<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C4170-17</p>
<p>
Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
<p>
Requirente: Lorena Madrid Gómez</p>
<p>
Ingreso Consejo: 27.11.2017</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge parcialmente el amparo, ordenándose a la Policía de Investigaciones de Chile que entregue a la reclamante copia de su Declaración de Historial Personal, por cuanto no ha acreditado que aquél contenga actividades de inteligencia y ha sido elaborado a partir de datos personales proporcionados por la propia solicitante. Además, la reclamada ha situado a este Consejo en la imposibilidad de analizar la información requerida en concreto y ponderar las alegaciones que ha efectuado sobre su eventual reserva.</p>
<p>
En virtud del principio de divisibilidad, se deberá tarjar la identidad y datos personales de terceros, así como cualquier antecedente que permita identificarlos en virtud de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 913 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de julio de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4170-17.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de octubre de 2017, doña Lorena Alejandra Madrid Gómez solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, copia de su informe psicolaboral y Declaración de Historial Personal en el contexto de su postulación al concurso que indica.</p>
<p>
2) RESPUESTA: Mediante carta de 16 de noviembre de 2017, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, que:</p>
<p>
a) Adjunta copia del informe psicolaboral.</p>
<p>
b) Deniega la entrega de la Declaración de Historial Personal (DHP), por cuanto su contenido se encuentra amparado en el Título VII de la ley N° 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, que establece la obligación de guardar secreto y la prohibición de divulgar la información contenida en dichos registros.</p>
<p>
c) Del mismo modo, hace presente que la entrega de dicha información puede eventualmente afectar derechos de terceros que con sus declaraciones permitieron al Oficial evaluador fundar sus conclusiones acerca de la idoneidad del reclamante para ingresar a la Institución, evidenciando sus identidades, domicilios u otros datos personales recabados en dicha investigación. Todos datos que se encuentran protegidos por la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en el ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.</p>
<p>
3) AMPARO: El 27 de noviembre de 2017, doña Lorena Madrid Gómez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación del informe DHP.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones mediante Oficio N° E4696 de 12 de diciembre de 2017.</p>
<p>
El presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 4 de 3 de enero de 2018, manifestó en síntesis, que:</p>
<p>
a) La Declaración de Historial Personal, consiste en un proceso de investigación de los antecedentes personales del postulante para determinar su idoneidad moral, que consta de dos etapas; la primera, corresponde a la entrega personal y material que realiza el postulante, respecto de sus datos personales y familiares y la segunda, se materializa en una investigación practicada por el Oficial Policial designado, el cual se traduce en la verificación empírica de la veracidad de los antecedentes proporcionados por el interesado, relacionados con su persona y núcleo familiar, el cual concluye con la emisión de un informe circunstanciado y de carácter reservado, que contiene la opinión del investigador, en cuanto a si resulta o no conveniente el ingreso de un determinado postulante a la Institución, considerando sus antecedentes personales y los intereses institucionales comprometidos.</p>
<p>
b) La elaboración del informe denominado DHP, participan oficiales policiales de la Jefatura Nacional de Inteligencia, lo que permitiría, además de acceder a su identificación, conocer la modalidad en virtud de la cual realizó el informe. En efecto, cuando el funcionario que realiza la indagación para esos fines, no se identifica como un policía de la PDI que se encuentra investigando a una persona que quiere ingresar a la Institución, utilizando herramientas propias de esa función para obtener los datos que necesita, por lo cual afecta, la divulgación del informe afecta las funciones de un organismo de inteligencia, que forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado.</p>
<p>
c) La investigación que realiza el funcionario de inteligencia conlleva la entrevista a distintas personas, al tenor de la información que proporcionó la postulante a la Institución, por lo cual, en el informe se contienen sus datos personales, con las cuales se construye el perfil de la postulante en el ámbito que se persigue, esto es, el de su idoneidad moral, por lo que la divulgación de su contenido no sólo afecta el funcionamiento del organismo de Inteligencia, sino que da a conocer los datos personales de todas aquellas personas que prestaron declaración.</p>
<p>
d) En dicho contexto, invoca las causales de reserva del artículo 21 N° 3, N° 2, y N° 5 en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974.</p>
<p>
e) Por último solicita se decrete audiencia a fin de exponer sus alegaciones sobre el particular.</p>
<p>
5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante Oficio N° 1536, de 28 de marzo de 2018, esta Corporación solicitó al órgano reclamado concurrir a este Consejo a fin de exhibir al Consejo Directivo de esta Corporación una copia de la Declaración de Historial Personal (DHP).</p>
<p>
Por medio de Oficio N° 289 de 10 de abril de 2018, el órgano reclamado señaló, en síntesis, la imposibilidad de dar cumplimiento de lo solicitado, atendido el tenor de lo que disponen los artículos 38 y siguientes de la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Al efecto, agrega que para requerir información elaborada por la unidades dependientes de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial debe seguirse el procedimiento contenido en el artículo 39 del cuerpo legal citado en cuya virtud "se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según el caso.(...)."</p>
