Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3119-17

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Reclamante:	JAVIER REYES JARA
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en que se otorgo respuesta negativa a un requerimiento referente a: a) "Cantidad de vehículos incautados, durante el año 2017 por Carabineros de la Subcomisaría Padre Hurtado, por infringir la ley N° 20.879 (que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos); b) Cantidad de vehículos retirados de circulación, durante el año 2017 por Carabineros de la Subcomisaría Padre Hurtado, por infringir la ley N° 20.879; en apoyo al plan Basura Cero en Santiago creado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; c) Cantidad de vehículos retirados el 2017 por Carabineros de la Subcomisaría Padre Hurtado en cumplimiento del plan operativo N° 1, de 8 de febrero de 2017, implementado por la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la Institución; y, d) Cantidad de vehículos con encargo policial recuperados durante el año 2017 por Carabineros de la Subcomisaría Padre Hurtado". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°1 letra c de la Ley de transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/30/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2014-13
Jurisprudencia a:	C3147-17 C5413-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior; Transporte

DECISIÓN AMPARO ROL C3119-17 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Javier Reyes Jara Ingreso Consejo: 31.08.2017 En sesión ordinaria N° 861 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de enero de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3119-17. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de agosto de 2017, don Javier Reyes Jara solicitó a Carabineros de Chile lo siguiente: a) "Cantidad de vehículos incautados, durante el año 2017 por Carabineros de la Subcomisaría Padre Hurtado, por infringir la ley N° 20.879 (que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos); b) Cantidad de vehículos retirados de circulación, durante el año 2017 por Carabineros de la Subcomisaría Padre Hurtado, por infringir la ley N° 20.879; en apoyo al plan Basura Cero en Santiago creado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; c) Cantidad de vehículos retirados el 2017 por Carabineros de la Subcomisaría Padre Hurtado en cumplimiento del plan operativo N° 1, de 8 de febrero de 2017, implementado por la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la Institución; y, d) Cantidad de vehículos con encargo policial recuperados durante el año 2017 por Carabineros de la Subcomisaría Padre Hurtado". 2) RESPUESTA: Por medio de RSIP N° 38276, de 30 de agosto de 2017, Carabineros indica que respecto a lo pedido en los literales a), b) y c), los registros institucionales no cuentan con una clasificación asociada al tipo de materia consultada, ya que el Sistema de Automatización Policial (AUPOL), contiene información relativa a constancias o partes policiales, el cual sólo posee algunas funcionalidades estadísticas para los fines propios de estudio de la Institución, fundamentalmente asociadas a las necesidades de seguridad de determinados cuadrantes o ciudades. Para tales fines, el Sistema AUPOL permite sistematizar alguna información relacionada a las detenciones, ocurrencia de delitos, etc., a las diversas unidades para producir, de esta forma, factores comunes que satisfagan finalidades estadísticas y de estudio. Hace presente que la Ley de Transparencia no obliga a los órganos públicos a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible. De esta forma, la entrega de estadísticas sobre la materia consultada, implicaría efectuar las consultas pertinentes a las Unidades Policiales para dar respuesta al requerimiento, al no encontrarse parametrizada la información, cuestión que excede los principios de la ley N° 20.285. Atendido lo expuesto, cualquier antecedente sobre el particular implicaría las siguientes acciones: recopilar la información de las infracciones al tránsito cursadas en un período determinado de tiempo, manipular los registros para obtener la información que no se encuentra dentro de los parámetros de búsqueda y revisar cada uno de los documentos donde se encuentren los vehículos que fueron retirados de circulación. Por tanto, cualquier información que no esté conteste con los parámetros de búsqueda del Sistema AUPOL, obliga a intervenir los registros en forma manual, lo que genera sesgos propios de una intervención humana, es decir, que se comentan errores de compilación e interpretación. Por último, sobre el literal d) informa que se registran 37 vehículos recuperados al 17 de agosto de 2017 en la Sub comisaría consultada. 3) AMPARO: El 31 de agosto de 2017, don Javier Reyes Jara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se habría otorgado respuesta negativa a su requerimiento. Además, el reclamante hizo presente que la entidad se contradice al manifestar que no cuentan con una clasificación asociada al tipo de materia consultada, toda vez que se contrapone a lo señalado en la solicitud de información que adjunta N° 35.585 de 9 de enero de 2017, que en su parte principal demuestra -a su juicio- que las Unidades Policiales contarían con un registro y estadísticas de sus gestiones policiales y procedimentales. