Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2727-17

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Reclamante:	ALVARO PEREZ CASTRO
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, fundado en la denegación parcial a una solicitud de acceso referente a todos los agentes regulados, denominados auxiliares del comercio de seguros ordenados de la de la manera en que se indica. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/28/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C740-11 C2032-14
Jurisprudencia a:	C4079-17 C4964-18
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Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Carga de la prueba de la causal de secreto >> De quien la invoca
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C2727-17 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros Requirente: Álvaro Pérez Castro Ingreso Consejo: 01.08.2017 En sesión ordinaria N° 847 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2727-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de junio de 2017, don Álvaro Pérez Castro solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros Comercio de Seguros el listado íntegro y autorizado, en medio físico y adicionalmente en medio digitalizado, en formato Excel, respecto de todos los agentes regulados, denominados auxiliares del comercio de seguros ordenados de la siguiente manera: a) Tipo de entidad fiscalizada. b) Nombre de entidad fiscalizada. c) RUT de la entidad fiscalizada. d) Dirección postal de la entidad fiscalizada. e) Teléfonos de la entidad fiscalizada. f) E-Mail de la entidad fiscalizada. g) Póliza de Responsabilidad Civil Profesional de la entidad fiscalizada. i. Compañía de Seguros. ii. Monto asegurado. iii. Tipo de seguros adicionales. h) Nombre del representante legal de la entidad fiscalizada. i) RUT del representante legal de la entidad fiscalizada. j) Dirección postal del representante legal de la entidad fiscalizada. k) Teléfonos del representante legal de la entidad fiscalizada. l) E-Mail del representante legal de la entidad fiscalizada. m) Póliza de Responsabilidad Civil Profesional del representante legal de la entidad fiscalizada. i. Compañía de Seguros. ii. Monto asegurado. iii. Tipo de seguros adicionales. 2) RESPUESTA: El 18 de julio de 2017, la Superintendencia de Valores y Seguros respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 19.153, señalando, en síntesis, que: a) Respecto de lo requerido en los literales a) a e) informa que está disponible en los links que señalan. Precisa, respecto del literal d), que la información disponible en esa Superintendencia corresponde al domicilio y no a la dirección postal solicitada. b) En cuanto al literal f) señala que los datos correspondientes a corredores de seguros y liquidadores de siniestros personas jurídicas vigentes al 03.07.2017, se han incluido en CD que ese Servicio ha preparado según lo requerido. Para el caso de corredores de seguros y liquidadores de siniestros personas naturales, estos no pueden ser informados, toda vez que se configura a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. c) En lo que atañe al literal g), se ha incluido la información de las pólizas de responsabilidad civil profesional correspondientes de los corredores de seguros, en el CD mencionado. Por su parte, con respecto de Liquidadores de Siniestros, se incluye la información solicitada con excepción del monto asegurado al tratarse de datos de carácter personal protegidos. Cabe mencionar que en ambos casos no existen seguros adicionales. d) Por su parte, con respecto a los nombres y RUT de los representantes legales, solicitados en los literales h) e i) de su requerimiento, se ha incluido en el CD la información correspondiente a los corredores de seguros y liquidadores de siniestros personas jurídicas, vigentes al 03.07.2017. e) Respecto de lo solicitado en los literales j), k), l), y m), dichos antecedentes no se encuentran a disposición del servicio, debido a que no son requerimientos efectuados a las entidades fiscalizadas. 3) AMPARO: El 1° de agosto de 2017, don Álvaro Pérez Castro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la denegación parcial de su solicitud. Al efecto, hace presente que el órgano reclamado se opone a entregar datos públicos, de los auxiliares del comercio de los seguros de Chile, alegando que, dichos antecedentes no serían públicos, sino privados, señalando el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Superintendente de Valores y Seguros mediante Oficio N° E2887 de 30 de agosto de 2017. