Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4342-17

Reclamante:	ROBERTO ALAMO ALAMO
Reclamado:	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE COQUIMBO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, fundado en que no se entregó la información solicitada referente a la copia de todas las solicitudes de saneamiento en el marco del decreto ley N° 2695, de 1979, que se hayan formulado al Ministerio de Bienes Nacionales, señalando su estado de tramitación, número de trámite, y el solicitante, respecto del terreno que se indica a continuación. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no acredito la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/15/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C396-12 C1196-12 C377-13 C438-13 C1045-15 C1867-17 C2397-16
Jurisprudencia a:	C4649-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C4342-17 Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo Requirente: Roberto Álamo Ingreso Consejo: 11.12.2017 En sesión ordinaria N° 874 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4342-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 06 de noviembre de 2017, don Roberto Álamo solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, copia de todas las solicitudes de saneamiento en el marco del decreto ley N° 2695, de 1979, que se hayan formulado al Ministerio de Bienes Nacionales, señalando su estado de tramitación, número de trámite, y el solicitante, respecto del terreno que se indica a continuación. Predio: Reserva Cooperativa número seis o predio infiernillo norte, del proyecto de división de los terrenos de la Cooperativa de Reforma Agraria Asignataria Nueva Aurora Limitada, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, que deslinda: NORTE, con Comunidad de Potrerillo Alto; SUR, con Comunidad de Punitaqui y parte de la propiedad de don Hugo González Villalón; ORIENTE, con Comunidad Altar Bajo y Alto y parte de Potrerillo Alto, y PONIENTE con el Canal Cogotí, que lo separa de la propiedad de don Hugo González. El dominio a nombre de la mencionada sociedad figura inscrito a fojas 767 vta. Número 1142 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle al año 2015. El predio Infiernillo Norte se encuentra ubicado en el sector de El Infiernillo, en el camino de Ovalle a Punitaqui. Coordenadas deslindes, DESLINDE (UTM NORTE-UTM ESTE): Portezuelo El Hinojo (6.595.817 UTM NORTE-284.586 UTM ESTE); Cerro La Campana (6.599.194 UTM NORTE-286.842 UTM ESTE); Cerro Atravesado (6.593.585 UTM NORTE-289.745 UTM ESTE); Cerro del Diablo Parado (6.593.722 UTM NORTE-287.641 UTM ESTE). Hace presente que por una distribución municipal pertenece a la comuna de Ovalle, y adjunta peritaje del predio para mayor profundidad de su ubicación y topografía. 2) RESPUESTA: La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio Ord. N° E-55889, de fecha 27 de noviembre de 2017, señalando, en síntesis, que no es posible determinar los saneamientos que se hayan ingresado en el terreno que se indica, o lugares alrededor, por lo que su requerimiento, en principio revestiría el carácter de genérico, dado que no se señala en particular qué expedientes son aquellos cuya copia se requiere, por lo que no es posible entregar la información. Agregó, que si bien se proporcionan datos relativos a la ubicación del inmueble, dicha información no es necesariamente acompañada a los expedientes. Señala que si se complementa el requerimiento con el nombre de los titulares de los expedientes, se podría realizar una nueva búsqueda que permita entregarle información con mayor certeza. 3) AMPARO: El 11 de diciembre de 2017, don Roberto Álamo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, fundado en que no se le entregó la información pedida, dado que no se singularizaron los expedientes pedidos, en circunstancias que se indicó con precisión el terreno respecto del cual se requiere la información. 4) SUBSANACIÓN DE AMPARO: Este Consejo mediante oficio N° E5082, de fecha 27 de diciembre de 2017, requirió al solicitante subsanar su amparo, adjuntando copia de la solicitud formulada, como de la respuesta recibida. El reclamante cumplió lo solicitado, a través de correo electrónico de fecha 03 de enero de 2017. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, mediante oficio N° 200, de fecha 10 de enero de 2018. El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 420, de fecha 16 de febrero de 2018, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que, se resolvió denegar la información solicitada, fundado en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, dado que el requirente no señaló un número de expediente o nombres de los posibles solicitantes que hayan eventualmente realizado saneamientos. En tal sentido, señala que no es posible realizar una búsqueda de información detallada al terreno individualizado, sin distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, puesto que en sus sistemas informáticos las solicitudes son ingresadas por personas naturales o jurídicas, a las cuales se les otorga un número de expediente que se genera con esa solicitud, encontrándose como información inserta dentro de cada expediente la ubicación exacta del inmueble a sanear. Para acceder a la entrega de información solicitada, y acotando el rango de búsqueda a la IV Región de Coquimbo y a la comuna de Punitaqui, se tendría que examinar cada uno de los expedientes que correspondan a solicitudes de saneamiento que se hayan allí realizado y verificar si corresponde al predio en cuestión. Cabe destacar, que el procedimiento administrativo de aplicación del decreto ley N° 2695, de 1979, se ha realizado de manera digital sustentado en almacenamiento y procesamiento de información digital