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DECISIÓN AMPARO ROL C3307-17</p>
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Entidad pública: Tesorería General de la República.</p>
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Requirente: Karim Kauak Ibáñez.</p>
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Ingreso Consejo: 20.09.2017.</p>
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En sesión ordinaria N° 855 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de diciembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3307-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de julio de 2017, don Karim Kauak Ibáñez, solicitó a la Tesorería General de la República, lo siguiente: "(...) se informe acerca de las acreencias tributarias que, acumuladas, excedan de las 3.000 UTM por contribuyente, indicándose, en cada caso, nombre y RUT del contribuyente respectivo".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 1.182, de 28 de agosto de 2017, el órgano indicó, en resumen, que:</p>
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a) La información requerida recae sobre antecedentes cuya publicidad puede afectar derechos de terceros de carácter comercial o económico, en consecuencia, procede dar aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) El cumplimiento del procedimiento de notificación a terceros supone determinar los contribuyentes afectados, sus domicilios, confeccionar la comunicación y controlar el plazo para la presentación de oposiciones.</p>
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c) Sin perjuicio de lo anterior, dar respuesta a la solicitud conlleva elaborar estadísticas, distrayendo a funcionarios especializados para que cumplan labores que no corresponden al servicio realizar para un particular, lo que configura la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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d) Asimismo, la entrega de la información requerida afecta los derechos de carácter comercial o económicos y la esfera de la vida privada de estos contribuyentes, puesto que conllevaría hacerles soportar sin fundamento, la carga de exponer parte de su patrimonio al control social, cuando no es claro el interés público de conocer el nombre y RUT de las personas naturales, que constituyen datos personales de conformidad a lo previsto en el artículo 2° letra f), de la ley N° 19.628.</p>
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e) Por lo anterior, procede aplicar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 20 de septiembre de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Tesorería General de la República, debido a la respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto, alega, en síntesis, que:</p>
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a) Las acreencias, de acuerdo a la naturaleza de las mismas, corresponden a créditos que la Tesorería ha incorporado por distinta causa o motivo, por ejemplo, por duplicidad en los pagos de los impuestos determinados por el Servicio de Impuestos Internos, pagados en exceso por contribuyentes, o acreencias de instituciones recaudadoras, entre otros.</p>
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b) Tratándose, en consecuencia, de información proporcionada por terceros a Tesorería, por medio de actos, giros o resoluciones, o elaborada con presupuesto público, pasa a ser pública, y tal es el carácter en que Tesorería dispone de ella. Luego, debido a tal carácter, y siendo enviada por terceros a Tesorería, es de propiedad del Fisco.</p>
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c) Su interés en acceder a la información radica en que su giro ordinario está destinado a presentar asesorías en materia de recuperación de activos y créditos, de modo que se encuentra legitimada para acceder a la información solicitada, pues tiene la calidad de interesado individual o colectivo que le atribuye los artículos 17, letra d), 21 N° 1 y 30 de la ley N° 19.880.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Tesorero General de la República, mediante oficio N° E3.519, de 04 de octubre de 2017.</p>
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Posteriormente, por medio de oficio N° 1.379, de fecha 17 de octubre del año en curso, el órgano indicó, en resumen, lo siguiente:</p>
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a) Que, respecto de las personas naturales, la información requerida dice relación con información sobre su nombre, RUT y saldos a favor registrados en el Sistema de Cuenta Única Tributaria que superen los 3.000 UTM, la que conforme al artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, constituye un dato personal cuyo tratamiento solo puede efectuarse de conformidad al artículo 4° y 20° del mismo cuerpo legal.</p>
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b) Luego, la comunicación de dichos antecedentes no solo afecta la vida privada de los contribuyentes, sino también los derechos de carácter comercial y económicos, de los contribuyentes personas naturales como de las personas jurídicas, pues sin justificación alguna, tendrían que exponer parte de su patrimonio al control social, resultando aplicable también el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Finalmente, indica que según lo informado por su División de Operaciones y Estudios y Desarrollo, los contribuyentes consultados corresponden a 431 personas naturales y jurídicas, respecto de las cuales la aplicación del procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, supone asumir una carga de trabajo extraordinaria por parte de sus funcionarios, concurriendo al respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información relativa a las acreencias tributarias -o saldos a favor- que, acumuladas, excedan las 3.000 UTM por contribuyente, indicándose, en cada caso, nombre y RUT del contribuyente respectivo, de acuerdo a lo expuesto en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión.</p>
