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DECISIÓN AMPARO ROL C2795-17</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores</p>
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Requirente: Andrew Chernin de la Fuente</p>
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Ingreso Consejo: 07.08.2017</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo sobre expediente de acoso laboral solicitado, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y la vida privada de algunas personas que han intervenido en dicho procedimiento, y se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario.</p>
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En sesión ordinaria N° 892 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2795-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de junio de 2017, don Andrew Chernin de la Fuente solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores la siguiente información:</p>
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a) "Informe final del procedimiento sumario por acoso laboral, efectuado al ex embajador de Chile en Francia, Patricio Hales, en 2016. (vista fiscal)</p>
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b) Copia de todos los documentos recopilados durante el proceso sumario ya individualizado y que sirvieron de sustento para la elaboración del mencionado informe final. (expediente sumarial)</p>
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c) Copia de la hoja de vida del ex embajador Patricio Hales y su registro de anotaciones, en caso de que existiesen."</p>
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Señala que en caso de que la información pedida sea objeto de alguna causal de reserva, aplicar divisibilidad.</p>
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2) RESPUESTA: El 26 de julio de 2017, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta N° 2619 señalando, en síntesis, que:</p>
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a) Accede a la entrega de lo solicitado en el literal c).</p>
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b) Respecto de la vista fiscal y el expediente, señala que contienen información cuya publicidad, sin previo consentimiento de su titular, podría afectar los derechos de terceros, en particular, de quienes participaron en calidad de denunciante, denunciado y testigos en dicho sumario administrativo.</p>
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c) En dicho contexto, señala que habiendo conferido traslado a los mencionados terceros eventualmente afectados éstos se opusieron y, en consecuencia, procede reservar dicha información.</p>
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3) AMPARO: El 7 de agosto de 2017, don Andrew Chernin de la Fuente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud contenida en los literales a) y b). Al respecto señala que el órgano reclamado pudo entregar las declaraciones integras tarjando únicamente la identidad de los declarantes y, con el mismo nivel de resguardo podría haberle proporcionado la vista fiscal.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores, mediante Oficio N° E2736 de 23 de agosto de 2017.</p>
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El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 10.181 de 6 de septiembre de 2017, señalando, en síntesis que:</p>
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a) La develación de los antecedentes del sumario administrativo requerido, es decir, declaraciones en las cuales constan las percepciones y opiniones respecto de personas determinadas en torno de su desempeño laboral, aspectos relacionados al trato y relación con sus pares, como también situaciones derivadas de circunstancias personales-, podrían derivar en una profundización de las situaciones de conflicto al interior de la unidad de desempeño de los involucrados, o bien, extrapolarse a aspectos de la vida personal y social de los presuntamente afectados, incluyendo a su entorno familiar.</p>
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b) Los terceros (sean funcionarios o personas ajenas a ese Ministerio) que concurrieron a prestar declaración en el sumario administrativo en cuestión, se formaron una expectativa razonable sobre la reserva de las expresiones u opiniones que vertieron en ese procedimiento disciplinario, ya que, como lo señalan en sus cartas de oposición, ellos declararon después de que la Fiscalía les haya manifestado que sus declaraciones se mantendrían en secreto y, por tal motivo, expresan la necesidad de que aquellas sean confidenciales, por lo que esta Cancillería, de no haber mediado un consentimiento expreso, desaconseja develarlas, toda vez que frustraría el objeto de eventuales investigaciones relativas a denuncias de acoso laboral o sexual, ya que inhibiría a los deponentes a formular en términos claros y espontáneos los aspectos relacionados a los hechos que se les exhortaría dar cuenta al Fiscal o Investigador.</p>
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c) En tal orden de ideas, expone que los antecedentes requeridos son reservados conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia y 19 N° 4 de la Constitución Política. Cita jurisprudencia de este Consejo referida a la materia.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo, mediante Oficios N° E3207, E3208, E3209, E3210, E3212, E3213, todos de 13 de septiembre de 2017, E3265 de 21 de septiembre de igual año, y 159 de 12 de enero de 2018 confirió traslado a los terceros interesados en el presente amparo, con el objeto de que se pronunciaran precisando si acceden a la entrega de la información requerida.</p>
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Mediante diversas presentaciones algunos terceros dieron respuesta al mencionado traslado oponiéndose a la entrega de la información fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y 19 N° 4 de la Constitución Política, atendido que versa sobre información concerniente a su esfera privada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que según ha sostenido reiteradamente este Consejo, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Con todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010).</p>
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2) Que, por otra parte, cabe tener presente lo razonado por esta Corporación respecto de antecedentes sobre una denuncia de acoso efectuada al interior de un servicio público. Al efecto, entre otras, en las decisiones de amparos roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17 razonó que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias".</p>
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3) Que, del mismo modo, es menester consignar que en la decisión de amparo rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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4) Que, en dicho contexto, divulgar íntegramente el expediente sumarial solicitado supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, maltrato, etc., sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada.</p>
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5) Que, sin embargo, conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.", de modo que, en la especie, a juicio de este Consejo es posible acoger parcialmente el presente amparo en aplicación del referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia del sumario - artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción.</p>
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6) Que, en tal orden de ideas, debe reservarse íntegramente el cuaderno reservado del expediente solicitado por cuanto contiene testimonios voluntarios prestados por particulares que no tienen el carácter de funcionarios públicos que concurrieron a declarar a dicha investigación, por lo que resulta procedente la reserva del mencionado cuaderno conforme a la Ley N° 19.628.</p>
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7) Que, por otra parte, y respecto de las demás piezas del expediente el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de los particulares que declararon en el mismo, así como la de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso y también de la parte denunciante. Al efecto, y con el objeto de que dicha reserva tenga efecto, la reclamada deberá además reservar cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente.</p>
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8) Que, asimismo, en lo que atañe a correos electrónicos, impresiones de conversaciones vía Whatsapp, y relatos referidos a llamadas telefónicas, este Consejo estima que dicha información se encuentra protegida por los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República, que aseguran a toda persona el respeto y protección de su vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, todo lo cual a su vez se encuentra en armonía con el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental que establece entre las causales de secreto o reserva, respecto de la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos o fundamentos de la actividad de los órganos del Estado, precisamente, a los derechos de las personas, los que en su mayoría se encuentran establecidos en el mencionado artículo 19 del texto constitucional. A mayor abundamiento, los mencionados antecedentes no constituyen un elemento gravitante para el acertado escrutinio de dicho procedimiento investigativo, razón por la que la reclamada deberá reservarlos previo a la entrega del expediente.</p>
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9) Que, igualmente, el órgano reclamado deberá reservar las licencias médicas así como también cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del expediente en análisis, por constituir datos sensibles protegidos por la Ley N° 19.628.</p>
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10) Que, por último, deberá tarjar los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la ya citada Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Andrew Chernin de la Fuente, en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.</p>
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Requerir al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante del expediente sumarial requerido excluyendo los antecedentes señalados en los considerandos 6° a 10° del presente acuerdo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Andrew Chernin de la Fuente, al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores y a los terceros interesados en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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