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DECISIÓN AMPARO ROL C3405-17</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Providencia.</p>
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Requirente: Boris Saavedra Matte.</p>
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Ingreso Consejo: 28.09.2017.</p>
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En sesión ordinaria N° 861 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de enero de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3405-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de septiembre de 2017, don Boris Saavedra Matte, solicitó a la Municipalidad de Providencia -en adelante e indistintamente municipio o municipalidad-, la siguiente información: "me indiquen todas las denuncias realizadas, los últimos 10 años, al departamento de obras de la Municipalidad de Providencia, respecto de la propiedad ubicada en calle Las Hortensias 2877, Providencia. En específico nombre del denunciante, fecha de la denuncia, obra u obras denunciadas, resolución tomada por el departamento de obras, sanciones, etc. Así mismo solicito las fotografías que consten en los expedientes".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 8309, de fecha 21 de septiembre de 2017, el órgano informó en resumen, las fechas de las denuncias, el contenido de éstas, como asimismo, lo que se constató en cada una de las fiscalizaciones, para finalmente informar las acciones iniciadas respectivamente.</p>
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Con todo, se negó entregar el nombre de los denunciantes, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, señalando que las denuncias recibidas permiten en base a estimaciones, servir de antecedente para realizar las investigaciones y fiscalizaciones correspondientes, destinadas a esclarecer las irregularidades que pudieren existir, de manera que revelar la identidad del denunciante, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del municipio.</p>
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También se alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la citada ley.</p>
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3) AMPARO: El 28 de septiembre de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación parcial de lo solicitado, en la medida que no le hicieron entrega del nombre de los denunciantes.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, mediante oficio N° E3628, de fecha 10 de agosto de 2017.</p>
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Posteriormente, el órgano por medio de oficio N° 9061, de fecha 18 de octubre de 2017, reiterando lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis que lo solicitado constituyen datos personales desde la óptica de la ley N° 19.628. Asimismo, precisó que el acceder a la entrega del nombre de los denunciantes podría inhibir a realizar futuras denuncias e impedir que la municipalidad realice las fiscalizaciones necesarias que surgen de las respectivas denuncias.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la negativa del órgano en orden a entregar los nombres de los denunciantes requeridos en el numeral 1°, de lo expositivo. Dicha información dice relación con las denuncias interpuestas ante el departamento de obras de la Municipalidad de Providencia, respecto de una propiedad ubicada en la mencionada comuna.</p>
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2) Que, antes de entrar al fondo del asunto, como contexto normativo, se debe tener presente que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° y 18, de la ordenanza municipal N° 720, de 2011, de Providencia sobre obras de construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización, la fiscalización de dichas obras y de las disposiciones sobre la materia, serán fiscalizadas por los inspectores municipales y Carabineros de Chile. En línea con lo anterior, el artículo 142, del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva ley general de urbanismo y construcciones, dispone que corresponderá a la Dirección de Obras Municipales fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna, como asimismo el destino que se dé a los edificios. Luego, para efectos de determinar el cumplimiento de la normativa sobre construcción en general, el municipio recibe denuncias que le permiten cumplir con las respectivas fiscalizaciones. En este sentido, el artículo 149 del cuerpo normativo ya referido, establece que: "Cualquiera persona podrá denunciar a la Municipalidad las obras que amenacen ruina o que, por el mal estado de ciertas partes de ella, pudieren originar la caída de materiales o elementos de la construcción, sin perjuicio de la obligación de la Dirección de Obra Municipales de solicitar del Alcalde que ordene la demolición del todo o parte de dichas obras".</p>
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3) Que, expuesto lo anterior, respecto al nombre del denunciante, de acuerdo al criterio aplicado en los amparos Roles C520-09 y C302-10, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar que éstos se "(...) inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, (...) realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias (...)" -considerando 7° de la decisión del amparo Rol 520-09-. En efecto, la entrega de la identidad de los denunciantes puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo relevante que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, asimismo, debe sostenerse que el nombre de una persona natural es un dato personal del cual ella es titular, dato que se encuentra expresamente amparado por la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y conforme a su artículo 4°, sólo con su consentimiento se puede entregar o publicar dicho dato, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público, hecho que no ha ocurrido en la especie. Al efecto, se debe tener en cuenta que el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, establece como causal de reserva aquella situación en que la publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada, situación esta última que ha de protegerse en la especie.</p>
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5) Que, por las consideraciones antes expuestas se rechazará el presente amparo por configurarse las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don Boris Saavedra Matte en contra de la Municipalidad de Providencia, por concurrir las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, de conformidad a los razonamientos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Boris Saavedra Matte y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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