Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2976-17

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Reclamante:	GABRIEL ÁLVAREZ LÓPEZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE MINERÍA
Resumen del caso: Se dedujo dos amparos en contra de la Subsecretaría de Minería, fundado en la denegación de lo solicitado referente a: a) Solicitud de información que dio origen al amparo Rol N° C2976-17: "copia de los expedientes completos de todos los sumarios administrativos que se hayan desarrollado por instrucción de la Subsecretaría de Minería, considerando desde 2010 a la actualidad". b) Solicitud de información que dio origen al amparo Rol N° C3149-17: "copia de los expedientes de todos los sumarios administrativos cursados por la Subsecretaría de Minería, considerando desde el 1 de enero de 2014 hasta el 24 de agosto de 2017". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/10/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3149-17 C377-13
Jurisprudencia a:	C3149-17
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPAROS ROLES C2976-17 y C3149-17 Entidad pública: Subsecretaría de Minería. Requirente: Gabriel Álvarez López. Ingreso Consejo: 22.08 y 04.09 de 2017. En sesión ordinaria N° 841 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información roles C2976-17 y C3149-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 26 de julio y el 24 de agosto de 2017, don Gabriel Álvarez López presentó a la Subsecretaría de Minería, las siguientes solicitudes de información: a) Solicitud de información que dio origen al amparo Rol N° C2976-17: "copia de los expedientes completos de todos los sumarios administrativos que se hayan desarrollado por instrucción de la Subsecretaría de Minería, considerando desde 2010 a la actualidad". b) Solicitud de información que dio origen al amparo Rol N° C3149-17: "copia de los expedientes de todos los sumarios administrativos cursados por la Subsecretaría de Minería, considerando desde el 1 de enero de 2014 hasta el 24 de agosto de 2017". 2) RESPUESTA: El órgano, mediante resoluciones exentas N° 2763 y 2941, de fecha 22 de agosto y 1 de septiembre de 2017, señaló en síntesis, respectivamente, lo siguiente: a) Respuesta que dio origen al amparo Rol N° C2976-17: se deniega lo solicitado en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debido a que lo requerido implica entregar un aproximado de 6000 páginas de sumarios administrativos existentes desde el 2010 a la fecha. Asimismo, se indicó que la documentación contiene datos personales y sensibles, que deben revisarse y tarjarse en virtud de lo expuesto en la ley N° 19.628. Todo lo anterior, tendría que ser llevado a cabo por el encargado de transparencia del órgano -abogado de la división jurídica-, y que tiene además otras funciones que desempeñar, por lo que tendría que destinar parte importante de su jornada de trabajo en la revisión de los 6.000 documentos, lo que implica, en la medida que se dedique de manera exclusiva, revisar 500 hojas diarias por 14 días. Finalmente, la oficina de partes, para entregar lo requerido, tendría que escanear los más de 6000 documentos, para lo cual tendría que destinar a un funcionario por todo un día de manera exclusiva y sin atender el resto de sus funciones para las cuales fue contratado. b) Respuesta que dio origen al amparo Rol N° C3149-17: se deniega lo solicitado en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debido a que lo solicitado implica entregar un aproximado de 3000 páginas, requiriendo en síntesis y en base a los fundamentos expuestos precedentemente, al encargado de transparencia, dedicación en forma exclusiva, a revisar 300 hojas diarias por 10 días. 3) AMPARO: El 22 de agosto y 4 de septiembre de 2017, el solicitante dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de lo solicitado. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Minería, mediante oficio N° 2968 y 3308, de fecha 5 y 27 de septiembre de 2017. Posteriormente, por medio de oficios N° 560 y 613, de fecha 21 de septiembre y 13 de octubre de 2017, respetivamente, el órgano reiteró lo señalado en su respuesta, agregando en síntesis, que la información requerida afectaría el ejercicio de las funciones que debe desarrollar, por cuanto distraería indebidamente a los funcionarios, quienes tendrían que hacer una revisión exhaustiva de los archivos digitales y los registros físicos -ya que el sistema registral en sustento digital consta desde el año 2013-, para examinar los expedientes completos de todos los sumarios administrativos que se hayan desarrollado en el período requerido. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico, de fecha 23 de octubre de 2017, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano informar el número de sumarios desarrollados en las épocas referidas por el solicitante. Al efecto, por medio de correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2017, la Subsecretaría precisó lo siguiente: a) "Respecto del Amparo Rol C2976-17, desde el año 2010 a la fecha de la solicitud de información (26 de julio de 2017), existen en nuestros registros 22 sumarios administrativos. b) Respecto del Amparo Rol C3149-17, desde 1° de enero de 2014 al 24 de agosto de 2017, existen en nuestros registros 17 sumarios administrativos". Y CONSIDERANDO: 1) Que en atención a que entre los amparos roles C2976-17 y C3149-17 existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que, el presente amparo se funda en la negativa del órgano en orden a hacer entrega de la totalidad de los sumarios administrativos señalados en el numeral 1°, de lo expositivo, respecto de los cuales, se alegó la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 3) Que, respecto a dicha causal, se debe señalar que su configuración debe someterse al examen de determinados criterios objetivos, que hagan suficientemente plausible su aplicación para el caso concreto, teniendo como marco referencial, la descripción normativa referida a la afectación al debido cumplimiento de las funciones el órgano, teniendo presente que no podría alegarse como gravamen el propio cumplimiento de las obligaciones de transparencia que emanan de la Constitución Política, en cuanto base de la institucionalidad, y de la propia de Ley de Transparencia. 4) Que este Consejo estima como elementos para la ponderación de esta causal los siguientes: a) tipo de información, distinguiendo si esta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como de desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) número de documentos que han sido requeridos, lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida y horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos. 5) Que, asimismo, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de acceso podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 7) Que la satisfacción cabal del requerimiento en análisis en el modo planteado por el solicitante, supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener la información solicitada. En efecto, la referida actividad implica no sólo efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda manual y revisión de la información efectivamente disponible de un volumen de aproximadamente de 6000 hojas respecto del primer amparo y de 3.000 hojas, respecto del segundo, sino también el procesamiento de la misma para su posterior entrega. En tal sentido, no se trata de un proceso únicamente consistente en fotocopiar o imprimir información, sino implica además su revisión exhaustiva de parte del órgano atendiendo que se trata de la copia de la totalidad de todos los sumarios administrativos realizados en las fechas requeridas, los que cuentan con datos personales y sensibles que deben ser tarjados, respecto de los cuales el servicio debe tener especial cuidado de no informar, a la luz de la ley N° 19.628. 8) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, por el cual esta se encuentra al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. 9) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por don Gabriel Álvarez López en contra de la Subsecretaría de Minería, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gabriel Álvarez López y al Sr. Subsecretario de Minería. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.