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DECISIÓN AMPARO ROL C3299-17.</p>
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Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación (CNA).</p>
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Requirente: Cristián Elgueta Jiménez.</p>
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Ingreso Consejo: 20.09.2017.</p>
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En sesión ordinaria N° 861 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de enero de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3299-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de agosto de 2017, don Cristián Elgueta Jiménez, en representación de Sociedad de Derechos de las Letras solicita a la Comisión Nacional de Acreditación - en adelante también CNA-, "copia del expediente de acreditación, en virtud del cual, la CNA acreditó a la Universidad Santo Tomás desde el ocho de diciembre de 2014 hasta el ocho de diciembre de 2017".</p>
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2) TRASLADO: La Comisión Nacional de Acreditación mediante oficio No Dp-00726-17, de fecha 22 de agosto de 2017 y, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica a la Universidad Santo Tomás -tercero involucrado- la solicitud de información del requirente y su derecho a oponerse a la entrega de la misma.</p>
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3) OPOSICIÓN DE TERCERO INTERESADO: La Universidad Santo Tomás, por medio de carta, de fecha 30 de agosto de 2017, se opone a la entrega de los antecedentes solicitados, en atención a los argumentos que a continuación se señalan:</p>
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a) Que no está dentro de las facultades de la CNA establecidas en los artículos 8 y 9 de la ley N° 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - en adelante ley N° 20.129-, divulgar información propia de las instituciones de educación superior que le sea presentada con motivo del proceso de acreditación, al que se someten voluntariamente teniendo presente que la información que entregan "será tratada bajo altos estándares de confidencialidad". Por lo tanto, su publicidad afectará tanto a la Universidad Santo Tomás, como también al "cumplimiento de las funciones del órgano requerido", en virtud de lo señalado en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Lo anterior, en atención a que según lo establece el artículo 8 de la ley N° 20.129, es función de la CNA "mantener sistemas de información pública que contengan las decisiones relevantes relativas a los procesos de acreditación y autorización a su cargo", pero eso no incluye divulgar los antecedentes registrados en los expedientes administrativos e informaciones allegadas durante la acreditación, que en sí misma es confidencial, y en base a los cuales se adoptaron las respectivas decisiones respecto a la acreditación. Está facultad de divulgación de antecedentes no corresponde a la CNA y por lo tanto aceptar la solicitud que motiva esta carta constituiría infracción de ley.</p>
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b) Que, el expediente administrativo formado durante el proceso de acreditación de la Universidad Santo Tomás contiene información de índole organizativa, docente, estudiantil, financiera, y proyecciones de flujos, estrategia, e inversiones, entre otras clases de información, propia de dicho establecimiento educacional, y que por lo mismo no puede ser divulgada, debiendo ser denegado su acceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En concreto, señala que se vulneraría el dominio que tiene sobre los antecedentes aportados a dicho proceso, como, el "derecho a la privacidad que tiene la UST, específicamente el derecho a que no se ventilen antecedentes sobre sus planes docentes, estudiantes, proyecciones financieras e iniciativas de inversión y estratégicas, etc. todos ellos elementos generados y aportados para encaminar a Universidad Santo Tomás hacia la excelencia, pero que en manos de terceros pueden ser malinterpretados y sacados de contexto". Así, la entrega de la información solicitada afectaría derechos de terceros, entendiendo por tales alumnos y docentes de la Universidad Santo Tomás, así como numerosos antecedentes respecto a sus proyecciones financieras, de inversiones y estratégicas, las que por su naturaleza pueden o no alcanzarse y no ve cuál sea la utilidad de difundirlas más allá de esa Comisión, todavía cuando las leyes permiten su confidencialidad.</p>
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4) RESPUESTA: La Comisión Nacional de Acreditación, mediante oficio N° Dp000838-17, de fecha 8 de septiembre de 2017, deniega el acceso a la información solicitada por aplicación de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, debido a que la Universidad Santo Tomás se opuso a la entrega de aquella.</p>
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5) AMPARO: Con fecha 20 de septiembre de 2017, don Cristián Elgueta Jiménez, en representación de Sociedad de Derechos de las Letras, deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de tercero.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación mediante oficio N° E3.536, de fecha 4 de octubre de 2017. El órgano reclamado, presentó sus descargos y observaciones por medio de oficio N° Dp-001191-17, de fecha 19 de octubre de 2017, reiterando lo señalado en su respuesta y haciendo presente que las decisiones recaídas en otros amparos resueltos por este Consejo tienen efecto relativo, esto es, sólo obligan a las partes allí involucradas y en ningún caso resultan vinculantes a otras personas ajenas a los mismos, ello aunque resulte idéntica la situación que se resuelva. Asimismo, en virtud de los principios jurídicos -seguridad jurídica, certeza del derecho, entre otros- aplicables en la especie, no resulta procedente homologar de manera genérica la aplicación de las decisiones emanadas de esta Corporación, sino que ésta debe resolver caso a caso.</p>
