorizado, localización, producto al cual utilizar, períodos y dosis, desde el año 2010 a la fecha. b) Además, informes, estudios y toda la documentación sobre los efectos del glifosato que obren en poder del organismo". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse en la especie la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, en específico, al tratarse de un requerimiento cuya atención requiere distraer, en la especie, indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/7/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2954-15
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Medio Ambiente

DECISIÓN AMPARO ROL C2519-17 Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Requirente: Patricio Segura Ortiz Ingreso Consejo: 17.07.2017 En sesión ordinaria N° 826 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2519-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 23 de mayo de 2017, don Patricio Segura Ortiz solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante SAG): a) "Información sobre las autorizaciones que han dado para el uso de glifosato (en sus diversos nombres comerciales) en la comuna de Chile Chico en actividades agrícolas, identificando cantidades, nombre y Rut del titular autorizado, localización, producto al cual utilizar, períodos y dosis, desde el año 2010 a la fecha. b) Además, informes, estudios y toda la documentación sobre los efectos del glifosato que obren en poder del organismo". 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 4152/2017, de 05 de julio de 2017, el SAG señaló, respecto a la primera parte de la solicitud (literal a), relativa a las autorizaciones allí descritas, que el SAG otorga autorizaciones a plaguicidas de uso agrícola, a nivel nacional, no así de uso localizado, por regiones o comunas. Establecido lo anterior, la información sobre el proceso de evaluación y autorización de plaguicidas, así como la lista de plaguicidas autorizados por el SAG se encuentra disponible en forma permanente en el link que indica en su respuesta. En cuanto a los informes y estudios pedidos (literal b), indica que el SAG no ha realizado informes o estudios sobre efectos del glifosato. No obstante ello, en el marco del proceso de evaluación y autorización de plaguicidas, las empresas deben presentar una serie de antecedentes de carácter administrativo y técnico, entre los que se incluyen estudios según los requerimientos establecidos en la normativa aplicable, esto es, la Resolución N° 1557, de 2014, de ese Servicio. Atendido lo anterior, los únicos estudios o informes que podría disponer el SAG son aquellos proporcionados por terceros en el marco de procedimientos de autorización de plaguicidas, cuyo ingrediente activo sea glifosato. Para efectos de determinar la información precisa que obra en poder del órgano, se requeriría revisar los expedientes administrativos de alrededor de 25 productos autorizados, los cuales se encuentran en dependencias externas del Servicio, administradas por empresas a cargo de la gestión documental. Lo anterior implicaría solicitar a cada empresa la búsqueda y traslado de cada uno de los expedientes, con el consiguiente costo asociado, y luego destinar, al menos, dos profesionales del área técnica a la revisión de los expedientes, conformados, cada uno, por alrededor de 220 documentos e informes técnicos, que aplican exclusivamente al cumplimiento de la normativa, lo que en la práctica entorpecería notablemente las funciones del Departamento Técnico, considerando que a la fecha existen en evaluación alrededor de 1.000 solicitudes de autorización de plaguicidas, entre nuevas solicitudes y las modificaciones a las ya existentes, lo que exige destinar a todo el personal disponible al cumplimiento de dichas funciones y sus plazos. La labor descrita es sin perjuicio del tiempo que se debería destinar a la notificación de los terceros conforme el procedimiento prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por todo lo anteriormente expuesto, respecto de la información del literal b) que obra en poder del Servicio se invoca la causal de reserva prescrito en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 17 de julio de 2017, don Patricio Segura Ortiz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, mediante Oficio N° E2225, de 1° de agosto de 2017. Mediante Ord. N° 3877/2017, de 18 de agosto de 2017, el SAG presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo indicado en su respuesta, respecto del literal a), en cuanto la información solicitada en los términos requeridos no se encuentra disponible en el SAG. Se agrega respecto de lo requerido en el literal b) lo siguiente: a) Respecto de los informes que podrían obrar en su poder, serían aquellos aportados por terceros en el marco del procedimiento administrativo de evaluación y autorización de plaguicidas. b) Al efecto, determinar la información que obra en poder del Servicio implica la revisión de los expedientes administrativos de alrededor de 25 productos autorizados, en que los documentos que integran cada expediente corresponden a estudios contenidos en archivadores, que en promedio representan 14.000 páginas por cada uno. Lo anterior, supone destinar a unos seis profesionales del área técnica a la revisión de los expedientes, conformados, cada uno, por alrededor de 220 documentos e informes técnicos, correspondientes a unas 350.000 páginas por los 25 productos involucrados. En la práctica, realizar dicha labor entorpecería las funciones del Departamento Técnico correspondiente, pues a la fecha existen en evaluación más de 1.100 solicitudes de autorización de plaguicidas, entre nuevas solicitudes