Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2598-17

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Reclamante:	MATÍAS ROJAS ALABARCE
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a los "registros administrativos provenientes del SII". En particular, el código 122, 102, 101, 784, 778, 816, 129, 647, 779, 817, 843, 628, 630, 123, 632, 633, 14, 645 y 646 del formulario 22 para los años tributarios 2015, 2016 y 2017 (...)". El Consejo acoge el amparo, toda vez que la información solicitada no queda cubierta bajo el secreto tributario.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/20/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1571-12 C2210-15 C815-16 C315-09
Jurisprudencia a:	C7024-19
Recursos relacionados:	13205-2017 6333-2018
Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Información a disposición permanente del público >> Páginas web
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C2598-17 Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII) Requirente: Matías Rojas Alabarce Ingreso Consejo: 24.07.2017 En sesión ordinaria N° 838 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2598-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de julio de 2017, don Matías Rojas Alabarce solicitó al Servicio de Impuestos Internos "datos innominados a nivel de contribuyente de los "registros administrativos provenientes del SII". En particular, el código 122, 102, 101, 784, 778, 816, 129, 647, 779, 817, 843, 628, 630, 123, 632, 633, 14, 645 y 646 del formulario 22 para los años tributarios 2015, 2016 y 2017 (...)". 2) RESPUESTA: El 10 de julio de 2017, mediante Res.Ex.N°: LTNot 0012751, el Servicio de Impuestos Internos dio respuesta a dicho requerimiento, señalando, en síntesis, que se deniega el acceso a la información solicitada, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, toda vez que su entrega vulneraría lo establecido en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario, que prohíbe al Director y demás funcionarios divulgar la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas o gastos que figuren en las declaraciones obligatorias. 3) AMPARO: El 24 de julio de 2017, don Matías Rojas Alabarce dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se otorgó respuesta negativa a su solicitud. Agregó, que la información requerida ha sido traspasada al Banco Central de Chile para la realización de estudios, según consta "en el informe Perez (2010)" publicado en la página web del Banco Central, que adjunta. Así las cosas, su solicitud tiene por propósito hacer una investigación independiente y que igualmente la información mantendría el carácter reservado, toda vez que expresamente se solicitó datos innominados. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante Oficio N° E2329, de fecha 08 de agosto de 2017, notificó y confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, a fin de que presentase sus descargos u observaciones. Posteriormente, con fecha 25 de agosto de 2017, por medio de presentación escrita, el órgano reclamado evacuó sus descargos en esta sede, señalando en síntesis lo siguiente: En primer lugar, señala que el amparo interpuesto adolece de un vicio de admisibilidad, ya que en la reclamación no se señala la existencia de alguna infracción ni los hechos que la configuran. No se invocaría causa legal ni fundamento, así como tampoco se aportan antecedentes para sustentar el reclamo, "más que solamente reclamar por vía electrónica a la decisión de este Servicio justificando su solicitud por su propósito o finalidad y porque este organismo entregó la información requerida en forma innominada al Banco Central, lo cual dista de la causa de denegación de la información que entregó este Servicio al pronunciarse sobre la solicitud de acceso, esto es, la reserva tributaria (...)". En cuanto al fondo del asunto, indica en relación a reserva tributaria impuesta por el artículo 35 del Código Tributario, que aquella constituye una garantía de resguardo de la información personal que los contribuyentes deben entregar a la Administración Tributaria, en cumplimiento de la carga constitucional del pago de sus impuestos, en virtud del artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República. Ello por cuanto, los impuestos están establecidos en favor del Estado en cuanto sujeto activo de la relación jurídica tributaria, imponiéndose por ley a los sujetos gravados, el deber se proporcionar al Estado cierta información con la exclusiva finalidad de que éste verifique el correcto acertamiento tributario, y en su caso, objete y promueva la recta determinación de lo debido. Como contrapartida a esta facultad de reunir información, el legislador determinó, para la Administración Tributaria, la obligación de custodia los datos recopilados, en clara atención a la delicada materia de que se trata, brindando protección ante una divulgación indebida de los antecedentes tributarios y económicos de los contribuyentes. Luego, en este caso, lo solicitado consiste en la entrega de la información contenida en las Declaraciones Anuales