<p>
6) REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ANTECEDENTE: Mediante Oficio N° 2.304 de 8 de mayo de 2018, esta Corporación reiteró el requerimiento de exhibición de la Declaración de Historial Personal a su Consejo Directivo, precisando al órgano reclamado que el propio precepto que invoca (artículo 39 de la Ley N° 19.974) establece el procedimiento que debiera seguirse para remitir antecedentes a los órgano que lo requieren, el cual atendido el tenor literal de dicha norma, permite materializar la medida antes decretada mediante "oficios reservados dirigidos al organismo competente". Del mismo modo, en el mencionado oficio se informó a la Policía de Investigaciones que este Consejo en anteriores casos ha ordenado la entrega de información cuando los órganos lo han situado en la imposibilidad de ponderar adecuadamente la causal de reserva invocada mediante el análisis en concreto de los antecedentes controvertidos.</p>
<p>
Sin embargo, a la fecha del presente acuerdo, el órgano reclamado no ha ingresado presentación alguna pronunciándose sobre el mencionado requerimiento.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la Declaración de Historial Personal (DHP) elaborada por la Policía de Investigaciones de Chile respecto de la solicitante con ocasión de su postulación a un concurso. El órgano reclamado invocó las causales de reserva del artículo 21 N° 3, N° 2, y N° 5 en relación con el artículo 38 de la Ley N° 19.974.</p>
<p>
2) Que, entre otras, en las decisiones Roles C235-11, C607-14, C281-15 y C2047-16 este Consejo concluyó que revelar la información solicitada tenía el mérito de configurar las hipótesis de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con el anotado artículo 38 de la Ley N° 19.974.</p>
<p>
3) Que, con ocasión de la tramitación del presente amparo, esta Corporación estimó pertinente analizar la controversia jurídica mediante el examen en concreto de la información solicitada, a fin de ponderar las alegaciones de la reclamada. En dicho contexto, se solicitó a la Policía de Investigaciones remitir la copia de la Declaración de Historial Personal de la reclamante; sin embargo, el órgano reclamado negó lugar a la entrega de dicha información no obstante habérsele señalado expresamente que dicho requerimiento se efectuaba conforme con lo dispuesto por el precitado artículo 26 de la Ley de Transparencia, esto es, manteniendo el carácter reservado de la información en tanto se tramitara este amparo y, por cierto, una vez resuelto éste si se declarara -en definitiva- su carácter secreto, siendo sólo pública en la medida que la decisión definitiva declarase tal calidad y una vez ejecutoriada aquélla. Así las cosas, el órgano requerido ha situado a este Consejo en la imposibilidad de analizar la información en concreto y ponderar las alegaciones que ha efectuado respecto de la hipótesis de reserva que estima aplicable en la especie. Dicho modo de proceder le será representado en lo resolutivo de la presente decisión.</p>
<p>
4) Que, precisado lo anterior, y en relación a la naturaleza de la información solicitada cabe destacar los siguientes antecedentes contenidos en la resolución N° 3 de 9 de agosto de 2012, de la Policía de Investigaciones de Chile:</p>
<p>
a) La Declaración de Historial Personal de un Postulante (DHP) consiste en un proceso de investigación de los antecedentes personales del postulante para determinar su idoneidad moral, que consta de dos etapas; la primera, corresponde a la entrega personal y material que realiza el postulante, respecto de sus datos personales y familiares y la segunda, se materializa con una investigación practicada por el Oficial Policial designado, el cual se traduce en la verificación empírica de la veracidad de los antecedentes proporcionados por el interesado, relacionados con su persona y núcleo familiar, el cual concluye con la emisión de un informe circunstanciado y de carácter reservado, que contiene la opinión del investigador, en cuanto a si resulta o no conveniente el ingreso de un determinado postulante a la Institución, considerando sus antecedentes personales y los intereses institucionales comprometidos.</p>
<p>
b) La entrega personal de datos por parte del interesado, constituyen antecedentes necesarios para determinar la idoneidad moral del postulante, los cuales permitirán verificar al Oficial Policial, si el postulante cumple o no con los requisitos de ingreso para optar a un cargo en la Policía de Investigaciones de Chile, cuya información contiene datos calificados por la Ley N° 19.628.</p>
<p>
c) El postulante en la primera etapa de su D.H.P, debe completar de su puño y letra, un formulario individualizando sus datos personales y de su núcleo familiar, los cuales consisten en su identificación, cédula de identidad, estado civil, nombre de su cónyuge y/o conviviente, domicilio, teléfono particular, entre otros antecedentes. En cuanto a los integrantes que conforman su grupo familiar, estos datos personales deberán identificar los antecedentes de su padre, madre, hermanos, cónyuge, conviviente, hijos del postulante, y tíos paternos y maternos.</p>
<p>
d) Por otra parte, el postulante deberá informar en su D.H.P, antecedentes relacionados con su solvencia económica y situación financiera, proporcionando al Oficial Policial una Declaración Patrimonial, que detalle sus bienes, participación en sociedades comerciales y sus deudas.</p>
<p>