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E3163, de 13 de septiembre de 2017. Mediante documento N° 281, de 25 de septiembre de 2017, la Institución reclamada presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) No existe información parametrizada relativa al retiro de vehículos en los términos solicitados por el requirente, de modo que la información contenida en el cuadro estadístico remitido al solicitante consideró los antecedentes existentes en Carabineros sobre la materia. b) Existe plena concordancia entre la respuesta otorgada al solicitante con ocasión de la solicitud que dio origen al presente reclamo, y aquella otra que fuere acompañada por éste a su amparo, por cuanto en ambas se hizo presente que los registros institucionales no cuentan con una clasificación asociada a tal requerimiento. c) Conforme a su configuración actual, el Sistema AUPOL constituye un sistema de registro computacional, en el que se consignan los principales antecedentes asociados a los partes policiales que levantan los funcionarios, frente a cualquier actuación que deje constancia escrita, entre ellas, denuncias, infracciones, controles de personas, controles de vehículos, detenidos, procedimientos y operaciones. Los datos se ingresan al sistema y luego son tratados, validados y eventualmente modificados y certificados por la Jefatura Policial correspondiente. En la actualidad, el Sistema opera en 937 unidades operativas de distintas regiones, es decir, prácticamente el 100% de las unidades existentes en el país. d) Según el modelo de datos del sistema, para efectos del registro existen algunos datos de los partes que el sistema solicita como campos del registro, sin embargo, existen también campos de texto libre que se refieren a la narración de los hechos contenidos en un parte. En ambos casos las carpetas y archivos corresponde a documentos en formato (.txt), por lo tanto, la consulta sobre el contenido de las carpetas o archivos que respaldan los partes supone necesariamente acceder al registro respectivo, es decir, el procesamiento y análisis del personal a cargo, atendidas la falta de funcionalidad estadística de ese tipo de formato. e) Posterior a su creación se ha incorporado cierta funcionalidad estadística del sistema, pues no forma parte del mismo. A modo de ejemplo indica que la elaboración de estadísticas en materia de accidentes de tránsito no es efectuada en forma automática por el AUPOL, sino que envuelve un proceso de revisión y recopilación en cada unidad policial a partir de los partes levantados sobre la materia. La recopilación efectuada en cada unidad operativa luego es remitida a la Dirección Nacional que, en base a otros programas estadísticos externos, elabora la información agregada o desagregada, dando lugar a la elaboración de un producto estadístico. f) Así, el sistema se ha adaptado para efectuar ciertas migraciones de datos, y se les han introducido mejoras desde tecnologías del época (clipper) hasta encontrarse hoy en bases de datos Oracle y servidores Unix. Desde 2007, la información sobre partes policiales se encuentra casi completamente incorporada al sistema. De esta forma, el sistema provee información vía archivos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Tribunales, Fiscalías, INE, centros de estudios públicos, algunos ministerios y municipalidades, siendo esta información en su mayoría agregada y manejada a nivel estadístico, y en el caso de tribunales y fiscalías, es usada para estimaciones de cargas de trabajo y otros usos estadísticos, puesto que el documento que es usado por los fiscales es físico. g) El parte, una vez que es escrito e impreso para un proceso de firmas y entrega a las autoridades pertinentes. A su turno, el parte que arroja el Sistema AUPOL, en caso de error o por falta de datos (no de registros), y posterior a la emisión física del parte puede ser objeto de ajustes por parte de la Unidad (direcciones, ortografía y otros campos), por lo que el parte digital no necesariamente es copia fiel del parte oficial. Es el trabajo en el parte digital aquel que tiene fines estadísticos y que sirve de insumo a la gestión policial. h) El Sistema AUPOL cuenta con un aplicativo de control de gestión, mediante el cual se puede obtener consultas simples para llegar a obtener un listado de registros. Estos filtros obtienen información según los criterios de los atributos del parte, mientras que en otros casos de consultas más complejas, éstas se construyen en la base de datos Oracle. Todo lo anterior pudo ser constatado por el Consejo en terreno en visita técnica efectuada por dicho organismo al efecto. i) En este contexto, para dar respuesta a lo requerido, el órgano tendría que realizar una operación de revisión del registro con que cuenta el Sistema AUPOL, en relación a las infracciones que el reclamante consulta, y extraer de ellos los datos que interesan a éste. Ello, debiese tener lugar incluso cuando algunos de los datos requeridos figuren en campos de registro y no en el texto libre de cada parte, toda vez que el sistema no permite efectuar búsquedas automáticas utilizando como filtros los tópicos que específicamente interesan al reclamante, dentro de las pestañas que contienen los datos de las infracciones a la Ley de Tránsito. j) De esta forma, la entrega de estadísticas sobre la materia consultada implicaría efectuar las consultas respectivas a la Unidad Policial de que trata, para que ésta revise, materialmente, todas las infracciones cursadas por la misma durante el presente año para poder dar respuesta al requerimiento, al no encontrarse parametrizada la información, circunstancia que excede los principios de la Ley de Transparencia, y que importa una distracción indebida del personal, el que tendría que ocupar su jornada a revisar dichos antecedentes a fin de construir la información. k) Carabineros no mantiene información estadística que indique la cantidad de vehículos incautados, durante 2017, en la Sub