Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3138-17

Reclamante:	ESTEBAN RODRÍGUEZ
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) "Identificación del personal de este servicio que participó EN LA REDACCIÓN E INFORMACIÓN ENTREGADA al Consejo para la Transparencia, en los Oficios N° 204 del 3 de febrero de 2017 y N° 831 del 27 de abril de 2017, como en el escrito ingresado el 03 de Mayo de 2017 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (Civil 4865-2017). Favor indicar funcionarios relacionados a cada documento, individualmente". b) "Documentación constitutiva de las supervisiones financieras efectuadas MENSUALMENTE en las sedes de los proyectos identificados por código, (o) en su defecto COMPROBANTES DE GASTOS ENTREGADOS MENSUALMENTE A SENAME (...)" c) "Tabla identificando todas las modalidades de atención (OPD/DAM, etc), junto a los respectivos artículos y numerales de leyes, decretos, normativas, circulares o resoluciones que, AUTORIZAN LA ENTREGA DE SUBVENCIÓN MENSUAL, SIN ATENCIÓN MENSUAL (SIN INTERVENCIÓN MENSUAL)". d) "Todos los oficios entregados en respuesta a este servicio, RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DEL APORTE INSTITUCIONAL DETECTADO POR LA SUPERVISIÓN SENAME, para las municipalidades de Quilicura, Conchalí, San Bernardo, Independencia, Maipú, Talagante, Lo Prado, San Ramón, Cerro Navia y Viña del Mar (2011 al 2017)". e) "Documentación técnica en poder de este servicio, que permitió determinar para los convenios, la atención de TAN SOLO UN 8% DE LAS PLAZAS CONVENIDAS PARA LAS OPD (vulneración de derechos)". El Consejo acoge parcialmente el amparo toda vez que no se acredita de manera suficiente la causal de reserva invocada; rechazándolo respecto a lo pedido en el literal e) de la solicitud de información., por haberse otorgado acceso de forma oportuna a lo solicitado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/8/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C3138-17. Entidad pública: Servicio Nacional de Menores (SENAME). Requirente: Esteban Rodríguez. Ingreso Consejo: 01.09.2017. En sesión ordinaria N° 856 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de enero de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3138-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de julio de 2017, don Esteban Rodríguez solicita al Servicio Nacional de Menores - en adelante, también SENAME-, lo siguiente: a) "Identificación del personal de este servicio que participó EN LA REDACCIÓN E INFORMACIÓN ENTREGADA al Consejo para la Transparencia, en los Oficios N° 204 del 3 de febrero de 2017 y N° 831 del 27 de abril de 2017, como en el escrito ingresado el 03 de Mayo de 2017 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (Civil 4865-2017). Favor indicar funcionarios relacionados a cada documento, individualmente". b) "Documentación constitutiva de las supervisiones financieras efectuadas MENSUALMENTE en las sedes de los proyectos identificados por código, (o) en su defecto COMPROBANTES DE GASTOS ENTREGADOS MENSUALMENTE A SENAME (...)" c) "Tabla identificando todas las modalidades de atención (OPD/DAM, etc), junto a los respectivos artículos y numerales de leyes, decretos, normativas, circulares o resoluciones que, AUTORIZAN LA ENTREGA DE SUBVENCIÓN MENSUAL, SIN ATENCIÓN MENSUAL (SIN INTERVENCIÓN MENSUAL)". d) "Todos los oficios entregados en respuesta a este servicio, RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DEL APORTE INSTITUCIONAL DETECTADO POR LA SUPERVISIÓN SENAME, para las municipalidades de Quilicura, Conchalí, San Bernardo, Independencia, Maipú, Talagante, Lo Prado, San Ramón, Cerro Navia y Viña del Mar (2011 al 2017)". e) "Documentación técnica en poder de este servicio, que permitió determinar para los convenios, la atención de TAN SOLO UN 8% DE LAS PLAZAS CONVENIDAS PARA LAS OPD (vulneración de derechos)". 2) RESPUESTA: El Servicio Nacional de Menores mediante carta N° 960, de fecha 29 de agosto de 2017, responde la solicitud de acceso informando lo pedido en los literales a) y c) del requerimiento. Además, señalan que adjuntan las rendiciones de cuentas para cada uno de los proyectos señalados en el literal b), en formato PDF, junto con sus "Ingresos" y "Egresos", durante el período 2011 a 2017. Por otro lado, respecto de lo requerido en el literal d) del requerimiento, informan que "si bien mantiene un registro digital respecto de la documentación que ingresa, está se encuentra físicamente en las bodegas del Servicio, la cual no mantiene una organización que permita en los tiempos establecidos por la ley N° 20.285 ubicar, en caso de que existan, las cartas de respuestas que ingresadas, a este Servicio en que la materia tenga relación con el incumplimiento del aporte institucional". En particular, sostienen que sin entrar a cuantificar los puntos contenidos en el requerimiento, lo que por lo demás comprende 7 años, se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. Finalmente, en cuanto a lo pedido en el literal e) de la solicitud, señalan que el documento que sustenta el convenio es la base técnica de la modalidad (2015-2018), en específico en lo que respecta al nivel de asesoría y supervisión técnica para la modalidad Oficinas de Protección de Derechos. Así, en cuanto al rol que aquellas han desarrollado, a nivel territorial en el tema de niñez, acogiendo todas las solicitudes de atención, tanto de actores institucionales, como desde los propios involucrados (demanda espontánea de las familias y los propios niños), consideran importante consignar que dicha oficina debe atender, en el Componente de Protección de Derechos, al menos el 8% de su población convenida. Dado lo anterior, es que la oficina ha desarrollado en sus intervenciones, acciones orientadas al abordaje de las vulneraciones de derechos, asociadas a los niveles de baja, mediana y alta complejidad. Por lo tanto, adjuntan las bases técnicas en cuestión. 