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2) Que, previo al análisis del fondo del asunto controvertido, cabe hacer presente que, en virtud del principio de no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, de acuerdo al cual los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud; la motivación o interés del solicitante para acceder a la información solicitada resulta irrelevante para la resolución del presente amparo, desestimándose, en consecuencia, todas las alegaciones fundadas en dicha motivación o interés puesto que aquella no otorga al solicitante ni un derecho preferente de acceso a la información ni lo pone en una situación diferente a la de cualquier otro eventual solicitante.</p>
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3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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4) Que, en la especie, la Tesorería General de la República ha denegado el acceso a la información requerida fundado en la concurrencia de las causales de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en cuanto tratándose de información que puede afectar derecho de terceros, la aplicación del artículo 20 del mismo cuerpo legal respecto de los 431 contribuyentes que se encuentran en la situación consultada, distrae a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones; y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en cuanto se refiere a información cuya divulgación afecta la vida privada y derechos comerciales y económicos de los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, a que se refiere la solicitud. Igualmente, sostiene que respecto de las personas naturales, la información solicitada se encuentra protegida por la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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5) Que, por su parte, atendido el número de terceros potencialmente afectados con la información requerida (431), tampoco fue posible practicar en esta sede el procedimiento de traslado que contempla el artículo 25 de la Ley de Transparencia, razón por la cual en virtud de la función que le confiere el artículo 33, letra m) y j), de la ley, este Consejo procederá a analizar si la entrega de la información denegada afecta o puede afectar los derechos de las personas naturales y jurídicas que registren en el Sistema de Cuenta Única Tributaria, saldos a favor, que acumulados, superen las 3.000 Unidades Tributarias Mensuales.</p>
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6) Que, de acuerdo al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose, entre otros, de la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.</p>
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7) Que, en tal orden de ideas, es menester señalar que con ocasión de una solicitud de información referida a la divulgación de los roles de avalúos asociados a un saldo a favor por concepto de impuesto territorial, como asimismo, la publicación de la cuantía de estos y el nombre de los acreedores, este Consejo en la decisión de amparo rol C343-16, ya sostuvo que aquello "constituye una intromisión a la situación patrimonial de cada una de las 913.652 personas que se encuentran en esta hipótesis. En efecto, el saldo a favor al cual se hace referencia, constituye una suma de dinero cuyos titulares tienen derecho a recibir, y en tal caso, éstas no se encuentran obligados a soportar la carga de exponer su patrimonio o parte de él, al escrutinio público, por cuanto éste no responde a una carga pública, encontrándose entonces, ajeno a la necesidad de un control social.". Luego, dicho razonamiento resulta plenamente aplicable en el presente caso, pues lo solicitado dice relación con información sobre la cuantía de créditos o saldo a favor de los contribuyentes -superior a 3.000 UTM-, así como el nombre y RUT de éstos últimos, de origen tributario, que tienen derecho a recibir o recuperar, y que constituye ciertamente información patrimonial que no debe ser puesta en evidencia y respecto de la cual tampoco se vislumbra un verdadero interés público que justifique su divulgación.</p>
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8) Que, a mayor abundamiento, y en particular respecto de los contribuyentes personas naturales, lo requerido corresponde a información consistente en datos de carácter personal, en los términos dispuestos por el literal f) del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que tal información supone como se dijo, divulgar información patrimonial de determinadas personas.</p>
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9) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, consentimiento de las personas cuyos nombres son solicitados, habida cuenta del número de beneficiados al efecto (431).</p>
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10) Que, asimismo, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". De esta manera, ha de colegirse que, en el presente caso, el almacenamiento de datos personales realizado por la Tesorería General de la República se encuentra autorizado por el citado artículo 20, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurre en la especie.</p>
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11) Que, de igual forma, resulta aplicable en la especie el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la citada ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada por la Tesorería General de la República de una fuente accesible al público.</p>
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12) Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, conforme lo dispuesto en el artículo 33, letras j) y m), de la Ley de Transparencia, que imponen a este Consejo, respectivamente, el deber de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado y, el velar también por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no puede entregarse la información requerida en los términos solicitados, por resultar aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.</p>
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13) Que, habiéndose resuelto el presente amparo, reservándose la información de conformidad a lo visto en los considerandos anteriores, resulta inoficioso para este Consejo, referirse al resto de las causales invocadas por el órgano reclamado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Karim Kauak Ibáñez, en contra de la Tesorería General de la República, por haberse configurado la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Karim Kauak Ibáñez y al Sr. Tesorero General de la República.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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