y las que modifican a las ya existentes; dentro de éstas, por la complejidad de la evaluación, unas 250 solicitudes demoran en evaluarse alrededor de 5 meses (registro), y las otras 850 restantes, un mes (post-registro), por cada una. Además, se debe considerar que no existe capacidad de evaluar las solicitudes de autorización de plaguicidas de forma simultánea, por lo cual se generan tiempos de espera para la evaluación, cuyo tiempo en promedio varía, en el primer caso, de los 2 a 3 años y, en el segundo caso, de 1 año aproximadamente. c) El Departamento Técnico vinculado a esta solicitud, está conformado por profesionales que evalúan solicitudes de registro y post-registro. En el primer caso, se dispone de 9 profesionales y en el segundo caso, sólo de 4 profesionales, por tanto, distraer a dicho personal del cumplimiento de sus funciones habituales, implica prolongar los tiempos de espera para la evaluación técnica de las solicitudes de autorización ya calendarizadas, de acuerdo a un programa que involucra varios años. Actualmente, las solicitudes en trámite datan del año 2013 y los procesos en espera se extienden hasta el año 2019. Cualquier cambio sobre dicha programación, incluyendo extender los tiempos de espera, tiene un efecto directo sobre los intereses comerciales de las empresas involucradas, dado que programan y realizan las coordinaciones del negocio de acuerdo a esta calendarización. d) La alta carga laboral de los profesionales dedicados a la evaluación técnica de estas solicitudes de plaguicidas, no permite la realización de trabajos extraordinarios debido a que esta modalidad ya es empleada precisamente para agilizar la tramitación de los procesos involucrados en la evaluación técnica. Por otra parte, los profesionales involucrados en estos procesos poseen un alto nivel técnico, en cada una de las materias que evalúan y el cabal conocimiento de las normas regulatorias asociadas, por lo cual no es factible considerar un reemplazo para atender este requerimiento. e) Lo anterior, es sin perjuicio del tiempo destinado a la notificación de los terceros conforme el procedimiento prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto la entrega de la información podría afectar los derechos de las empresas involucradas, ya que para efectos de evaluar un plaguicida y otorgar la correspondiente autorización, se exige al interesado presentar una serie de documentos técnicos especificados en la Resolución N° 3670, de 1999, de este Servicio, sobre normas de evaluación de plaguicidas, actualmente derogada por la Resolución N° 1557, de 2014, del mismo origen, en la cual se han invertido cuantiosos recursos para generarla, de manera de ofrecer un producto que otorgue ventajas comparativas respecto de otros plaguicidas presentes en el mercado. En ese contexto, de entregarse antecedentes contenidos en el expediente se podría revelar información sensible, pudiendo afectar los derechos comerciales de la empresa. Cabe agregar, que los titulares de los plaguicidas autorizados por este Servicio y generadores de dicha información consideran de carácter confidencial estos antecedentes. f) Por último, sobre este punto, hace presente que en la decisión de amparo Rol C2954-15, se denegó la entrega del expediente completo del producto Smartfresh Smarttabs, ya que se concluyó que el expediente contiene información específica y relevante, cuyo conocimiento necesariamente permitiría a terceros acceder a las características, fórmulas y procesos esenciales del producto en cuestión, cuya revelación ocasionaría la pérdida de ventajas comparativas del titular, afectándose con ello los derechos comerciales y económicos del tercero". Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se circunscribe a aquella parte de la solicitud de información que fue denegada parcialmente por parte del Servicio, específicamente, copia de los informes, estudios y toda la documentación sobre los efectos del glifosato que obren en poder del organismo. Al efecto el SAG expuso que la única información de dicha naturaleza que obra en su poder es aquella que hubieren acompañado en su oportunidad las empresas que hubieren iniciado procedimientos de evaluación de un plaguicida para efectos de obtener la respectiva autorización. Por lo anterior, se procederá al análisis respecto de la procedencia de la entrega o reserva de esta información, según se expondrá a continuación. 2) Que el SAG denegó la entrega de la información indicada en virtud de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. Respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 4) Que a fin de ponderar en concreto la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. Así, en cuanto a la naturaleza y origen de la información, resulta útil indicar que la materia requerida se encuentra principalmente regulada en la Resolución N° 1557, de 2014, del SAG, "Establece exigencias para la autorización de plaguicidas y deroga Resolución N° 3.670 de 1999". En particular, el punto 4 de la citada Resolución, referido a Requerimientos previos técnicos y administrativos para la autorización de un plaguicida, y en especial, punto 4.3 en lo relativo a Estudios realizados para el respaldo del expediente, se establece que "Cuando los usos del plaguicida se respalden con estudios de eficacia, el solicitante de la autorización de un plaguicida deberá previamente haber finalizado los ensayos de verificación de eficacia preliminarmente autorizados por el Servicio, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de este Servicio que establece los requisitos para las muestras de plaguicidas de uso experimental. Cuando el uso a solicitar corresponda a una misma combinación plaga y cultivo autorizada previamente para otro plaguicida con igual concentración de sustancia activa y misma formulación, sólo deberá acreditarse la certificación de eficacia otorgada por estaciones experimentales autorizadas por el Servicio. Los informes de estudios realizados fuera del país, deberán cumplir con las condiciones descritas en el numeral 4.2., y lo descrito en los requisitos técnicos respectivos. Para el caso de estudios realizados con protocolos de otros países, deberá adjuntarse el protocolo completo. Los estudios hechos con protocolos propios del solicitante, deberán venir acompañados de la metodología completa, y la validación correspondiente del laboratorio". 