3) AMPARO: Con fecha 1° de septiembre de 2017, don Esteban Rodríguez deduce amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, debido a que no le proporcionan lo pedido en los literales b) - "Supervisiones Financieras"-, d) y e) del requerimiento. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, mediante oficio N° E3.100, de fecha 13 de septiembre de 2017. El órgano reclamado, por medio de correo electrónico, de fecha 2 de octubre de 2017, remite informe por el cual presenta sus descargos y observaciones, señalando, en términos generales, lo siguiente: a) Respecto de lo solicitad en el literal b) del requerimiento, sostienen que remitieron las rendiciones de cuentas para cada uno de los proyectos consultados. Así, en atención a la normativa que regula dicha materia, consideran que lo pedido, esto es, la "documentación constitutiva de las supervisiones financieras", corresponde a las rendiciones de cuentas que les presentan los proyectos mensualmente y su documentación de sustento, manteniéndose esta última, a resguardo y a disposición de la Contraloría General de la República y de sus supervisores, en la sede de cada proyecto. b) En cuanto a lo pedido en el literal d) del requerimiento, reiteran la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En particular, sostienen que la documentación que ingresa al Servicio se encuentra físicamente en sus bodegas. Así, tratándose de la documentación por la cual se consulta, indican que el objetivo central de las Unidades de Supervisión Financiera de sus Direcciones Regionales, es cautelar el uso eficiente de los recursos a través de un proceso de supervisión y seguimiento de los proyectos, a fin de mejorar la calidad de las prestaciones dando cumplimiento a los estándares establecidos. En lo que concierne al equipo de la Dirección Regional Metropolitana, debe auditar a 594 proyectos, alrededor de 66 proyectos por funcionarios y correspondiente a un total aproximado mensual de $ 3.174.272.000, de subvención a rendir. En consecuencia, consideran que ocupar recursos humanos en actividades distintas a las propias del cargo, implicaría dejar de efectuar las supervisiones financieras, lo que significaría distraerlos de su labor principal, entorpeciendo el cumplimiento de las funciones esenciales que impone la ley al Servicio. A ello se une el hecho de que dichos antecedentes existan realmente en su poder, puesto que no existe certeza de que, efectivamente, los organismos colaboradores, hayan dado respuesta a los requerimientos planteados en estas materias. Por lo que, en caso de existir dicha documentación, los esfuerzos que suponen la búsqueda, la sistematización y posterior entrega, demandarían esfuerzos significativos, que llevarían a entorpecer el debido funcionamiento de la Unidad de Supervisión Financiera Regional, atendido el escaso personal con que cuentan y principalmente distrayendo su atención den labores que no dicen relación con las funciones que por ley deben desarrollar. c) Finalmente, respecto de lo pedido en el literal e) de la solicitud, señalan que remitieron las bases técnicas de la línea de acción de las oficinas de protección de derechos de la infancia y adolescencia, período 2015-2018, documento que establece los objetivos de dichas oficinas y que como resultado esperado se establece que 8% de la población convenida destinada a la atención personalizada psicosocial y/o jurídica, en caso de vulneración de derechos. 5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: Don Esteban Rodríguez, mediante correo electrónico de fecha 1° de septiembre de 2017, adjunta informes de supervisión que le habría otorgado el órgano reclamado, en otras oportunidades. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, circunscribiéndose el objeto de este a las supervisiones financieras pedidas en el literal b) del requerimiento, así como también a lo solicitado en los literales d) y e) de aquel. 2) Que en cuanto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, el órgano reclamado argumenta que las rendiciones de cuenta presentadas de forma mensual por los proyectos - que fueron entregadas conjuntamente con la respuesta-, corresponderían a la "documentación constitutiva de las supervisiones financieras" pedida. Sin embargo, de lo alegado por el reclamante y de los antecedentes acompañados por éste, en particular, "Informe de Supervisión N° 161", suscrito por supervisora financiera del SENAME, se concluye que lo requerido es la documentación que dé cuenta de la supervisión financiera llevada a cabo, y no de los antecedentes que en aquellas se revisan. Razón por la cual, se acogerá el amparo en este literal, requiriendo la entrega de los "Informes de Supervisión", realizados mensualmente por el órgano reclamado a los proyectos consultados. Sin perjuicio de lo resuelto, en el evento de que no exista documentación como la requerida, tal situación