<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPAROS ROLES C4218-17, C4219-17, C4220-17 y C4222-17</p>
<p>
Entidad pública: Servicio de Salud Libertador Bernardo O´Higgins.</p>
<p>
Requirente: Luis Eduardo Sepúlveda López.</p>
<p>
Ingreso Consejo: 01.12.2017.</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Por decisión unánime del Consejo Directivo, se rechaza el presente amparo, por la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo respecto de los sumarios anotados en las letras a) y b), de la solicitud, por encontrarse en tramitación -no afinados-; como asimismo, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la citada ley, respecto de lo requerido en la letra c), sobre la resolución que instruye sumario administrativo -en actual tramitación-, por contener información susceptible de afectar la honra de los funcionarios respectivos; rechazándose también, en lo que atañe a la resolución requerida en el literal d), por no obrar aún en poder del órgano.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 884 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de abril de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información roles C4218-17, C4219-17, C4220-17 y C4222-17.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de octubre de 2017, don Luis Eduardo Sepúlveda López presentó al Servicio de Salud Libertador Bernardo O´Higgins, las siguientes solicitudes de información:</p>
<p>
a) Solicitud N° AO024T0000171: "(...) copia íntegra del sumario administrativo llevado por el Servicio de Salud O’Higgins e instruido por Contraloría Regional del Libertador Bernardo O’Higgins concluido en su informe final N° 620 del 27 de diciembre de 2016 de esa entidad e iniciado por resolución exenta N° 4496-2017 del SSO".</p>
<p>
b) Solicitud N° AO024T0000172: "(...) copia íntegra del sumario administrativo instruido a través de la resolución exenta N° 2.958 del 15 de julio de 2014 del Servicio de Salud O’Higgins que instruye acto disciplinario a fin de establecer las eventuales responsabilidades observadas en la auditoría interna del SSO a través de su informe consolidado e informe ejecutivo dirigido al director SSO a través del reservado N° 98 del 11 de junio de 2014".</p>
<p>
c) Solicitud N° AO024T0000173: "(...) resolución exenta N° 4496 del 2017 del Servicio de Salud O’Higgins que instruye proceso sumarial concluido en el informe final N° 620 de Contraloría Regional del Libertador Bernardo O’Higgins".</p>
<p>
d) Solicitud N° AO024T0000174: "(...) copia resolución a trámite de toma de razón respecto al sumario administrativo iniciado por resolución exenta N° 48 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins y dicho acto administrativo fue solicitado al SSO por Contraloría Regional a través de su oficio N° 602 del 27 de enero de 2017, el cual se acompaña".</p>
<p>
2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 2.635, de fecha 23 de noviembre de 2017, el órgano en síntesis, denegó la entrega de lo requerido, indicando en resumen, que dichos procesos disciplinarios se encontraban en etapa indagatoria, de acuerdo al inciso 2°, del artículo 137 del Estatuto Administrativo.</p>
<p>
3) AMPARO: El 1 de diciembre de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento.</p>
<p>
Además, agregó en síntesis, que "acorde al Estatuto Administrativo los sumarios deben estar afinados dentro del plazo de instrucción de 20 días hábiles. Por lo tanto, no puede ser posible que un proceso disciplinario serio y público no esté concluido a la fecha".</p>
<p>
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio de Salud O´Higgins, mediante oficio N° E4701, de fecha 12 de diciembre de 2017.</p>
<p>
Posteriormente, por medio de ordinario N° 25, de fecha 5 de enero de 2018, el órgano reiterando lo señalado en su respuesta, agregó que al tratarse de sumarios en etapa indagatoria, se configuran las causales del artículo 21 N° 1, letras a) y b), de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
5) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico, de 27 de marzo de 2018, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al servicio que hiciera envío de la resolución requerida en el literal c) y d), del numeral 1°, precedente.</p>
<p>
Al efecto, el órgano envió lo requerido en la letra c), precisando respecto a lo pedido en la letra d), que aún existen recursos administrativos pendientes que resolver.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que en atención a que entre los amparos roles C4218-17, C4219-17, C4220-17 y C4222-17, existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.</p>
<p>
2) Que, el presente amparo tiene por objeto la negativa del órgano en hacer entrega de información referente a determinados sumarios administrativos, anotados en el numeral 1°, de lo expositivo, respecto de los cuales, el servicio indicó que se encontraban en etapa indagatoria. En dicho contexto, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" -Dictamen N° 11.341/2010, entre otros-.</p>
<p>
3) Que, de acuerdo a lo expuesto, los sumarios administrativos solicitados en las letras a) y b), del requerimiento, se encuentran actualmente en tramitación -y por lo tanto, no afinados-, subsistiendo el secreto respecto de ellos. En consecuencia, se rechazará el amparo en esta parte, en virtud de la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 137, inciso 2°, del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.</p>
<p>