de Impuesto a la Renta de los contribuyentes, específicamente declaradas en el Formulario 22, para los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en particular las partidas de los códigos 122, 102, 101 , 784, 816, 129, 647, 779, 817, 843, 628, 630, 123, 632, 633, 14, 645 y 646, "por lo tanto es claro que lo solicitado comprende entregar la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas, gastos o datos relativos a ella que figuran en declaraciones obligatorias, cuya divulgación se encuentra prohibida absolutamente por texto expreso del artículo 35 del Código Tributario y no puede sino encontrarse afecto al secreto tributario en la forma de la causal de reserva contemplada en el N° 5 del artículo 21 de la ley N° 20.285, por lo que era necesario y obligatorio para este Servicio denegar el acceso de información". Por otra parte, en relación a las alegaciones efectuadas por el reclamante en su amparo, sostiene, en primer lugar, que atendido lo dispuesto en los artículos 66, incisos primero y final, y 53 de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, y el Convenio de Colaboración entre el Banco Central de Chile y el Servicio de Impuesto Internos para la gestión de información estadística, el Banco Central tiene una normativa expresa que lo faculta para solicitar información para fines estadísticos, información que puede incluso estar sujeta a reserva tributaria y para lo cual incluso se ha celebrado un Convenio al respecto, con normativa estricta a cumplir, a fin, de no vulnerar la reserva tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario, tal como lo hizo cuando confeccionó el documento denominado Estudios Económicos Estadísticos: Una caracterización de las empresas privadas no financieras de Chile, Número 83, de diciembre de 2010, y que el peticionario acompañó como documento en su recurso de amparo. En segundo término, indica que "entregar un listado, incluso "innominado" sobre información tributaria, a cualquier particular, como requiere el recurrente, implicaría vulnerar la obligación del secreto tributario, deber de reserva absoluto y que sólo permite su excepción cuando el propio Código Tributario lo ordena o en el cumplimiento de otra norma legal. En el caso de un particular, que no se encuentra amparado por una excepción legal, corresponde entonces aplicar la regla general, esto es, denegar la información solicitada, aun cuando ella sea innominada, por cuanto se refiere a divulgar, de cualquier forma, la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas, gastos o cualquier dato relativo a ella, que figura en una declaración obligatoria, en este caso en el Formulario 22 respectivo, tal y como el propio artículo 35 del Código Tributario prohíbe entregar dicha información, razón por la cual correspondía denegar la información requerida por el peticionario en su solicitud de acceso, a pesar de haberla solicitado de manera innominada". Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer término, en cuanto a la alegación formulada por el SII en orden a que la reclamación de la especie adolecería de un vicio de admisibilidad, ya que esta no daría cuenta de la existencia de alguna infracción ni los hechos que la configurarían. Cabe anotar al respecto que si bien el artículo 24 de la Ley de Transparencia (refrendado por el artículo 43 del Reglamento) establece como requisitos de toda reclamación de amparo, el señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, así como acompañar los medios de prueba que los acrediten, en especial copia de la solicitud de información y de la resolución denegatoria, al mismo tiempo el inciso final del citado precepto reglamentario establece que "El Consejo para la Transparencia, para facilitar la reclamación, pondrá a disposición de los interesados, formularios de reclamos. No obstante, los solicitantes podrán siempre presentar sus propios escritos". Pues bien, el reclamante al deducir amparo ante esta sede utilizó el formulario dispuesto al efecto por este Consejo en su página web, señalando claramente como infracción cometida por el SII el haber entregado una respuesta negativa -léase denegatoria- a la solicitud de información, fundando por tanto en dicha circunstancia su reclamación. En consecuencia, el reclamante satisfizo suficientemente el estándar normativo recién mencionado, desestimándose, por tanto, la alegación de forma planteada por el SII. 2) Que, lo requerido corresponde a información innominada o anonimizada a nivel de contribuyente, sobre los códigos 122, 102, 101, 784, 778, 816, 129, 647, 779, 817, 843, 628, 630, 123, 632, 633, 14, 645 y 646 del Formulario 22 de Declaración Anual de Impuesto a la Renta, para los años tributarios 2015, 2016 y 2017. Al efecto, el órgano reclamado denegó la información solicitada en virtud de la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario, pues considera que la información pedida queda cubierta por el deber de reserva o secreto tributario consagrado en el mencionado precepto, pues implica "divulgar, de cualquier forma, la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas, gastos o cualquier dato relativo a ella, que figura en una declaración obligatoria, en este caso en el Formulario 22 respectivo". 