Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4328-17

Reclamante:	FELIPE VARGAS VARGAS
Reclamado:	FUERZA AÉREA DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Fuerza Aérea de Chile, fundado en la denegación de la información pedida referente a la aeronave destinada al traslado de los Presidentes, desde el regreso a la democracia o desde el momento en que la institución tenga registro. El Consejo acoge parcialmente el amparo, ordenándose la entrega del tipo de modelo de aeronave empleado en los traslados presidenciales como su valor y costos generales de mantención en el período consultado. A su turno, en aquella parte del requerimiento relativa a proyecto sobre adquisición de nueva aeronave presidencial y sus costos, se rechaza el reclamo atendida la inexistencia de dichos antecedentes. Asimismo, se rechaza el amparo en lo referido a información sobre fallas, modelos, data y tipo de repuestos, entre otros datos, de las aeronaves utilizadas por la FACH para el traslado de la máxima autoridad del país, ello en aplicación de las causales de reserva por afectar los derechos de las personas y de la seguridad de la Nación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/10/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C328-18 C3187-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C4328-17 Entidad pública: Fuerza Aérea de Chile (FACH). Requirente: Felipe Vargas Vargas Ingreso Consejo: 07.12.2017 RESUMEN Por decisión unánime del Consejo Directivo, se acoge parcialmente el presente amparo, ordenándose la entrega del tipo de modelo de aeronave empleado en los traslados presidenciales como su valor y costos generales de mantención en el período consultado. A su turno, en aquella parte del requerimiento relativa a proyecto sobre adquisición de nueva aeronave presidencial y sus costos, se rechaza el reclamo atendida la inexistencia de dichos antecedentes. Asimismo, se rechaza el amparo en lo referido a información sobre fallas, modelos, data y tipo de repuestos, entre otros datos, de las aeronaves utilizadas por la FACH para el traslado de la máxima autoridad del país, ello en aplicación de las causales de reserva por afectar los derechos de las personas y de la seguridad de la Nación. En sesión ordinaria N° 888 del Consejo Directivo, celebrada el 03 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4328-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de octubre de 2017, don Felipe Vargas Vargas, solicitó a la Fuerza Aérea de Chile -en adelante e indistintamente Fuerza Aérea o FACH-, información sobre aeronave destinada al traslado de los Presidentes, desde el regreso a la democracia o desde el momento en que la institución tenga registro. En particular, requirió: a) «¿Cuáles han sido y son actualmente los aviones de uso presidencial y qué costo tuvo su compra para el Estado?; b) ¿Cuántas fallas se han registrado en los aviones de uso presidencial desde 1990 hasta la fecha y cuál es el detalle de cada una de ellas?. Entiéndase por fallas aquellos desperfectos de índole mecánico u otra que no permitan la operación de las aeronaves; c) ¿Cuánto dinero ha gastado el Estado para poder subsanar esas fallas puntuales en los aviones de uso presidencial? d) ¿Cuánto dinero ha gastado el Estado en mantención de los aviones de uso presidencial desde 1990 en adelante?; e) ¿Cuál es el detalle de esas mantenciones, fechas, compra de repuestos y montos específicos de cada uno de esos ítems?; f) ¿Cuál es el promedio de desperfectos anuales para cada una de estas naves?; g) ¿Existe algún plan o proyecto para dotar al Estado de Chile de un nuevo avión de uso exclusivo para los presidentes?; y, h) ¿Cuánto tendría que gastar el Estado para poder comprar un nuevo avión presidencial según los valores actuales de mercado que maneja la Fuerza Aérea de Chile?». 2) RESPUESTA: El 28 de noviembre de 2017, la FACH informó a la requirente lo siguiente: a) La aeronave adquirida por la FACH para traslado de la máxima autoridad del país es el Boeing 737-500. No obstante lo anterior, en circunstancias especiales se asignan otras aeronaves. b) Respecto de lo pedido en las letras b), c), d), e) y f) del requerimiento no le es posible divulgar dicha información en aplicación de las hipótesis de reserva previstas en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3 y 5. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar, toda vez que se consulta por un vehículo militar. c) Divulgar la referida información, implicaría afectar las capacidades estratégicas propias de la Fuerza Aérea, pues se comprometería la seguridad nacional al pedir la divulgación de información sobre la capacidad bélica y operativa de diversos modelos de aeronaves. d) En cuanto a lo pedido en las letras g) y h), precisó que no se contempla la adquisición de aeronave para uso exclusivo de la máxima autoridad del país, razón por la cual, no existe una valorización del costo que ello tendría. 