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7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a la Universidad Santo Tomás, mediante oficio No E3.548, de fecha 4 de octubre de 2017, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de lo solicitado.</p>
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La Universidad Santo Tomás, mediante carta de fecha 24 de octubre de 2017, reitera su oposición a la entrega de la información solicitada. En particular, sostiene que esta no es la primera vez que el reclamante requiere información y solicita exhibiciones en su contra. Así, informa que el reclamante alega ser defensor de los derechos de ciertos autores de obras académicas o literarias que habrían sido subidas a su red informática sin el previo consentimiento de ella ni el consiguiente pago de supuestos derechos de autoría, dando cuenta de forma detallada, de las acciones judiciales que se han llevado a cabo.</p>
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Por otro lado, sostienen que la reclamante ha adjuntado una personería de una entidad cuyo nombre es distinto a la que solicitó la información. En efecto, mientras la solicitud de acceso fue presentada por una entidad denominada "Sociedad de Derecho de las Letras", la personería adjuntada al amparo lo es de una denominada "Sociedad de Derechos Literarios". Así, consideran que no habiendo ésta presentado la solicitud de acceso, carece de legitimidad para presentar amparo.</p>
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Además, sostiene que la Sociedad de Derechos de Las Letras es una corporación de derecho privado supuestamente formada por editores y escritores que tendrían por objeto la protección de sus obras. Por lo que, considera que es completamente ajeno a la finalidad de la reclamante y al giro de dicha corporación, el contenido del expediente de acreditación en virtud del cual la CNA acreditó a la Universidad Santo Tomás.</p>
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Finalmente, solicita se condene en costas al reclamante.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, previo a entrar en el fondo del asunto, y en consideración a lo alegado por el tercero involucrado en el presente amparo, en orden a que el reclamante adjunta personaría de entidad denominada "Sociedad de Derechos Literarios", sin embargo, solicitó la información en representación de "Sociedad de Derecho de las Letras", situación que, tras la revisión de los antecedentes, resulta constatada por este Consejo. Sin perjuicio de lo cual, en virtud de que don Cristián Elgueta Jiménez, interpone tanto la solicitud de acceso, como la presente reclamación, a nombre personal, se tendrá por interpuesta a su nombre.</p>
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2) Que la información solicitada es copia del expediente de acreditación de la Universidad Santo Tomás para el periodo 2014-2017. Al respecto cabe hacer presente, que mediante Resolución de Acreditación Institucional N° 294, de fecha 03 de diciembre de 2014 - modificada por la Resolución de Acreditación Institucional N° 320, de fecha 4 de marzo de 2015-, la Comisión Nacional de Acreditación decide acreditar por un periodo de tres años al establecimiento educacional mencionado, la que rige a partir de fecha 8 de diciembre de 2014 a 8 de diciembre de 2017.</p>
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3) Que, en los "Vistos" de la resolución citada precedentemente, se señalan "las Pautas de Evaluación para Universidades; el informe de autoevaluación interna presentado por la Universidad Santo Tomás; el informe de evaluación externa emitido por el comité de pares evaluadores que visitó la Universidad por encargo de la comisión; las observaciones al informe de evaluación externa enviados por la Institución; el Recurso de Reposición presentado por la Universidad Santo Tomás y, las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva que resume y sistematizan la información contenida en los documentos mencionados precedentemente". Para luego, en su considerando tercero concluir y reiterar "Que la Comisión ha emitido un juicio en base a la ponderación de los antecedentes obtenidos en el proceso de acreditación (...)". Por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, se concluye que la información solicitada es de aquella que sirve de fundamento a la resolución de la CNA y obra en poder de aquella, por lo tanto, de naturaleza pública.</p>
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4) Que la CNA fundamenta la denegación de entrega de la información requerida en la oposición manifestada por tercero involucrado, luego de haber sido notificado en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por lo que, se debe determinar si respecto de dicha información pública se configura alguna de las causales de secreto o reserva alegadas por la Universidad Santo Tomás, a saber, las establecidas en el artículo 21 N° 1, letra b), y N° 2 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo anterior, previamente, se debe señalar que dentro de los requisitos de admisibilidad del amparo no se encuentra la motivación, fundamentación o finalidad del reclamante para realizar la solicitud de acceso a la información, por lo que, los argumentos del tercero involucrado, en dicho sentido no son atingentes para el caso, razón por la cual, se descartarán.</p>