Comisaría Padre Hurtado, por infringir la ley N° 20.879, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, ya que el Sistema AUPOL registra los casos policiales por la descripción del delito, siendo la "incautación de vehículos" un antecedente que sólo queda estipulado en el texto del parte policial, y no es registrado como una variable. l) Para obtener la información se debe identificar y revisar, entre un elevado número de antecedentes administrativos, para detectar en la Unidad en estudio, cuáles partes policiales indican en su campo de texto "el retiro de circulación de vehículos y especies sancionados por la ley N° 20.879" cuestión que requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales, a causa de que esto no se encuentra parametrizado en las bases de datos institucionales, no existiendo algún campo que permita la extracción de vehículos incautados que se requiere conocer en los términos indicados en los literales a), b) y c) de la solicitud. ll) Para el año 2017, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en conjunto con las policías y otras instituciones gubernamentales, incorporaron una nueva tipificación de infracción que hace referencia a la falta materia de análisis, denominada "transporte de desechos a vertederos clandestinos". Informa que la unidad en estudio no mantiene registros por esta causal en el presente año. m) Ahora bien, esta nueva codificación sólo se refiere al transporte de desechos a vertederos clandestinos, lo que no es indicador de que se hayan retirado uno o más vehículos en estos procedimientos. Así, la información entregada corresponde a aquella que se encuentra disponible en los términos expuestos en la Ley de Transparencia. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Por correo electrónico de 19 de diciembre de 2017, este Consejo requirió a la reclamada precisar el número de documentos (partes) que el Servicio tendría que revisar manualmente, al no encontrarse parametrizada la información en el Sistema AUPOL. Con fecha 21 de diciembre de 2017, Carabineros de Chile informó que "entre el 1° de enero hasta el 3 de agosto de 2017, se han incorporado 5.007 partes policiales al Sistema AUPOL de la Subcomisaría Padre Hurtado". Y CONSIDERANDO: 1) Que, a modo de contexto previo, se debe indicar que la ley N° 20.879, de 2015, que Sanciona el Transporte de Desechos hacia Vertederos Clandestinos, introdujo modificaciones a la ley N° 18.290, de Tránsito, incorporando el artículo 192 bis que sanciona a quien "(...) encargue o realice, mediante vehículos motorizados, no motorizados o a tracción animal, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, en vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público(...)". A su turno, en el inciso octavo de la citada disposición legal, se faculta expresamente a Carabineros de Chile para retirar de circulación los vehículos y especies que se encuentren en las situaciones descritas en la norma, poniéndolos a disposición del tribunal competente en los lugares contemplados por las municipalidades para tal efecto. 2) Que, establecido dicho marco normativo, luego la información requerida, específicamente aquella referida a la cantidad de vehículos incautados y retirados de circulación corresponde a información que debe obrar en poder de la Autoridad requerida, atendidas las facultades expresas que la citada norma le otorga, por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva. 3) Que, el fundamento del presente amparo se circunscribe a aquella información que no fue entregada al reclamante, referida a los literales a), b) y c) de la solicitud. Sobre dicha materia, tanto en su respuesta como en los descargos, el órgano reclamado ha expuesto fundadamente que la información requerida no se encuentra parametrizada en el Sistema AUPOL, por lo que, al no encontrarse sistematizada la información sobre infracciones en el sistema informático indicado, luego, para satisfacer este requerimiento, se requeriría revisar manualmente cada uno de los documentos que den cuenta de la incautación de vehículos por infracción al artículo 192 bis del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito. 4) Que, en lo relativo a las funcionalidad del Sistema AUPOL que utiliza Carabineros de Chile, cabe hacer presente que, con ocasión de la visita técnica decretada en el amparo Rol C2014-13, este Consejo pudo examinar el funcionamiento, la operatividad y funcionalidad estadística del referido Sistema, extrayendo las siguientes conclusiones: "a) (...) el Sistema AUPOL constituye un sistema de registro computacional, en el que se consignan los principales antecedentes asociados a los partes policiales que levantan los funcionarios, frente a cualquier actuación que suponga dejar una constancia escrita, entre ellas, denuncias, infracciones, controles de personas, controles de vehículos, detenidos, procedimientos y operaciones. Los datos se ingresan al sistema y luego son tratados, validados, eventualmente modificados y certificados por la Jefatura Policial correspondiente; b) Según el modelo de datos del sistema, para efectos del registro existen algunos datos de los partes que el sistema solicita como campos del registro, sin embargo existen también campos de texto libre que se refieren a la narración de los hechos asociados al parte. En ambos casos las carpetas y archivos respectivos corresponden al formato (txt.), por lo tanto, la consulta sobre el contenido de archivos o carpetas que respaldan los partes supone necesariamente la necesidad de acceder al registro respectivo, es decir un trabajo de procesamiento y de análisis individual del personal a cargo, atendidas la falta de