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DECISIÓN AMPARO ROL C3181-17</p>
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Entidad pública: Corporación Municipal de Valparaíso.</p>
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Requirente: Ramiro Mendoza.</p>
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Ingreso Consejo: 07.09.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 848 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de noviembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N° C3181-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) CONTEXTO PREVIO: El 1 de agosto de 2017, don Ramiro Mendoza solicitó a la Municipalidad de Valparaíso los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía, de los funcionarios de planta y de contrata del municipio, y de los funcionarios de salud y educación municipal. El 31 de agosto de 2017, dicho municipio derivó la solicitud de información, en la parte referente a los funcionarios de salud y educación, a la Corporación Municipal de Valparaíso, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de agosto de 2017, don Ramiro Mendoza solicitó a la Corporación Municipal de Valparaíso, en adelante e indistintamente, la Corporación o la CORMUVAL, la siguiente información: "solicito copia de los comprobantes de pago de cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía, respecto de los funcionarios (...) dependientes de salud municipal y aquellos dependientes de educación municipal, desde enero de 2017 a la fecha".</p>
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3) RESPUESTA: Mediante Memorándum N° 62/2017, de fecha 6 de septiembre de 2017, la Corporación otorgó respuesta a la solicitud de información, denegando su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y en lo dispuesto en el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, señalando que "al analizar su solicitud se advierte que ésta se refiere a un elevado número de documentos, teniendo presente que, en conjunto, los funcionarios del área de Salud y del área de Educación dependientes de esta Corporación Municipal superan los 4.800, teniendo cada uno de ellos su correspondiente certificado de pago de cotizaciones, lo cual multiplicado por el número de meses que se solicita, esto es 8 multiplicado por 4.800 da como resultado un total de 38.400 certificados, contando cada uno de ellos de a lo menos dos hojas, por lo cual el universo de documentos a entregar equivale a lo menos a 76.800 hojas", agregando que dichos documentos contienen datos personales que se deben tarjar, lo que distraería indebidamente a los funcionarios de la Unidad de Remuneraciones de sus labores habituales, y que el período requerido para ello excedería el plazo dispuesto en la ley para dar respuesta, afectando las labores propias del servicio.</p>
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4) AMPARO: El 7 de septiembre de 2017, don Ramiro Mendoza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E3361, de fecha 27 de septiembre de 2017, confirió traslado al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Valparaíso, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante Memorándum N° 68-G.G./2017, de fecha 4 de octubre de 2017, el órgano presentó sus descargos, denegando la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y reiterando todo lo señalado en su respuesta. Asimismo, mediante Memorándum N° 72-G.G./2017 la CORMUVAL complementó sus descargos, acompañando copia del documento de derivación.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Corporación Municipal de Valparaíso, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de los comprobantes de pago de cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía, respecto de los funcionarios dependientes de salud y de educación municipal, desde enero de 2017 a la fecha. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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3) Que, en segundo lugar, el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.</p>
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5) Que, en la especie, cabe tener presente lo señalado por la CORMUVAL, en cuanto a que la solicitud se refiere a un elevado número de documentos, teniendo presente que, en conjunto, los funcionarios de Salud y de Educación dependientes de la Corporación superan los 4.800, teniendo cada uno de ellos su correspondiente certificado de pago de cotizaciones, lo que multiplicado por el número de meses requeridos, daría como resultado un total aproximado de 38.400 certificados, y teniendo en consideración que cada uno de ellos contiene a lo menos dos hojas, por lo cual el total de documentos a entregar equivale a lo menos a 76.800 hojas; que dichos documentos contienen datos personales que se deberían tarjar, tales como el número de cédula de identidad y domicilio, lo que distraería indebidamente a los funcionarios de la Unidad de Remuneraciones de sus labores habituales; y que para poder entregar habría que buscar la información, imprimir los documentos, tarjar datos personales, volver a digitalizar, archivar y entregar, por lo que el período requerido para ello excedería el plazo dispuesto en la ley para dar respuesta, afectando las labores propias del servicio.</p>
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6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.</p>
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7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.</p>
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8) Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes, estimándose que, en la especie, concurre la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Ramiro Mendoza, en contra de la Corporación Municipal de Valparaíso, teniendo por configurada la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ramiro Mendoza y al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Valparaíso.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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