Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2815-17

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Reclamante:	CARMEN ANTIÑANCO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Castro, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a las funcionarias de la oficina de la vivienda que se indican. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito de manera suficiente la causal de reserva invocada ni las alegaciones de los terceros interesados.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/7/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia Estatuto de funcionarios municipales
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C808-15 C3292-15 C2232-16
Jurisprudencia a:	C2019-18 C5939-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C2815-17 Entidad pública: Municipalidad de Castro. Requirente: Carmen Antiñanco Pairo. Ingreso Consejo: 08.08.2017 En sesión ordinaria N° 842 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2815-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de agosto de 2017, doña Carmen Antiñanco Pairo solicitó a la Municipalidad de Castro, en adelante e indistintamente, la Municipalidad o el municipio, con relación a las funcionarias de la oficina de la vivienda que indica, la siguiente información: a) "Copia de las boletas de honorarios e informes mensuales de gestión desde que asumieron en el cargo hasta las correspondientes al mes de agosto. b) Copia de libro de asistencia o sistema de registro de asistencia desde que asumieron en el cargo, hasta el mes de agosto. c) Informe sobre los viáticos cancelados desde que asumieron en el cargo hasta el mes de agosto. Entregar copia de tales documentos. d) Informe sobre el vestuario o ropa de trabajo entregado. e) Informe sobre las licencias médicas presentadas desde que asumieron en el cargo hasta el mes de agosto. f) Informe sobre bienes entregados tales como notebooks, internet móvil y teléfono celular, entre otros. Indicar gasto de tales servicios. g) Informe sobre procesos disciplinarios, sumarios, etc.". 2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 756, de fecha 7 de agosto de 2017, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información solicitada fundado en lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por oposición de los terceros, quedando impedido de proporcionar la documentación requerida, y adjuntando copia del correo electrónico mediante el cual se opusieron. 3) AMPARO: El 8 de agosto de 2017, doña Carmen Antiñanco Pairo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Asimismo, agrega que "solicito se ordene la entrega de la información, toda vez que esta es pública, y corresponde que sea entregada dado que son actos y documentos emanados desde la propia Municipalidad, los que en ningún caso afectan derechos de terceras personas, esto es solo un medio de control social que tenemos los ciudadanos y la sociedad civil para controlar cómo se gastan los recursos públicos". 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E2637, de fecha 21 de agosto de 2017, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Mediante Oficio N° 857, de fecha 8 de septiembre de 2017, el órgano evacuó sus descargos, denegando la información sobre licencias médicas, por tratarse de datos sensibles según lo dispuesto en la ley N° 19.628, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, entregando copia de decretos de pago, boleta de honorarios, copia de libro de asistencia e informes mensuales, e informando que los funcionarios requeridos no presentan viáticos pagados, que no han recibido vestuario y que el material entregado es el que corresponde al municipio, adjuntando un listado con el inventario de bienes y sus valores, y señalando que los funcionarios no presentan sumarios ni procesos disciplinarios. 5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E3549, de fecha 4 de octubre de 2017, solicitó a la reclamante pronunciarse si la información entregada por el órgano satisface o no su requerimiento. Mediante correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2017, doña Carmen Antiñanco Pairo informó que "el punto N°5 de mi requerimiento es el único que se encuentra pendiente de respuesta, esto es, relacionado con las licencias médicas presentadas por las funcionarias referidas, desde que asumieron el cargo hasta la fecha". Acto seguido, aclara que "sólo pido conocer si ambas funcionarias han presentado licencias médicas en este período, y de ser así, se informe qué días estuvieron haciendo uso de este beneficio, y si por tanto, cobraron el sueldo correspondiente de forma íntegra o se le descontaron los días no trabajados pero justificados por reposo médico. No estoy pidiendo copia de las licencias, pues entiendo que estos documentos contienen información privada, tales como el diagnóstico de salud". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Municipalidad de Castro, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a una serie de antecedentes relativos a la Oficina Municipal de Vivienda y sus funcionarios. Al respecto, en su respuesta al solicitante, el órgano denegó la entrega de los antecedentes pedidos por oposición de los terceros, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la citada ley. Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de sus descargos en esta sede, el municipio denegó la información relacionada con las licencias médicas, entregando el resto de los antecedentes requeridos. En virtud de lo anterior, y lo manifestado por la reclamante, el presente amparo se circunscribe solamente a la información relativa a las licencias médicas. 2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, en segundo lugar, respecto de lo reclamado, esto es, información sobre las licencias médicas presentadas por las funcionarias aludidas, cabe tener presente que lo requerido no se refiere a la entrega de copia de dichas licencias médicas, sino a información sobre las mismas, esto es, si se presentaron o no, y la cantidad de días que aquello implicó, lo cual se encuentra corroborado por la propia reclamante, en su respuesta a la solicitud de pronunciamiento, consignada en el numeral 5) de la parte expositiva. 4) Que, por tratarse de antecedentes referidos a la asistencia y cumplimiento de jornada laboral del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa quedan, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujetos al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones, hojas de vida y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Carta Fundamental y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes y su jornada de trabajo, mientras se mantenga vigente la relación laboral, razón por la cual, las alegaciones de los terceros no podrán prosperar. 5) Que, en el mismo sentido, respecto de un requerimiento de similar contenido al del presente amparo, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en Reclamo de Ilegalidad rol N° 11.513-2016, ha razonado, en su considerando 5°, que "si bien el funcionario público es titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la protección de su vida privada no es un derecho absoluto, permitiéndose limitaciones que tengan por finalidad la preservación de valores vinculados a intereses generales de la colectividad o la necesidad de proteger otros derechos que representan valores socialmente deseables. Es por ello que se encuentra sujeto a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley". 6) Que, asimismo, el artículo 144 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, establece que "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: a) Aceptación de renuncia; b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo municipal; c) Declaración de vacancia; d) Destitución; e) Supresión del empleo, y f) Fallecimiento". Luego, el artículo 147 del mismo cuerpo legal, dispone que "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo". Finalmente, el artículo 148 de la misma norma, mandata que "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable". En virtud de lo anterior, vale tener en consideración la importancia e interés de la información relacionada con el uso de licencias médicas, por cuanto en ciertos y determinados casos, puede resultar como el fundamento para la desvinculación de profesionales contratados en la administración pública. 7) Que, en cuarto lugar, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". En la especie, los terceros -las funcionarias aludidas en la solicitud de información-, solamente se limitaron a oponerse a la entrega de la información, pero sin manifestar fundamento o justificación alguna, de manera concreta, suficiente, específica e indubitada, que permita tener por configurada, efectivamente, la concurrencia de la causal de reserva alegada, teniendo presente que, por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben interpretarse en forma restrictiva, debiendo rechazarse dicha alegación. 8) Que, el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, establece que son "datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". No obstante lo anterior, y según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C808-15, C3292-15 y C2232-16, entre otros, teniendo presente que la solicitud no tiene por objeto la individualización de la patología que justificó la licencia médica -antecedente protegido por la ley N° 19.628 por constituir un dato sensible-, sino solamente la circunstancia de si se hizo uso o no de licencias médicas, y la cantidad de días que aquello significó, motivo por el cual se rechazará la aplicación de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 9) Que, en consecuencia, habiéndose rechazado las alegaciones del órgano y de los terceros, y teniendo presente que la solicitud no tiene por objeto la individualización de la patología que justificó la licencia médica- antecedente protegido por la ley N° 19.628 por constituir un dato sensible-, sino que se informe si se hizo uso de licencias médicas, y con ello, los días de inasistencia, en consecuencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Carmen Antiñanco Pairo en contra de la Municipalidad de Castro, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro lo siguiente: a) Entregar a la reclamante información sobre las licencias médicas presentadas por parte de las funcionarias requeridas, si se ha hecho uso de ellas y la cantidad de días de inasistencia que aquello implicó, desde la fecha de ingreso al municipio hasta la fecha de la solicitud de información, o la circunstancia de no haber hecho uso de dichas licencias. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carmen Antiñanco Pairo y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.