Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2624-17

Reclamante:	HANS ROJAS ARAYA
Reclamado:	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE COQUIMBO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información realizada en los siguientes términos: En su calidad de representante con poder amplio de su "abuela", que es comunera, requiere "(...) copia de todos los documentos, a lo largo de su historia, que están en la carpeta de la Comunidad Agrícola Punitaqui, la cual se encuentra en la oficina provincial del Limarí en la ciudad de Ovalle." El Consjeo acoge el amparo, toda vez que se trata de antecedentes que obran en poder del órgano recurrido para el cumplimiento de una función pública mandata por la normativa que regula la materia y que el reclamante detenta la calidad de mandatario de una comunera de la asociación territorial, cuyo poder obra en poder del órgano recurrido.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/31/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C887-14
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C2624-17 Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo Requirente: Hans Rojas Araya Ingreso Consejo: 25.07.2017 En sesión ordinaria N° 840 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2624-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 05 de julio de 2017, don Hans Rojas Araya solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo la siguiente información: En su calidad de representante con poder amplio de su "abuela", que es comunera, requiere "(...) copia de todos los documentos, a lo largo de su historia, que están en la carpeta de la Comunidad Agrícola Punitaqui, la cual se encuentra en la oficina provincial del Limarí en la ciudad de Ovalle." 2) RESPUESTA: El 21 de julio de 2017, la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo respondió a dicho requerimiento de información mediante ordinario N° E 28436, de 20 de julio de 2017, señalando, en síntesis, que: Si bien, efectivamente el solicitante tiene la calidad de representante convencional de un miembro de la comunidad y por tanto tiene derecho a la información de la organización comunitaria, sin embargo, en virtud del artículo 52 del decreto con fuerza de ley N°5, de 1968, sobre comunidades agrícolas, "será competente para conocer de las acciones y demás materias a que se refiere el presente decreto con fuerza de ley, el tribunal que conoció de la gestión de saneamiento en que incida el asunto." Además el aludido decreto establece una normativa general que debe ser reglamentada por el respectivo estatuto, en el cual el solicitante debe buscar el detalle de la extensión y forma del ejercicio del derecho a la información que ostenta cada comunero. A su turno señala que su labor asesora se encuentra establecida expresamente en el artículo 4, letra d), del citado decreto N° 5, que mandata al servicio, entre otras facultades, la de asesorar jurídicamente, en forma gratuita, a la comunidad agrícola que haya obtenido inscripción a su favor en conformidad a estas disposiciones, en todas aquellas materias relativas al dominio y explotación del predio y derechos de aprovechamiento de aguas. Además de la facultad otorgada por el artículo 16, inciso 5°, del mencionado cuerpo normativo, que los faculta a asistir a las juntas generales ordinarias y extraordinarias de la comunidad para orientar a los comuneros en las normas legales que los afecten y servir de portavoz ante el Ministerio en relación con problemas que sean de su competencia. Por último agrega que los antecedentes que pueden haber llegado hasta sus archivos, constituyen en su esencia, documentos privados de la comunidad, a quienes deben prestar por ley asesoría, y en virtud a ese deber, se ven imposibilitados de entregar la información a personas que en la relación asesor-asesorado establecida en el dicho cuerpo normativo aparecen como terceros, aunque sean comuneros. 3) AMPARO: El 25 de julio de 2017, don Hans Rojas Araya dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que posee un mandato amplio de su "abuela", comunera, cuya copia está en las oficinas del servicio en Ovalle, por tanto tiene derecho a la información, que lamentablemente el Directorio no entrega a nadie, por lo que buscó esta vía de acceso a la información. Agrega haber encontrado la carpeta requerida, a la que tuvo acceso visual, donde hay diversa información de la Comunidad Agrícola de Punitaqui, entre ellas actas de asambleas a lo largo de su historia, a las cuales quisiera tener acceso para ilustrar cómo se hacían en su origen, además, de la información que contiene desde el año 1973 en adelante, época en que la comunidad era fiscalizada por este Servicio. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E2365, de 08 de agosto de 2017, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Coquimbo. Mediante ordinario N° 1918, de 08 de septiembre de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que: Reitera la negativa a entregar la información, fundada en el artículo 4°, letra d), del ya citado decreto con fuerza de ley N°5, sobre comunidades agrícolas, agregando que en virtud de las normas aludidas, los antecedentes que obran en poder del Servicio responden a la información que un ente asesorado entrega a un asesor, con el carácter de reserva que el depósito de confianza de esta naturaleza conlleva. En términos estrictos, por el vínculo de confianza y la función asesora que la ley les ha encomendado, en relación a la comunidad Punitaqui, la función asesora los obliga incluso, a enfocar con una perspectiva parcial los intereses de una comunidad, ya que al encomendarse dicha gestión, la ley ubica a esta repartición en un espacio de gestión distinto a una neutralidad. En tal sentido, el deber de asesores en relación a las comunidades agrícolas, que ostentan extraordinariamente el atributo de la personalidad jurídica, no los autoriza a ser neutrales. Finalmente agrega que si bien, al inicio de la vigencia del citado decreto, la Seremía operó en el proceso constitutivo de las comunidades con facultades fiscalizadoras e incluso sancionadoras, contando con la potestad de exigir a todas las comunidades la entrega de determinados antecedentes y documentos, que permitieran cumplir de mejor manera con dicha función contralora de neutralidad, que debe acompañar por regla general a los órganos que aplican una potestad sancionadora, sin embargo, estas atribuciones fueron expresamente derogadas por la ley N° 19.233, sobre comunidades agrícolas, siendo hoy la principal función la de asesorar ya mencionada. En este marco, estiman que los antecedentes que la comunidad les pueda entregar, no responden al de un registro público que contiene información de naturaleza pública. En la práctica, dicha asesoría puede referirse al acompañamiento que se realiza en las negociaciones que comunidades han llevado a cabo por ejemplo, para la instalación de emprendimientos energéticos, y obviamente, la información referida a las posibilidades y capacidades productivas de un terreno comunitario, las cuales no pueden ser consideradas de naturaleza pública y por lo tanto, no podrían ser objeto del acceso a través de la aplicación de las normas que garantizan la trasparencia administrativa. Por tanto, los antecedentes que pueden constar en su poder, entregados por la comunidad agrícola Punitaqui, no son actos ni resoluciones de un órgano administrativo, ni tampoco constituyen la base para la dictación de un acto o resolución, y por lo tanto no responden a la naturaleza de los actos a los cuales puede acceder un particular a través de la Ley de Transparencia. 5) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso mediante correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2017, se requirió al órgano remitir la siguiente información: - Carpeta de la Comunidad Agrícola Punitaqui, archivada en la oficina provincial del Limarí, en la ciudad de Ovalle. - Poder amplio firmado ante notario del reclamante para representar a su "abuela", quien según declaró es comunera, y cuya copia habría sido entregada a la oficina provincial del Limarí Mediante correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2017, el órgano remitió la información requerida. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la denegación de la información que se lee en el literal 1) de lo expositivo, referida a todos los documentos contenidos en la carpeta de la Comunidad Agrícola Punitaqui, registrada en la oficina provincial del Limarí en la ciudad de Ovalle. 2) Que, a modo de contexto cabe precisar que el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio de Agricultura, que regula las comunidades agrícolas, las define, en su artículo 1° como "la agrupación de propietarios de un terreno rural común que lo ocupen, exploten o cultiven y que se organicen en conformidad con este texto legal". Con todo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2° y 3°, las comunidades agrícolas podrán solicitar la intervención de la División de Constitución de la Propiedad Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales, para la constitución de la propiedad, el saneamiento de sus títulos de dominio y organización. 3) Que, en tal sentido, el artículo 4°, del referido decreto señala que "Solicitada la intervención de la División de Constitución de la Propiedad Raíz, ésta tendrá las siguientes atribuciones: (...) c) Redactar los estatutos por los cuales se regirá la Comunidad Agrícola; d) Asesorar jurídicamente en forma gratuita, a la Comunidad Agrícola que haya obtenido inscripción a su favor en conformidad a estas disposiciones, en todas aquellas materias relativas al dominio o explotación del predio y derechos de aprovechamiento de aguas; e) Representar a la Comunidad Agrícola en los juicios que terceros inicien dentro del plazo de un año en conformidad a lo dispuesto en el artículo 11°, cuando así lo determine el Jefe de la División de Constitución de la Propiedad Raíz. A su vez, el inciso 4°, del artículo 16, señala que "Las Juntas Generales ordinarias o extraordinarias podrán efectuarse con la asistencia de un abogado del servicio, a petición de ellas, para orientar a los comuneros sobre las normas legales que los afecten y servir de portavoz ante el Ministerio en relación con problemas que sean de su competencia." 