Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3384-17

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Reclamante:	SILVANA GATICA PEREIRA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Resumen del caso: Se dedujeron tres amparos en contra de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos fundado en las respuesta negativas a solicitudes de información referentes a: Solicitud N° AJ005W 0115928: a) "Cuántas solicitudes de demolición, reparación o restauración en relación a un inmueble declarado monumento histórico se han efectuado en los últimos 5 años; b) Cuántas de ellas se han acogido; y, c) Los actos administrativos que resuelven tales solicitudes". Solicitud N°AJ005W 0115929: a) Declaratorias de monumentos históricos de propiedad de una sociedad anónima; y, b) Acto administrativo por el cual se requirió la opinión del propietario". Solicitud N° AJ005W 0115930: "En relación al recurso de reposición presentado por Inmobiliaria Casa de Italia S.A. en contra del acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales por el cual se declaró su inmueble como monumento histórico, solicito la minuta dejada por la Consejera Ximena Silva, representante del CDE, que contiene los fundamentos por los cuales dicha Consejera votó a favor de acoger el recurso en la sesión de 8 de marzo de 2017". El Consejo acoge el amparo C3384-17, ordenandose la entrega de la información solicitada haciendo la prevención de que dicha información no se encuentra actualizada ni verificada. Se rechaza el amparo, C3320-17, respecto del literal a) de lo solicitado, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y respecto de los literales b) y c), al encontrarse la información disponible conforme lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de Transparencias; y, Rechazar el amparo Rol C3385-17, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1993, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/14/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3320-17 C3385-17 C1351-12 C377-13 C3205-16 C2154-17
Jurisprudencia a:	C3320-17 C3385-17 C417-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Cultura y Artes; Bienes Públicos

DECISIÓN AMPAROS ROLES C3320-17, C3384-17 Y C3385-17 Entidad pública: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) Requirente: Silvana Gatica Pereira Ingreso Consejo: 27.09.2017 En sesión ordinaria N° 874 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C3320-17, C3384-17 y C3385-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 18 de agosto de 2017, doña Silvana Gatica Pereira presentó tres solicitudes de información a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM): Solicitud N° AJ005W 0115928: a) "Cuántas solicitudes de demolición, reparación o restauración en relación a un inmueble declarado monumento histórico se han efectuado en los últimos 5 años; b) Cuántas de ellas se han acogido; y, c) Los actos administrativos que resuelven tales solicitudes". Solicitud N°AJ005W 0115929: a) Declaratorias de monumentos históricos de propiedad de una sociedad anónima; y, b) Acto administrativo por el cual se requirió la opinión del propietario". Solicitud N° AJ005W 0115930: "En relación al recurso de reposición presentado por Inmobiliaria Casa de Italia S.A. en contra del acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales por el cual se declaró su inmueble como monumento histórico, solicito la minuta dejada por la Consejera Ximena Silva, representante del CDE, que contiene los fundamentos por los cuales dicha Consejera votó a favor de acoger el recurso en la sesión de 8 de marzo de 2017". 2) RESPUESTAS: Mediante Oficios ORD N° 803, N° 804 y N° 805, de 12 de septiembre de 2017, la DIBAM respondió: Respuesta a Solicitud N° AJ005W 0115928: Adjunta Oficio Ordinario N° 4393/2017, de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaria del Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante CMN), informando que no es posible acceder a lo solicitado, considerando que la información requerida no se encuentra sistematizada de la forma pedida, y además, que los monumentos históricos suman a la fecha más de 1.000 bienes, por lo que, la búsqueda de los antecedentes solicitados implica la revisión de un número elevado de actos administrativos, distrayendo indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones, en los términos del artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. Para apoyar la búsqueda, sugiere revisar las Actas de las sesiones de Consejo, en donde se da cuenta, entre otros, de todos los proyectos de intervención en Monumentos Nacionales, en el enlace: