Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2904-17

Reclamante:	VALENTINA OJEDA
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la SUbsecretaría de Educación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la siguiente base de datos desde el año 2007 a la fecha: a) Del registro de profesionales que obra en poder del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) con nombres, apellidos, título obtenido, código de carrera, fecha de obtención del título, institución que lo otorgó; b) Ídem títulos técnicos. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Rechazándolo respecto a la información requerida correspondiente al año 2017, por inexistencia de la misma.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/23/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C231-17 C285-17 C1993-16
Jurisprudencia a:	C4914-18 C710-19 C6567-19 C2228-20 C6805-21 C8226-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C2904-17 Entidad pública: Subsecretaría de Educación Requirente: Valentina Ojeda Ingreso Consejo: 16.08.2017 En sesión ordinaria N° 845 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2904-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de junio de 2017, doña Valentina Ojeda solicitó a la Subsecretaría de Educación, la siguiente base de datos desde el año 2007 a la fecha: a) Del registro de profesionales que obra en poder del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) con nombres, apellidos, título obtenido, código de carrera, fecha de obtención del título, institución que lo otorgó; b) Ídem títulos técnicos. 2) PRORROGA DE PLAZO: Mediante correo electrónico de fecha 25 de julio de 2017, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 10 de agosto de 2017, la Subsecretaría de Educación respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 5182, de misma fecha, señalando, en síntesis, que: El artículo 104, de la ley N° 20.370, General de Educación, consagra el principio de autonomía institucional, en virtud del cual corresponde a las instituciones de educación superior y no a este Ministerio, el mantener, resguardar y rectificar los registros académicos de quienes son o fueron sus alumnos, y, por ende, certificar los programas de estudios y el otorgamiento de los títulos y grados académicos conferidos. Sólo a partir del año 2007, esta Subsecretaría de Estado ha comenzado a recibir información de parte de las casas de estudios superiores, referentes tanto a los datos de titulación y graduación de sus estudiantes, como a otras materias, en virtud del mandato establecido en el artículo 49 de la ley N° 20.129, de 2006, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Al efecto, se debe tener presente que la norma orgánica no faculta a este Ministerio para llevar un registro sistematizado que resulte de público conocimiento, sino sólo en el sentido que la ley N° 20.129, ya citada, lo establece. En ese entendido, el sistema nacional de información no debe confundirse con un registro público de profesionales. En tal sentido, el nombre o cualquier otro dato que permita la identificación de los titulares de la información académica que esta Cartera posea, en virtud de la ley N° 20.129 y su reglamento, corresponden a datos de carácter personal, los cuales, habiendo sido recolectados de fuentes no accesibles al público y para cumplir con una finalidad distinta a la de servir de registro público de profesionales, impone a este Ministerio el deber de guardar reserva sobre los mismos y de cumplir con el principio de finalidad contemplado en el artículo 9°, de la ley N° 19.628, esto es, de ser utilizarlos exclusivamente para los fines para los cuales fueron recolectados. En este orden de ideas, luego de citar la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, indica que los antecedentes consultados, no provienen de fuentes de libre acceso al público, por cuanto los artículos 3 y 23 del decreto N° 352, de 2012, de Educación, imponen el deber de reserva a los funcionarios de este Ministerio, respecto a los datos de carácter personal que se contengan en la información proporcionada por las instituciones de educación superior para efectos de su sistema de información. De acuerdo a lo indicado, al no ser la solicitante la titular de dichos datos, este Servicio se encuentra impedido de hacer entrega de los antecedentes de titulación requeridos, por cuanto ello implicaría, una contravención de las normas de la Ley N° 19.628, como asimismo, la afectación del derecho de la vida privada de los titulares de los datos, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y amparado por las causales de reserva números 1, 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal. En consecuencia se deniega la solicitud de información, por afectar los derechos de las personas, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. Se cita jurisprudencia del este Consejo al respecto. Seguidamente se refiere a la resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, invocada por la solicitante, que confirmó la decisión de amparo rol C-1993-16, de este Consejo, en la cual se ordenó la entrega de titulados de una institución de educación cerrada, lo que implicó para el Ministerio una obligación de certificar que, en la especie, no existe. Por último, agrega, que si bien, atendida la naturaleza de la información pedida, procedería aplicar el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, sin embargo, considerando el gran número de personas a quienes involucra esta solicitud, respecto de los cuales se desconocen sus datos de contacto, siendo, aproximadamente, 1.570.015 titulados, sólo entre los años 2007 y 2016, se configura la reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Se cita jurisprudencia de este Consejo sobre la materia. 4) AMPARO: El 16 de agosto de 2017, doña Valentina Ojeda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E2847, de 30 de agosto de 2017, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación. Mediante ordinario N° 2874, de 15 de septiembre de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis lo siguiente: Reitera los argumentos invocados en la respuesta para denegar la información. Sobre el Servicio de información de educación superior (SIES), agrega que la Contraloría General de la República, en dictamen N° 80.966, de 2012, destacó que la información que el Ministerio de Educación requiera, a través de su División de Educación Superior a las instituciones de dicho ámbito, debe ceñirse a los fines previstos en el artículo 49 de la ley N° 20.129, haciendo especial prevención que los antecedentes personales referentes a los estudiantes podrán ser usados para la aplicación de las respectivas políticas públicas y para la gestión institucional, mientras que en lo referente a la información pública, éstos deberán emplearse solo para fines estadísticos, en concordancia con lo descrito en los artículos 23 y 24 del reglamento de educación en examen. En cuanto al control social y la existencia de diversos registros públicos de profesionales señala que, si bien, de cara a los casos de ejercicio ilegal de la profesión, es relevante para el control social conocer quienes han obtenido un título profesional o técnico, a fin de determinar con certeza quienes han sido investidos con las condiciones necesarias para practicar su profesión, sin embargo, se debe hacer presente que, el SIES se construye sobre bases de datos digitalizadas por las distintas instituciones a partir de sus registros, no disponiendo esta Subsecretaría otros antecedentes que permitan verificar, acreditar y certificar la información proporcionada. Asimismo, este sistema tampoco cuenta con mecanismos destinados a actualizar la información respecto de aquellos profesionales cuyos títulos se encuentren cancelados por sanción impuesta por sentencia o resolución ejecutoriada, ni suspendidos para ejercicio profesional. En cuanto a la naturaleza de los antecedentes solicitados, al tratamiento de éstos de conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, la autodeterminación informativa y las causales de reserva o secreto aplicables señalan que éstos se encuentran circunscritos en el ámbito de los datos de carácter personal de sus titulares, a la luz de la definición legal contenida en el artículo 2°, letra f), de la referida ley, en cuanto se trata de información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Al efecto, señala que esta ley, permite el acceso a información de índole personal, bajo condiciones y principios diferentes a los exigidos por la Ley de Transparencia, con el objeto de resguardar los derechos de los titulares de estos datos personales. En ese orden de ideas, el artículo 4° de la señalada ley N° 19.628, indica que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. Al respecto, y en atención a los hechos expuestos, se advierte la ausencia de alguna disposición legal o consentimiento expreso por parte de aquellos a quienes la solicitud involucra, que ordene o autorice a esta Secretaría de Estado, según sea el caso, el acceso o difusión de los datos personales de carácter académico de éstos, de manera diversa a la estadística o anonimizada. En tal sentido, al no ser la solicitante la titular de los datos requeridos, este Servicio se encuentra impedido de hacer entrega de los antecedentes de titulación requeridos, por cuanto ello implicaría, por una parte, una contravención de las normas de la ley N° 19.628, antes individualizada, como asimismo, la afectación del derecho de la vida privada del titular de los datos, amparado por las causales de reserva números 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal, artículo 8° de la Constitución Política de la República y, el artículo 7° de la Ley de protección de la vida privada. Esta garantía debe ser entendida tanto, en el ámbito de un derecho destinado a cautelar a las personas