e) La normativa interna contempla que el Oficial Investigador se constituya en su domicilio, para efectos de verificar con quién vive el postulante, la calidad de vida e ingreso del grupo familiar, mencionando en el respectivo informe, si el inmueble en el que habita el postulante es propio o de sus padres y si sobre éste pesan hipotecas u otros gravámenes, precisando el monto del arriendo o dividendo, según sea el caso.</p>
<p>
f) Si el postulante declara haber sido detenido, el informe que evacúe el Oficial Policial, contendrá información relativa a los motivos de aquélla, fecha en la que habría ocurrido, circunstancias que rodearon al hecho, unidad policial aprehensora y Tribunal o Fiscalía que hubiere ordenado su detención, especificando si esta se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución judicial o por haberse configurado una situación de flagrancia.</p>
<p>
g) El D.H.P de quienes postularon a la Policía de Investigaciones de Chile, contiene información de carácter personal, protegida y amparada por la Ley N° 19.628, cuya normativa sólo autoriza la entrega de dicha información, al titular del dato personal protegido o a sus representantes, debidamente facultados para requerir dicha información, conforme a lo establecido en el artículo 22° de la Ley N° 19.880, que establece base de los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.</p>
<p>
5) Que de acuerdo al artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, serían reservados los antecedentes, informaciones y registros que elaboren u obren en poder de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, calidad que tiene la PDI, por ser parte integrante de dicho Sistema, o de su personal (por aplicación del artículo 4° y artículo 5°, letra d), y su inciso final, de la Ley N° 19.974). El mismo carácter tendrían los otros antecedentes de que tome conocimiento su personal en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, pudiendo sólo el Director o Jefe respectivo levantar la reserva de esta información. Sobre este punto se debe precisar que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las actividades de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por lo anterior, la reserva de información debe entenderse circunscrita a aquellos antecedentes que, según sus competencias, puede y debe controlar dicho Sistema de Inteligencia, es decir, información relativa a las actividades de inteligencia que éstos desarrollen, excluyéndose aquella información que resulte ajena a dichas actividades específicas.</p>
<p>
6) Que este Consejo además ha estimado que esta interpretación del artículo 38 de la Ley N° 19.974 es armónica con la exigencia de afectación prescrita en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia. Al efecto la ley N° 19.974, dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos fines se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8° de la Constitución y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública.</p>
<p>
7) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie, el órgano reclamado no ha aportado antecedente alguno que permita estimar que la entrega a la interesada del referido informe genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados. Tampoco ha allegado elementos de juicio en cuya virtud la entrega del documento en análisis pueda afectar el bien jurídico -Seguridad de la Nación- cautelado artículo 21 N° 3 de la Ley Transparencia.</p>
<p>
8) Que, del análisis de los antecedentes que obran en el presente amparo se constata que la información solicitada se enmarca dentro de un proceso de reclutamiento de personal al interior de un órgano de la Administración del Estado y que la Declaración de Historial Personal ha sido elaborada en base a datos aportados por la propia reclamante en el marco de su postulación a la Policía de Investigaciones, a efectos de acreditar conducta y honorabilidad personal y no dentro de la función de inteligencia policial, lo que permite razonablemente presumir que tal documentación contiene esencialmente información circunscrita al ámbito de su vida privada y datos personales de que es titular los que deben ser comunicados a la reclamante de acuerdo a la normativa contenida en la Ley N° 19.628.</p>
<p>
9) Que, en base a lo razonado precedentemente y, considerando especialmente la circunstancia de que el informe fue elaborado respecto de la propia solicitante y constituye el fundamento de la decisión adoptada por la PDI sobre su postulación a esa entidad este Consejo acogerá el presente amparo ordenando la entrega de la Declaración de Historial Personal requerida.</p>
<p>
10) Que, con todo, previo a la entrega de dicho informe, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de terceros que con sus declaraciones permitieron al oficial evaluador fundar sus conclusiones acerca de la idoneidad del reclamante así como cualquier dato que permita inferirla, máxime si tales declaraciones fueron emitidas en un contexto que permite suponer su desconocimiento acerca de la circunstancia de ser parte de una investigación para una postulación. Asimismo, deberá reservar los domicilios u otros datos personales de dichos terceros recabados por el oficial investigador de la PDI, por cuanto dichos datos se encuentran protegidos por la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Lorena Madrid Gómez, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:</p>
<p>
a) Entregue a la reclamante copia de la Declaración de Historial Personal, tarjando previamente los datos señalados en el considerando décimo del presente acuerdo.</p>
<p>
b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el grave entorpecimiento al desarrollo de la labor que la ley ha encomendado a este Consejo al negarse sistemáticamente a proporcionar la información requerida en el marco de la tramitación del presente amparo, aun cuando se le previno que ello se haría bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Lorena Madrid Gómez y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.</p>
<p>
</p>