deberá ser informada expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo. 3) Que lo pedido en el literal d) de la solicitud, son las respuestas emanadas de determinadas municipalidades, en su condición de organismos colaboradores acreditados, ante incumplimiento del aporte institucional detectado en las supervisiones financieras que a su respecto realiza el SENAME, durante el periodo 2011 a 2017. Al respecto, aquel argumenta que su búsqueda y sistematización, significaría destinar un tiempo incalculable a dicha tarea, descuidando la supervisión que deben efectuar sus funcionarios a los proyectos que se encuentran en ejecución. De esta forma, consideran que se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 4) Que cabe hacer presente que en virtud de la causal de excepción alegada, se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 7) Que, en atención a lo señalado en los considerandos anteriores, este Consejo estima que la argumentación del Servicio Nacional de Menores, carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida alegada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, por lo tanto, se acogerá amparo en este literal, requiriendo la entrega de lo pedido. En el evento de que no exista documentación como la requerida, tal situación deberá ser informada expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo. 8) Que respecto de lo solicitado en el literal e) del requerimiento, esto es, documentación técnica en poder de SENAME, que permitió determinar para los convenios, la atención del 8% de las plazas convenidas para las Oficinas de Protección de Derechos - OPD-; el órgano reclamado argumenta que, en su oportunidad, otorgaron acceso a los antecedentes referentes a la materia consultada que obraban en su poder, a saber, las bases técnicas de la línea de acción consultada, en el cual se establecen los objetivos de dichas oficinas y que como resultado esperado se establece el porcentaje consultado, relativo a la población convenida destinada a la atención personalizada psicosocial y/o jurídica, en caso de vulneración de derechos. De esta forma, este Consejo concluye que otorgaron acceso con ocasión de su respuesta, razón por la cual, se rechazará el amparo en este literal. 9) Que, por último, cabe hacer presente, que una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, así como también, el cabal cumplimiento de las normas de transparencia activa, debiera tener, entre otras finalidades, la de garantizar y materializar el derecho de acceso de los ciudadanos a dicha información. Por ello, resulta relevante, tanto para este Consejo, como para el solicitante, que el Servicio Nacional de Menores pueda adecuar, mejorar y optimizar sus sistemas de gestión documental y de transparencia activa, en particular, en lo relativo a la documentación que contiene la información solicitada, especialmente en lo que se refiere a la fiscalización de los proyectos ejecutados por sus organismos colaboradores acreditados, en virtud de la cual se permita un control ciudadano más eficiente, facilitando el acceso a ésta, lo que será recomendado en lo resolutivo de la presente decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Esteban Rodríguez en contra del Servicio Nacional de Menores; rechazándolo respecto de lo pedido en el literal e) de la solicitud, por haberse otorgado acceso de forma oportuna a lo solicitado, todo lo anterior conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores: a) Hacer entrega al reclamante de copia de "Informe de Supervisión" mensual realizado a los proyectos que a continuación se individualizan: 1130724, 1131278, 1130742, 1131308, 1131570, 1130746, 1131307, 1131235, 1131559, 1130975, 1131257, 1130726, 113129, 1131280, 1130974, 1131320, 1131368, 1131630, 1130765, 1131340, 1131558, 1131560, 1131562, 1131566, 1131567, 113159, 1131580, 1131300, 1131679, 1131298, 1131680, 1131230, 1131585, 1131494, 1130627, 1130806, 1131129, 1131442, 113162, 1131747, 1130725, 1131272, 1131590, 1131648, 1131096. En el evento de que no exista documentación como la requerida, tal situación deberá ser informada expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo. b) Hacer entrega al reclamante de las respuestas otorgadas al SENAME, ante incumplimiento del aporte institucional detectado supervisión financiera; por parte de las Municipalidades de Quilicura, Conchalí, San Bernardo, Independencia, Maipú, Talagante, Lo Prado, San Ramón, Cerro Navia y Viña del Mar, en su condición de organismos colaboradores acreditados, durante periodo 2011 a 2017. En el evento de que no exista documentación como la requerida, tal situación deberá ser informada expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo. c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Recomendar a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores que adecúe y optimice sus sistemas de gestión documental e informática, que implemente o haya implementado el órgano, respecto de la automatización de los procesos de almacenamiento de documentación interna, así como también el cumplimiento de las normas de transparencia activa, con la finalidad de permitir un control ciudadano más eficiente, facilitando el acceso a la información pública y al ejercicio de los derechos establecidos en la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Esteban Rodríguez y a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.