frente a intromisiones ilegítimas en su esfera íntima como, asimismo, a la posibilidad de conocer, acceder y controlar la información concerniente al propio individuo, esta última, también denominada autodeterminación informativa. En ese sentido, debe consignarse que, evidentemente la divulgación de la información consultada expondría a sus titulares, a ser objeto de todo tipo de acoso por parte de proveedores de servicios relacionados con sus respectivas profesiones, afectando claramente su vida privada. Finalmente, reitera la imposibilidad de dar curso al procedimiento 20 de la Ley de Transparencia, debido al gran número de personas a quienes la presente solicitud involucra, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la ley N° 20.285. 6) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso mediante correo electrónico de fecha 02 de noviembre de 2017, se requirió al órgano recurrido remitir la siguiente información: a) Tipo de información pedida, distinguiendo si ésta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) Disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) Ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) Medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) Determinación del número de documentos que han sido requeridos, lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) Funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida, como también de las horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos. Mediante correo electrónico de fecha 06 de noviembre de 2017, el órgano respondió, en síntesis, lo siguiente respecto de cada una de las letras consultadas: a) La información pedida se encuentra en formato digital en bases de datos Access y Excel. b) La información de titulados en los términos requeridos en la solicitud, no corresponde a alguno de aquellos antecedentes que deben estar permanentemente a disposición del público a través de sus sitios electrónicos, en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia. Sin embargo, en la página web que indica, se encuentra disponible información a nivel estadístico de quienes se han titulado de instituciones de educación superior, a partir de año 2007 al 2016. c) La ubicación material de lo solicitado, se encuentra en los computadores de profesionales de SIES, ubicado en la dirección que indica. d) Este Servicio cuenta con datos de titulados de la educación superior desde el año 2007 al 2016. Actualmente se encuentra en proceso de recolección y sistematización la información de titulados año 2017. La base es una sola, de aproximadamente 1,5 millones de titulados con sus respectivos atributos. e) La base de titulados es una sola y se construye de al menos 150 archivos enviados por las instituciones en cada año. Estos son enviados al SIES de acuerdo al reglamento 352/2012 que solicita un listado de titulados, el cual se pide para efectos de generación de datos estadísticos. f) La base de titulados la gestiona y resguarda el equipo de gestión de datos de SIES, unidad compuesta por 4 profesionales. En lo que respecta a solicitudes de transparencia, el tiempo requerido para responder depende de la complejidad y especificidad de la consulta. Específicamente lo relacionado con esta solicitud debiera demorar unas 2 horas, ya que, en estricto rigor, se solicita la base misma, por lo que se debe excluir licenciaturas, el posgrado y postítulo, así como eliminar los campos no solicitados y traspasarla a algún formato exportable. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción de la reclamante ante la denegación de la información que se lee en el literal 1) de lo expositivo. Al efecto este Consejo entiende que la solicitud de información se refiere a la base datos, con todos los titulados de educación superior, profesionales y técnicos, registrado en el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), con nombres, apellidos, título obtenido, código de carrera, fecha de obtención del título e institución que lo otorgó, desde el año 2007 en adelante. 2) Que, al efecto la reclamada denegó la información, fundada en que, si bien a partir del año 2007, ha comenzado a recibir información de parte de las casas de estudios superiores, referentes tanto a los datos de titulación y graduación de sus estudiantes, como a otras materias, en virtud del mandato establecido en el artículo 49 de la ley N° 20.129, de 2006, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, sin embargo, debe tenerse presente que la norma orgánica no faculta al Ministerio de Educación para llevar un registro sistematizado que resulte de público conocimiento, sino sólo en el sentido que la ley citada lo establece. Agrega que el sistema nacional de información no debe confundirse con un registro público de profesionales y que no existe disposición legal o consentimiento expreso por parte de aquellos a quienes la solicitud involucra, que ordene o autorice a esta Secretaría de Estado, según