http://www.monumentos.cl/servicios/actass Respuesta a Solicitud N° AJ005W 0115929: No es posible acceder al requerimiento, ya que no se cuenta con la información sistematizada de la forma en que fue solicitada, según da cuenta Oficio Ordinario N° 4394/2017, de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaria del CMN. Respuesta a Solicitud N° AJ005W 0115929: Deniega acceso a la entrega de la información, por aplicación de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1993, de Hacienda Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. En particular, la minuta dejada en custodia, en la sesión del 6 de febrero de 2017, corresponde a las opiniones vertidas en su calidad de Consejera y asesora jurídica del CMN, en virtud del artículo 2°, letra m), de la ley N° 17.288 que legisla sobre Monumentos Nacionales, y por lo tanto amparada por el secreto profesional. 3) AMPAROS: El 27 de septiembre de 2017, doña Silvana Gatica Pereira dedujo tres amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en las respuestas negativas a las solicitudes de información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, mediante Oficio N° E3641, de 10 de octubre de 2017. Mediante Ord. N° 958, de 25 de octubre de 2017, del Director de DIBAM, el órgano presentó sus descargos u observaciones, adjuntando Oficio Ordinario N° 5120/2017, emitido por la Sra. Secretaria del Consejo de Monumentos Nacionales, señalando, en síntesis: Amparo Rol C3320-17: a) Se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, ya que el CMN no cuenta con la información sistematizada en la forma requerida. No se posee una base de datos en la cual se pueda filtrar la información de acuerdo a los campos requeridos por la solicitante, como por ejemplo: demolición, últimos 5 años, etc., existiendo así una distracción indebida de funcionarios para su cumplimiento. b) Se tendría que disponer de un profesional que revisara cada una de las solicitudes de intervención que han sido ingresadas, evaluadas y que tienen pronunciamiento del CMN. Lo anterior, dado que muchos proyectos -para poder realizar la propuesta presentada- requieren la demolición de parte de lo existente, sin ser lo principal del proyecto presentado. c) EL CMN, al ser un organismo centralizado, debe ingresar todas las solicitudes de intervención de todos los monumentos nacionales que se encuentren en Chile. d) Las categorías de Monumento Nacional son: Monumento Histórico, Zonas típicas y pintorescas, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos y Monumentos Públicos, siendo estos tres últimos, monumentos, por el sólo ministerio de la ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales; mientras que los tres primeros lo son por medio de decreto del Ministerio de Educación. e) Además, el CMN, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), otorga Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), dispuestos por la Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente y el Decreto N° 40, Reglamento del SEIA, constituyendo dicha circunstancia otra dificultad para la búsqueda de la información requerida, debido al filtro que debiera realizar entre los PAS y las autorizaciones otorgadas directamente por el CMN. f) A la fecha, los monumentos históricos suman más de mil (1.000) bienes, por lo que disponer de un profesional para revisar las solicitudes de intervención de los últimos 5 años, ocasionaría un perjuicio considerable, ya que el órgano cuenta con una dotación de profesionales acotada para revisar y evaluar los requerimientos a nivel nacional. g) Las diferentes solicitudes y/o requerimientos que ingresan al Área de Arquitectura y Patrimonio Urbano, anualmente suman alrededor de 1.600 ingresos. De ellos, el 80% trata sobre intervenciones en monumentos históricos y zonas típicas, mientras que el 15% trata de denuncias (en las cuales también puede haber casos no autorizados de demoliciones) y un 5% sobre otros temas. Esta información es de responsabilidad de 8 profesionales revisores. Amparo Rol C3384-17: a) En este caso la solicitud de información no fue denegada, sino que se indicó que el CMN no cuenta con la información solicitada. b) En la base de datos sólo se cuenta con el antecedente referido a si el bien consultado es público o privado. En el caso de ser privado, no se cuenta con información adicional (por ejemplo: si es persona natural o jurídica, o bien, qué tipo de persona jurídica se trata). c) Lo anterior se explica ya que, los monumentos históricos han sido declarados como tales desde el año 1926 (con la ley N° 17.288, que entra en vigencia desde 1925), siendo el único