4) Que, respecto a lo solicitado en la letra c), esto es, copia de la resolución exenta que instruye sumario, se debe señalar que teniendo a la vista dicho documento, a juicio de este Consejo, los hechos por los cuales se investiga a las personas que se individualizan en ella, tienen el mérito de afectar su honra, cuyo sumario se debe precisar, se encuentra aún en trámite. Frente a esta hipótesis, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señaló que: "es lícito recabar y entregar informaciones genéricas, marginales o tangenciales al fondo de la cuestión investigada, en cuanto con ello no se pone en jaque ni la honra de las personas ni el debido proceso en una condigna investigación" (considerando 6°, sentencia del reclamo de ilegalidad rol N° 2335-2010). En igual línea jurisprudencial la misma Corte de Apelaciones ha concluido que "Por otro lado, la disposición del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo debe interpretarse a la luz de la finalidad de la norma, vale decir, concierne a la cuestión de fondo tendiente a asentar la responsabilidad administrativa en hechos que han sido valorados de trascendencia para la administración, por ello mira el éxito de la investigación y como ha sostenido la Contraloría General de la República, a la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados. (considerando 8° sentencia del reclamo de ilegalidad rol 7608-2012). Por último, refiriéndose a un caso idéntico, en que también se solicitó copia de una resolución que ordenó instruir un sumario, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago determinó que "el documento que fue requerido por el interesado fue aquella que solo se limita a ordenar la instrucción del sumario, ante la denuncia de la interesada, pero que en ningún caso individualiza a algún funcionario como afectado por aquel procedimiento administrativo, esto es, no afecta a derechos de terceros que estén determinados en aquel acto, derechos que por lo demás, deben velar los interesados para su resguardo" (Considerando 3° sentencia del reclamo de ilegalidad rol 3326-2013). En este sentido, la resolución requerida individualiza a los funcionarios sumariados y los hechos que se les imputan, respecto de los cuales, a la fecha, no se ha determinado la concurrencia de responsabilidad administrativa, razón por la cual, se reservará esta información por la causal del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
5) Que, en lo que atañe a lo anotado en el literal d), sobre la "resolución a trámite de toma de razón" que se precisa en la solicitud, el órgano aclaró que el sumario respectivo, aún se encuentra pendiente de recursos administrativos, razón por lo cual, lo requerido a la fecha no existe, por cuanto dicha resolución se enviará al referido trámite, sólo cuando se resuelvan los recursos respectivos. En este contexto, se debe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede, no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo señalado, a la fecha no obraría en su poder. Por estas consideraciones, el amparo en esta parte, será rechazado.</p>
<p>
6) Que, en otra línea de ideas, respecto de la alegación del reclamante en orden a que los sumarios deben estar afinados dentro del plazo de instrucción de 20 días hábiles, por lo que no puede ser posible que un proceso disciplinario no esté concluido a la fecha, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República contenida en sus dictámenes N° 61.059, de 2011, y 20.306, de 2012, ha precisado que, salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración de dichos términos no impide que las correspondientes actuaciones se lleven a cabo con posterioridad a ella. En razón de lo anterior, dicha alegación será desestimada.</p>
<p>
7) Que, no obstante lo expuesto en los considerandos precedentes, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se recomendará al órgano reclamado, que una vez que los expedientes sumariales solicitados -y el resto de la información referente a ellos-, se encuentren afinados, sean entregados al solicitante. Se debe hacer presente que, de contenerse en el expediente sumarial requerido, datos personales de contexto, tales como números de cédula de identidad, domicilios, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, deberán ser tarjados en forma previa a su entrega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.</p>
<p>
8) Que, finalmente, este Consejo no analizará la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, por resultar inoficioso, atendido lo expuesto precedentemente.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Eduardo Sepúlveda López en contra del Servicio de Salud Libertador Bernardo O´Higgins, respecto de los sumarios anotados en las letras a) y b), de la solicitud, por la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo; rechazándose también, respecto de las resoluciones anotadas en el literal c) y d), por la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la citada ley y por inexistencia, respectivamente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Recomendar al Sr. Director del Servicio de Salud O´Higgins, una vez que los sumarios solicitados se encuentren afinados, que haga entrega de estos al solicitante, debiendo, en todo caso, tarjar los datos personales de contexto que ahí se contengan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Luis Eduardo Sepúlveda López y al Sr. Director del Servicio de Salud O´Higgins.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>