sea el caso, el acceso o difusión de los datos personales de carácter académico de éstos, de manera diversa a la estadística o anonimizada. En tal sentido, al no ser la solicitante la titular de los datos requeridos, el Servicio se encuentra impedido de hacer entrega de los antecedentes de titulación, pues ello implicaría una contravención de las normas de la ley N° 19.628, como asimismo, la afectación del derecho de la vida privada de los titulares de los datos, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, amparado por las causales de reserva números 1, 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal. Atendido lo señalado se denegó la solicitud de información, por afectar los derechos de las personas, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia y N° 1 letra c) de dicho precepto, éste último, atendido que dada la naturaleza de lo pedido, en el caso de tener que aplicarse el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ello resultaría imposible, considerando el gran número de personas a quienes involucra esta solicitud, respecto de los cuales se desconocen sus datos de contacto, siendo, aproximadamente, 1.570.015 titulados, sólo entre los años 2007 y 2016. Respecto de los titulados el año 2017 señaló que estos actualmente no forman parte de la base datos consultad, pues aún se encuentran en proceso de recolección y sistematización de dicha información. 3) Que, en lo tocante a los títulos profesionales, cabe señalar a modo de contexto, que el decreto con fuerza de ley N° 630, de 1981, del Ministerio de Justicia, que establece normas sobre registros profesionales, señala en su artículo 2°, que dicho registro, se llevará por el Ministerio de Justicia por intermedio del Servicio de Registro Civil e Identificación. Posteriormente, señala que "en dicho registro serán inscritas todas las personas que ejerzan una profesión para cuyo desempeño era necesario, hasta la vigencia del decreto ley 3.621, de 1981, estar inscrito en un Colegio Profesional. Tales Inscripciones se practicarán de oficio o a petición del interesado". Seguidamente, en el inciso 3°, señala que "En el Registro se anotará a los profesionales, separados por profesiones, y se dejará constancia de su nombre, apellidos, cédula de identidad, fecha en que se obtuvo el título profesional y entidad que se lo otorgó o fecha en que inició el ejercicio de su profesión". A su turno, en el inciso 6°, del mismo precepto, se dispone que "El Ministerio de Justicia requerirá de las Universidades, Institutos Profesionales y demás entidades autorizadas para otorgar títulos profesionales, el envío mensual de las nóminas de personas que hayan obtenido de esas entidades un título profesional de aquellos a que se refiere este artículo". 4) Que, teniendo presente lo anteriormente expuesto, y tal como ha razonado este Consejo en los amparos C231-17 y C285-17, entre otros, resulta relevante para el control social, conocer quiénes han obtenido un título técnico y profesional, a fin de poder determinar qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para ejercer su profesión, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Dicho control social, también se ve reflejado en el Código Penal, específicamente en el artículo 213, al sancionar con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, a quienes fingieren ser titular de una profesión que, por disposición de la ley, requiera título, y ejerciere actos propios de dichos cargos o profesiones. En esta línea argumentativa, corresponde entonces, desestimar la alegación relativa a la afectación de la vida privada, por vincularse lo requerido a datos personales, toda vez que lo solicitado en el literal en comento, se trata precisamente, de información referida al nivel profesional de determinadas personas que prestan servicios, en forma directa o indirecta -a través de organizaciones públicas o privadas- a la sociedad toda, información que cede, como se dijo, ante el necesario control social en el conocimiento de los datos requeridos. 5) Que, lo dicho precedentemente, se ve refrendado por lo expuesto en el artículo 4°, inciso 5°, de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, que dispone que: "No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos (...)". (énfasis agregado). Al efecto, se observa que es el mismo legislador quien autoriza expresamente el tratamiento de datos personales, como los solicitados en la especie. 6) Que, al respecto, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 12109/2016, de fecha 21 de marzo de 2017, en reclamo de ilegalidad, deducido por esta misma Subsecretaría de Educación, en contra de la decisión C1993-16 que ordenó a dicha institución la entrega de información consistente en "nombre de los titulados de la carrera de ingeniería comercial de la Universidad de Temuco (cerrada) durante todos los años en que esta funcionó", sentenció, "Que en este orden de ideas y a la luz de las normas transcritas, la decisión de amparo recurrida se encuadra dentro de los datos que no están afectos a secreto o reserva, tanto porque al referirse al título profesional obtenido en una universidad, son de carácter público, no siendo necesaria autorización del beneficiario del mismo, cuanto porque la ley de protección de datos personales le da tal calidad a los que figuren en registros públicos."