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 25.253 de 15 de septiembre de 2017, señalando, en síntesis que: a) Con el objeto de tener mayor claridad procede a enumerar toda aquella información, cuyo acceso fue denegada: 1) Correos electrónicos de los auxiliares de comercio (corredores de seguros y liquidadores de siniestros) personas naturales; 2) Monto asegurado de las pólizas de responsabilidad civil profesional de los liquidadores de siniestros, 3) Teléfonos, e-mail y póliza de responsabilidad civil profesional de los representantes legales de los auxiliares del comercio de seguros. b) Los auxiliares del comercio de seguros, se dividen en corredores de seguros y liquidadores de siniestros, los que asimismo, pueden prestar sus servicios como personas naturales o personas jurídicas, previa inscripción en el registro respectivo. De esta manera, el artículo, 3 letra g), del D.F.L. N° 251 de 1931 del Ministerio de Hacienda, sobre "Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio" faculta a esa Superintendencia para mantener un registro de los auxiliares del comercio de seguro, en el que deberán inscribirse quienes deseen desarrollar la actividad. La misma norma, en su Título III, regula a dichos auxiliares, estableciendo en su artículo 58 los requisitos que deben cumplir los corredores de seguros y el artículo 62 los liquidadores de siniestros. c) Del conjunto de normas que cita, concluye que el correo electrónico no es un antecedente del registro, sino que un dato que se proporciona a este Servicio por cada persona que solicita su inscripción, para efectos de comunicar de manera más expedita dicho proceso, así como cualquier otra instrucción, una vez finalizado éste. En razón de lo anterior, dicho dato se enmarca en el concepto de datos de carácter personal que el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, razón por la que dicho antecedente es reservado conforme a la preceptiva citada en relación el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. d) Por otra parte, en cuanto al monto asegurado de las pólizas de responsabilidad civil profesional de los liquidadores de siniestros cita lo dispuesto en el artículo 62, letra b), del D.F.L. N° 251 señalando que los liquidadores de siniestros para su inscripción en el registro de auxiliares de comercio deben constituir una garantía, mediante boleta bancaria o la contratación de una póliza de seguro que determine la Superintendencia por un monto no inferior a la suma más alta entre 500 unidades de fomento o un tercio de los ingresos obtenidos como liquidador en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de fomento, para responder al asegurado o beneficiario del seguro objeto de la liquidación. Agrega que, a través de la circular N° 1.583 de 2002 instruyó sobre las características de la póliza a contratar, el plazo de su presentación y el monto de su constitución; así como el envío de un formulario mediante el cual se declaren los ingresos percibidos de cada compañía de seguros, reajustados conforme al IPC, para efectos de determinar la base de cálculo del monto de la póliza. e) La divulgación del monto de la póliza de seguros que deben contratar los liquidadores de siniestros que deseen inscribirse o reinscribirse en el registro no es un antecedente inocuo ya que se encuentra directamente vinculado con los ingresos que cada liquidador ha percibido el año anterior y su divulgación puede afectar los derechos de sus titulares. El anotado monto, corresponde a un tercio de los ingresos obtenidos como liquidador, dentro del margen establecido. f) En dicho contexto, la entrega de la información permitiría el acceso a los ingresos que perciben los liquidadores por el desarrollo de su actividad y por ende, parte relevante de los activos de la misma, así como de su patrimonio, aspecto que una persona ordinaria mantendría alejada del conocimiento de tercero. Cita el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia concluyendo que se verifican en la especie los criterios sostenidos por este Consejo para la reserva de la información. g) En otro orden de consideraciones, señala que no obra en su poder la información solicitada en los literales j), k), l), y m) por cuanto no es parte de lo exigido por la ley, su reglamento y las normas de ese Servicio, obrando únicamente en tal caso los teléfonos, e-mail y pólizas de las entidades o personas naturales que solicitan su inscripción en el registro de auxiliares del comercio de seguros. h) Finalmente, manifiesta que no aplicó el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia el número de Auxiliares del Comercio de Seguros corresponden a 2.675, de ellos 1.997 corresponden a personas naturales, por lo que el proceso de notificación correspondería a lo que este Servicio comunicó al 25 de enero del presente año, esto es, 25 días de oficios. Asimismo detalla el conjunto de actividades y elevado número de horas hombre que comprometería el proceso de notificación y recepción de respuestas. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se encuentra circunscrito a aquella información reservada por el órgano reclamado en su respuesta en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, esto es, las casillas de correos electrónicos de los auxiliares de comercio (corredores de seguros y liquidadores de siniestros) personas naturales, y el monto de la garantía presentada por los liquidadores de siniestros ante la reclamada. 