4) Que, establecido el marco normativo de este reclamo, la información solicitada en la especie corresponde a una carpeta, que obra en poder de la reclamada, como consecuencia del cumplimiento de una función pública que la ley le encomienda en relación con las comunidades agrícolas. Al respecto se debe hacer presente que, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 5) Que, en la especie, el órgano no invocó causal de reserva alguna, sino que denegó la información fundado en que los antecedentes pedidos que pueden haber llegado hasta sus archivos, constituyen en su esencia, documentos privados de la comunidad, a quienes deben prestar asesoría por ley, y, en virtud a ese deber, se ven imposibilitados de entregar la información a personas que, en la relación asesor-asesorado establecida en el citado decreto con fuerza de ley N° 5, aparecen como terceros, aunque sean comuneros, no constituyendo, en consecuencia, dichos antecedentes, actos ni resoluciones de un órgano administrativo, ni el sustento para la dictación de un acto o resolución, y por tanto, a juicio de la reclamada, no responderían a la naturaleza de los actos a los cuales puede acceder un particular a través de la Ley de Transparencia. 6) Que, sobre el particular, se debe hacer presente que según consta en el literal 5) de lo expositivo, el reclamante cuenta con un mandato general, otorgado por escritura pública, para representar a una comunera (ascendiente en 2° grado de consanguineidad en línea recta) de la comunidad agrícola Punitaqui. Asimismo, revisada la carpeta solicitada, se constató que ésta contiene, en su mayoría, actas de directorios y de asambleas ordinarias y extraordinarias de la comunidad, reducidas a escritura pública y protocolizadas ante Notario; además de presentaciones del presidente de la comunidad o de otros comuneros, ante el Ministerio de Bienes Nacionales y otros organismo del Estado, relacionadas con tramitaciones de regularizaciones y saneamientos de títulos de dominio, derechos de herencia de comuneros, entre otros, como asimismo, solicitudes de asesorías legales ante la repartición, por conflictos suscitados que afectan a la comunidad, además de otros antecedentes, que corresponderían, según lo señalado por el órgano con ocasión de los descargos, a antecedentes anteriores al año 1993, que habrían sido recopilados, en virtud de la facultad fiscalizadora de esta repartición, expresamente derogadas por la ley N° 19.233, de 1993, que modificó el decreto con fuerza de ley n° 5, de 1968, ya citado. 7) Que, al efecto, respecto de la alegación del órgano sobre un eventual derecho a mantener la privacidad de los documentos requeridos, se debe dejar establecido que, en virtud de la normativa precedentemente señalada sobre comunidades agrícolas, los antecedentes pedidos obran en poder del órgano recurrido para el cumplimento de una función pública, por tanto, a juicio de este Consejo, esta es información pública, que al ser entregada al órgano para su cometido, sale de la esfera de privacidad de la comunidad y pasa a formar parte de un expediente, que sirve de sustento para las decisiones que adopte el Servicio en su labor de asesoría a las comunidades agrícolas. Este mismo criterio, debe aplicarse respecto de aquellos antecedentes, que pudieran contenerse en la carpeta pedida, que sean anteriores al año 1993, obtenidos en virtud de la facultad fiscalizadora de esta repartición, expresamente derogadas por la ley N° 19.233, de 1993, que modificó el decreto con fuerza de ley n° 5, de 1968, ya citado. 8) Que, en consecuencia, siguiendo el criterio sostenido por esta Corporación en el amparo C887-14, conociendo de una materia similar y en lo razonado precedentemente, este Consejo acogerá el presente amparo y requerirá al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales la entrega de la información individualizada en el numeral 1) de la parte expositiva del presente acuerdo, en tanto, constituyen antecedentes que obran en poder del órgano para el cumplimiento de una función pública mandata por la normativa que regula la materia y que el reclamante detenta la calidad de mandatario de una comunera de la asociación territorial, cuyo poder obra en poder del órgano recurrido. 9) Que, finalmente, respecto de toda la información que se ordene entregar y sin perjuicio de los datos que deban ser entregados, atendida la naturaleza de lo solicitado en el presente amparo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Hans Rojas Araya, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo: a) Hacer entrega al reclamante copia de todos los documentos contenidos en la carpeta de la Comunidad Agrícola Punitaqui, registrada en la oficina provincial del Limarí en la ciudad de Ovalle. Previo a su entrega deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hans Rojas Araya y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu, la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza y el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.