antecedente registrado, respecto de la propiedad del bien, el hecho de que el bien sea público o privado. Lo anterior se debe a que la titularidad de dueño de una propiedad puede cambiar a través del tiempo, o bien, al ser público, puede ser adquirido como también destinado a una institución diferente. d) Luego, a partir de la Resolución Exenta N° 5.415, de 1993, que establece tramitación interna de proposiciones que formula el CMN, se estableció que el Ministro de Educación podrá requerir los antecedentes que estime necesarios a instituciones públicas o privadas, como a personas naturales o privadas, para resguardar el interés fiscal, municipal y el de los particulares. Posteriormente, con la entrada en vigencia de la ley N° 19.880, se regularon los derechos de las personas y sus relaciones con la Administración, consagrando el derecho del interesado a conocer las acciones que se ciernan en su bien. En este contexto, el CMN debe solicitar la opinión del propietario del bien respecto de la declaratoria. Sin embargo, el Servicio desconoce si los inmuebles, además de ser privados, ostentan otra condición en particular. e) Por último, indica que en la base de datos "Nómina de Monumentos Nacionales desde 1925 a la fecha (publicada en el sitio web institucional) sólo se registra el antecedente respecto de si el bien es público o privado. Amparo Rol C3385-17: Reitera los argumentos ya expuestos para denegar y hace presente lo dispuesto en la decisión de amparo Rol C3205-16, que en su considerando 7° expone que el Consejo ha resuelto, a partir de la decisión de amparo Rol C1351-12, que en lo sucesivo aplicará los criterios en materia de unificación interpretativa de la Excelentísima Corte Suprema, contenidos en las sentencias Roles N° 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012 -sobre secreto profesional- de 28 de noviembre de 2012. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Por correo de 30 de enero de 2018, este Consejo requirió a la reclamada informar: Amparo Rol C3320-17: a) Indicar desde qué fecha se encuentra operativo el gestor documental, y la forma en que el órgano sistematizaba antes de esa fecha la información relativa a la solicitud de información; b) Precisar los campos de búsqueda del gestor documental; c) Indicar si el Sistema permite filtrar información específica relativa a intervenciones de monumentos históricos (MH), en particular: por demolición, reparación o restauración de MH; d) Indicar si las solicitudes de intervención de MH se almacenan sólo en formato papel, o si están digitalizadas. Forma de almacenamiento de éstas; e) Precisar si la decisión del Consejo sobre las solicitudes de intervención de MH se encuentra contenida y publicada en las actas del Consejo; y, f) Forma en que se almacena y sistematizan los Oficios relativos a solicitudes de intervención de MH. Amparo Rol C3384-17: a) Indicar si obra en poder del Consejo la información relativa a la propiedad de los bienes con declaratoria de MH. En caso afirmativo, indicar si cuenta con el dato de si es público o privado; b) Indicar si cuenta con los datos de individualización del propietario de dichos bienes; y, c) Forma en que se almacena y sistematizan los actos mediante los cuales se requirió opinión a los propietarios de dichos bienes. Por correo de 1° de febrero de 2018, se informó lo siguiente: Amparo Rol C3320-17: i. El gestor documental (GEDOC) está operativo desde mayo de 2016. Con anterioridad a dicha fecha la información era sistematizada sólo a través de planillas Excel. ii. El sistema de búsqueda que ofrece GEDOC es limitado en su alcance; permite acceder a no más de 50 registros (ingresos), a través de descriptores en la materia y en el nombre del proyecto o programa de los ingresos. Las búsquedas más precisas y amplias pueden realizarse de mejor forma exportando en Excel la data del gestor; ella se puede exportar completa para ingresos y para despachos. Los campos de este Excel (similares para ingresos y despachos), permiten filtrar, en lo que interesa al presente amparo por Fecha de ingreso; Materia; y, Estado. iii. El sistema no permite filtrar con precisión la información específica relativa a intervenciones de MH (en los términos expuestos por la reclamante), según se trate de demolición, reparación o restauración de dichos monumentos. Explica que el campo de materia del GEDOC señala acciones genéricas, siendo más ampliamente usado el concepto de "intervención". Por su parte, es el análisis o la descripción de las iniciativas, que se incluye en los oficios y también en las actas, la que dará cuenta de la naturaleza específica de