(considerando 5°)/"Que lo señalado precedentemente se encuentra en absoluta armonía con lo preceptuado en el artículo 8 de la Constitución Política y la garantía establecida en el artículo 19 N° 4 del mismo cuerpo de normas, ya que los datos que se solicitan, no afectan la vida privada ni la honra de esas personas ni de su familia, ....(....)."(considerando 6°)/ "Que así las cosas, la información ordenada entregar, se encuentra dentro de las excepciones del artículo 4to de la ley 19.628, no siéndole aplicable lo preceptuado en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, por no concurrir al respecto la causal de secreto o reserva, a todas luces entonces, la decisión de amparo C1993-16 no reviste los caracteres de ilegalidad que le atribuye la recurrente." (considerando 7°). 7) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, respecto de la base de datos pedida desde el año 2007 al 2016, que según se constató obra en poder de la reclamada, en vista de la necesidad de un control social prevalente sobre la materia, se desestimarán las causales de reserva invocadas, del artículo 21, números 2 y 5, de la Ley de Transparencia, como asimismo la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de dicha Ley, señalada por el órgano, ante una eventual aplicación del artículo 20 de dicha ley, por resultar inoficioso su análisis de cara a lo razonado precedentemente. 8) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo, respecto de esta información y se ordenará la entrega de la base datos de titulación consultada desde el año 2007 al 2016, debiendo señalarse expresamente, la circunstancia que la información contenida en dicha base de datos se construye a partir de la información remitida por las distintas instituciones superiores, sin que corresponda a la Subsecretaria de Educación verificar, acreditar y certificar la veracidad de la misma, como asimismo, que no se cuenta con mecanismos para actualizar dicha información con posterioridad a su remisión. Todo ello, en virtud de lo señalado por la reclamada en los descargos evacuados en esta sede. 9) Que, a mayor abundamiento, sobre el particular se debe hacer presente que, según consta en la gestión oficiosa que se lee en el literal 6) de lo expositivo, la información que se ordenará entregar consta en una base de datos cuyo traspaso para su entrega demora aproximadamente 2 horas, ya que, en estricto rigor, según declaró la Subsecretaría, se solicita la base de datos completa, que sólo requiere excluir algunos campos antes de traspasarla a algún formato exportable. 10) Que, a su turno, en relación al registro de titulación consultado correspondiente al año 2017, atendido que el órgano señaló que esta información aún no ha sido incorporada a la base de datos del SIES pedida, pues aún se encuentra en proceso de recolección y sistematización, se debe tener presente, lo resuelto sistemáticamente por este Consejo, en cuanto a que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado explicó que lo solicitado para el año 2017 no existe en la forma pedida, no resulta posible requerir la entrega de ésta, puesto que no constan en este expediente antecedentes que permitan controvertir la alegación de inexistencia, por tanto se rechazará el presente amparo respecto de este punto. CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Valentina Ojeda, en contra de la Subsecretaría de Educación; rechazándolo respecto de la información requerida correspondiente al año 2017, por inexistencia de la misma en la forma pedida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Educación: a) Entregar la siguiente información: - Base de datos desde el año 2007 al 2016, del registro de "profesionales" y de "títulos técnicos", del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) con nombres, apellidos, título obtenido, código de carrera, fecha de obtención del título, institución que lo otorgó. - Junto con la entrega de la información deberá indicarse expresamente a la reclamante la circunstancia que la información contenida en dicha base de datos se construye a partir de la información remitida por las distintas instituciones superiores, sin que corresponda a la Subsecretaria de Educación verificar, acreditar y certificar la veracidad de la misma, como asimismo, que no se cuenta con mecanismos para actualizar dicha información con posterioridad a su remisión. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Valentina Ojeda y a la Sra. Subsecretaria de Educación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.