Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3785-17

Reclamante:	FRANCISCO JAVIER URZÚA RODRÍGUEZ
Reclamado:	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Al efecto indica que contrariamente a lo señalado por el órgano reclamado lo solicitado no son datos sensibles y cita además una sentencia en sustento del acceso a la información. Consejo rechaza el amparo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/9/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1335-13 C1370-14 C1391-15 C3502-16 C1947-17
Jurisprudencia a:	C1981-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Información a disposición permanente del público >> Páginas web
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3785-17 Entidad pública: Servicio Registro Civil e Identificación Requirente: Francisco Urzúa Rodríguez Ingreso Consejo: 30.10.2017 RESUMEN Por decisión unánime del Consejo Directivo, se rechaza el presente amparo por cuanto la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información solicitada sobre el RUT asociado al nombre de cada chileno que consta anotada en los registros públicos que tiene a su cargo el Servicio de Registro Civil e Identificación. Se aplica el criterio contenido, entre otras, en las decisiones Rol C1391-15, C3502-16, y C1947-17. En sesión ordinaria N° 888 del Consejo Directivo, celebrada el 03 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3785-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de octubre de 2017, don Francisco Urzúa Rodríguez solicitó al Servicio Registro Civil e Identificación "información relativa al R.U.N. asociado al nombre de cada chileno. Idealmente en formato de base de datos o texto plano." 2) RESPUESTA: El 25 de octubre de 2017, el Servicio Registro Civil e Identificación respondió a dicho requerimiento de información mediante carta N° 13.826 denegando la entrega de la información por cuanto su divulgación importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación con la Ley N° 19.628. Además cita jurisprudencia de este Consejo. 3) AMPARO: El 30 de octubre de 2017, don Francisco Urzúa Rodríguez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Al efecto indica que contrariamente a lo señalado por el órgano reclamado lo solicitado no son datos sensibles y cita además una sentencia en sustento del acceso a la información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al órgano reclamado mediante Oficio N° E4275 de 15 de noviembre de 2017. El Servicio Registro Civil e Identificación presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que tanto el registro como el documento de identidad contiene datos personales y sensibles que deben ser tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. La entrega de la información solicitada sólo procede cuando el titular o una norma lo autorice. Y CONSIDERANDO: 1) Que, respecto de solicitudes de naturaleza análoga a la que motiva el presente amparo este Consejo se ha pronunciado en las decisiones Rol C1391-15, C3502-16, y C1947-17 cuyo razonamiento se seguirá en la presente decisión. 2) Que, el artículo 3° de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4° del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el "De Nacimiento, Matrimonio y Defunción"; y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". 3) Que la ley N° 19.628 define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. 4) Que, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación. En este sentido, conviene tener presente a título ejemplar, que en el caso español, la Ley Orgánica de Protección de Datos enumera taxativamente qué fuentes tienen la característica de ser accesibles al público, para luego señalar en su reglamento que para que puedan considerarse como tales "será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación". Es decir, en el derecho español las fuentes accesibles al público están sujetas a un doble requisito, primero, son única y exclusivamente las que constan en la lista tasada que señala la norma respectiva y, segundo, son consideradas tales en cuanto su consulta pueda ser realizada por cualquier persona sin que se lo impida una norma limitativa. En el caso de obtener datos personales de cualquier otra fuente de información, el responsable del fichero siempre debe obtener el consentimiento previo de su titular. 5) Que, en el caso en análisis, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la Ley N° 19.628. Esta es la inteligencia que ha dado este Consejo a esta norma en el voto de mayoría de su decisión C1335-13 y luego en voto unánime en su decisión C1370-14. 6) Que, en consecuencia, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, por ende, a ellos debe aplicarse el principio de finalidad consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.628, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, según lo señala el artículo 4 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, la finalidad de formar y mantener actualizados los registros que la ley le encomienda es "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". 7) Que conforme con lo razonado precedentemente, la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en estos registros públicos y, en consecuencia, corresponde el rechazo del amparo en análisis. 8) Que, por último, en virtud de la atribución que este Consejo tiene en materia de protección de datos de carácter personal, prevista en el artículo 33 letra m) de la Ley N° 20.285 -en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la ley 19.628 por parte de los órganos de la Administración del Estado- atendida la materia sobre la cual versa el presente amparo, esta Corporación estima pertinente relevar la importancia del adecuado y permanente resguardo que debe existir respecto del Rol Único Nacional. En efecto, a través del R.U.N. es posible acceder a un cúmulo de datos personales de sujetos identificados de lo que deviene una obligación de elevado rango para todo aquel que detente su custodia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Francisco Urzúa Rodríguez, en contra del Servicio Registro Civil e Identificación, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, todo en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Urzúa Rodríguez, y al Sr. Director Nacional del Servicio Registro Civil e Identificación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.