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5) Que respecto de la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, cabe señalar que, tal como lo ha indicado este Consejo a partir de la decisión del amparo rol C46-11, "del tenor literal de la citada norma, dichas causales de secreto o reserva resultan aplicables exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado requeridos, y no a los particulares", razón por la cual debe desestimarse tal alegación, al no haber sido efectuada ésta directamente por el órgano reclamado, que es el que está llamado a ponderar la eventual afectación al debido cumplimiento de sus funciones.</p>
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6) Que, en lo relativo a la causal de secreto o reserva la contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por tratarse de información de índole organizativa, docente, estudiantil, financiera, de proyecciones de flujos, estrategia, e inversiones, entre otras clases, propia de la Universidad Santo Tomás; si bien este Consejo reconoce que dicho establecimiento es una corporación de derecho privado a la que no le es aplicable la ley señalada, lo que se discute en el caso concreto es el carácter público o reservado de la información que esta entidad ha debido suministrar a la CNA. Todo lo cual se enmarca dentro de un procedimiento de acreditación, proceso riguroso que debe permitir a los expertos evaluadores analizar en profundidad las fortalezas y debilidades de la institución, carrera o programa evaluado para permitir que la comunidad académica adopte las acciones pertinentes para mejorar su calidad y prestar un mejor servicio a la formación de profesionales chilenos. Es más, uno de los beneficios de la acreditación es permitir que los estudiantes accedan al financiamiento estatal o a recursos que cuenten con garantía estatal para financiar sus estudios (artículo 7 N° 5 de la ley N° 20.027, que establece las normas para el financiamiento de estudios de educación superior).</p>
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7) Que, al tratarse de información pública al tercero le corresponde probar la concurrencia, para el caso, de la causal de excepción al principio general de publicidad invocada, no bastando la sola enunciación de los derechos que se verían vulnerados, si no también cómo éstos se verían afectados con la entrega de lo requerido. Para el caso, no se advierte el daño que generaría la revelación de lo pedido, por el contrario, se advierte que ésta tiene gran interés para la comunidad, pues persigue promover y fortalecer la calidad de las instituciones de educación superior, objetivo que requiere de la máxima transparencia posible. En consecuencia, el beneficio público de conocer esa información es ampliamente superior al interés de mantenerla en reserva.</p>
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8) Que, en las decisiones recaídas en los amparos roles C1408-17 y C1659-17, entre otras, este Consejo se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. En el mismo sentido, se pronuncio la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 22 de septiembre de 2011, recaída sobre el reclamo de ilegalidad Rol 2742-2011, en cuya virtud se señaló que "(...) la decisión que el reclamante impugna no es de aquéllas que afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad o el interés nacional, causales éstas en cuya virtud se debe limitar el derecho de acceso a la información en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues fluye de los antecedentes cuya entrega se ha solicitado, que se trata de aquellos necesarios para obtener la acreditación que espera del órgano público correspondiente. En efecto, no se advierte de qué modo se ha podido vulnerar los derechos de la reclamante, desde que ésta se ha sometido al proceso de acreditación, por el que necesariamente ha debido proporcionar antecedentes que en caso alguno comprometen los bienes jurídicos que la referida disposición cautela, limitando sólo en esos casos el acceso a la información".</p>
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9) Que, en consecuencia, constituyendo los antecedentes requeridos información de carácter pública, y no advirtiéndose que la divulgación de los antecedentes requeridos pueda configurar la afectación de los derechos que le asiste a la Universidad Santo Tomás, se acogerá el presente amparo, requiriéndose a la Comisión Nacional de Acreditación entregar al reclamante copia del expediente de acreditación que culminó con la Resolución de Acreditación Institucional N° 294, de fecha 3 de diciembre de 2014 - modificada por la Resolución de Acreditación Institucional N° 320, de fecha 4 de marzo de 2015-.</p>
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10) Que, con todo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en los antecedentes que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.</p>
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11) Que, finalmente, con relación a la solicitud de condenación en costas realizada por la Universidad Santo Tomás, cabe hacer presente que, a criterio de este Consejo, ésta resulta ser improcedente en virtud del principio de gratuidad en que se inspira este procedimiento administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11, letra k), de la Ley de Transparencia y en el artículo 6° de la ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Cristián Elgueta Jiménez, en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia del expediente de acreditación de la Universidad Santo Tomás que culminó con la Resolución de Acreditación Institucional N° 294, de fecha 3 de diciembre de 2014 - modificada por la Resolución de Acreditación Institucional N° 320, de fecha 4 de marzo de 2015-. El órgano deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en los antecedentes que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Elgueta Jiménez, a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación y a la Universidad Santo Tomás, esta última en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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