la obra a realizar, la que muchas veces es diferenciada por sectores, esto es, hay partes de la edificación que se demuelen, otras se restauran, y otras se construyen. Precisa que las demoliciones totales de MH son escasísimas y más bien se asocian a catástrofes que afectaron por completo la integridad del bien. iv. La generalidad es que todos los expedientes que generan las diversas solicitudes se encuentran en formato papel, siendo una parte de estos expedientes los que se encuentran digitalizados. v. Ratifica que la decisión del Consejo sobre las solicitudes de intervención de MH se encuentra contenida y publicada en las actas de organismo, ya que dichas decisiones son adoptadas por acuerdos del Consejo. vi. Finalmente, indica que los Oficios relativos a solicitudes de intervención de Monumentos Históricos se almacenan: en papel junto al correspondiente expediente de la solicitud; en digital como despacho asociado al ingreso de la solicitud, y en digital también en una carpeta en el repositorio institucional que contiene todos los oficios emitidos por el Consejo. Amparo Rol C3384-17: i. El Servicio cuenta con información relativa a la propiedad de los bienes declarados por decreto (en particular, monumento histórico), no obstante, a la fecha no se ha realizado un proceso sistemático de verificación y/o actualización de los datos. Del total de monumentos nacionales declarados por decreto, se cuenta con información de un 71% de ellos. Respecto al dato específico referido a la individualización del propietario de los bienes, teniendo presente las consideraciones anteriores, existe información para un 54% de los monumentos nacionales declarados por decreto. ii. Finalmente, sobre "los actos mediante los cuales se requirió opinión a los propietarios de dichos bienes", dicha información forma parte de los expedientes de declaratorias de los bienes, tanto en formato impreso como digital, cuando corresponde. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer término, atendido que entre los amparos Roles C3320-17, C3384-17 y C3385-17, existe identidad respecto de la reclamante y del órgano de la Administración reclamado, además de similitud entre las materias requeridas, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, que consagra el principio de economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que, el fundamento del amparo Rol C3320-17, se circunscribe a la denegación de la información requerida por configurarse en la especie, la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 5) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente amparo, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente, son de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.5) Que, a fin de ponderar la causal de reserva expuesta, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. Respecto a la naturaleza de la información requerida, ésta versa sobre la cantidad de solicitudes de demolición, reparación o restauración en relación a un inmueble declarado monumento histórico durante los últimos 5 años; cuántas de ellas se han acogido; y, copia de los actos administrativos que resuelven tales solicitudes. Al efecto se debe indicar que la ley N° 17.288, que Legisla sobre monumentos nacionales; modifica las leyes números 16.617 y 16.719; deroga el decreto ley N° 651, de 17 de octubre de 1925 establece: "Los Monumentos Históricos quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos, estará sujeto a su autorización previa" (inciso primero del artículo 11°). A continuación prescribe: "Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas // Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavarse o edificarse, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, como en los casos anteriores" (incisos primero y segundo del artículo 12°) (énfasis agregado). Se hace presente que, atendido que las materias comprendidas en la solicitud competen al CMN, y a la luz del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se procederá a analizar la causal de reserva alegando, haciendo las distinciones que a continuación se expresan. 