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<strong>DECISIÓN AMPARO C519-11</strong></p>
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Entidad Publica: Municipalidad de Viña del Mar</p>
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Requirente: Juan Tomás De Rementería Durand</p>
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Ingreso Consejo: 28.04.2011</p>
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En sesión ordinaria N° 245 de su Consejo Directivo, celebrada el 13 de mayo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C519-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285, N° 19.880 y N° 20.405; lo previsto en el D.F.L. N° 1, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Juan Tomás De Rementería Durand, concejal de Viña del Mar, con fecha 17 de marzo de 2011, solicitó a la Presidenta del Concejo Municipal de dicha comuna, los balances presupuestarios consolidados del Casino Municipal desde los años 1979 a 1990, inclusive; 1999; y del 2008 al 2010.</p>
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2) AMPARO: Que, el Señor De Rementería Durand, el 26 de abril de 2011, dedujo ante la Gobernación Provincial de Valparaíso, e ingresado a este Consejo el 28 de abril pasado, amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, fundado en que el órgano reclamado la habría entregado parcialmente la información solicitada, pues en su respuesta sólo se incluyeron los presupuestos de los años 2009 y 2010.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la misma Ley.</p>
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2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones.</p>
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3) En este contexto, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.</p>
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4) Del mismo modo, el artículo 24 de la Ley de Transparencia, previene, en su inciso segundo que: “La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso”.</p>
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5) Que, por su parte, el artículo 71, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante también LOCM), previene que los integrantes del concejo municipal -órgano que posee carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, y es el encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que dicha ley-, reciben la denominación de concejales. La Ley citada establece, en su artículo 2°, que “Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo”, y regula las funciones y atribuciones de los concejales y la forma en que deben desempeñarlas.</p>
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6) Que, en este contexto, el artículo 79, la letra h), de la LOCM, establece que a dicho Consejo le corresponderá “Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia. / La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo. / El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince días”, norma que constituye la regla general, ya que la letra d) del artículo 29 de la LOCM contiene una norma especial respecto a las unidades de control, que dispone, en lo que interesa, que a dicha unidad le corresponderá colaborar directamente con el concejo en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, para cuyos efectos debe emitir trimestralmente un informe acerca de las materias que indica la norma, agregando que “En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal”, de lo que se desprende que los concejales se encuentran habilitados para solicitar directamente a la unidad de control, información relativa al ámbito de las materias propias de ésta, en el ejercicio de la facultad en comento, y ésta, a su vez, deberá dar respuesta escrita directamente al concejal que le requirió información (Dictamen N° 2386 de la Contraloría General de la República, de 14 de enero de 2010).</p>
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7) Que, asimismo, el artículo 87 del mismo cuerpo legal dispone “Todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo”. Cabe señalar que este plazo es diverso del establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
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8) Que, atendido que el requirente es concejal de la Municipalidad de Viña del Mar, debe tenerse presente el criterio establecido en el considerando 7° de la decisión recaída en el Amparo C530-10, de 5 de noviembre de 2010, conforme al cual “…los concejales, en el desempeño de dicho cargo público, pueden solicitar información a los organismos o funcionarios de la respectiva entidad municipal no sólo a través del procedimiento establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, sino que también mediante las disposiciones y mecanismos regulados por la Ley de Transparencia, pudiendo optar por uno u otro, o, incluso, empleando ambos procedimientos paralelamente, ajustándose a las normas que regulan a cada uno, conforme se ha resuelto en la decisión del amparo Rol C583-10, en el que fue aplicado el criterio establecido en la decisión Rol A270-1”, debiendo precisarse, en todo caso, que este Consejo sólo posee competencia para conocer de los amparos deducidos por los concejales, en aquellos casos en que las solicitudes de información se formulen conforme al procedimiento establecido y regulado en la Ley de Transparencia y su Reglamento.</p>
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9) Que, de los antecedentes acompañados, consta que en la sesión Nº 1.117, del Concejo Municipal de Viña del Mar, celebrada el 17 de marzo de 2011, el reclamante, en su calidad de concejal de dicha comuna, formuló su solicitud de información, por la que requería la entrega de los balances presupuestarios del Casino Municipal, de modo que, siguiendo con el criterio establecido por este Consejo en el considerando 4º, de la decisión del amparo Rol C 583-10, el requerimiento del señor De Rementería Durand, fue formulado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, letra h), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que el procedimiento para responder dichos requerimientos y reclamar en caso de incumplimiento se rige por dicho cuerpo normativo y no por el de la Ley de Transparencia.</p>
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10) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información en los términos de la Ley de Transparencia, no cabe sino concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.</p>
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11) Que lo anterior, no obsta, a que el reclamante realice a futuro solicitudes de información a la Municipalidad de Viña del Mar invocando las disposiciones de la Ley de Transparencia, ajustándose al procedimiento establecido y regulado en por dicho cuerpo legal y su Reglamento, caso en que tendrá derecho a acudir de amparo ante este Consejo si se cumplen las hipótesis previstas en el artículo 24 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES, Y 33, LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I) Declarar inadmisible el amparo al derecho de acceso a la información deducido por don Juan Tomás De Rementería Durand en contra Municipalidad de Viña del Mar, por no constituir el requerimiento del reclamante, una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia.</p>
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II) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Juan Tomás De Rementería Durand y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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