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DECISIÓN AMPARO ROL C2835-17</p>
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Entidad pública: Corporación Nacional Forestal (CONAF).</p>
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Requirente: Roxana Vallejos Morán.</p>
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Ingreso Consejo: 09.08.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 847 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C2835-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de julio de 2017, doña Roxana Vallejos Morán solicitó a la Corporación Nacional Forestal, en adelante e indistintamente, la Corporación o CONAF, la siguiente información: "solicito a Uds., informar planes de manejo, sus resoluciones, posibles bonificaciones y ubicación de aquéllas, para los siguientes roles", indicando 5 números de rol, de las comunas de Santa Juana y Hualqui.</p>
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2) RESPUESTA: La Corporación Nacional Forestal, respondió a dicho requerimiento de información mediante carta oficial N° 78/2017, de fecha 3 de agosto de 2017, entregando información respecto de 2 de los predios consultados por cuanto el propietario de los mismos, habiendo sido notificado, no se opuso oportunamente a la entrega de dicha información. Por el contrario, respecto de los otros 3 predios requeridos, pertenecientes a las empresas Forestal Mininco S.A. y Bosques Arauco S.A., CONAF denegó su entrega fundado en la oposición de dichos terceros, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Asimismo, el órgano informó los beneficios correspondientes a dichos predios, denegando, finalmente, la ubicación de los mismos, por las oposiciones señaladas.</p>
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3) AMPARO: El 9 de agosto de 2017, doña Roxana Vallejos Morán dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Corporación Nacional Forestal, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, debido a la oposición de los terceros.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E2641, de fecha 21 de agosto de 2017, confirió traslado al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal del Biobío, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 181/2017, de fecha 4 de septiembre de 2017, presentó sus descargos, en el cual reiteró lo señalado en su respuesta, y agregó en síntesis, que "esta Corporación ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado en la ley N° 20.285 y será vuestro Ilustrísimo Consejo, el que conforme al mérito del proceso determine si procede o no dar lugar a la información solicitada según lo señalado en el artículo 33, letra b), de la ley N° 20.285", adjuntando las correspondientes notificaciones a los terceros y sus respectivas respuestas.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficios N° E2643 y N° E2644, ambos de fecha 21 de agosto de 2017, confirió traslado y notificó a los 2 terceros eventualmente afectados con la entrega de la información solicitada, Forestal Mininco S.A. y Bosques Arauco S.A., a fin de que presentaran sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.</p>
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Mediante escrito ingresado a este Consejo con fecha 8 de septiembre de 2017, la empresa Forestal Mininco S.A., manifestó expresamente su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando que el reclamo no cumpliría los requisitos del artículo 24 de la Ley de Transparencia, dado que no se indicaría la infracción cometida ni los hechos que la configuran; que CONAF no es una institución sujeta a las disposiciones de la ley N° 20.285, por cuanto no se trataría de un órgano o servicio de la Administración del Estado; y agregando que "la información contenida en los planes de manejo solicitados tiene carácter privado (...) En efecto, un plan de manejo contiene información sensible para el propietario del predio, entre la que se puede mencionar la individualización del representante legal de la empresa, el objetivo del manejo, la planificación de la plantación y su cosecha, así como las técnicas que se emplearán en ellas, el plan de reforestación, la planificación de caminos, las medidas de protección ambiental, técnicas de prevención de incendios y el manejo de residuos. Por otra parte, entre los efectos de la aprobación de un plan de manejo se encuentra la obtención de incentivos a la actividad forestal, lo que conlleva la aplicación de un régimen tributario especial en lo que se refiere a la ley de impuesto territorial y a la ley de impuesto a la renta" y que "toda esta información tiene carácter estratégico para el propietario del predio y es relevante para el ejercicio de su actividad económica, por lo que su conocimiento por parte de terceros reduce las ventajas competitivas del primero, afectando derechos de carácter comercial y económico", en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, previo a resolver el fondo, respecto a lo alegado por la empresa Forestal Mininco S.A., en su calidad de tercero, el sentido de que el reclamo objeto de la presente decisión no cumpliría los requisitos legales, por no haberse señalado claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que, en primer lugar, el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, mediante la cual se denegó la entrega de la información solicitada, respecto de los terceros que se opusieron a su entrega, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la citada ley, y, en segundo lugar, se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por parte de la reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación por improcedente.</p>
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2) Que, luego, respecto de la alegación del tercero relativa a que a la Corporación Nacional Forestal no le serían aplicables las normas de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que, en primer lugar, dicha reclamación debe ser planteada por el propio órgano eventualmente afectado, en este caso, por la CONAF, lo que no ha ocurrido en la especie. Además se debe considerar lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 15 de octubre de 2013, recaída en la causa Rol N°3.902-2013. En consecuencia, igualmente se rechazará la alegación del tercero.</p>
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3) Que, respecto del fondo, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Corporación Nacional Forestal a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a planes de manejo, resoluciones, beneficios y ubicación, respecto de los predios que indica, señalando los respectivos roles de avalúo consultados. Al respecto, en su respuesta, el órgano entregó la información de 2 de los predios requeridos, denegando la entrega de los restantes por la oposición de los terceros propietarios de dichos predios, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. Por lo anterior, corresponderá examinar si la respuesta proporcionada por el órgano requerido se ajusta a las obligaciones exigidas por la Ley de Transparencia.</p>