3) AMPARO: El 7 de diciembre de 2017, la requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información pedida. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, mediante Oficio N°E 4804, de 19 de diciembre de 2017. El referido funcionario, mediante presentación de 9 de enero de 2018, junto con reiterar lo expuesto en su repuesta al requerimiento, agregó en síntesis que los traslados de la máxima autoridad del país, se efectúan en diversos aviones de la Fuerza Militar, por consiguiente, divulgar la información pedida implicaría divulgar antecedentes «relativos al nivel de operatividad y alistamiento del material bélico que posee la institución, la Fuerza Aérea se protege frente a la labor de inteligencia de un potencial adversario o terceras organizaciones que pueden obtener dichos antecedentes, desconociendo la institución el tratamiento y gestión posterior de dicha información, lo que puede afectar de manera cierta los intereses del Estado y la misión constitucional que se le ha entregado a esta rama de la Defensa Nacional». La publicidad de los antecedentes requeridos por el solicitante afecta de manera cierta y concreta la seguridad de la nación, al develar las capacidades estratégicas propias de la Fuerza Aérea de Chile, en especial, en relación con el transporte estratégico institucional. Conjuntamente con lo anterior, hizo presente que el nombre del requirente no coincide con el de reclamante en su segundo apellido, razón por la cual, el Consejo para la Transparencia debe dar aplicación a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Transparencia en su artículo 46. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante oficio de 28 de marzo de 2018, requirió a la reclamada información adicional sobre lo requerido. Específicamente, datos sobre el tipo de aeronave empleada en los traslados consultados, modelo, valor. Asimismo, si dichas aeronaves han sido empleadas para desplazamientos de autoridades distintas a los presidentes que han sido trasladados en el período solicitado como si el avión empleado en dichos desplazamientos son utilizados en funciones diversas. La FACH, mediante presentación de 10 de abril del año en curso, proporcionó los antecedentes antes requeridos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, primeramente, y en cuanto a la alegación de la reclamada respecto del ejercicio de la facultad conferida a este Consejo en el Reglamento de la Ley de Transparencia en su artículo 46, el cual dispone en su inciso segundo que «Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible», cabe señalar, que dicha disposición consagra una facultad, que en el caso concreto no se ejerció, atendido que el reclamante cuyo nombre difiere únicamente en su segundo apellido respecto del solicitante indicó la misma dirección de correo electrónico para la remisión de la información - la cual es el nombre completo del solicitante-, resultando innecesario requerir la subsanación antedicha, pues a juicio de este Consejo, se cumple el estándar exigido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, la alegación en análisis será desestimada. 2) Que en cuanto a lo pedido en las letras g) y h) del requerimiento, esto es, información sobre plan de compra de nuevo avión presidencial y eventuales costos asociados a dicha adquisición, la reclamada precisó que no existía la intención de adquirir un nuevo avión, motivo por el cual, no existía ningún tipo de estimación de costos. Por tal razón, se rechazará el amparo atendida la inexistencia de la información consultada en este punto. 3) Que en relativo a lo requerido en los literales b), c), e) y f) de la solicitud de información, esto es, tipo de fallas, promedio de averías, fechas de mantenciones y costos asociados a la reparación de aeronaves utilizadas para el traslado de la máxima autoridad del país, la reclamada denegó su divulgación en aplicación de lo previsto en los artículos 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo previsto en el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar, el cual dispone que «se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, y entre otros: N° 4 los que se refieren a equipos y pertrechos militares o policiales». 4) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. 5) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad 6) Que a juicio de este Consejo, el proceder de la reclamada, se aviene con el afán precautorio que tuvo el legislador al disponer hipótesis de reserva de información cuando su divulgación, puede comprometer la integridad física de personas determinadas. En efecto, de divulgarse la información consultada con el nivel de precisión requerida -fallas, fecha, costos, tipo de repuestos, entre otros-, supone afectar gravemente el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada, y eventualmente, comprometer la seguridad de importantes autoridades políticas y administrativas del país, que hacen uso de los aviones destinados al traslado tanto del presidente, como por ejemplo; ministros, subsecretarios, senadores, diputados y personal civil. Lo anterior, toda vez que a partir del tipo de falla, repuestos, y la periodicidad en que eventos de falla de material ocurrirían, podría representar potenciales riesgos para la seguridad de las personas involucradas en los traslados de conocerse por terceros. Asimismo, la divulgación de la referida información podría eventualmente evidenciar y perjudicar, modos de adquisición de material militar indispensable para el cumplimiento de las funciones antes señaladas por la FACH. Luego, y en conformidad a lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2 y 3, se rechazará el amparo en esta parte. 7) Que, por último, y en cuanto a lo solicitado en las letras a) y d) del requerimiento, en que se pide "¿Cuáles han sido y son actualmente los aviones de uso presidencial y qué costo tuvo su compra para el Estado? y ¿Cuánto dinero ha gastado el Estado en mantención de los aviones de uso presidencial desde 1990 en adelante?", la reclamada únicamente en su respuesta indicó que habría empleado el modelo el Boeing 737-500. No obstante lo anterior, con ocasión de gestión oficiosa de este Consejo, la Fuerza Aérea identificó otras dos aeronaves empleadas en los traslados presidenciales como de otras autoridades administrativas, las cuales según expuso, utiliza para acciones de traslado tanto de material para enfrentar catástrofes como para el traslado de estudiantes y personal médico a regiones extremas, evidenciando con ello, un número acotado de naves militares, de idéntico tipo al ya revelado al reclamante, lo cual excluye el afán precautorio esgrimido por la reclamada a efecto de reserva dicha información. 8) Que de lo anterior, como del análisis de los datos proporcionados por la FACH, con ocasión de la referida medida, se colige que la divulgación tanto del tipo de modelo de aeronave consultado, como su valor o costos generales de mantención, no supone un riesgo a la seguridad de las personas involucradas en los respectivos traslados ni tampoco implica afectar los bienes jurídicos amparados por las hipótesis de reserva previstas en la Ley de Transparencia, en su artículo 21 N° 2, 3 y 5 en concordancia con lo previsto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar. En efecto, divulgar información sobre las aeronaves consultadas, su valor, así como costos generales asociados a su mantención, supone un dato de interés público, que debe estar sometido al conocimiento de la ciudadanía, a fin de poder ejercer un control social efectivo sobre el uso de recursos del erario nacional, para el cumplimiento de funciones esenciales, de autoridades administrativas como militares en tiempo de paz, al enfrentar catástrofes y otros fenómenos similares. En consecuencia, se acogerá el amparo en este punto y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que entregue al reclamante la información consultada en los literales a) y d) de su solicitud de información. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Felipe Vargas Vargas en contra de la Fuerza Aérea de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante en Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile que: a) Entregue al reclamante ¿Cuáles han sido y son actualmente los aviones de uso presidencial y qué costo tuvo su compra para el Estado? b) Entregue al reclamante ¿Cuánto dinero ha gastado el Estado en mantención de los aviones de uso presidencial desde 1990 en adelante? c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el requerimiento en cuanto lo pedido en las letras b), c), e) y f) en aplicación de lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículos 21 N° 2 y 3 de la Ley de Transparencia. Asimismo, lo consultado en las letras g) y h) de la solicitud, atendida la inexistencia de la información consultada en dichos literales. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Vargas Vargas y al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza aérea de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.