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DECISIÓN AMPARO ROL C2608-17</p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile.</p>
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Requirente: Felipe Castillo Díaz.</p>
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Ingreso Consejo: 24.07.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 834 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de septiembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2608-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de junio de 2017, don Felipe Castillo Díaz solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información:</p>
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a) "Solicito documento que acredite que el señor Carlos Humberto Barraza, RUT (...), posee licencia para el uso de explosivos en faenas mineras.</p>
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b) Además, requiero documento que acredite que el señor Barraza posee autorización para el transporte de dichos explosivos, señalando los requisitos que debe cumplir para ello.</p>
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c) En el caso de que el señor Barraza cuente con la licencia y autorizaciones pertinentes, si es posible, quisiera saber en qué fecha ha adquirido los explosivos".</p>
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2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 5 de julio de 2017, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
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Posteriormente, mediante Resol. Exta. N° 241, de fecha 18 de julio de 2017, el órgano respondió a dicho requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 17.798 sobre Control de Armas, haciendo mención a lo expuesto en el artículo 5 del Reglamento de dicha ley, y en los artículos 2 y 16 de la citada ley, y a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en Recurso de Queja rol N° 21377-2016, y señalando en síntesis, que "conforme a las disposiciones legales mencionadas, Carabineros de Chile se encuentra impedido de entregar cualquier información relacionada con materias reguladas por la ley de control de armas, por ser de carácter secreto por expreso mandato legal, entre las que se cuentan las relativas a explosivos, particularmente su manejo y adquisición".</p>
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3) AMPARO: El 24 de julio de 2017, don Felipe Castillo Díaz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que "Carabineros, en este caso, no ha demostrado cómo la publicidad de la información solicitada podría estar afectando los bienes jurídicos antes señalados, por tanto el fundamento de la resolución denegatoria sería insuficiente, dado que no se acredita el daño que provocaría la entrega de los antecedentes requeridos", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C2690-16.</p>
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Acto seguido, reclama que "se requiere verificar la existencia de determinados documentos a través de los cuales la autoridad ha permitido que una persona natural mantenga en su poder y transporte material explosivo. No se requiere saber cantidades, tipos de explosivos ni datos adicionales respecto al manejo y adquisición de los mismos, dado que la solicitud se funda en la necesidad de permitir un control social básico en este tipo de materias, ya que eventualmente, una persona no capacitada o no autorizada puede mantener estos materiales y transitar con ellos a través de caminos públicos y privados, pudiendo hacer mal uso de estos, poniendo en peligro a terceros", señalando que la persona aludida en la solicitud realizaría labores mineras sin autorización del SERNAGEOMIN, en el lugar que indica.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E2369, de fecha 8 de agosto de 2017, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante Oficio N° 246, de fecha 21 de agosto de 2017, el órgano reclamado presentó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta, denegando la entrega de la información, y haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C2135-16 y C711-16.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de Carabineros de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a las autorizaciones para el uso y transporte de explosivos, por parte de la persona que indica, y la fecha de adquisición de esos explosivos. Al respecto, el órgano denegó la entrega de dicha información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°5, en relación con lo dispuesto en la ley N° 17.798 sobre Control de Armas.</p>
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2) Que, según lo razonado por este Consejo, en la decisión de amparo rol C2135-16, en cuanto al fondo, cabe tener presente lo previsto en la ley N° 17.798 sobre Control de Armas, en su artículo 16, el cual dispone que "El personal de la Dirección General de Movilización Nacional y el de los demás organismos que menciona el artículo 1°, no podrá revelar los hechos, informaciones y el contenido de las solicitudes recibidas por ellos, relativos a las materias que regula esta ley. La misma obligación tendrá respecto de las resoluciones, oficios y providencias que emitan la Dirección General y los organismos indicados en el artículo 1° de esta ley. La infracción a lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionada con las penas establecidas en el inciso segundo del artículo 246 del Código Penal. Sin perjuicio de lo anterior y de las facultades de supervigilancia y control de las armas que corresponden al Ministerio encargado de la Defensa Nacional o a organismos de su dependencia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile estarán interconectados con la base de datos sobre inscripciones y registro de armas que debe mantener la Dirección General de Movilización Nacional. Sólo tendrán acceso a ella los funcionarios de las instituciones indicadas hasta los niveles de Oficiales Superiores y Prefectos. El reglamento fijará las normas con arreglo a las cuales se consultará dicha base de datos debiendo, en todo caso, registrarse dicha consulta y resguardarse la reserva de los antecedentes contenidos en aquélla".</p>
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3) Que, de lo anterior, se colige que la información consultada es de uso de la reclamada, por formar parte de los organismos policiales autorizados por ley para cumplir dicha función. Lo anterior, a fin de permitir un ejercicio eficaz de las labores de fiscalización y control policial sobre dichos elementos, cuyo mal uso, podría afectar la seguridad nacional en caso de ser destinado para cuestiones diversas a aquellas para las cuales se autorizó la manipulación de esa información.</p>
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4) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido que, para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 16 de la ley N° 17.798, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).</p>
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5) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, a juicio de este Consejo la divulgación de la información requerida, podría afectar el debido cumplimiento de las labores de fiscalización de los organismos policiales antes mencionados. En efecto, y ante una solicitud similar, en la decisión recaída en el amparo Rol N° C711-16, esta Corporación razonó que "la información solicitada [detalle de armas compradas por un privado] se encuentra establecido exclusivamente en favor de aquellos órganos que requieren dichos antecedentes para dar adecuado cumplimiento a los fines de prevención e investigación de delitos. En consecuencia, atendida la finalidad especifica en virtud de la cual ha sido concebido el registro en el cual se encuentra contenida la información solicitada la divulgación de los datos que allí se contienen a un tercero distinto de aquellos que expresamente se encuentran autorizados reviste un potencial de afectación suficiente para mermar la actuación de los órganos a los que el legislador ha permitido su acceso (...)". De esta forma, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo, relativo a que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, queda suficientemente acreditado en este caso, razón por la cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el N° 1 del mismo artículo y el artículo 16 de la ley N° 17.798.</p>
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6) Que, conforme con lo expuesto precedentemente, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas, y en ejercicio de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra j), de la ley N° 20.285.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Felipe Castillo Díaz, en contra de Carabineros de Chile, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo expuesto en el artículo 16 de la ley N° 17.798 y el artículo 33, letra j), de la citada Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Castillo Díaz y al General Director de Carabineros de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu, la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza y el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.</p>
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