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DECISIÓN AMPARO ROL C3472-17</p>
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Entidad pública: Gendarmería de Chile</p>
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Requirente: Sebastián Labrin Gajardo</p>
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Ingreso Consejo: 03.10.2017</p>
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RESUMEN</p>
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Por decisión unanime del Consejo Directivo, se rechaza el presente amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en La Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 1, letra c). Lo anterior, atendido que la divulgación de la información consultada implicaría distraer a la reclamada del cumplimiento efectivo de sus funciones. En efecto, la satisfacción del reclamo conlleva efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda manual y revisión de la información efectivamente disponible - ascendente en el caso de procedimientos sumarios a 11.007-, como también el procesamiento de la misma para la posterior digitalización o proceso de fotocopiado, todo lo cual hace presumible la distracción del personal de la reclamada.</p>
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En sesión ordinaria N° 879 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3472-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Sebastián Labrin Gajardo, mediante presentación de 18 de agosto de 2017, solicitó a Gendarmería de Chile -en adelante también Gendarmería-, «acceder a todos los documentos, textos, informes , reportes, presentaciones,, en cualquier formato y en cualquier soporte, con todos los sumarios administrativos cerrados entre enero de 2010 y julio de 2017, y que no tengan instancias judiciales pendientes, por el extravío de dinero en efectivo o especies incautadas o decomisadas en procedimientos, operativos o investigaciones enmarcadas en la ley N° 20.000. En este sentido, requiero conocer el detalle de la sanción y/o resolución adoptada en cada caso, el monto del dinero sustraído o extraviado o el tipo de especie extraviada o sustraída, el nombre del funcionario investigado en el sumario administrativo, su grado y el tipo de sanción y(o resolución adoptada en cada caso. Asimismo, (...) acceder a todas las denuncias que esta Institución ha presentado al Ministerio Público o Corte de Marcial detallando el número de causa, rol, rit o ruc de cada caso por el extravío de dinero en efectivo o especies incautadas y/o decomisadas en procedimientos operativos o investigaciones enmarcadas en la ley N° 20.000, entre enero y julio de 2017».</p>
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2) RESPUESTA: El 3 de octubre de 2017, el organismo requerido indicó a la reclamante que no le era posible acceder a la entrega de la información consultada respecto de los sumarios cerrados. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 1, letra c), toda vez que no cuenta con un sistema que le permita filtrar por materia investigada, razón por la cual, debería proceder a una revisión manual de los expedientes disponibles en sus archivos.</p>
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Conjuntamente con lo anterior, indicó que derivó el requerimiento al Ministerio Público y al Poder Judicial, atendido que parte de lo consultado trata sobre denuncias formuladas por la ley N° 20 000, resultando competentes en dicha materia la referidas entidades. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 03 de octubre de 2017, Sebastián Labrin Gajardo, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería, fundado en la denegación de la información solicitada. Lo anterior, por cuanto la reclamada denegó la entrega de información en base a que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería. Ello, atendido que no contaría con un mecanismo que le permitiría filtrar la información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°E3697, de 17 de octubre de 2017, confirió traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, quien mediante presentación de 13 de noviembre de 2017, señaló en síntesis lo siguiente:</p>
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a) Hizo presente que Ministerio Público habría evacuado respuesta al requerimiento de don Sebastián Labrin Gajardo, denegando la entrega de lo pedido respecto de las denuncias consultadas. Ello, en aplicación de lo previsto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Respecto de los sumarios cerrados entre 2010 y 2017, no cuenta con un filtro por materia, existiendo en dicho período 11.007 procesos sumariales. Destinar a un funcionario a la búsqueda de la información, implicaría un costo para la institución de $3.505.884 (tres millones quinientos cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos), toda vez que debería revisar la referida cantidad de procesos a fin de recopilar los antecedentes consultados.</p>
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c) Para recopilar los antecedentes debería destinar a un funcionario con dedicación exclusiva durante dos meses, impactando ello, en sus labores habituales, toda vez que el funcionario referido distribuye sumarios a las direcciones regionales, remite documentación, toma declaraciones de intervinientes en procesos, confecciona respuestas a servicios públicos, entre otras tareas.</p>
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d) El universo de hojas ascendería a 127.850 fotocopias.</p>
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e) Conjuntamente con lo señalado, hizo presente que la divulgación de antecedentes referidos a las materias consultadas, dañaría la honra de las personas involucradas, por tal razón, procede su reserva en conformidad a lo dispuesto en el 21 N° 2 de la Ley de Transparencia como 21 N° 5 en concordancia con la Ley Orgánica del Ministerio Público. Asimismo, la hipótesis consagrada en el 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, atendido que en varios procesos se han derivado los antecedentes al Ministerio Público para la investigación de eventuales delitos.</p>