3) Que, el artículo 35 del Código Tributario, en sus incisos 1° y 2° prescribe que "Junto con sus declaraciones, los contribuyentes sujetos a la obligación de llevar contabilidad presentarán los balances y copia de los inventarios con la firma de un contador. El contribuyente podrá cumplir dicha obligación acreditando que lleva un libro de inventario debidamente foliado y timbrado, u otro sistema autorizado por el Director Regional. El Servicio podrá exigir la presentación de otros documentos tales como libros de contabilidad, detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias, documentos o exposición explicativas y demás que justifiquen el monto de la renta declarada y las partidas anotadas en la contabilidad./ El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". 4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. Por tanto, procede ponderar si se configura el deber de reserva o secreto tributario en los términos expuestos, respecto de la información solicitada en la especie. 5) Que, este Consejo, a partir de las decisiones de amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. Se establece como criterio el que: "a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09). Criterio que por lo demás ha sido compartido por la Excma. Corte Suprema, quien en sentencia Rol 5002-2013, acotó la lógica operativa del secreto tributario, razonando en su considerando décimo que: "es necesario tener en consideración que una de las finalidades del principio de reserva o secreto tributario es evitar que se ponga en evidencia tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica" (énfasis agregado). 6) Que, en tal contexto, la alegación de la reclamada en cuanto indicó que el secreto tributario consagrado en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario resultaría aplicable aún en aquellos casos en que la información sea innominada, suponiendo con ello que la norma citada consagra un tipo de reserva en abstracto y absoluto, con independencia de la identidad del contribuyente, debe ser desestimada. Lo anterior, por cuanto dicha interpretación se aleja del texto expreso de la ley que invoca, de cuya lectura se desprende de modo preciso, como señaló este Consejo, en la decisión de amparo rol C2210-15, aquella "descansa en la idea de proteger los derechos de los contribuyentes a fin de evitar el conocimiento público de los datos patrimoniales que figuran en las declaraciones obligatorias de impuestos que estos deben efectuar", esto es, proteger datos patrimonial de un contribuyente en particular, y no datos por si solos, situación que en la especie no concurre, por cuanto la informacion reclamada es, efectivamente, información completamente innominada y desvinculada de cualquier contribuyente, sea persona natural o jurídica, la cual el ningún caso puede significar la divulgación de la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados con motivo de los formularios 22 consultados, no configurándose, por tanto, ninguna afectación a alguno de los bienes jurídicos dispuestos en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, ya citado. 7) Que, a mayor abundamiento, cabe destacar lo razonado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 30 de diciembre de 2016, en causa rol 8734-2016, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de decisión de este Consejo, amparo rol C815-16, en la cual dicha magistratura sostuvo en su considerando séptimo, que "así las cosas, al accederse por el Consejo sólo a la divulgación de información de carácter estadística, innominada sin referencia a contribuyentes ni domicilios ni otros datos de contexto, no ha incurrido en infracción a los artículos 35 del Código Tributario y 24 transitorio N° 13 de la Ley N° 20.780, dado que no se divulga en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme al ya citado artículo 24 transitorio, por lo que se rechazará el reclamo de ilegalidad". 8) Que, en consecuencia, atendido que la información solicitada no queda cubierta por el deber de secreto o reserva tributario establecido en el inciso 2° del artículo 35 del Código del ramo ya analizado, no configurándose por ende a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia alegada por el órgano requerido, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará al SII hacer entrega al peticionario de la información estadística consultada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Matías Rojas Alabarce, en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos: a) Hacer entrega al reclamante información innominada o anonimizada a nivel de contribuyente, sobre los códigos 122, 102, 101, 784, 778, 816, 129, 647, 779, 817, 843, 628, 630, 123, 632, 633, 14, 645 y 646 del Formulario 22 de Declaración Anual de Impuesto a la Renta, para los años tributarios 2015, 2016 y 2017. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Rojas Alabarce y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.