5) Que establecido lo anterior, respecto al volumen de la información solicitada, el SAG ha explicado que -sólo para efectos de determinar la cantidad de información requerida- se requeriría revisar manualmente cada uno de los expedientes administrativos de alrededor de 25 productos autorizados, en que los documentos que integran cada expediente corresponden a estudios contenidos en archivadores. El órgano precisa -adicionalmente-, que dichos expedientes se encuentran almacenados en dependencias externas al Servicio, por lo que se tendría que contactar a las empresas encargadas de su custodia y gestionar su envío a dependencias del SAG para proceder a su revisión. Sobre este punto, el órgano explica que la revisión material de los expedientes de solicitudes de evaluación y autorización de productos, supone destinar a seis profesionales del área técnica, conformados dichos expedientes, cada uno, por alrededor de 220 documentos e informes técnicos, correspondientes a unas 350.000 páginas por los 25 productos involucrados. Se hace presente que lo anterior implicaría, en la práctica, un entorpecimiento a las funciones del Departamento Técnico correspondiente, pues actualmente existen en evaluación más de 1.100 solicitudes de autorización de plaguicidas, entre nuevas solicitudes y las que modifican a las ya existentes; dentro de éstas, por la complejidad de la evaluación, unas 250 solicitudes demoran en evaluarse alrededor de 5 meses (registro), y las otras 850 restantes, un mes (post-registro), por cada una. Además, se debe considerar que no existe capacidad de evaluar las solicitudes de autorización de plaguicidas de forma simultánea, por lo cual se generan tiempos de espera para la evaluación, cuyo tiempo en promedio varía, en el primer caso, de los 2 a 3 años y, en el segundo caso, de 1 año aproximadamente. Asimismo, el Servicio explica la conformación de la Unidad Técnica que tendría que realizar el análisis, además de la carga laboral correspondiente a dicho Departamento, según se indica en los descargos reproducidos en lo expositivo del presente acuerdo. Por último, respecto a la naturaleza de la información, el SAG hace presente que de entregarse antecedentes contenidos en el expediente se podría revelar información sensible, pudiendo afectar los derechos comerciales de la empresa, por lo que cabría dar aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que resulta inviable para este caso, atendido el alto número de solicitudes de evaluación y autorización que se presentan ante dicho Servicio (por ejemplo, en la actualidad existen en evaluación más de 1.100 solicitudes de autorización de plaguicidas). En este sentido, los titulares de los plaguicidas autorizados por este Servicio y generadores de dicha información consideran de carácter confidencial estos antecedentes. 6) Que por lo anterior, este Consejo estima que, el conjunto de actividades descritas, especialmente lo referido a la ubicación de la información requerida (archivados en bodegas externas al SAG); el escaso personal del Servicio disponible en dichas oficinas para atender el requerimiento; y, teniendo en consideración el número de solicitudes presentadas para un período de sólo 1 año (aproximadamente1.100 solicitudes de autorización de plaguicidas), debiendo a su vez revisarse y seleccionarse manualmente únicamente aquella información referida a informes, estudios y toda la documentación sobre los efectos del glifosato que obren en poder del organismo (presentadas por empresas), al menos en el período indicado en la solicitud (desde 2010 a la fecha, esto es, período de 7 años de información), para los efectos de sistematizar y posteriormente entregar la información requerida por el solicitante, es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del Servicio la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales (especialmente recursos humanos) que deberían destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, razones por las que se rechazará el presente amparo por configurarse en la especie la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. 7) Que por último, atendido lo antes resuelto, resulta inoficioso pronunciarse sobre la procedencia de aplicación del procedimiento del artículo 20 de Ley de Transparencia alegado por el órgano con ocasión de los descargos evacuados en esta sede. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Segura Ortiz, de 17 de julio de 2017, en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por configurarse en la especie la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, en específico, al tratarse de un requerimiento cuya atención requiere distraer, en la especie, indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Segura Ortiz y al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu, la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza y el Consejero don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.