2) Que, en cuanto a las casillas de correo electrónico de los auxiliares de comercio que son personas naturales, cabe tener presente que en la decisión Rol C740-11 -en virtud de la opinión mayoritaria de este Consejo- se ordenó la entrega de dicha información al estimar que la noción de registro conllevaba necesariamente su publicidad y avizorando además un interés público en conocer tal información. Ahora bien, con ocasión de la tramitación del presente amparo este Consejo ha considerado pertinente revisar lo resuelto atendido que la casilla de correo electrónico de las personas naturales constituye un dato personal que es proporcionado de manera voluntaria por los interesados en incorporarse en el registro de auxiliares de comercio para efectos de gestionar de manera más expedita dicho registro, razón por la que se encuentra amparado por el artículo 7° de la ley N° 19.628. De este modo, rige sobre tal antecedente el principio de finalidad consagrado en el artículo 9° del citado cuerpo normativo, según el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectados de fuentes accesibles al público, circunstancia que no concurre en la especie. En este sentido, resulta pertinente agregar lo señalado por esta Corporación en la decisión Rol C2032-14 respecto de una situación análoga, como es la casilla de correo electrónico que proporcionan los contribuyentes al Servicio de Impuestos, pronunciamiento en que concluyó que ésta constituye una herramienta indispensable para el cumplimiento de las funciones de dicho órgano, precisando que su divulgación podría eventualmente inhibir a los contribuyentes de entregar sus casillas de correo electrónico por no resultar su entrega obligatoria, privando consecuentemente al Servicio de Impuestos Internos, de una forma de comunicación rápida y eficaz con sus contribuyentes, afectándose con ello el debido cumplimiento de sus funciones. Por lo anterior, este Consejo estimó aplicable la causal de reserva alegada por la reclamada consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y, asimismo, la reserva dispuesta en la ley N° 19.628, por constituir éstos datos personales de sus titulares a los que la reclamada ha accedido para una finalidad distinta a su divulgación. En consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente se rechazará el presente amparo en esta parte. 3) Que, enseguida en lo que atañe al monto asegurado de las pólizas de responsabilidad civil profesional de los liquidadores de siniestros, cabe tener presente, a modo de contexto, que el artículo 62 del D.F.L N° 251/1931, del Ministerio de Hacienda previene que para inscribirse como liquidador de seguros se requiere "constituir una garantía, mediante boleta bancaria o la contratación de una póliza de seguro que determine la Superintendencia por un monto no inferior a la suma más alta entre 500 unidades de fomento o un tercio de los ingresos obtenidos como liquidador en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de fomento, para responder al asegurado o beneficiario del seguro objeto de la liquidación, del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que por ella puedan ocasionarles.". 4) Que, al respecto, el órgano reclamado ha reservado dicha información en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia referida por la reclamada, conforme con la cual se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información requerida "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". 5) Que, este Consejo ha establecido los siguientes criterios orientadores a fin de determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 6) Que, al respecto, conviene tener presente que el primer requisito se satisface toda vez que la información señalada sólo es conocida por la entidad fiscalizadora y los interesados en inscribirse como liquidadores de seguros. Por otra parte, en lo referido al segundo requisito se debe precisar que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que las personas jurídicas a que se refiere la información, sólo han puesto la información requerida en la esfera de conocimiento de la Superintendencia en cuanto ésta tiene el carácter de órgano fiscalizador. Por último, respecto del tercer requisito, es relevante señalar que la entrega de la información permitiría conocer información referida al monto de los ingresos percibidos por los liquidadores en ese giro, antecedentes patrimoniales sobre los cuales tienen un derecho de propiedad, protegido por el derecho fundamental contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política. En consecuencia, en razón de lo expuesto, a juicio de este Consejo, procede igualmente el rechazo del presente amparo respecto de dicha información en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que este Consejo deberá "velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado", en relación con el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Álvaro Pérez Castro, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, por concurrir la causal de secreto o reserva establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Álvaro Pérez Castro y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.