funcionalidad estadística de ese tipo de formato. e) El parte una vez escrito e impreso pasa por un procedimiento de firmas y posteriormente se entrega a las autoridades competentes. Por otro lado, el parte arrojado por el Sistema AUPOL, en aquellos casos de error o por falta de datos (no de registros), y posterior a la emisión física del parte, puede ser objeto de ajustes por la misma unidad para mejorar su calidad en cuanto direcciones, reglas ortográficas y otros campos, por lo que el parte digital no necesariamente es copia fiel del parte oficial. Es el trabajo realizado en el parte digital el que tiene fines estadísticos y sirve de insumo a la gestión policial. En algunas unidades los partes son escaneados en el sistema, sin embargo ello que no se realiza en las unidades en donde no hay scanner, por lo que sufre esta imagen el mismo problema de mala práctica de no realizar el escaneo del parte" (considerando 5) de la decisión de amparo Rol C2014-13). 5) Que, atendido que la información relativa a la incautación de vehículos por infracción a la normativa sobre transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, no se encuentra parametrizada en el Sistema AUPOL, de acuerdo a las funcionalidades que presenta actualmente el sistema, las que fueron verificadas por este Consejo en su oportunidad, resulta plausible lo alegado por el órgano, en cuanto a que debiese realizar una operación consistente en la revisión manual de los referidos partes, ya que el Sistema AUPOL registra los casos policiales por la descripción del delito, siendo la "incautación de vehículos" un antecedente que sólo queda estipulado en el texto libre del parte policial, y no es registrado como una variable dentro de los campos a completar en el sistema de registro informático. 6) Que, establecido lo anterior, respecto a la revisión manual de los partes en que se encuentra contenida la información, el órgano reclamado, con ocasión de la gestión oficiosa realizada por esta Corporación, precisó que se debería analizar un número de 5.007 partes policiales de la Subcomisaría Padre Hurtado en el período de tiempo requerido por el solicitante. Por lo anterior, atendido el volumen de la información que el órgano debiese revisar para efectos de que, tras el análisis del texto de cada parte, se determine la cantidad de vehículos retirados de circulación por infracción a la normativa sobre transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, a juicio de este Consejo resulta atendible lo alegado en lo referido a que, atender este requerimiento provocaría una distracción indebida a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, cuestión que desde la perspectiva del funcionamiento del órgano, configuraría una distracción indebida en los términos que prevé el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 9) Que atendidos los antecedentes de hecho expuestos, especialmente, que la información requerida en los términos solicitados no se encuentra parametrizada en el Sistema AUPOL, y el alto volumen de información que tendría que ser revisada manualmente por el Servicio para extraer los datos solicitados, se hará lugar a la causal de reserva alegada y consiguientemente se rechazará el presente amparo. 10) Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, se representará a Carabineros de Chile la precariedad del sistema de gestión documental institucional, así como del manejo de la información requerida, resultando impertinentes las alegaciones referidas a que los datos solicitados no se encuentren sistematizados o recogidos en una base de datos única, integral y que permita un fácil acceso, incluso, para sus propios funcionarios, recomendándose adoptar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Lo anterior permitirá de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder, teniendo especialmente en cuenta las competencias y funciones encomendadas por la ley al órgano requerido sobre la materia reclamada. 11) Que, finalmente, y atendida la preocupación de este Consejo por el sistema de gestión documental de Carabineros de Chile, se oficiará al Sr. Subsecretario de Interior para efectos de que tome conocimiento y se realicen las coordinaciones necesarias tendientes a subsanar las deficiencias detectadas. Lo anterior, atendida la dependencia que corresponde a dicha entidad respecto del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, conforme lo prescrito en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Javier Reyes Jara, de 31 de agosto de 2017, en contra de Carabineros de Chile, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar al Sr. General Director de Carabineros de Chile la precariedad del sistema de gestión documental institucional, así como del manejo de la información requerida, resultando impertinentes las alegaciones referidas a que los datos solicitados no se encuentren sistematizados o recogidos en una base de datos única, integral y que permita un fácil acceso, incluso, para sus propios funcionarios, y recomendar a dicha autoridad adoptar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Lo anterior permitirá de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder, teniendo especialmente en cuenta las competencias y funciones encomendadas por la ley al órgano requerido sobre la materia reclamada. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Reyes Jara y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. IV. Encomendar al Director General de este Consejo oficiar al Sr. Subsecretario de Interior en los términos expuestos en el numeral 11) de lo expositivo del presente acuerdo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.