6) Que, respecto a aquella parte de lo solicitado, referido a la cantidad de solicitudes de demolición, reparación o restauración en relación a un inmueble declarado monumento histórico, presentadas en los últimos 5 años, el Servicio reclamado ha hecho presente que sólo desde el año 2016 cuenta con un Sistema de Gestión Documental que permite sistematizar la información relativa a ingresos (con anterioridad la información se almacenaba en planillas Excel). Agrega que -a la fecha- los monumentos históricos suman más de mil (1.000) bienes, y que los ingresos al Área de Arquitectura y Patrimonio Urbano, anualmente suman alrededor de 1.600. De ellos, el 80% trata sobre intervenciones en monumentos históricos y zonas típicas, mientras que el 15% trata de denuncias (en las cuales también puede haber casos no autorizados de demoliciones) y un 5% sobre otros temas. Asimismo, atendidas las funcionalidades del sistema, se han explicado las dificultades para filtrar la información referida a la intervención de este tipo de inmuebles, para las categorías específicas requeridas por la reclamante (demolición, reparación o restauración), radicando ello principalmente en la forma de registro de los datos en el sistema, por lo que -atendida la especificidad de lo requerido, las dificultades técnicas de sistematización de la información, el período de tiempo de la información consultada (5 años) y el volumen de ingresos ante el órgano- resulta plausible para este Consejo el hecho que, el levantamiento de la información requerida, para las categorías específicas solicitadas, provocaría distracción indebida de las funciones del Servicio, por lo que se rechazará en esta parte este amparo, al configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. 7) Que, respecto a la cantidad de las solicitudes de demolición, reparación o restauración referidas a inmuebles declarados monumento histórico acogidas; así como los actos administrativos que resuelven tales solicitudes, -sin perjuicio de las dificultades constatadas respecto al GEDOC, que no permite sistematizar la información de acuerdo a las categorías específicas requeridas-, el Servicio ha explicado que las decisiones recaídas sobre las solicitudes de intervención de monumento histórico (que comprende las categorías requeridas) son adoptadas por acuerdo del Consejo, las que son registradas en las actas de sus sesiones, publicadas en el enlace http://www.monumentos.cl/servicios/actass. Al efecto, revisado por este Consejo el sitio electrónico indicado, es posible constatar que efectivamente se encuentran disponibles todas las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Monumentos Nacionales, incluyendo las de los años requeridos. Por lo tanto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, y atendido que desde dichos actos (permanentemente disponibles al público) es posible extraer la información (los acuerdos del Consejo que contienen la decisión relativa a la aprobación de las solicitudes de intervención de MH), que permiten satisfacer lo requerido, luego, se tendrá por satisfecho el requerimiento en aquella parte referida a las materias solicitadas, procediendo a rechazarse el amparo en esta parte. 8) Que, respecto al amparo Rol C3384-17, en relación a "las declaratorias de monumentos históricos de propiedad de una sociedad anónima", si bien en un principio el órgano informó que no contaría con la información solicitada, posteriormente, con ocasión de la gestión oficiosa realizada por este Consejo, la reclamada explicó que cuenta con información relativa a la propiedad de los bienes declarados por decreto (entre ellos, monumentos históricos). Hace presente que del total de monumentos nacionales declarados por decreto, se cuenta con información, haciendo la prevención que los datos han sido obtenidos desde diversas fuentes, por lo que a la fecha no se ha realizado un proceso sistemático de verificación y/o actualización de los mismos. Teniendo presente lo anterior, respecto a los datos de individualización del propietario de dichos bienes, señala que "existe información para un 54% de los Monumentos Nacionales declarados por decreto". Por su parte, consultado el órgano reclamado por parte de este Consejo, en lo relativo al "acto administrativo por el cual se requirió la opinión del propietario", el Servicio indicó que dicha información forma parte de los expedientes de declaratorias de bienes, tanto en formato impreso como digital, cuando corresponde. Por lo anterior, atendido lo expuesto por la reclamada sobre dichas materias, se acogerá el amparo al efecto, y se ordenará la entrega de aquella información que existe y obre en poder del órgano, relativa a las declaratorias de monumentos históricos de propiedad de una sociedad anónima, y los actos administrativos por los cuales se hubiere requerido la opinión de los respectivos propietarios, haciendo presente a la reclamante, si lo estima necesario o conveniente, la falta de verificación y/o actualización de los datos proporcionados. 