desde aproximadamente el año 2001 a la fecha, transitando por diferentes plataformas digitales o sistemas, los cuales no han sido completamente migrados a los siguientes. Por consecuencia, señala que no existe una base digital de datos única que considere toda la información de los saneamientos o regularizaciones que se han tramitado en dichos sistemas, agregando que, desde el año 1979 a la fecha de su primer sistema digital de tramitación, transcurrieron aproximadamente veintidós años, en los cuales los procedimientos de tramitación fueron de forma análoga y el archivo y almacenamiento de información de dicho periodo carece de un sistema digital de búsqueda en el que se pueda recuperar la información. Por otra parte, señala que cualquier saneamiento que se haya o esté siendo efectuado en el terreno individualizado por el requirente, y como ya se señaló, debió necesariamente ser notificado el presunto dueño, que en este caso sería la Inmobiliaria e Inversiones Infiernillo Norte Limitada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, don Roberto Álamo solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, copia de todas las solicitudes de saneamiento en el marco del decreto ley N° 2695, de 1979, que se hayan formulado al Ministerio de Bienes Nacionales, señalando su estado de tramitación, número de trámite, y el nombre del solicitante, respecto del inmueble que singulariza en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta estimada como denegatoria, fundado en que concurriría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, sobre el fondo de lo reclamado, de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16 y C1867-17 dicha información es de naturaleza pública. En efecto, trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el decreto ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. Por lo expuesto, la información referida a la solicitud de regularización y respectivo expediente sobre el cual versa el requerimiento de información, tiene carácter público, correspondiendo examinar la causal de reserva alegada por el órgano requerido. 4) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales». 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 7) Que, en efecto, de los antecedentes examinados, ha sido posible establecer que el órgano requerido para justificar la causal de reserva alegada, se limitó a señalar que no es posible realizar una búsqueda de información detallada al terreno singularizado, sin distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, y dado que se encuentra como información inserta dentro de cada expediente la ubicación exacta del inmueble a sanear, se tendría que examinar cada uno de los expedientes que correspondan a solicitudes de saneamiento que se hayan allí realizado y verificar si corresponde al predio en cuestión, sin hacer referencia alguna al tiempo, cantidad de la información pedida, personal y recursos materiales que se requeriría destinar, en concreto, para proporcionar la información pedida, de modo tal de permitir apreciar el modo en que la entrega de la información de carácter pública, como lo es la referida a las solicitudes de saneamiento en el marco del decreto ley N° 2695, de 1979, que se hayan formulado al Ministerio de Bienes Nacionales, su estado de tramitación, número de trámite, y nombre del solicitante respecto de un inmueble determinado, efectivamente afecta el debido funcionamiento de sus funciones, razón por la cual a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 8) Que, por consiguiente se desestimará la causal de reserva alegada, y en definitiva, se acogerá el presente amparo, ordenando a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, entregar a Roberto Álamo copia de todas las solicitudes de saneamiento en el marco del decreto ley N° 2695, de 1979, que se hayan formulado al Ministerio de Bienes Nacionales, señalando su estado de tramitación, número de trámite, y el nombre del solicitante, respecto del inmueble que singulariza en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Roberto Álamo, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo que: a) Entregue a la reclamante copia de todas las solicitudes de saneamiento en el marco del decreto ley N° 2695, de 1979, que se hayan formulado al Ministerio de Bienes Nacionales, señalando su estado de tramitación, número de trámite, y el nombre del solicitante, respecto del inmueble que se singulariza a continuación, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. El inmueble es la Reserva Cooperativa número seis o predio infiernillo norte, del proyecto de división de los terrenos de la Cooperativa de Reforma Agraria Asignataria Nueva Aurora Limitada, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, que deslinda: NORTE, con Comunidad de Potrerillo Alto; SUR, con Comunidad de Punitaqui y parte de la propiedad de don Hugo González Villalón; ORIENTE, con Comunidad Altar Bajo y Alto y parte de Potrerillo Alto, y PONIENTE con el Canal Cogotí, que lo separa de la propiedad de don Hugo González. El dominio a nombre de la mencionada sociedad figura inscrito a fojas 767 vta. Número 1142 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle al año 2015. El predio Infiernillo Norte se encuentra ubicado en el sector de El Infiernillo, en el camino de Ovalle a Punitaqui. Coordenadas deslindes, DESLINDE (UTM NORTE-UTM ESTE): Portezuelo El Hinojo (6.595.817 UTM NORTE-284.586 UTM ESTE); Cerro La Campana (6.599.194 UTM NORTE-286.842 UTM ESTE); Cerro Atravesado (6.593.585 UTM NORTE-289.745 UTM ESTE); Cerro del Diablo Parado (6.593.722 UTM NORTE-287.641 UTM ESTE). b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Roberto Álamo, y al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.