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5) Que, a modo de contexto, la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en su artículo 2 N° 18, define el plan de manejo como el "instrumento que, reuniendo los requisitos que se establecen en ese cuerpo legal, planifica la gestión del patrimonio ecológico o el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de un terreno determinado, resguardando la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos. Será plan de manejo de preservación cuando tenga como objetivo fundamental resguardar la diversidad biológica, asegurando la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas contenidos en el área objeto de su acción. Será plan de manejo forestal cuando su objetivo sea el aprovechamiento del bosque nativo para la obtención de bienes madereros y no madereros, considerando la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica". Luego, el artículo 11 del mismo cuerpo legal, previene que la CONAF podrá elaborar normas de manejo de carácter general y planes de manejo tipo, a los que podrán acogerse los propietarios. En este caso, se dará por cumplida la obligación de presentar el plan de manejo forestal que se establece en esta ley, aplicándose los procedimientos generales que rigen para ellos, en la forma que establezca el reglamento.</p>
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6) Que, asimismo, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, establece los casos en que CONAF deberá pronunciarse sobre los planes de manejo: a) Corta o explotación de bosque nativo en cualquier tipo de terreno; b) Corta o explotación de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal o en otros terrenos que cuenten con plantaciones bonificadas, excepto aquellas establecidas en los suelos a que se refiere la letra e) del artículo 4° del Reglamento; c) Dar cumplimiento a las obligaciones de reforestación o de corrección, en el caso de denuncias por cortas no autorizadas; d) Dar cumplimiento a los requisitos para optar al pago de bonificaciones por las actividades de poda y raleo efectuadas por pequeños propietarios forestales, conforme a lo establecido en la letra e) del artículo 12° del decreto ley. Del mismo modo, el artículo 29 de la misma norma, precisa que el plan de manejo deberá incluir, a lo menos, lo siguiente: a) caracterización del sitio y del recurso forestal; b) la definición de los objetivos de manejo; c) el tratamiento silvicultural consecuente a los objetivos de manejo; d) actividades a ejecutar contenidas en el tratamiento silvicultural; e) prescripciones técnicas y medidas de protección ambiental y de cuencas hidrográficas necesarias para proteger el suelo, los cursos y masas de agua, la flora y la fauna; y f) medidas de protección para prevenir daños por incendios, plagas y enfermedades forestales.</p>
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7) Que, a la luz de lo señalado precedentemente, y lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1788-12, entre otras, la información cuyo acceso se requiere por el solicitante constituye el fundamento de la autorización por parte de CONAF del desarrollo de la actividad forestal, pues su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual se dicta el acto que autoriza la intervención en el bosque nativo o en plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, conforme al Decreto Ley N° 701, de 1974. Por tanto, atendido lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia y el artículo 3°, letra g), de su Reglamento, estos antecedentes constituyen el fundamento del acto administrativo que autoriza dicha intervención, de manera que, siendo dicho procedimiento y su resolución de naturaleza pública, su fundamento posee el mismo carácter. Por lo demás, así lo estimó este Consejo en la decisión del amparo Rol C33-10, en que se ordenó la entrega del plan de manejo de un predio rural.</p>
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8) Que, en el presente caso, el órgano reclamado denegó la entrega de una parte de la información solicitada, por oposición de los terceros eventualmente afectados con la publicidad de dicha información, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, manifestando una supuesta afectación de los derechos de los propietarios, por la información sensible para la empresa, contenida en los planes de manejo requeridos, solicitando reservar la información conforme lo dispone el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de que no se ha acompañado antecedente alguno por el cual se pudiera dar por acreditada la afectación de sus derechos. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se vislumbra una eventual afectación a los derechos comerciales o económicos de los terceros, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en las normas legales citadas precedentemente, no es posible verificar que en los documentos requeridos se contengan datos relevantes para el ejercicio de una actividad económica, cuyo conocimiento por parte de terceros reduzca las ventajas competitivas del propietario.</p>
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9) Que, a mayor abundamiento, y tal como se expuso en la decisión del amparo Rol C29-12, se estima que la divulgación de la información importa un interés público, toda vez que conforme se ha señalado en la decisión C33-10 de este Consejo "el conocimiento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de un terreno determinado, permite asegurar -en los términos del precitado artículo 2° del D.L. N° 701- la preservación, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos naturales y su ecosistema, generando el acceso a la información -en los términos del Tribunal Constitucional- un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el cual, eventualmente, pueda resultar lesionado como consecuencia de una actuación o de una omisión de un órgano de la Administración del Estado (STC. Lean Casas Cordero, Carlos Eric con Director Nacional de Aduanas. Considerando 9°)".</p>
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10) Que, además, el interés público involucrado en el acceso a la información ambiental ha sido recogido por el legislador en el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, conforme al cual "toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración", señalando expresamente que dentro de la información de dicho carácter se encuentra toda aquella que verse sobre el medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2° de la Ley, entre ellos, la conservación del patrimonio ambiental, definido como el uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente.</p>
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11) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, habiéndose rechazado las alegaciones de los terceros, y tratándose de información que obra en poder de la CONAF, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto, tales como número de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, que en aquel se contengan, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Roxana Vallejos Morán, en contra de la Corporación Nacional Forestal, en virtud de lo expuesto precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal del Biobío:</p>
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a) Entregar a la reclamante copia de los planes de manejo, resoluciones, beneficios y ubicación, respecto de los predios requeridos de propiedad de Forestal Mininco S.A. y de Bosques Arauco S.A., debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto, tales como número de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, que en aquel se contengan, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Roxana Vallejos Morán y al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal del Biobío.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas</p>
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