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5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo mediante oficio de 5 de marzo de 2018, requirió a Gendarmería pronunciarse sobre su disposición a entregar información, acotándola a un volumen o período de tiempo menor al consultado.</p>
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Dicho organismo, mediante presentación de 13 de marzo del año en curso, junto con reiterar lo ya expuesto en sus descargos, indicó en síntesis lo siguiente:</p>
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a) El sistema de base de datos que posee no cuenta con un filtro, razón por la cual, se debe proceder a la revisión de 11.007 procesos sumariales realizados en el período consultado.</p>
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b) Para la búsqueda de la información se debe nombrar a un funcionario en calidad de coordinador del proceso de búsqueda, cuya remuneración asciende a la suma de $ 1.752.942, durante un período estimado de 2 meses, el cual podría ser mayor, sólo para determinar la ubicación de los sumarios.</p>
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c) Para lograr lo anterior, deben colaborar dos funcionarios por región, y por lo menos cuatro funcionarios de la Dirección Regional Metropolitana, pertenecientes al área de sumarios, abogados con dedicación exclusiva, es decir, 34 profesionales grado EUS 12.</p>
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d) El tiempo antes referido, «para la recopilación de la información se debe aumentar en un par de meses (cuatro o más) para el análisis y depuración de la información, vale decir, tratamiento de datos personales en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, en concordancia con la ley N° 19.628, toda vez que se puede ver afectada la honra y privacidad de las personas involucradas y sus familiares directos. Además se debe practicar la oposición a terceros si procediere mediante carta certificada según lo dispuesto en el artículo 20 de la ley en comento».</p>
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e) Por todo lo anterior, solicita el rechazo del presente amparo en aplicación de las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1, letra c) y a), de la Ley de Transparencia como por aquellas previstas en el mismo artículo en los numerales 2 y 5.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que de conformidad a los dichos del reclamante- anotados en el numeral 2° de lo expositivo-, el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de Gendarmería de información sobre procedimientos sumariales instruidos con ocasión de extravío de dinero y especies incautadas en el contexto de procedimientos en aplicación de la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.</p>
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2) Que al efecto, la reclamada señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega por cuanto recabar la totalidad de los antecedentes consultados implicaba distraer a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual resultaba aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c) y a) de la Ley de Transparencia. Asimismo, las causales previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 21 del citado cuerpo legal.</p>
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3) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».</p>
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4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.</p>
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5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.</p>
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6) Que la satisfacción completa del requerimiento en el modo planteado por el solicitante, supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener los datos solicitados, para luego proceder a la centralización de estos, su revisión, digitalización y posterior remisión al solicitante. Lo anterior, implica revisar los archivos de Gendarmería a fin de recabar los actos administrativos y expediente sumariales consultados, respecto de un lapso de tiempo de 7 años. La referida actividad, implica no sólo efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda manual y revisión de la información efectivamente disponible - ascendente en el caso de procedimientos sumarios a 11.007-, sino también el procesamiento de la misma para la posterior digitalización o proceso de fotocopiado, todo lo cual hace presumible la distracción del personal de la reclamada. En efecto, las referidas labores compromete a un número importante de funcionarios a nivel nacional -34- por un lapso de tiempo de al menos 4 meses, lo cual se traduce en un impacto económico en el presupuesto de la institución reclamada, toda vez que se trata de profesionales que perciben una remuneración conforme al grado 12 de la escala única de sueldo.</p>
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7) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas son de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.</p>
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8) Que en mérito de lo antes señalado, y resultando plausibles las alegaciones de la reclamada a fin de acreditar la causal consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se acogerá la causal invocada y conjuntamente con ello, se rechazará el presente amparo. Por lo anterior, este Consejo no se pronunciará sobre las otras causales de reservas invocadas por la reclamada, para denegar la divulgación de la información objeto del presente análisis, por resultar innecesario.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo interpuesto pordon Sebastián Labrin Gajardo, en contra de Gendarmería de Chile, por configurarse la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sebastián Labrin Gajardo y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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