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Entidad pública: Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (CAJ).</p>
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DECISIÓN AMPARO ROL C2914-17</p>
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Requirente: Evelyn Tapia Fernández.</p>
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Ingreso Consejo: 17.08.2017.</p>
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En sesión ordinaria N° 847 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C2914-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de julio de 2017, doña Evelyn Tapia Fernández solicitó a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, en adelante e indistintamente, la Corporación o la CAJ, la siguiente información: "solicito correos electrónicos casilla @cajmetro.cl, tanto enviados y recibidos, de los funcionarios que se individualizan durante el período junio 2016 a la fecha de entrega de información (...) Adicionalmente, se pide idéntica información para que sea proporcionada por el Depto. de Informática", indicando los nombres de los funcionarios requeridos.</p>
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2) RESPUESTA: El 3 de agosto de 2017, mediante Oficio N° 467, la Corporación otorgó respuesta a la solicitud de acceso, denegando la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, que "atendida la gran cantidad de información solicitada, que abarca más de un año de correos electrónicos de 5 funcionarios y que dentro de dicha información existen datos sensibles tanto de funcionarios como de terceros a la Corporación, por lo cual debería revisarse cada correo electrónico, lo cual distraería indebidamente de sus funciones a varios servidores públicos".</p>
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3) AMPARO: El 17 de agosto de 2017, doña Evelyn Tapia Fernández dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "señala que es mucha información y que deben desviar recursos para atender mi solicitud. De ser así, estoy dispuesta a reformular la solicitud incorporando la palabra ‘enviados y recibidos entre ellos’ pues conforme lo que estoy investigando, no existe personas externas involucradas. Señalar que actualmente soy funcionaria de dicha institución y tengo razones personales para suponer que existen comunicaciones que pudiesen haber perjudicado a mi persona en un sumario en curso".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E2861, de fecha 30 de agosto de 2017, confirió traslado al Sr. Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante Oficio N° 540, de fecha 14 de septiembre de 2017, la CAJ evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "esta denegación se fundó en la gran cantidad de información que fue solicitada por la requirente (...) que conforme lo informado por el Departamento de Informática, sería ‘el tamaño final de todos los correos solicitados supera los 30GB (Gigabytes) de información’ (...) Como es posible apreciar y atendido el gran número de correos solicitados, ésta información no podría haberse entregado escaneada como lo solicitó doña Evelyn Tapia".</p>
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Acto seguido, agrega que "en atención a que dentro de los indicados correos electrónicos puede existir datos sensibles tanto de funcionarios como de usuarios de la Corporación, éstos se deben revisar correo por correo, lo que implica una distracción de funciones de varios funcionarios de la Corporación, específicamente del Departamento Jurídico, que es el encargado de recopilar la información, revisarla y elaborar la respuesta a las solicitudes de información que ingresen al respectivo sistema", indicando la cantidad de funcionarios que integran dicho departamento y las labores de revisión y recopilación para poder entregar la información pedida, debiendo dejar de lado sus funciones habituales, informando la cantidad de audiencias a que deben concurrir en distintas regiones del país, y el resto de las labores regulares, señalando además, que en este período, varios funcionarios se encontraban haciendo uso de licencia médica, permisos administrativos, feriado legal, e incluso, subrogando al Director General, y que la dotación de personal es acotada.</p>
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Asimismo, en alusión a lo reclamado por la solicitante al modificar su solicitud en el amparo, fundamenta que "ello no fue señalado en su solicitud por lo cual no nos fue posible responder conforme lo señalado", y luego, hace mención a lo resuelto por este Consejo en las decisiones rol C1759-14 y C1557-14, en relación a la distracción indebida. Finalmente, indica que no dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto los correos electrónicos pedidos corresponden a funcionarios públicos del órgano, quienes no detentarían la calidad de tercero.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, a la solicitud de información de la reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a copia de los correos electrónicos de los funcionarios que indica, durante el período que señala, agregando que solicita idéntica información al Depto. de Informática de la misma Corporación. Al respecto, el órgano, tanto en su respuesta como en sus descargos, denegó su entrega fundada en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en primer lugar, el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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3) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, entre otras, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.</p>
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4) Que, en la especie, cabe tener presente lo señalado por la CAJ, con ocasión de sus descargos, en cuanto a que la solicitud de información se refiere a la totalidad de los correos electrónicos enviados y recibidos por los funcionarios que menciona, por un período superior a un año; que el total de la información pedida superaría los 30 Gigabytes de capacidad, y que atendido el gran número de correos solicitados, dichos antecedentes no podrían haberse entregado escaneados, como lo requirió la reclamante. Asimismo, el órgano informó que los correos electrónicos solicitados, pueden contener tanto datos personales como datos sensibles, tanto de los propios funcionarios de la CAJ como de usuarios externos de la Corporación, motivo por el cual se debe revisar correo por correo, lo que implica una distracción indebida de las labores de los funcionarios de la institución, específicamente del Departamento Jurídico, y que dicha unidad sólo cuenta con 6 funcionarios -5 abogados y una secretaria-, que deberían ocupar gran parte de su jornada laboral ordinaria, para poder recabar y revisar la información solicitada, afectando el normal funcionamiento del órgano, teniendo en consideración que dichos abogados deben concurrir regularmente a audiencias ante diversos tribunales, comparecer antes las Cortes de Apelaciones y Suprema, y que la CAJ tiene competencia en las regiones Metropolitana, VI, VII y XII, a las cuales también deben concurrir sus abogados, además de las funciones administrativas del órgano, como elaborar informes, resolver temas de compras públicas, llevar adelante investigaciones sumarias administrativas, realizar todo tipo de escritos judiciales, responder las otras solicitudes de información que ingresan, publicar información de Transparencia Activa, y recopilar información sobre Ley de Lobby. Finalmente, también indica el órgano que, en el período de la solicitud, diversos funcionarios del Departamento estuvieron con licencia médica, o hicieron uso de permisos o feriado legal.</p>
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5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.</p>
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6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.</p>
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7) Que, en virtud de todo lo expuesto y lo razonado precedentemente, tratándose lo pedido de correos electrónicos de un período de casi un año, debiéndose revisar una a una dichas comunicaciones para verificar la existencia de datos personales y sensibles, en los términos dispuestos en el artículo 2 de la ley N° 19.628, a criterio de este Consejo, en el presente caso, se configura respecto de la copia de los correos electrónicos requeridos, la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el presente amparo.</p>
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8) Que, sin perjuicio de lo resuelto, respecto a la alegación del órgano, en el sentido de que los funcionarios públicos no detentarían la calidad de tercero, cabe tener presente lo expuesto en el literal d, del título I, de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, al definir el concepto "terceros", dispone que corresponde a "cualquier persona, distinta del requirente o del órgano público, que pueda ver afectados sus derechos con la entrega de la información que se solicita en el procedimiento administrativo de acceso". En efecto, y a partir de dicha definición, resulta evidente sostener que los funcionarios públicos, en su calidad de tales, distintos del órgano público en el cual se desempeñan, efectivamente quedan comprendidos dentro del concepto de "terceros".</p>
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9) Que, finalmente, con relación a la modificación de la solicitud de información, en atención al tenor del amparo objeto de la presente decisión, al tratarse de una solicitud distinta de la que dio origen a este procedimiento, y que el órgano tuvo en consideración para emitir su respuesta, no cabe sino rechazar, además, por este motivo, el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Evelyn Tapia Fernández, en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, por haberse configurado la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Evelyn Tapia Fernández y al Sr. Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>