9) Que, finalmente, en relación al amparo Rol C3385-17, este Consejo ya se ha pronunciado sobre la entrega de información relativa a minutas dejadas por la Consejera que se indica, en su calidad de represente del Consejo de Defensa del Estado, en el caso concreto consultado, rechazando el amparo Rol C2154-17, indicando, en síntesis, que: "4) Que, respecto de la causal de reserva alegada por el Servicio, este Consejo ha resuelto a partir de la decisión C1351-12 que en lo sucesivo aplicará los criterios en materia de unificación interpretativa de la Excelentísima Corte Suprema, contenidos en las sentencias Roles 2423-2012, 2582- 2012 y 2788-2012 -sobre secreto profesional- de 28 de noviembre de 2012. En las sentencias referidas, la Corte Suprema ha señalado que "(...) la relación que entabla el Consejo de Defensa del Estado con el Fisco de Chile es una relación cliente-abogado y en esta virtud los antecedentes que recaba quedan sujetos a secreto profesional, secreto que forma parte del derecho a defensa garantizado en la Constitución Política de la República" (considerando 20°), y que corresponde a la hipótesis de reserva descrita la letra a) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, "(...) toda vez que teniendo el Consejo de Defensa del Estado por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado, la publicidad de los antecedentes que obren en su poder y que él mismo genere en el marco de la decisión de defensa importa, entonces una violación del secreto profesional y con ello al derecho a defensa, cuestión que se traduce en una afección directa a la función del órgano (...)" (considerando 22°). Asimismo, ha precisado que este secreto "(...) se extiende (...) a todos a los antecedentes con que cuente el abogado y que digan relación con el encargo que ha recibido, extensión que ya ha sido reconocida en fallo de esta Corte de fecha 13 de mayo de 1954, en los autos caratulados "Guttman con Guttman" (...) // 7) Que, a juicio de esta Corporación, el alcance razonable que debe otorgarse al secreto profesional, permite sostener que este ampara tanto el flujo de información que el cliente ha puesto a disposición de su abogado, en el contexto de una asesoría, defensa, u otro quehacer específico, como el que, a raíz de los mismos hechos, genere o elabore el propio órgano. Por tal razón, comprende tanto la documentación que el cliente ha entregado a su abogado, como las circunstancias de hecho informadas a dicho profesional y, los antecedentes que el profesional haya generado en el ámbito relativo a los fines antes enunciados. En el caso objeto de análisis, lo requerido corresponde precisamente a una minuta que contiene específicamente la opinión técnica y jurídica del Consejo de Defensa del Estado, en su función de asesoría jurídica que presta al Consejo de Monumentos Nacionales, en lo relativo a los intereses del Fisco respecto a una solicitud de declaración de monumento nacional a propósito de un inmueble. // 8) Que, en dicho contexto y siendo lo requerido por el solicitante, información generada por el CDE en el marco de la asesoría jurídica de los intereses del Fisco, en ejercicio de sus competencias, ésta se encuentra amparada por el secreto profesional, y por lo mismo, su divulgación está protegida por la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. En virtud de los razonamientos explicitados precedentemente, se rechazará el amparo interpuesto, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia". Por lo anteriormente expuesto, y siguiendo el razonamiento planteado previamente, se procederá a rechazar este amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo Rol C3384-17, deducido por doña Silvana Gatica Pereira, en contra de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos: a) Hacer entrega a la reclamante de las declaratorias de monumentos históricos de propiedad de una sociedad anónima, y los actos administrativos por los cuales se hubiere requerido la opinión de los respectivos propietarios, que obren en su poder, haciendo presente a la solicitante, si lo estima necesario o conveniente, la falta de verificación y/o actualización de los datos proporcionados. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo Rol C3320-17, respecto del literal a) de lo solicitado, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y respecto de los literales b) y c), al encontrarse la información disponible conforme lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de Transparencias; y, Rechazar el amparo Rol C3385-17, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1993, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Silvana Gatica Pereira y al Sr. Director Nacional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas